ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: EL ASESINO SILENCIOSO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

 

Ante la tecnología de las comunicaciones a la que, desde hace varios años, está expuesta la humanidad, se tiene que tener en cuenta los graves perjuicios que están produciendo las ondas electromagnéticas en la salud del ser humano.

Porque estas ondas son la base para que la comunicación pueda existir, ademas de que compuestas de radiación ionizante que va a tener relación muy estrecha con la célula y con el potencial genético a partir del ADN

Esta radiación puede tener una acción directa en la que hay una inactividad celular consecutiva a la ionización de estructuras sensibles de la célula.

En la acción indirecta existe una inactividad celular por ionización de moléculas que son intermediarios entre la ionización original y la destrucción celular; Este tipo de radiación indirecta es propia de las ondas electromagnéticas.

Se forman entonces los campos electromagnéticos (CEM), que están compuestos de ondas de energía eléctrica y magnética moviéndose juntas a través del espacio a la velocidad de la luz.

Las diferentes formas de radiación electromagnética son clasificadas de acuerdo a sus frecuencias.

Los campos electromagnéticos incluyen los campos eléctricos y magnéticos de las redes de energía, de la televisión, de la radio, de la telefonía móvil y sus estaciones bases, radar y comunicaciones vía satélite.

Muchos aparatos domésticos también transmiten CEM tal como los teléfonos inalambricos y los juguetes a control remoto.

Una onda se mide por su amplitud y su frecuencia; La aptitud nos define su potencia y la frecuencia el número de ciclos por minuto.

En la literatura médica europea se encuentran muchos estudios e investigaciones acerca de las ondas electromagnéticas, en donde se manifiestan resultados de los daños producidos al ser humano por los CEM, con entrevista a pacientes y reportes médicos muy bien documentados

Es de anotar que los médicos investigadores son de una amplia trayectoria científica y académica en cada una de las especializaciones.

 

Las manifestaciones de las alteraciones neurológicas, hematológicas, genéticas etc, están plasmadas en estos trabajos de investigación.

 

‘’Contrario sensu’’ en nuestro medio tenemos una cierta inercia de este tema porque, si este tema se toca en las grandes esferas gubernamentales y económicas, se desbarataría una estructura que tiene montada los grandes monopolios multinacionales de las telecomunicaciones.

Los asesores de estas grandes empresas, ignoran o mejor quieren ignorar, el mal tan grande que le están propendiendo a la población en general.

Las manifestaciones neurológicas como las disautonomias y la epilepsia, pueden llevar a los pacientes a una discapacidad total y permanente; igualmente en el campo hematológico, pueden generarse las leucemias y trastornos en el sistema hematopoyético; en el campo genético suscitan malformaciones congénitas de cualquier área o áreas del feto

Es un atentado contra la humanidad al fomentar los CEM con esta tecnología.

 

Objetivo:

A través de un trabajo que se puede calificar de muy arduo, trataremos (Con un equipo multidisciplinario) de conseguir ante la legislación colombiana, que este tipo de patologías, demostrables científicamente, se pueden tipificar y codificar tanto desde el punto de vista nacional como internacional, esto es, que aparezca en las tablas de los códigos internacionales como enfermedades producidas por la onda electromagnética.

Al momento de tener estas enfermedades codificadas, se podrán llevar a cabo reclamaciones e indemnizaciones por vía del derecho

 

Medellín 17 de Julio de 2017

 

Luis Gustavo Noreña

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS FORMAS DE PRESENTACION EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

Colombia, se caracteriza, por tener extenso territorio en donde según el
último censo poblaciónal que se realizó en 2005 viven aproximadamente
43.184.370 millones de habitantes, 21.276.129 son hombres y 21.276.129
mujeres.

El Estado Colombiano, se entiende como una administración pública, en
donde su principal función, es dirigir los destinos de esta nación, la
administración pública, está integrada por una administración nacional, lo
que se conoce como una administración central y a su vez por una
administración territorial, la cual se ejerce de manera descentralizada,
también esta administración pública, se compone de un conjunto de
personas jurídicas de derecho público para ejercer múltiples funciones
públicas, las cuales se encuentran previstas en la constitución y en la ley,
de igual forma la conforman las personas jurídicas de derecho privado, a las
cuales el ordenamiento jurídico les atribuye funciones públicas.

Dada la extensión territorial y poblacional la administración central no puede
cumplir a cabalidad con el concepto propio de centralización el cual según el
Doctor LIBARDO RODRIGUEZ R, consiste en que todas las tareas y
funciones públicas se radican en la persona jurídica Estado, es decir que
monopoliza todas las tareas y funciones públicas, es por ello que le ha
correspondido transferir autoridad y capacidad de decisión en organismos
del sector público con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como
autonomía orgánica y técnica (organismos descentralizados). Todo ello con
el fin de descongestionar y hacer más ágil el desempeño de las atribuciones
del Gobierno.

El señor Presidente de la Republica quien por mandato Constitucional Art.
189 es el Jefe de Estado Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa, hace uso de esa calidad para conferir competencias en el
Ministerio de Defensa como órgano centralizado toda vez que por sí mismo
no podrían cumplir.

El Ministerio de Defensa, conduce las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, mediante la formulación, diseño, desarrollo y ejecución de las
políticas de defensa y seguridad y el empleo legítimo de la fuerza, para
mantener la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y
el orden constitucional, y contribuir a garantizar las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades públicas.

Si bien es cierto el Ministerio de Defensa desarrolla sus funciones
estrictamente desde un punto de vista centralista confiere en sus órganos
descentralizados competencias para el desarrollo de sus políticas en
primera medida desde un punto de vista social y empresarial entre las
cuales se encuentran:
 Agencia Logística para las Fuerzas Militares.
 Industria Militar “INDUMIL”.
 Fondo Rotatorio.
 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.
 Club Militar.
 Circulo de Suboficiales.
 Hospital Militar Central.

Si bien se podría realizar un análisis de cada uno de estos grupos
anteriormente señalados sería muy obvia las competencias y las razones

por las cuales las desarrollan, por su parte hemos de enfocarlo desde un
punto de vista más central por lo que surge la pregunta ¿desde el sector
central del Ministerio de Defensa es posible que se presente la
descentralización administrativa?

Para dar respuesta al cuestionamiento se ha de señalar que acorde a sus
funciones el ministerio en el sector central está conformado en primera
medida por el Comando General de las Fuerzas Militares, que concentra al
Ejercito Nacional de Colombia, la Armada Nacional de Colombia y la
Fuerza Aérea Colombiana, y en segunda medida a la Policía Nacional.

El Ministerio de Defensa confiere competencias, autonomía administrativa y
funcional a estos entes centralizados que cuentan con personería jurídica,
patrimonio propio y ejecutan medidas de control de cada una de sus fuerzas
para su desarrollo, uno ejemplo claro de ello es la autonomía a pesar de
existir Decretos reglamentarios 1211 de 1990 y 1790 del 2000, es la
potestad que tiene la fuerza pública para realizar su comité de Ascensos, el
nombramiento de los funcionarios que componen los mismos, la realización
de la lista de los considerados y es el Comandante de la Fuerza quien ha de
definir quienes cumplen con los requisitos internos para ascenso y proferir la
Orden Administrativa Permanente.

Otros ejemplos Son:
 En atención a que la Fuerza Pública tiene presencia a nivel nacional
cada una de las fuerzas confiere competencias a sus unidades
operativas mayores Divisiones, unidades operativas menores
Brigadas y unidades Tácticas con el fin de que se desarrollen
operaciones militares en todo el territorio nacional en cumplimiento de

las políticas de Defensa del Comandante de la respectiva fuerza
dependiente del Comandante General De las Fuerzas.
 En materia de contratación aun cuando la fuerza pública se rige por la
ley 80 de 1993 y sus modalidades para contratar, estos procesos son
realizados por los Batallones de Servicio que se encuentran en las
Brigadas a nivel nacional, siendo estos los encargados de verificar la
disponibilidad presupuestal, el PAC, y como tal desarrollar la etapa
precontractual, contractual y pos contractual de forma independiente.
 Los convenios realizados con las empresas privadas no dependen de
comando general en su totalidad si no que en su distribución territorial
deben procurar realizarlos por ellos mismos y que los bienes o
dineros que ingresen sean para cumplir sus competencias.
 Los traslados si bien es cierto se encuentran regulados por los
Decretos reglamentarios a cada una de las fuerzas le fue dada la
facultad de realizar libremente sus traslados acorde a la necesidad
del servicio.
 La creación de entes de control a nivel interno y sus mecanismos de
control.

Dado lo anterior se puede afirmar que en los órganos centrales del sector
defensa, si se presenta la descentralización administrativa, aspecto
fundamental para realizar de manera eficiente y eficaz sus competencias
pues si bien es cierto siempre inician del sector central no es en este donde
se ve la realización de sus objetivos porque las tropas hacen presencia en
todo el territorio nacional y son precisamente los habitantes de esta gran
extensión territorial quienes deben beneficiarse del cumplimiento cabal del
ministerio de defensa

Es por ello un error considerar que por el bienestar del sector defensa se
estén tomando medidas para centralizar nuevamente competencias que
habían sido descentralizadas como lo es en el Ejército Nacional la creación
de los CENAE, los cuales han asumido la contratación de algunas
divisiones a nivel nacional despojando de esta función a los BASER, siendo
esto un retroceso pues un proceso contractual de una unidad operativa
menor de un territorio aislado demorara mucho más y no cumplirá su fin que
es suplir la necesidad de un Batallón de una forma rápida y efectiva.

Lograr descentralizar aspectos neurálgicos en el sector defensa es un logro
para el cumplimiento de los objetivos neurálgicos del mismo, es por ello que
se debe realizar un seguimiento serio y concienzudo a los primeros pasos
para recuperar las competencias descentralizadas, o preguntarnos
¿posconflicto sinónimo de extinción de la descentralización administrativa
en el sector defensa?.

BIBLIOGRAFIA

 Decreto 1790 del 2000
 Resolución 495 de 2010 parámetros de la contratación a los BASER
 Resolución 484 del 2011 descentralización de la contratación.
 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIBARDO, Derecho Administrativo General y
Colombiano, Edición 2013, Librería Temis.

LA ÉTICA PROFESIONAL, UN VALOR FUNDAMENTAL EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS FALLOS JUDICIALES

“…si tengo que ir a la cárcel por haber sacado ese fallo, voy absolutamente feliz y tranquilo de conciencia”. Doctor JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

 

Según la verdadera interpretación de la constitución, los fallos judiciales deben estar basados en la norma, principios y valores éticos como la justicia, la moral, la igualdad social y más allá de un concepto de legalidad, deben actuar con base en la transparencia y en la aplicación de argumentos justos, libre de aminorar de alguna forma la excesiva inequidad en la cual está inmersa la sociedad colombiana, donde unos pocos obtienen muchos privilegios mientras la gran mayoría subsiste con lo mínimo.

 

Es importante traer a colación numerosos momentos en la historia de la humanidad en los cuales la aplicación de la norma no siempre es la aplicación de la justicia, pues en muchos casos, la norma rígida e implacable ha originado violación de los derechos fundamentales de las personas, reflejados en actos barbaries que en algún momento fueron protegidos y establecidos en las leyes. Es por eso que frente a debates en los que se ven involucrados asuntos de alto impacto social, también es necesario considerar los principios y valores fúndantes de la sociedad, pues esto permitirá realizar una ponderación más justa y la creación de leyes más concordantes con la realidad social en el marco de la equidad.

 

El juez debería actuar de acuerdo a su ética profesional en busca de la equidad de todos como ciudadanos colombianos, sin defender la monopolización que cada vez trae mayor desigualdad, enmarcada en que las riquezas se encuentran concentradas en unos pocos y la mayoría de la población se encuentra en situaciones muchas veces deplorable donde no tienen las mínimas posibilidades de solventar sus necesidades básicas.

Como abogados, debemos dar un paso en la solución de los conflictos, basándonos en los principios y la moral, a sabiendas de que en un Estado como el nuestro, recibiría un sin número de críticas y oposiciones.

 

No deberíamos buscar siempre una recompensa o el bienestar propio, sino que sea la gratitud y la tranquilidad de conciencia lo que busquemos en cada actuar, no porque éste o aquel nos observe ni tampoco por agradar a alguien, sino por tener la convicción de que lo que realizamos y apoyamos está a favor de la comunidad y el bienestar social, generando el progreso de la sociedad.

 

Frente a los derechos fundamentales y a la constitución no podemos pedir su cumplimiento mediante acciones como la acción de cumplimiento, aferrándonos a la idea de que son programáticos y que se deberán ejecutar al paso del tiempo, la  defensa de los derechos es cada vez más difícil de asumir, ya que quien quiera defenderlos, tendrá que atenerse a unas consecuencias que muchas veces no son favorables, sino que por el contrario, tachan las buenas acciones y conllevan a que callemos nuestro actuar y nuestro  pensamiento.

 

Creo que en esto pensó el Abogado E.J. COUTURE cuando elaboro el decálogo del abogado:

  1. Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado.
  2. Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

III. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.

  1. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.
  2. Sé leal. Leal como tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo, leal para con el juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que tú le dices y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas.
  3. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.

VII. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.

VIII. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho, en la paz como substitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.

  1. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.
  2. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proporcionarle que sea abogado.

 

 

ELIANA MORALES”

EL FUTURO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO

Nuestro sistema jurídico continental, que poco a poco se ha visto permeado por el sistema jurídico anglosajón, ha ocasionado que sus elementos propios y blindados, muten paulatinamente dadas las exigencias, cambios sociales, las dinámicas carreras políticas y culturales que nuestro sistema jurídico enfrenta en el discurrir diario de la resolución de sus conflictos.

Los pronunciamientos proferidos[1] por los máximos órganos de cierre jurisprudencial, bien a saber, corte constitucional, corte suprema de justicia y consejo de estado, a las cuales les fue encomendada la tarea de proteger la constitución, garantizar los derechos fundamentales y libertades de las personas, el respeto de la dignidad del ser humano, mantener la división de poderes, entre algunos otros; en el discurrir del cumplimiento de estas tareas, y en ejercicio de nuestras libertades, se presentan conflictos que requieren de su acción y pronunciamiento, éste ultimo, fuente de derecho, y que origina, que se den dos vertientes, una que denota dichos fallos como “enunciados normativos para decisiones futuras” y como “razón vinculante” en las decisiones tomadas por el poder judicial.

Apoyándome en el Doctor Bernal, intentaré desarrollar cada una de las vertientes atrás señaladas, para finalmente, tratar de avizorar, cual, a mi querer, es el presente y el futuro del precedente administrativo en el sistema jurídico colombiano.

ORIGEN Y EVOLUCION DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

Como fue mencionado anteriormente, nuestro sistema jurídico, tiene su génesis en el sistema del derecho continental europea francés, quienes tenían a la ley como supremo ordenamiento normativo y a la jurisprudencia como criterio auxiliar de esta última señalada. Innegable la majestuosidad del código civil de Andres Bello, quien para su época, incluso para alguien de nuestra época, estaba tan avanzado, que su manifiesto rige aún nuestro comportamiento, a lo largo y a partir de su gran articulado, y en el cual se basa nuestro ordenamiento normativo, podemos concluir señalando que el espíritu es la predisposición y sujeción del juez frente a la ley[2] y no por el contrario a lo ocurrido en el sistema anglosajón, que tenemos la sujeción del operador jurídico al precedente. Tenemos entonces a la jurisprudencia como accesoria, subsidiaria, y orientadora, más no obligatoria y vinculante a la hora de decidir conflictos no previstos ni regulados en la ley.

Sin embargo surge la figura denominada aquella como la de la “Doctrina Probable”, incluso como disposición normativa según la cual “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Constitucional como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores[3]”. Gracias a la anterior legislación, y a la erudita corte de los años treinta, hubo pronunciamientos que son clave fundante en la teoría del precedente en el derecho colombiano actual.

En nuestra historia constitucional contemporánea, el precedente administrativo nace carente de fuerza normativa, puesto que en el Art. 230 constitucional se estableció, la sujeción de los jueces a la ley y la auxiliariedad del precedente en la actividad judicial.

Cavilando no equivocarme, el pensamiento conservador y liberal que ha existido al interior de las cortes, ha ocasionado en oportunidades que se presenten corrientes internas de interpretación exegética constitucional, respetando la voluntad del constituyente primario, y en otras tantas por el contrario no, las cuales buscan propender por la adecuación e interpretación constitucional y normativa a la evolución y cambios sociales diarios que se presentan, eso si, sin hacer mención a los factores políticos coyunturales que pueden sopesar en momentos determinados, que exigen la evolución o por el contrario, propenden la involución del derecho en si, en aras de la adecuación a esas necesidades sociales y actuales existentes.

Lo anterior, lo podemos observar incipientemente, como en la ley estatutaria de administración de justicia se indicó que la parte motiva de las sentencias se tendrían como criterio auxiliar, postura ésta que fue mantenida por “una corriente jurídica surgida a partir del año 1995, veía en la jurisprudencia una fuente principal del derecho, y fue así como la sentencia C-083 del 1º de marzo de 1995, con la ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, aunque considera la jurisprudencia como un criterio auxiliar, precisa dicho fallo lo que debe entenderse por doctrina constitucional, contenido en el Artículo Octavo de la Ley 153 de 1887. Con posterioridad emergió la sentencia T-123 de marzo 21 de 1995, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz por lo que se expresa la necesidad de que casos iguales recibieran una trato igual por parte de los jueces, asegurando a la vez, la unidad argumentativa y doctrinal y en este fallo se acota, es donde se habla “precedente”, considerando como tales aquellas decisiones judiciales de las altas cortes que, si han sido tomadas en un determinado sentido, deben seguir aplicándose en ese mismo sentido, por cuanto se ha formado una llamada línea jurisprudencial, en que solo es aceptable la decisión aparte de ella, si se la justifica de manera suficiente y adecuada. Pero solo será en la sentencia SU-047 de 1999, donde se hablará exclusivamente de lo que debe entenderse por figura del precedente judicial, con las naturales recomendaciones para el juez constitucional, de que sus decisiones deben llevarnos a una seguridad jurídica; a la protección de la libertad ciudadana, el principio de igualdad y un mecanismo de control de la propia actividad judicial[4]”.

La segunda vertiente, que inicialmente estaban conformados por pocos adeptos, hoy en día de mayor notoriedad y autoridad, hacen alusión que no es posible considerar que la única fuente del derecho es la ley, sino por el contrario, que su aplicación a través de los fallos proferidos son igualmente fuente de derecho.

Igualmente el Profesor BERNAL, nos indica, que es necesario el fortalecimiento del precedente judicial puesto que esta figura nos representa y brinda seguridad y estabilidad jurídica, congruencia en los pronunciamientos frente a casos en los cuales se presente conflictos y se diriman situación fácticas idénticas, e igualdad formal y material al momento de la resolución de casos posteriores cuando existen antecedentes ya resueltos de situaciones fácticas idénticas.

SITUACION ACTUAL DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO.

Como mencioné al inicio de escrito, la influencia anglosajona en nuestro derecho continental, permea nuestras “instituciones propias”, y adopta mientras tanto unas nuevas, como la que hemos venido desarrollando: El Precedente Judicial.

Actualmente, se encuentra establecido[5] que todas las autoridades, administrativas o judiciales, sin importar su jerarquía, deberán respetar los pronunciamiento de las altas cortes, tanto en la jurisdicción ordinaria, como en lo contencios y constitucional, fundamentándose dicha sujeción, a los postulados esenciales del estado social de derecho manifestado en el Articulo 1ro constitucional, y demás normas y postulados concordante con la anterior, como: buena fe, igualdad, supremacía de la constitución, entre otras.

El precedente judicial, según lo manifestado por las altas cortes, actualmente se ha definido, como la manifestación reiterada de 5 jurisprudencias en igual sentido sobre un mismo punto, dándosele la categoría de vinculante, y obligando por tanto al operador jurídico como al administrativo para que resuelva en igual sentido los conflictos que se le presenten.

De importancia recalcar, por la trascendencia y avance normativo generado, el ocasionado por la promulgación de las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011, en las cuales, el mecanismo objeto de estas líneas, deja de ser un elemento accesorio y auxiliar, y pasa a ser fuente material de nuestro derecho positivo, transmutando totalmente la embrionaria conceptualización realizada en la atrás mencionada ley 169 de 1896.

La obligatoriedad “sancionada” respecto del precedente judicial por la H. Corte Constitucional, que reviste de vinculatoriedad a la jurisprudencia, se manifiesta claramente, en el respeto por el Estado Social de Derecho y los postulados que de ella se desprenden, adicional, a la eficacia de la económica procesal, celeridad y seguridad jurídica en los pronunciamientos y tramites judiciales, obligatoriedad esta que de no ser cumplida inexorablemente entraría en pugna con los postulados del estado de derecho, como puede ser el derecho a la igualdad, el cual actualmente es materialmente protegido en su totalidad, dado que no pueda haber lugar a fallos distintos en casos iguales, siempre y cuando, el operador jurídico no decida motivar su fallo, y apartarse de las decisiones tomadas.

 

EL FUTURO DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO

 

Podemos concluir denotando entonces, que si bien es cierto nuestro sistema jurídico, desde el punto de vista constitucional, ha establecido la sujeción del juez a la ley, éste último por interpretación y desarrollo jurisprudencial, estará sujeto igualmente a los precedentes jurisprudenciales y la ratio decidendi establecida en los mismos, respetando asi los postulados de seguridad jurídica, igualdad, celeridad y economía procesal. Con ocasión de que esta vinculatoriedad día a día toma mas fuerza, se genera la necesidad inmediata de crear mecanismo compilatorios de amplio acceso y conocimiento publico, en harás de que tanto la rama judicial, y mas importante aun, la administración conozca de la fallos proferidos y la ratio decidendi en la cual se fundamentaron, propiciando asi, engorrosos procesos administrativos que desencadenan irreparablemente en un desgaste tanto administrativo y más aun, judicial.

Para que el mecanismo de extensión de la jurisprudencia y las sentencias de unificación se materialicen eficazmente, es de gran importancia, el lograr cambiar la cultura jurídica administrativa existente en la diferentes entidades públicas para que los recursos – vía gubernativa – y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, no sean simplemente etapas a cumplir para acceder a la jurisdicción contenciosa, sino por el contrario en estas etapas, en donde la actividad administrativa debe ser de tal magnitud, que eviten que todos los asuntos lleguen a la jurisdicción, actividad esta en la cual también se debe vincular a los miembros de las procuradurías administrativas quienes deben tener mayor dinamismo instando a las partes a conciliar y resolver los conflictos con bases en los precedentes preexistentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SANTOFIMIO GAMBOA. Jaime Orlando. La fuerza de los precedentes administrativos en el sistema jurídico del derecho positivo colombiano.

 

[1] BERNAL PULIDO, Carlos. Precedente Administrativo. Revista Derecho de Estado.

[2] Art. 8. Ley 153 de 1887. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regules casos o materias semejantes.”

[3] Ley 169 de 1896. Art. 4

[4] LOPEZ CARRASCAL, Alfonso. El Precedente Judicial. www.elinformador.com

[5] Corte Constitucional. Sentencia C – 539 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Expediente D-8351.

 

Realizado por: Abogado, Boris Lombana Salazar

LA DESAPARICIÓN FORZADA A MANOS DE PARAMILITARES- ¿DELITO DE LESA HUMANIDAD?

La desaparición forzada, entendida como la privación de la libertad de personas mediante la aprehensión, detención o secuestro, y que a continuación se da su ocultamiento o quien realiza tal ocultamiento niega dar información de esa persona manteniéndola así alejada de la protección y garantías constitucionales y legales.

La desaparición forzada constituye  delito de lesa humanidad en los casos en que dicho ocultamiento se  dé por agentes del Estado, a través de personas o grupos que actúen con autorización o apoyo del Estado. Entonces,  ¿qué ocurre cuando dicha desaparición forzada está en manos de GRUPOS TERRORISTAS?

La desaparición forzada puede ser un delito de lesa humanidad cuando se da de manera generalizada (pluralidad de victimas) o bien de manera sistemática (parte de una práctica frecuente).

Con la desaparición forzada se vulneran  entre otros derechos humanos  la libertad, la seguridad, la salud, el derecho a un trato digno, la prohibición de la tortura, derecho al debido proceso, las garantías legales, judiciales y constitucionales, entre otros, llegando incluso a quitarle el derecho a la vida; de ahí que con la desaparición forzada quien actúa cometa varios delitos,  además de ser un delito continuado[1], como lo expone el Dr. Ricardo Posada Maya “El delito  continuado ha sido una importante institucion en la práctica en los tribunales durante los últimos años, y su configuración dogmática y su validez político-criminal son hoy objeto de una importante reflexion en la doctrina contemporánea. Actualmente, la figura se rige por  el principio fundamental de unidad de imputación sustantiva y procesal, lo que supone una unidad de delito único, configurado a partir de un nexo objetivo de unificación, un nexo subjetivo de continuidad  y un nexo normativo o valorativo de unificación o integración típica[2]”, -comillas, negrilla y cursiva propias- y permanente toda vez que el delito se está cometiendo todos los días desde que la persona es desaparecida hasta que se dé con su paradero.

Ahora bien, el tema que se expone es si la desaparición forzada donde los autores son los paramilitares configura o no un delito de lesa humanidad.

Para abordar el tema se tiene que el  origen del paramilitarismo está dado a partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo No. 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la parte considerativa se indicó que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podran ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Los “grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales.

Decreto Legislativo 1923 de septiembre 6 de 1978, con el llamado “Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia” (hoy derogado por el art 378 del DL 100 de 1980), dicho Decreto contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización “defensa Nacional”, mecanismos para garantizar la defensa civil y la creación de autodefensas.

Para el funcionamiento del llamado paramilitarismo, miembros de la fuerza pública adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas del conflicto armado y ayudaran a combatir los grupos insurgentes. Es decir, que mediante el decreto Legislativo 1923 de 1978, el Estado legalizo los grupos paramilitares que operaban en el país desde finales de los 70’s y principios de los 80’s.

Los grupos terroristas son autores de genocidios como el de la Unión Patriótica; han perpetrado más de 3.500 masacres; han contribuido al desplazamiento forzado de millones de campesinos, han sido autores de miles de desapariciones forzadas en el país,  entre otros delitos cometidos a la luz y el apoyo estatal.

A partir de esta afirmación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condena al Estado Colombiano en sentencia del 5 de julio de 2004,  debido a la su permisividad, creación y posteriormente no atacar estos grupos ni tener políticas claras para su desmantelamiento (CorteIDH, caso 19 comerciantes Vs  Colombia, sentencia de julio 5 de 2004 ).

En  informe fechado el 27 de mayo de 2014, del Centro de Memoria histórica se tiene que en más de 35 años hay más de 26.000 desaparecidos de manera forzosa en Colombia, de las cuales solo hay 35 condenas y solo 5 paramilitares sentenciados por este delito, entre las que se cuenta la sentencia al ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca, José Enrique Peña Tobón en el año 2011, mismo año en el cual el Estado Colombiano inicia las reparaciones por vía administrativa a víctimas del conflicto incluyendo a las víctimas de  desaparición forzada, situación que no ha beneficiado a los afectados por los paramilitares, a quienes entre otros son señalados como mayores responsables de las desapariciones forzadas , según las denuncias de las organizaciones de víctimas.

 

Lo anterior muestra como la impunidad  cada vez más se alimenta de la incapacidad estatal para el reconocimiento de la desaparición forzada cuyos autores son paramilitares o grupos de autodefensas,  como delito de lesa humanidad y de esta manera lograr que las víctimas de dicho delito sean reconocidas como tales de acuerdo a los tratados internacionales y por ende reparadas por vía judicial y no solo administrativa.

 

 

AMALIA ARCILA GÓMEZ*.

 

 

*El presente artículo no refleja ni compromete el sentir  e ideología de la firma Indemnizaciones Paz Abogados.

 

[1] Artículo 31, parágrafo  Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano,

[2] Revista Derecho Penal N° 38, marzo de 2012.  Ricardo Posada Maya, Profesor de Derecho Penal Universidad de los Andes. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.

 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CORTES INTERNACIONALES – (Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos).

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CORTES INTERNACIONALES – (Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos).

Por Roberto F Paz Salas

 

La paz, la convivencia humana, la no violencia, pero también la justicia social y la democracia, solo es posible edificarla en el respeto y la vigilancia permanente de los derechos humanos para todos por igual”1.

 

El Derecho Internacional Humanitario es diferente de los derechos humanos, pero tienen en común que tanto el uno como el otro promueven un sistema de vida digna, solidaria y de protección de las personas. Mientras los derechos humanos lo hacen para todo tiempo, el derecho internacional humanitario lo hace para las diferentes situaciones de guerra internacional o conflicto armado interno.

 

La Carta  de las Naciones Unidas (1.945), proclama que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es desarrollar y estimular el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. La primera expresión concreta que recibió este llamamiento fue la promulgación en 1.948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aprobada sobre el telón de fondo de los horrores de la segunda guerra mundial, la Declaración Universal fue el primer intento que hicieron todos los Estados de definir, en un único documento, un catálogo completo de los derechos del ser humano. Como su nombre indica, no se concibió como un trato sino mas bien como una proclamación de los derechos básicos y las libertades Fundamentales, con toda la fuerza moral que entraña un acuerdo universal. Por eso su finalidad se describe como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”2. En términos generales, la Declaración Universal establece dos amplias categorías de derechos y libertades, los derechos civiles y políticos por una parte y los derechos económicos, sociales y culturales de por la otra…

Cuando se aprobó la Declaración Universal, ya había amplio acuerdo en que debía darse expresión jurídica a los derechos humanos en forma de tratad, que fuera directamente vinculante para los Estados que aceptaron considerarse obligados por sus condiciones. Esto dio lugar a largas negociaciones en la Comisión de Derechos Humanos, el órgano político establecido en 1.946, integrado por representantes de los Estados que se reúnen anualmente en Ginebra para examinar la amplia variedad de cuestiones relativas a los derechos humanos. En 1.966 la Asamblea General aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos Pactos Internacionales de derechos humanos constituyen la piedra angular de una larga serie de tratados internacionalmente vinculantes que abarcan múltiples cuestiones en la esfera de los derechos humanos. Los tratados definen derechos humanos y libertades fundamentales y fijan normas básicas que han servido de inspiración a más de 100 convenios, declaraciones, conjuntos de normas y principios en materia de derechos humanos de alcance internacional y regional.

Además de los Pactos, hay otro cinco tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas: La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación  Racial (1.955), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1.990). Muchos de los tratados tienen también protocolos facultativos, que son tratados aparte que añaden disposiciones sustantivas o de procedimiento al tratado al que se refieren.

Cada uno de estos tratados, incluidos los dos Pactos, siguen un mismo esquema. Exponen una serie de derechos sustantivos en lo que suele denominarse la parte “normativa” del tratado, que definen los derechos básicos y las libertades  fundamentales en la esfera que se ocupa dicho tratado. Un órgano o comité de supervisión independiente establecido por el tratado mismo, vigila la aplicación del tratado por los Estados Partes. Esos comités están integrados por expertos independientes elegidos por los estados que son Partes en el tratado, cuya imparcialidad, independencia y experiencia en materia de derechos humanos los faculta para evaluar los progresos realizados por los Estados Partes en relación con las normas establecidas en el tratado en cuestión. En  el caso del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS Civiles y Políticos, el órgano credo en virtud de ese tratado para tal finalidad es el Comité de Derechos Humanos.

 

La Carta Internacional de Derechos Humanos ocupa un lugar central en las actividades de las Naciones Unidas para proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Carta consiste en tres instrumentos: La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1.948: el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, y el Pacto  Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea General aprobó ambos Pactos en 1.966.

 

Estos tres elementos claves definen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Establecen normas básicas que han servido de inspiración a más de 50 convenciones, declaraciones, conjuntos de reglas y principios de derechos humanos de las Naciones Unidas.

 

Los Pactos son instrumentos jurídicos internacionales. Esto significa que los estados Miembros de las Naciones Unidas, al ratificar un Pacto a adherirse a éstos, aceptan la obligación de dar fuerza de ley a los derechos en él proclamados.

Un rasgo novedoso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue el establecimiento de un órgano de expertos par supervisar su aplicación: El Comité de Derechos Humanos.

 

DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS:

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos encomendó cuatro tareas básicas al Comité de Derechos Humanos.

  1. El  Comité  recibe y examina los informes de los Estados Partes (Estados que han ratificado el Pacto o que se han adherido a él), sobre las disposiciones que han adoptado para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto.

 

  1. El Comité formula recomendaciones concretas a los Estados Partes, sobre la base del examen de sus informes.

 

  1.  El Comité formula observaciones generales que asumen la forma de interpretaciones del alcance y el significado de ciertas disposiciones del Pacto, ideadas para ayudar a los Estados Partes, a dar cumplimiento a sus disposiciones.

 

  1. El  Comité puede recibir también comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone el Pacto, ofrecer sus  buenos oficios y, de fracasar  otros medios, nombrar una comisión de conciliación.

 

  1. El Comité de Derechos Humanos recibe y examina comunicaciones de los particulares que denuncian que un Estado Parte en el Pacto ha violado sus derechos Humanos. Esta función se estableció en el Protocolo Facultativo del Pacto. El Protocolo Facultativo fue aprobado por la Asamblea general, al mismo tiempo que el pacto propiamente dicho, el 16 de diciembre de 1.966.

 

RESTRICCIONES

 

Los derechos humanos que abarca el Pacto son fundamentales y de gran amplitud; las únicas restricciones son las que permite el propio Pacto. Además, algunos derechos jamás pueden ser suspendidos o restringidos, aun en situaciones de Excepción. Ningún Estado Parte puede eludir sus obligaciones de proteger el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a no ser sometido a esclavitud o a servidumbre, el derecho a no ser encarcelado por deudas, el derecho a no ser sometido  a leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

 

ENTRADA EN VIGENCIA

 

El Pacto entro en vigor el 23 de marzo de 1.973[3], al haberlo ratificado  o haberse adherido a él 35 Estados. El mismo día, 12 Estados ratificaron el Protocolo Facultativo, que, en consecuencia, También  entró en vigor. En Marzo de 1.991, 93 Estados habían ratificado electo o se habían adherido a él, y 53 habían ratificado el  Protocolo Facultativo.

La entrada en vigor del Pacto allanó el camino para el establecimiento del Comité de Derechos Humanos en septiembre de 1.976.

 

COMPOSICIÓN

 

El Comité de Derechos Humanos se compone de 18 miembros, que deben ser nacionales de los Estados Partes en el Pacto. Son, como se dicen en el Pacto, “personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos”, tomándose en consideración “la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica”.

Los miembros del Comité ejercen sus funciones a título  personal, no como representantes de sus países. Son elegidos por votación secreta de los Estados Partes por períodos de cuatro años. A intervalos de dos años se celebran en la Sede de las Naciones unidas, durante el período anual de sesiones de la Asamblea General, elecciones para elegir a la mitad de los miembros. Los miembros eligen al Presidente, a los Vicepresidentes ya Relator  del Comité por periodos de dos años.

 

LA LABOR DEL COMITÉ

 

El Comité de derechos Humanos4 celebra normalmente tres periodos de sesiones, de tres emanas de duración cada uno, durante el año. Estos períodos de sesiones se celebran normalmente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en la primavera y en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en el verano y el otoño. Sin embargo, el Comité puede reunirse en cualquier lugar. Dos grupos de trabajo – integrados por no más de cinco miembros del Comité cada uno – se reúnen durante una semana antes de cada período de sesiones.

 

INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

 

Todos los Estados que han ratificado el Pacto o que se han adherido a éste comprometen a presentar informes al Comité sobre las disposiciones  que han adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso realizado en cuanto al goce de esos derechos. El Comité proporciona directrices generales para ayudar a los gobiernos a preparar sus informes.

El primer informe debe presentarse en el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del Pacto con respecto al país interesado. Cada cinco años se deben presentar informes sobre los nuevos acontecimientos. Normalmente el Comité tarde dos días en examinar cada informe, que es presentado por un representante del país interesado. Los miembros del Comité hacen preguntas al Vicepresidente par obtener información específica sobre las leyes adoptadas para dar cumplimento a las disposiciones del Pacto y verificar si las prácticas administrativas y judiciales se ajustan a él.

 

La interpretación de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de modo que no quede duda alguna sobre el alcance y el sindicado de sus artículos, ha pasado a ser una función importante del Comité de Derechos Humanos.

 

Entre las cuestiones del Pacto tratadas en los comentarios generales del Comité figuran las siguientes:

  1. El derecho a la libre determinación;
  2. La no discriminación en la aplicación del Pacto y la disponibilidad de recursos  para las personas cuyos derechos o libertades han sido violados;
  3. El goce de los derechos civiles y políticos por hombres y mujeres en pie de igualdad;
  4. Las condiciones en que los Estados pueden suspender sus obligaciones en períodos de emergencia;
  5. El  derecho a la vida;
  6. La prohibición de la tortura y de los tatos o penas crueles, inhumanos  o degradantes;
  7. El derecho a la libertad ya la seguridad, y las condiciones de detención y de juicio;
  8. Las condiciones de detención humanitarias;
  9. La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto ;
  10. La igualdad ante las cortes y los tribunales, el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, las garantías mínimas para las personas acusadas, la revissión de las condenas y la indemnización POR LOS ERRORES JUDICIALES;
  11. El derecho a la vida privada y la protección contra  los ataques contra el honor y/o la reputación de la personas;
  12. La libertad de opinión y de expresión;
  13. La prohibición de la propagada bélica y de la incitación al odio nacional, racial o religioso;
  14. La protección de la familia y la igualdad de derechos de los cónyuges ;
  15. Los derechos de los niños y su protección.

 

DE LAS DENUNCIAS DE PARTICULARES:

 

Sin duda alguna, constituye un avance muy grande en el campo del derecho internacional y en particular en materia de derechos humanos  es el hecho de que los particulares que consideran que sus derechos y libertades han sido violados pueden pedir explicaciones al Estado d que se trate, a condición de que éste sea Parte en el PACTO Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo.

En las postrimerías del decenio de 1.980, la mayor toma de conciencia por parte del público de la labor del Comité de Derechos Humanos con arreglo al Protocolo Facultativo multiplicó el número de comunicaciones recibidas de particulares sobre violaciones de sus derechos.

El Comité examina las comunicaciones de particulares en sesiones privadas. Las cartas de éstos, y los demás documentos del Comité sobre casos particulares, son estrictamente confidenciales.

 

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS DENUNCIAS

 

Hace referencia a que las comunicaciones no deben ser anónimas,  y no podrá tenérselas en cuenta a menos que procedan de una persona o de varias personas sujetas a la jurisdicción de un Estado que sea Parte en el Protocolo Facultativo.

Normalmente, la comunicación debe ser enviada por el particular que alegue que sus derechos han sido violados por el Estado. Cuando sea evidente que la presenta víctima no puede presentar una comunicación, el Comité podrá examinar la comunicación de otra persona, que deberá demostrar que actúa en nombre de la presunta víctima. Ningún tercero sin vínculos patentes con la persona cuyos derechos han sido presuntamente violados podrá presentar comunicaciones.

 

No se considerará una denuncia si el mismo asunto está siendo investigado con arreglo a otro procedimiento internacional, y deberá agotarse todos los recursos internos antes de que el Comité pueda examinarla.

 

 

DEL AGOTAMIENTO DE LOS MECANISMOS INTERNOS

 

 

Agotamiento de los Mecanismos Internos, constituye un requisito de procedibilidad necesario para acudir a los Organismos Internacionales en defensa de un derecho vulnerado por el Estado Infractor.

 

La Admisibilidad de una petición está condicionada a que  se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme  a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Esta regla no es aplicable cuando esos recursos no existan o no sen adecuados y efectivos, tal como ocurre cuando a) no existe el debido proceso para proteger el derecho lesionado; b) se ha denegado a la víctima  el acceso a los recursos existentes o c) hay retardo injustificado en la decisión  sobre los mismos. El Reglamento ha prescrito  que la regla tampoco es aplicable cuando se trata de casos generales de violación de derechos humanos.

 

La regla del previo agotamiento de los recursos internos se ha establecido en provecho del Estado, y es renunciable por el Estado interesado en hacerla valer. La renuncia puede ser tácita, lo que ocurre cuando el Estado interesado asume una actitud incompatible con hacerla valer o no la opone oportunamente, lo que indica que debe ser invocada en las primeras etapas del procedimiento. En cambio, la decisión sobre la excepción del gobierno por la que alegue que se han agotado los recursos internos puede ser suspendida para ser resuelta junto con el fondo, sobre todo si se discute sobre la existencia o efectividad de los medio de protección a los  derechos humanos en el Derecho Interno.

 

EVALUACIÓN DE UNA DENUNCIA

 

Si se declaró por parte del Comité admisible una denuncia,  éste puede al Estado interesado que explique o aclare el problema y que indique si se ha hecho algo  para solucionarlo. El Estado Parte tiene un plazo de seis (6) meses para responder. Seguidamente el autor de la denuncia tiene la posibilidad de formular observaciones sobre la respuesta del Estado. Posteriormente, el Comité emite sus opiniones finales y las envía al Estado interesado y al autor            .

En sus procedimientos, el Comité pone en pie de igualdad a los denunciantes particulares y a los Estados que presuntamente han violado sus derechos. Cada uno tiene la oportunidad de formular observaciones sobre los argumentos del otro.

Las conclusiones del Comité – sus opciones sobre las comunicaciones declaradas admisibles y cuyo fundamento se ha examinado, así como las decisiones en que se declara la inadmisibilidad de otras comunicaciones – se publican siempre inmediatamente después del periodo de sesiones en que se aprobaron y se reproducen en el informe anual del Comité a la Asamblea General5. Además, se está publicando en una serie de volúmenes una selección de las decisiones del comité con arreglo al protocolo Facultativo.

 

PROTECCIÓN PROVISIONAL

 

Por regla general se tarda un año para declarar que un caso es admisible  o inadmisible. El examen del fondo del caso puede requerir uno o dos años más, según el grado de cooperación de los Estados Partes y los autores de las denuncias en la presentación de toda la información de que precisa el Comité.

Las personas que afirman que sus  derechos humanos han sido violados pueden necesitar protección de que el Comité adopte sus conclusiones finales. Sin perjuicio del fundamento de las denuncias, el Comité ha dirigido algunas veces, por esta razón, peticiones urgentes a los Estados inter3esados. Por ejemplo, ha habido caso en que el Comité ha aconsejado que no sé cumplimiento a una amenaza de expulsión o que se suspenda una sentencia de muerte, o ha señalado la necesidad de un examen medico urgente.

 

 

DE LA CARGA DE LA PRUEBA

 

No está facultado el Comité para realizar investigaciones independientes, no obstante lo anterior, debe examinar la información escrita facilitada por las partes.

En varios casos relativos al derecho a la vida, la tortura y los malos tratos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, EL Comité ha determinado que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente sobre el denunciante de la violación de los derechos y libertades. El comité afirma además que no es suficiente refutar en términos generales una denuncia de violación de los derechos humanos de una persona.

 

MODIFICACIÓN  LEGISLACIÓN

 

Algunos países han modificado su legislación como consecuencia  de las decisiones  del Comité sobre las distintas denuncias presentadas con  arreglo al Protocolo facultativo. En varias ocasiones se ha puesto en libertad a los presos y se ha indemnizado a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El Comité ha instituido recientemente un mecanismo por el cual trata de fiscalizar más de cerca si los Estados aplican las decisiones  finales adoptadas por él sobre el fondo de un caso; las primeras reacciones de los Estados Partes han sido alentadoras.

 

La laborar del Comité de Derechos Humanos con arreglo al Protocolo Facultativo concierne a las comunicaciones presentadas por particulares.

 

En  Síntesis, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, no es ni un tribunal, ni un órgano con un mandato cuasi  judicial. Sus decisiones se describen como  “opiniones” y no “sentencias”.

Sin embargo, el Comité expresa sus opiniones sobre el fondo de los casos que examina con arreglo al Protocolo Facultativo en lenguaje judicial, y la experiencia ha demostrado que los Estados que aceptan su competencia en la práctica se toman en serio sus conclusiones. Habitualmente adoptan medidas administrativas, judiciales y legislativas conforme a las decisiones del Comité.

En los últimos años el número de Estados que han ratificado el Pacto y su Protocolo Facultativo ha ido creciendo  la influencia del comité de Derechos Humanos,  que podría llegar a ser universal.

 

 

 

 

Finalmente se pretende que a toda persona que se le haya violado un derecho humano , protegido por la legislación internacional  :  Comisión de Derechos Humanos en Washington, Corte Interamericana  de Derechos Humanos en Costa Rica, o Comisión de Derechos Humanos  ( oficina del alto comisionado  para los derechos  humanos), en Ginebra Suiza,  tenga la oportunidad de denunciar o comunicar sobre tal violación a los Organismos Internacionales, una vez haya agotado los mecanismos internos en el país donde se violó los derechos humanos. El agotamiento de los mecanismos internos no son otra cosa que acudir a las instancias judiciales y/o administrativas  donde se violó el derecho humano protegido por los Organismos Internacionales protectores de los derechos humanos :  Denuncias Penales en Fiscalía, denuncias ante la Defensoría del Pueblo, ante las Personerías, ante la Procuraduría general de la Nacional,  y/o juzgados y tribunales competentes en las instancias de ley, con el objeto de que éstos organismos se pronuncien sobre la denuncia instaurada por la víctima, se haga justicia, y se ordene la reparación de las víctimas.  Si no se hace justicia  en el país donde se violó el derecho a la víctima, se acudirá dentro de los seis meses siguientes a los Organismos Internacionales citados.

 

 

 

 

 

1 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Principios Fundamentales y Zona de Distensión- ASDI. Defensoría del Pueblo. Bogotá – Colombia

2 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: El Comité de Derechos Humanos. Campaña Mundial pro Derechos Humanos- Naciones Unidas No. 16.Ginebra Suiza.

[3] Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo.  Estudio divulgado por el Centro de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 8-14, AVENUE DE LA Paix, 1211 Geneve 10, Suiza.

4 Organismo de Expertos para supervisar su aplicación: el Comité de Derechos Humanos  (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Centro de Derechos Humanos, Of. De las Naciones Unidas en Ginebra.

65 La Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,  integra : La declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1.948 , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea General aprobó ambos Pactos en 1.966.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LAS INFECCIONES ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN EN SALUD

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LAS INFECCIONES ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN EN SALUD

Las IAAS, también denominadas infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria, y pueden aparecer también después de que el paciente reciba el alta[1].

Este evento adverso se ha convertido en una preocupación mundial para las autoridades sanitarias, debido a la dificultad de control y a la multirresistencia de los microorganismos a los antimicrobianos que cobran cada día más muertes en el mundo y esto precisamente es lo que  ha conllevado a que los organismos de salud exijan la implementación de prácticas seguras para prevenir la propagación de Bacterias  en los centros asistenciales.

Colombia no ha sido ajena a esta problemática y debido al número tan amplio de personas que se han visto afectadas con las IAAS  en los últimos años, ha obligado a que las autoridades implementen medidas con el fin de prevenir la proliferación de las IAAS, medidas que no han sido suficientes porque sigue subiendo el número de contagios.

Lo anterior ha obligado a que las personas que han sufrido un perjuicio con ocasión de las IAAS, acudan ante los organismos judiciales para reclamar los daños materiales e inmateriales causados y precisamente el objetivo de este escrito es explicar el cambio jurisprudencial que el Honorable Consejo de Estado, ha dado a las decisiones que sobre el asunto ha emitido, determinando que para que se declare la responsabilidad de la entidad hospitalaria bajo el régimen objetivo por daños derivados de la adquisición de una bacteria nosocomial, deberá constatarse lo siguiente[2]:

A). El daño tuvo su origen en una infección de origen exógeno al paciente:

Exógenos como: a) la virulencia de la cepa: determinada por la patogenicidad de las especies y el número de microorganismos. Generalmente los agentes infecciosos adquiridos en el medio hospitalario, pueden presentar mas patogenicidad y/o virulencia y ser más resistentes a los antibióticos y/o antisépticos.

Endógenos: inherentes al paciente, como son: edad, sexo, disminución de las defensas a causa del estrés que genera la hospitalización, la patología de base con la cual ingresa al hospital, la alteración de las barreras anatómicas (piel y mucosas) e inmunológicas (inmunidad humoral y celular) debido a procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos, uso de antimicrobianos e inmunosupresores, entre otros, necesarios para el tratamiento durante la permanencia en el hospital los cuales determinan la susceptibilidad particular.

B). Inherentes a la institución: incluyen la planta física, su mantenimiento (el medio ambiente cuando no es el adecuado puede propiciar la permanencia y transmisión de los microorganismos patógenos.), el cumplimiento de protocolos, el volumen y rotación del personal y el cumplimiento estricto por parte de éste de todas las normas de bioseguridad pertinentes.

C). El daño fue ocasionado por una bacteria multirresistente que se hallaba dentro del hospital, para lo cual vale todo tipo de pruebas idóneas: peritajes, documentos; indicios

Si la bacteria es MULTIRRESISTENTE se considera como un indicio grave de que fue adquirida en un ambiente hospitalario – El incumplimiento de protocolos de esterilización- la falta de mantenimiento en la planta física en estrictas y máximas condiciones de aseo.

D). Resultó inevitable para la institución la producción del mismo (contagio de bacteria) – porque de haber sido evitable se trataría eventualmente de una falla el servicio-, esto es, la constatación de que se ha concretado el riesgo aleatorio al que están sometidos los usuarios del sistema de salud y que en términos de distribución de cargas resultaría excesivo imponerla al paciente.

 

El caso objeto de análisis por parte del consejo de Estado se trata de un paciente que se practicó una cirugía de extracción de catarata en el Hospital Militar Central de Bogotá, durante el postoperatorio inmediato mostró síntomas de infección y, luego de varios exámenes se le diagnosticó ENDOFTALMITIS ocasionada por el contagio con una bacteria y como consecuencia de ésta infección, el actor perdió el ojo izquierdo.

Dentro de los presupuestos anteriormente señalados, es importante resaltar el avance que en materia probatoria se le implicó a los indicios, dado que es sumamente dificil demostrar que una bacteria fue adquirida en un hospital y no en otro entorno, de ahí que señala en el caso en particular lo siguiente:

No existe prueba directa de que la bacteria fue adquirida en el hospital, existen indicios que corroboran esta hipótesis:

  • Está demostrado que antes de que la bacteria fuera detectada en su organismo, el paciente fue sometido a una cirugía en el Hospital Militar Central.
  • Está demostrado que al paciente, una vez diagnosticada la infección ocular, le suministraron varias clases diferentes de antibióticos en cantidades considerables sin lograr respuesta positiva al tratamiento, lo que se conoce como multi-resistencia de la bacteria a la antibiótico-terapia
  • Se encuentra acreditado que otro paciente operado el mismo día en la misma sala de cirugía adquirió la misma infección que el demandante
  • Está demostrado que el Hospital Militar se abstuvo de entregar documentos solicitados por la autoridad distrital con motivo del primer concepto técnico proferido y en cambio sí entregó tardíamente, ya para la decisión definitiva, documentos como la nota quirúrgica del paciente Jesús Antonio Cortés Cortés. .
  • Es evidente la contradicción de los informes técnicos de la misma autoridad (Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de Bogotá), primero diciendo que se trataba de la bacteria estafilococo aureus –nosocomial- y posteriormente cambiando de patógeno sin fundamentación en una prueba científica.
  • En sexto lugar, está acreditado que en el año 2001 (año en que se realizó la cirugía) se percibió un aumento en el número de infecciones adquiridas en las salas de cirugía del hospital demandado (párr. 12.5.)[3]

Lo anterior conllevó a que el Consejo de Estado declarara administrativamente responsable al Hospital Militar Central y como consecuencia de esto, ordena el pago de los perjuicios morales del afectado, hijas y compañera permanente (se condena a favor del núcleo familiar) y el pago de los perjuicios por daño a la salud a favor del lesionado.

Así mismo EXHORTA al Ministerio de Salud para que presente al Congreso un proyecto de ley estableciendo un sistema de asunción solidaria del riesgo por infecciones nosocomiales u otro tipo de padecimientos iatrogénicos sobre los que se pueda predicar la responsabilidad sin mediación de culpa, para lo cual debe crearse un fondo estatal especial.

Lo antes expuesto, representa un cambio jurisprudencial en materia de IAAS, dado que normalmente el factor de responsabilidad que se venía aplicando era el de falla probada, aunque en el caso objeto de análisis la primera instancia la Sección Tercera-Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había aplicado el RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE FALLA PRESUNTA del servicio.

Es importante precisar que si bien, ya existían condenas en contra de entidades hospitalarias por IAAS, era por otros factores de responsabilidad y con este cambio jurisprudencial se le imputa es la RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

El caso expuesto tuvo como precedente una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2013 en la cual M.P. Danilo Rojas Betancourth (Expediente: 30283) en contra del Instituto de Seguros Sociales. Un niño que es internado por bronconeumonía y desarrolla meningitis causada por la bacteria klebsiella neumoniae multirresistente y que le produce enfermedad motriz-cerebral como consecuencia de una meningitis infecciosa.

Para concluir es necesario tener en cuenta que si no es posible demostrar LA FALLA EN EL SERVICIO en los daños derivados de la adquisición de una bacteria nosocomial, se puede hacer uso de pruebas periciales, documentos e incluso de indicios para demostrar el nexo de causalidad entre el daño causado y la adquisición de la bacteria nosocomial, y entre ellos se encuentra la multi-resistencia de la bacteria a la antibiótico-terapia, para poder atribuir de esta manera UNA RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

[1] Organización Mundial de la salud,http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/

consultado 24 de abril de 2017.

[2] Sentencia del 30 de abril de 2014, (Expediente: 28214) del Consejo de Estado – Sección Tercera

[3] Ibídem

 

Por

EVELYN CASTAÑEDA GÓMEZ

Abogada Indemnizaciones Paz Abogados S.A.S

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD EN AFECCIONES SUFRIDAS POR CONSCRIPTOS.

Por mandato del artículo 216 constitucional, reglamentado por la ley 48 de 1993, fue creado en Colombia el servicio militar obligatorio, para todos los varones a partir de la fecha en que alcancen la mayoría de edad y hasta los veintiocho (28) años; en tal virtud, están obligados a tomar las armas para la defensa de la soberanía y la institucionalidad, cuando la necesidad pública lo requiera y para la definición de su situación militar[1].

 

Ahora bien, en desarrollo de las actividades inherentes al servicio, resulta frecuente que los jóvenes que están prestando el servicio militar, mal denominados por el argot popular como conscriptos[2], esto es, soldados regulares, bachilleres, campesinos y auxiliares de policía o del INPEC bachilleres (artículo 13 de la ley 48 de 1993), fallezcan, o sufran accidentes o enfermedades profesionales, que en ocasiones les dejan secuelas físicas y mentales de por vida, por las que la Fuerza respectiva reconoce y paga indemnización por disminución por muerte o por disminución de la capacidad sicofísica (reparación a forfait) y en veces pensión de invalidez; dichas afecciones están tipificadas en los literales b) y c) del Decreto 1796 de 2000, respectivamente, como (…) “en el servicio, por causa y razón del mismo”, y (…) “en el servicio, como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”.

 

Asimismo, en punto al régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a quienes están prestando el servicio militar obligatorio, ha sido pacífica la jurisprudencia del Consejo de Estado al establecer que el mismo es el objetivo, a título de daño especial, cuando se verifica el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas, que se genera con el hecho de la incorporación forzosa e imperativa y por los mayores riesgos a los que está sometido el personal en relación con los demás ciudadanos que no tienen que cumplir con esta carga; también puede serlo a título de riesgo excepcional, cuando el daño tiene origen en la ejecución de actividades peligrosas, como lo es por ejemplo la manipulación de armas de fuego y explosivos, inherentes a la actividad militar. También puede darse la responsabilidad subjetiva del Estado, a título de falla en el servicio, si logra demostrarse que el daño deviene del error de la Administración, como cuando un soldado regular es diagnosticado con una enfermedad mental, no es desacuartelado oportunamente y se agravan sus condiciones de salud.

 

En consecuencia, cuando mueren o sufren desmedro físico los jóvenes reclutados, por razón o con ocasión del servicio militar, el Estado está compelido a reparar todos los daños antijurídicos que se causen, por cuanto su voluntad está doblegada por el Estado, que los somete al cumplimiento de una carga pública, donde lo único a lo que están obligados, es a soportar la restricción relativa de sus derechos y libertades; necesario es entonces destacar, que en tanto la Administración imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar a los soldados su integridad física, como quiera que se encuentran bajo su custodia y cuidado, por ello surge la obligación de derivar las contingencias relacionadas con la prestación del servicio.

 

Sin embargo, no ha sido tan unánime la posición del Consejo de Estado frente a la caducidad del medio de control de reparación directa, en aquellos eventos donde resulta lesionado personal de la Fuerza que está cumpliendo con el servicio militar obligatorio; en efecto, existe jurisprudencia que ubica el cómputo del término de caducidad exclusivamente desde el momento de la ocurrencia del hecho dañoso, sin entrar a examinar sus efectos. Veamos un aparte jurisprudencial:

 

(…) “Ahora bien, es menester precisar que el hecho dañoso puede darse de forma instantánea o modulada en el tiempo, es decir, puede agotarse en un único momento o presentarse en forma reiterada o continuada en el tiempo pero, el término de caducidad inicia una vez haya tenido ocurrencia la causación del daño, por tanto, desde el momento en que en que se presentó el daño irrogado al patrimonio de la víctima debe computarse el término de caducidad de la acción, es decir, al momento en el cual la actuación específica causó el daño cuya indemnización se reclama. Lo anterior obedece por cuanto desde ese primer momento en que se causó el perjuicio, la víctima puede acudir a la administración de justicia para solicitar el restablecimiento del derecho correspondiente.

 

(…) Aun cuando se trate de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, si no que opera desde el mismo momento en que ésta ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el daño.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)[3].

 

Bajo ese entendido, tácitamente Nuestro Órgano de cierre diferencia entre los daños de consumación instantánea de los de consumación sucesiva, siendo los primeros aquellos que se estructuran en el mismo momento en que ocurre la modificación en el mundo fenomenológico de los sentidos y los segundos, los que necesitan del paso del tiempo para estructurarse, cuya oportunidad para demandar inicia (…) “cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”[4].

 

Siguiendo esta tesis, es dable sostener también, que una cosa es el daño como tal y otras sus secuelas, mismas que pueden resultar con posterioridad a los hechos y que son objeto de cuantificación por las juntas médico laborales. Pensemos en una persona que accidentalmente pisa una mina antipersonal, y sufre amputación de sus miembros inferiores; la fecha en que sufre el accidente se compadece con la de la estructuración del daño, con independencia de que la junta médica se realice dos (2) o tres (3) años después, estableciendo secuelas y merma de capacidad laboral.

 

Esa es la regla general del Honorable Consejo de Estado en materia causación del daño, no obstante, en cuando se trata de lesionamientos de jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio instituye una modificación ostensible, pues establece como fecha de estructuración del daño la de la realización de la junta médica laboral por la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza. Dice nuestro máximo fallador:

 

(…) “Tratándose de daños sufridos por quienes sean llamados a prestar el servicio militar obligatorio, la Sala ha considerado que en algunos eventos, la certeza del daño la brinda el acta de la junta médico militar:

 

“En el asunto puesto a consideración de la Sala, y luego de efectuar una lectura sistemática de los supuestos fácticos relatados en la demanda, se infiere que el daño por cuya indemnización reclama el actor, si bien pudo tener como antecedentes los diferentes episodios que se presentaron entre los días 20 de octubre de 1996 y el 4 de abril de1997, lo cierto es que fue a partir de la valoración y clasificación de las lesiones evaluadas por la junta médica laboral contenida en el Acta 2827 registrada en la dirección de sanidad del Ejército Nacional de fecha 14 de julio de 1997 y notificada al interesado el mismo día, fecha en la cual el actor tuvo conocimiento del daño o por lo menos pudo tener certeza sobre su existencia, daño que a la postre conllevó a la desvinculación del servicio dadas las deterioradas condiciones de salud, las cuales no presentaba cuando ingresó a prestar servicio militar obligatorio.

 

Contrario a lo expuesto por el tribunal, el cómputo de la caducidad ha de contarse partir del 14 de julio de 1997, y no a partir de los días 20 de octubre de 1996 o 4 de abril de 1997, pues como se señaló en precedencia, estas fechas solo refieren los antecedentes de la lesión, pero el conocimiento del daño solo pudo presentarse a partir de la fecha en la cual se notificó el acta de la junta médica laboral.

 

Esta Sección en casos como en el presente, en el cual existe duda sobre el término a partir del cual deba a empezar a contarse la caducidad de la acción por falla de certeza entre la fecha de acaecimiento del daño y del conocimiento del mismo, ha señalado:

 

‘A la luz de la realidad probatoria que se deja expuesta, la Sala deduce que si bien es cierto el hecho dañoso ocurrió el día 27 de noviembre de 1990, también lo es que de los efectos nocivos, solo se tuvo conocimiento hasta el día 4 de marzo de 1994, fecha en la cual se celebró la junta médica laboral, con los resultados que ya se dejaron consignados en este proveído.

 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la Sala la acción de reparación directa aquí interpuesta, no se encuentra caducada y por ello se debe admitir la demanda, pues no resulta ajustado a la lógica de lo razonable que el soldado, hubiera instaurado la acción contra la administración, cuando no conocía ni la gravedad, ni los efectos del evento que originó el daño, máxime si se tiene que este desconocimiento se dio, por motivos imputables a los superiores jerárquicos del lesionado, quienes ignorando la gravedad del accidente, cancelaron en varias oportunidades las citas que este debía cumplir en el Hospital Militar.

 

(…) Pero hay casos en que la situación varía, como en el sub judice, en que si bien se tiene un referente en cuanto a la fecha en que se produjo el hecho, es lo cierto que solo el transcurso del tiempo y otras circunstancias particulares, como el prolongado tratamiento médico a que fue sometido el demandante, muestran con certeza la magnitud o consecuencia del hecho y, por ende, los perjuicios por los que la parte interesada reclama la indemnización.

 

(…) En línea con los anteriores pronunciamientos, la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

 

No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce solo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual, en virtud de los principios pro actione y pro damato, la contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que alguno de aquellos tenga ocurrencia.

 

Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la junta médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial señalado, considera la Sala que en este caso, el término para presentar la demanda debe contarse no desde la fecha en la cual el demandante comenzó a presentar su afección, sino desde que tuvo certeza del daño, conforme a la calificación de la junta médica laboral del Ejército, esto es, desde el 26 de octubre de 1998, fecha en la cual se suscribió el acta y se notificó la misma al interesado.”[5] (Subrayas fuera de texto).

 

Visto el extracto jurisprudencial, resulta palmario que en lo atinente a los daños sufridos por quienes prestan el servicio militar obligatorio, el Consejo de Estado flexibilizó las normas que rigen la caducidad del medio de control de reparación directa, estableciendo como punto de partida para obtener la certeza del daño e iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, la fecha en la cual la junta médico militar notifica su dictamen al afectado y la pérdida de capacidad laboral sufrida.

 

Es esta una forma de realizar justicia material, para permitir el acceso a la administración de justicia, de aquellos jóvenes que prestando el servicio militar obligatorio resultan lesionados y que sólo tienen conocimiento cierto de sus padecimientos cuando le es realizada la junta médico laboral, experticio que precisa con exactitud las condiciones de salud y secuelas de quienes asumen la imposición constitucional y legal de servirle al Estado.

[1] Ley 48 de 1993, artículo 3: “Servicio militar obligatorio. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley”.

 

[2] Según el glosario de términos de reclutamiento del Ejército Nacional, el conscripto es “el inscrito para definir situación militar dentro de los términos estipulados por la ley”, es decir, el joven que resultó apto para la prestación del servicio militar, más no el que ha sido reclutado, juró bandera y ostenta la calidad de soldado o auxiliares de Policía o del INPEC.

Texto entre comillas tomado de http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=221659

[3] Auto de 3 de marzo de 2010 C.P. Dr. Mauricio Fajardo. Radicación número: 13001-23-31-000-2008- 00568-01(37268)

[4]Artículo 164 de la Ley 1437. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

 

(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

 

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;”

 

[5] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B. MP. Ramiro Pazos Guerrero, Bogotá D.C., seis de diciembre de dos mil trece, radicado 080012331000199901791-01. Demandante: Vladimir Antonio Polo Navas y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Naturaleza: Medio de control de reparación directa.

Por:

Catalina María Cardóna Valencia.

Abogada Indemnizaciones Paz Abogados S.A.S