CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación: 73001 23 31 000 2011 00452 01

LA REPARACIÓN DIRECTA NO DEPENDE DEL RESULTADO DEL PROCESO PENAL ADELANTADO EN CONTRA DEL AGENTE ESTATAL.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

 

 

 

 

  

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017) 

Radicación:          73001 23 31 000 2011 00452 01

Expediente:          44.812

Actor:                 LUIS FERNANDO TAMAYO NIÑO Y OTROS

Demandado:   NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Referencia:           APELACIÓN SENTENCIA – REPARACIÓN DIRECTA

Temas: Cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa  en casos de violaciones a derechos humanos; diferencias entre la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal individual y la acción indemnizatoria contencioso administrativa.

Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN

 

 

 

 

Atendiendo la prelación frente a estos asuntos dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009[1] y con apoyo en lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 26 de enero de 2017, se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 22 de junio de 2012, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción.

 

  1. ANTECEDENTES

 

1.1.- La demanda y su trámite

 

En escrito presentado el 30 de junio de 2011 el señor Luis Fernando Tamayo Niño, actuando en causa propia y en representación de sus hijos menores de edad María Alejandra, Luis Esteban y Luis Sebastián Tamayo Caicedo, y actuando como apoderado judicial de los señores Luis Fernando Tamayo Valencia, Sandra Liliana Caicedo Ortegón y Adriana Gisella Tamayo Valencia, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe de forma literal):

 

“1°) Declarar que Luis Fernando Tamayo Niño, es víctima del conflicto armado interno, por el desplazamiento forzado y la violación de derechos humanos, como consecuencia de la tentativa de homicidio que fue objeto en agosto de 2002 ejecutada por el Bloque Tolima de las AUC a través de su integrante Jhon Fredy Rubio Sierra, y que Adriana Gisella Tamayo Valencia, María Alejandra, Luis Esteban y Luis Sebastián Tamayo Caicedo, y Sandra Liliana Caicedo Ortegón, como hijos y compañera permanente respectivamente de Luis Fernando Tamayo Niño, son también víctimas del conflicto armado Interno, y de violación de derechos humanos como consecuencia de éste, por acción ejecutada por el Bloque Tolima de las AUC, dentro del conflicto armado que para el año 2002 vivía Colombia, a través de su integrante, Jhon Fredy Rubio Sierra. 

 

2°) Declarar que la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia es administrativamente responsable por el principio de solidaridad con la víctima del conflicto armado y de derechos humanos, Luis Fernando Tamayo Niño y, por tanto, debe pagarle la condena de perjuicios impuesta a Jhon Fredy Rubio Sierra, alias ‘Mono Miguel’, como integrante del Bloque Tolima de las AUC, en la sentencia anticipada proferida por el Juez 8° penal del Circuito de Bogotá de agosto 23 de 2010, como coparticipe con compañeros de dicha organización criminal de la tentativa de homicidio sufrida por Luis Fernando Tamayo Niño en agosto 28 de 2002 en el Espinal, condena que consiste en lo siguiente:

 

2.1. Lucro cesante: 148.34 SMLMV al momento de su cancelación. 

2.2. Daño moral: 500 SMLMV al momento de su pago.

 

3°) Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia a pagar a Luis Fernando Tamayo Niño, las siguientes sumas de dinero, por los siguientes conceptos:

 

2.1. Lucro cesante: 148.34 SMLMV al momento de su cancelación. 

2.2. Daño moral: 500 SMLMV al momento de su pago.

 

4°) Declarar que Luis Fernando Tamayo Niño, Adriana Gisella Tamayo Valencia, María Alejandra, María Alejandra, Luis Esteban y Luis Sebastián Tamayo Caicedo, y Sandra Liliana Caicedo Ortegón, son víctimas del desplazamiento forzado causado por las Autodefensas Bloque Tolima de las AUC, desde agosto 28 de 2002 a noviembre 30 de 2003, como consecuencia de la tentativa de homicidio que fue objeto Luis Fernando Tamayo Niño, en agosto 28 de 2002 en Espinal Tolima, por el Bloque Tolima de las AUC.

 

5°) Declarar que Luis Fernando Tamayo Niño, Adriana Gisella Tamayo Valencia, María Alejandra, María Alejandra, Luis Esteban y Luis Sebastián Tamayo Caicedo, y Sandra Liliana Caicedo Ortegón, son víctimas de desplazamiento forzado desde diciembre 21 de 2008 a la fecha, por reubicación temporal en Bogotá, inicialmente a cargo del Ministerio del Interior y luego por Reubicación definitiva en Bogotá a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

 

6°) Como consecuencia de las anteriores pretensiones 4 y 5, declarar que la Nación -Ministerio del Interior y de Justicia es administrativamente responsable por el principio de solidaridad con la víctima del conflicto armado y de derechos humanos, Luis Fernando Tamayo Niño por los daños materiales y morales causados y que excedan a los que fijó el juez 8° Penal del Circuito de Bogotá, ocasionados por la acción criminal del Bloque Tolima de las AUC, a través del desmovilizado Jhon Fredy Rubio Sierra, alias ‘Mono Miguel’.

 

Finalmente, por concepto de perjuicios morales como consecuencia del desplazamiento forzado solicitaron las sumas de 1.000 SMLMV a favor del señor Luis Fernando Tamayo Niño y 500 SMLMV a favor de los demás demandantes y, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se deprecó el monto de $416’988.625 a favor del señor Tamayo Niño.

 

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones narró la demanda que el 28 de agosto de 2002, el abogado Luis Fernando Tamayo Niño fue objeto de un atentado con arma de fuego por parte de un desconocido, mientras se encontraba en su oficina en el municipio de El Espinal, Tolima.

 

Señalaron los actores que, dentro de la investigación penal adelantada por ese hecho, el señor Jhon Fredy Rubio Sierra, alias “mono Miguel” -desmovilizado del Bloque Tolima de las AUC-, en diligencia de indagatoria manifestó que el atentado contra el señor Tamayo Niño fue una acción criminal de esa organización delictiva, razón por la cual aceptó los cargos imputados y solicitó acogerse a sentencia anticipada.

 

Agregó el libelo que mediante sentencia proferida el 23 de agosto de 2010, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra de Jhon Fredy Rubio Sierra, por el punible de homicidio agravado en grado de tentativa, al tiempo que lo condenó a pagar a favor de la víctima los perjuicios ocasionados en cuantía de 500 SMLMV por concepto de perjuicios morales y 148.34 por lucro cesante.

 

Sin embargo, afirmaron los demandantes que dicha condena pecuniaria, además de no haber sido pagada por el sentenciado, “resulta insuficiente y no cumple con los lineamientos que establece el derecho constitucional nacional y el derecho internacional sobre la justa indemnización, lo que no es óbice para que por medio de la acción de reparación directa se condene al Estado a pagar además de los perjuicios fijados en la sentencia anticipada, los daños morales y materiales no incluidos dentro de este fallo penal a favor de los [ahora] demandantes”.

 

Agregó la demanda que dentro de la condena penal no se había incluido el rubro de lucro cesante que el ahora demandante devengaba como abogado; además, tampoco se incluyó indemnización alguna por concepto de desplazamiento forzado.

 

De otra parte, señaló la demanda que mediante resolución del 11 de agosto de 2009, los aquí demandantes habían sido incluidos en el Registro Único de Población Desplazada y que, en el año 2010 -no se especificó la fecha-, la Agencia Presidencial para la Acción Social reconoció la calidad de víctimas de derechos humanos conforme al Decreto 1290 de 2008 y que, en tal virtud, se les reconoció una indemnización administrativa.

 

Respecto de los hechos narrados, señalaron los demandantes que la Administración Pública demandada era solidariamente responsable por el pago de la condena impuesta por el Juzgado Octavo Penal de Bogotá que el referido condenado no pagó; además, indicaron los actores que el Estado debía indemnizar los perjuicios que no fueron incluidos en la sentencia penal.

 

Finalmente, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción, indicó la demanda que el término de caducidad debía empezar su cómputo desde el día 23 de agosto de 2010, fecha en la que el juez penal declaró responsable a Jhon Fredy Rubio Sierra, en calidad de miembro del Bloque Tolima de las AUC, como responsable del delito de tentativa de homicidio, razón por la cual, sólo a partir de ese momento, “se determinó con certeza la autoría del daño”[2].

 

La demanda así planteada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima  mediante proveído de fecha 2 de agosto de 2011, el cual se notificó en legal forma a la entidad demandada y al Ministerio Público[3].

 

1.2.- El Ministerio del Interior contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas en ella; para tal efecto, se limitó a formular la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues partió de afirmar que esa cartera ministerial no tenía dentro de sus competencias la reparación de las víctimas del conflicto armado, amén de que tampoco representaba judicialmente a la Agencia Presidencial para la Acción Social, motivo por el cual no era la entidad llamada a responder por el presunto daño antijurídico que originó la presente acción[4].

 

1.3.- Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 18 de octubre de 2010 y fracasada la etapa de conciliación, mediante auto de 14 de mayo de 2011 el Tribunal de primera instancia dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto[5].

 

La parte actora, luego de referirse a los hechos materia de proceso y al acervo probatorio recaudado, manifestó que correspondía a la Administración demandada reparar íntegramente los daños ocasionados a los demandantes como producto de la tentativa de homicidio que sufrió el señor Luis Fernando Tamayo, así como por el desplazamiento forzado que, por ese hecho, fueron víctimas los ahora demandantes. Lo anterior en virtud de que la sentencia penal no reconoció la totalidad de los perjuicios ocasionados, así como tampoco el condenado pagó dichos perjuicios[6].

 

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio dentro de la respectiva oportunidad procesal[7].

 

1.4.- La sentencia de primera instancia

 

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Tolima  profirió sentencia el 22 de junio de 2012, oportunidad en la cual declaró probada la excepción de caducidad de la presente acción.

 

Para arribar a esa decisión, el Tribunal de primera instancia puso de presente, básicamente, que a partir de los hechos y pretensiones de la demanda, se podía inferir que se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de la tentativa de homicidio de la que fue víctima el señor Luis Fernando Tamayo Niño, ocurrida el 28 de agosto de 2002, de manera tal que el término legal de los dos años para instaurar la acción de reparación directa fenecía el 29 de agosto de 2004 y, comoquiera que la demanda se formuló el 29 de junio de 2011, se imponía concluir que se encontraba abiertamente caducada.

 

En ese mismo sentido, agregó el Tribunal a quo que no resultaba procedente realizar el cómputo de la caducidad desde que se profirió sentencia penal el 23 de agosto de 2010 en contra del responsable del delito de tentativa, dado que la acción de reparación directa no dependía del resultado del proceso penal, puesto que en tratándose de responsabilidad del Estado, la demanda se debe formular dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho dañoso o del conocimiento del mismo, el cual para el presente asunto se hizo evidente desde el mismo momento de su ocurrencia[8].

 

1.5.- El recurso de apelación

 

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal a quo el 2 de agosto de 2012 y admitido por esta Corporación el 12 de septiembre de esa misma anualidad[9].

 

En su impugnación, la parte actora señaló que si bien era cierto que el artículo 136 del C.C.A. establecía dos años para acudir a la jurisdicción para formular la correspondiente demanda de reparación directa, contados a partir de la ocurrencia del hecho dañoso o del conocimiento del mismo, también era cierto que “la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en aplicación del prinicipio pro actione, permite al fallador  apartarse de la rigidez de la norma, para iniciar el cómputo desde cuando el demandante adquirió el interés para acudir a la jurisdicción”.

 

En ese sentido, sostuvo que el “interés para demandar” que permitiría iniciar el término de la caducidad de los dos años, debía contarse a partir del momento en el cual el actor principal conoció que los responsables del atentado contra su vida eran miembros de las AUC, esto es, a partir de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2010 por el Juzgado Octavo Penal de Bogotá que condenó al señor Jhon Fredy Rubio Sierra como responsable de ese hecho.

 

Adicionalmente, respecto de la condición de desplazamiento de la que fueron víctimas los demandantes, señaló que se trataba de un daño continuado, amén de que a partir del 21 de diciembre de 2008 el hoy demandante fue incluido en el programa de protección de Justicia y Paz en Bogotá, dado que se tenía conocimiento de las amenazas contra su vida por parte de las AUC[10].

 

1.6. Una vez se dio traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto si lo consideraba del caso, las partes guardaron silencio[11].

 

En su concepto, el Ministerio Público señaló que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, dado que el daño que originó la presente acción se causó y se conoció por parte del afectado, el 28 de agosto de 2002, por manera que, por haber formulado la demanda el 30 de junio de 2011, debía concluirse que se encontraba caducada.

 

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el presente asunto.

 

  1. CONSIDERACIONES

 

2.1. Competencia de la Sala

 

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que la demanda se presentó el 30 de junio de 2011 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 1000 SMLMV por concepto de perjuicios morales para el principal afectado, la cual supera el monto exigido -500 SMLMV-, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación[12].

 

2.2.- La caducidad de la acción impetrada

 

2.2.1. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador  instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

 

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

 

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8°, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

 

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (negrillas adicionales).

 

La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

 

2.2.2. Ahora bien, en tratándose del cómputo de caducidad del término de acción de reparación directa, la jurisprudencia de la Sección ha establecido que, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir de cuando éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

 

Así pues, en estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad[13] -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo[14]-, o cuando aquel se entiende consolidado –en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo[15]-, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

 

Bajo esta misma lógica, la Corporación ha estimado que, en los eventos de daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición forzada o secuestro)[16], el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen[17].

 

Respecto del delito de desaparición forzada de personas, debe señalarse que el artículo 7 de la Ley 589 de 2000[18], estableció que el término de caducidad de los dos años de la acción de reparación directa derivada de ese delito, debe contarse a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

 

2.2.3. De igual forma, cabe resaltar que, comoquiera que lo que se persigue con la acción de reparación directa es obtener la indemnización de un daño producido por la Administración, resulta razonable que el inicio del cómputo de la caducidad deba empezar desde el momento en el cual la víctima tuviere conocimiento de la participación efectiva del Estado en la producción de ese daño, pues sólo a partir de ese momento la víctima está facultada y/o legitimada para adelantar la correspondiente acción de reparación directa.

 

El anterior razonamiento ya ha sido aplicado por esta Sección del Consejo de Estado en anteriores oportunidades. Así por ejemplo en providencia del 12 de diciembre de 2014[19], se precisó lo siguiente:

 

“Le asiste razón a los demandantes cuando indican que, mientras no tuvieran elementos de juicio que les permitieran estimar que la muerte del señor Durango Moreno y, como consecuencia de ella, el desplazamiento forzado que padecieron, pudieron ser ocasionados por agentes del Estado, no tenían razones suficientes para contemplar el ejercicio de la reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por dicha participación[20].

 

Así las cosas y comoquiera que los demandantes afirman no haber conocido de la supuesta participación de agentes de la fuerza pública en la muerte del señor Durango Moreno hasta el momento en que reconocidos paramilitares rindieron declaraciones en ese sentido en el año 2012, circunstancia que será objeto del debate probatorio a realizarse en el trámite del proceso[21], en aras de garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, así como la aplicación de los principios pro damnato[22] y pro actione[23], hay lugar a revocar la decisión del 13 de noviembre de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó por caducidad la demanda interpuesta” (negrillas fuera de texto).

 

2.2.4. De otra parte, resulta necesario precisar la diferencia existente entre la “imprescriptibilidad de la acción penal” y la acción de reparación directa, habida cuenta que las partes, el objeto y la causa en los procesos penales difieren a aquellos de los procesos contencioso administrativos en los que se pretende una reparación del daño. Sobre el particular, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

 

“i) a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la [pretensión] de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ji) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”[24].

 

Cabe agregar que esta Subsección del Consejo de Estado ha considerado  inadecuado hacer extensiva la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a las acciones diferentes a la penal. Así lo precisó:

 

“Ahora, si bien la Ley 707 de 2007, por la cual se aprobó la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, en su artículo VII dispuso que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción, es claro que esta previsión no puede hacerse extensiva por vía de interpretación a otro tipo de acciones”. “(…).

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor Wilfer Yohan Ángel Valenzuela el 23 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la presente acción podía interponerse hasta el 24 de abril de 2006, por lo que, la demanda presentada el pasado 24 de febrero de 2014, se hizo por fuera del término legal dispuesto para ello, en consecuencia, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Caquetá será confirmada por las razones aquí expuestas”[25].

 

En sentido similar al de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Corte Constitucional a través de sentencia T-490 de 14 de julio de 2014[26] concluyó acerca de las diferencias entre las figuras de imprescriptibilidad de la acción penal y caducidad de la acción, en los siguientes términos:

 

La jurisprudencia constitucional ha establecido que la caducidad es el fenecimiento de un término perentorio fijado por la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando una autoridad pública lesiona un derecho particular, por medio de un acto, hecho, omisión u operación administrativa[27].  Por otro lado, de acuerdo con la normatividad procesal civil, el juez debe rechazar de plano la demanda cuando “exista un término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que término está vencido”[28].

 

(…) también ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado que, aun cuando el daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la acción de reparación se dé como consecuencia de una grave violación a los derechos humanos o un crimen de lesa humanidad, el término de caducidad será el mismo al contemplado en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A., pues la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de crímenes de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario no es extensiva en sus efectos a las acciones de carácter indemnizatorio.

 

Lo anterior, por cuanto la legislación nacional consagra varias posibilidades para restablecer el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y tiene como finalidad promover la justicia, tales como acciones civiles y contencioso administrativas para que puedan satisfacer su derecho a la verdad y la reparación;  incluso el sistema penal prevé una reparación para el tercero civilmente responsable, así, la prescripción que pueda darse respecto a las primeras acciones de carácter indemnizatorio no debe ser extensiva a la posibilidad de demandar al autor penalmente responsable del daño, ni excluye al Estado de la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. Tal como lo estableció la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, “las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas. (…)

 

Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dispuesto que cuando el daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la acción de reparación, haya sido acaecido como consecuencia de una grave violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el término de caducidad será el mismo al contemplado en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A.  Lo anterior, en la medida en que es diferenciable la imprescriptibilidad de la acción penal de crímenes de lesa humanidad, que busca resguardar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, a las acciones de carácter indemnizatorio que pretenden garantizar el derecho a la reparación.

 

Sin embargo, tal como se mencionó en la parte considerativa de esta providencia, las acciones civiles y contencioso administrativas cuyo fin es buscar la reparación económica, están sujetas al fenecimiento de un término perentorio fijado por la ley para el ejercicio de éstas y, en todo caso, no excluye la posibilidad de que en el interior de un proceso penal se pueda solicitar a través del incidente de reparación, al patrimonialmente responsable del daño causado.

 

En este orden de ideas, considera la Sala que las autoridades judiciales accionadas actuaron de conformidad con la autonomía judicial e interpretó de manera razonable el alcance de la normatividad descrita, no actuaron de manera desproporcionada, arbitraria o caprichosa, razón por la cual no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia(se ha destacado).

 

Sin embargo, la misma Corte Constitucional en pronunciamiento de tutela posterior -sentencia T-352 de 2 de julio de 2016-, desconoció el anterior razonamiento y señaló que el término de la caducidad de la acción de reparación directa, en tratándose de daños ocasionados por delitos de lesa humanidad resultaba “imprescriptible”. Así razonó:

 

En el derecho interno colombiano, el recurso judicial efectivo para reclamar los perjuicios causados por los actos cometidos por las autoridades del Estado, es la acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Dicha acción de carácter individual, busca el reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado y por tanto la tasación de los perjuicios causados por la acción o la omisión de la entidad causante del daño antijurídico.

 

Dicha acción cuenta con una caducidad de dos años, contados desde que acaeció el hecho o desde que se tuvo conocimiento del mismo y, para los casos en los que se configure el delito de desaparición forzada, el tiempo se cuenta desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

 

Si bien el instituto de la caducidad dentro de la acción de reparación directa es válido y tiene sustento constitucional, en el presente caso se constituye en una barrera para el acceso a la administración de justicia de las víctimas del conflicto armado haciendo nugatorio la defensa de sus derechos y agravando aún más su condición de víctimas.

 

En consecuencia, la Sala considera que dar aplicación al artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”[29].

 

Sin perjuicio de las anteriores decisiones disímiles de la Corte Constitucional sobre los conceptos de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de  caducidad de la acción de reparación directa, lo cierto es que para esta Sección del Consejo de Estado, la aplicación de los términos de caducidad establecidos en el ordenamiento jurídico -de cuyos alcances la jurisprudencia de esta Sección ha precisado sus matices-, no afectan los derechos a la reparación integral de las víctimas de este tipo de delitos y, por ende, no hay lugar a decretar su inaplicación en ningún supuesto fáctico.

 

Con fundamento en los anteriores fundamentos normativos y jurisprudenciales se procede a analizar la caducidad de la acción en el presente caso sometido a consideración de la Sala.

 

2.3. Los hechos probados

 

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso en debida forma, la Sala tiene establecidos los siguientes hechos:

 

– Que según la sentencia proferida el 28 de agosto de 2002 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, el señor Luis Fernando Tamayo Niño mientras se encontraba en su oficina de abogado en el municipio de El Espinal, Tolima, fue víctima de varios disparos por parte de un sujeto desconocido y fue trasladado al hospital de esa localidad donde lograron salvarle la vida[30].

 

– Que, con ocasión de los anteriores hechos punibles, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá en la sentencia del 23 de agosto de 2010, condenó a 108 meses de prisión al señor Jhon Fredy Rubio Sierra como responsable del delito de homicidio agravado en el grado de tentativa en la persona de Luis Fernando Tamayo Niño. Asimismo, lo condenó al pago a favor de la víctima directa de las sumas de 148,34 y 500 SMLMV por concepto de indemnización de lucro cesante y perjuicios morales, respectivamente[31].

 

Como fundamento de dicha decisión, la instancia en comento consideró que el responsable penalmente en calidad de perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia atentó contra la vida del señor Tamayo Niño, dada la presunta  información que vinculaba a la referida víctima como auxiliador del frente 25 de las FARC. Al respecto el juez penal manifestó:

 

“La prueba recolectada indica que alguno de los integrantes de USOCOELLO manifestó al Bloque Tolima de las AUC que el abogado Tamayo Niño era un colaborador del frente 25 de las FARC y por lo tanto había que eliminarlo, por lo que el comandante ordenó darle muerte y Humberto Mendoza como comandante proporcionó dos hombres, uno de ellos alias LA VACA y El Mono Miguel o Jhon Fredy Rubio Sierra les entregó a esas personas $1’000.000 para viáticos, una caja de municiones y una pistola, pues era el comandante de finanzas. Alias la vaca y otros se trasladaron al municipio de El Espinal y alias La Vaca se encargó de ir a la oficina del abogado Luis Fernando Tamayo Niño con el pretexto de contratar sus servicios por la corrida de una cerca de una finca arrocera en el municipio de El Guamo y cuando el abogado se negó, estando en la puerta de la oficina, alias La Vaca le hizo varios disparos, fue herido y uno de ellos se alojó cerca a la columna vertebral”[32].  

 

– De conformidad con la certificación secretarial del mencionado Juzgado, la anterior sentencia cobró ejecutoria el 26 de octubre de 2010[33].

 

– A través de resolución proferida el 28 de diciembre de 2010 la Agencia Presidencial para la Acción Social decidió “[i]nscribir en el Registro Único de Población Desplazada al señor Luis Fernando Tamayo Niño y a los miembros de su hogar”[34].

 

– Mediante resolución proferida el 15 de diciembre de 2008 por el Programa para Víctimas y Testigos adscrito al entonces Ministerio del Interior y de Justicia se dispuso, entre otras medidas, vincular al señor Luis Fernando Tamayo Niño al citado programa, para lo cual ordenó la reubicación temporal a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia y de reubicación definitiva a cargo de la Fiscalía General de la Nación[35].

 

– Mediante acta del 4 de octubre de 2010, el Comité de Reparaciones Administrativas, en virtud del Decreto 1290 de 2008[36], reconoció la calidad de víctima del conflicto armado al señor Luis Fernando Tamayo Niño[37].

 

– Que, el 23 de diciembre de 2010 el Subdirector de Atención a víctimas de la violencia de la Agencia Presidencial para la Acción Social otorgó a favor del señor Luis Fernando Tamayo Niño un cheque de gerencia a su nombre por valor de $12’360.000, por concepto de “reparación individual por vía administrativa”[38].

 

2.4. Análisis de la Sala

 

De conformidad con lo hechos que fueron probados en el proceso, se tiene que el señor Luis Fernando Tamayo fue víctima de un atentado contra su vida el día 28 de agosto de 2002 por parte de un desconocido, quien, posteriormente dentro del proceso penal, se identificó como Jhon Jairo Rubio Sierra, miembro del Bloque Tolima de las AUC.

 

De igual forma, se tiene acreditado que el ahora demandante como consecuencia  de ese hecho, fue inscrito en el registro de población desplazada, al tiempo que también fue incluido en el programa de protección para testigos y se dispuso su reubicación definitiva para garantizar su seguridad y la de su familia. Asimismo, recibió una indemnización administrativa en calidad de víctima del conflicto armado por tales hechos.

 

Así las cosas, comoquiera que la pretensión de la parte actora está dirigida a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados como consecuencia del atentado contra su vida ocurrido el 28 de agosto de 2002, y por el desplazamiento forzado que produjo ese hecho, la Sala analizará, por separado la caducidad frente a cada uno de tales hechos dañosos.

 

En primer lugar, respecto de la tentativa de homicidio, advierte la Sala que el inicio del cómputo de la caducidad debe empezar desde el día siguiente a la ocurrencia de ese hecho, es decir, desde el 29 de agosto de 2002, comoquiera que en este caso el actor conoció la existencia del referido daño desde el mismo día de su ocurrencia.

 

Ahora, si bien dentro del proceso penal se declaró la responsabilidad del señor Jhon Jairo Rubio Sierra mediante sentencia proferida el 23 de agosto de 2010, lo cierto es que dicha circunstancia en nada afecta el cómputo del inicio de la caducidad, dado que mediante esa sentencia no se determinó la injerencia -por acción u omisión- de algún miembro del Estado que eventualmente comprometa su responsabilidad patrimonial, razón por la cual no resulta aplicable la excepción a la regla de los dos años referida en el punto 2.2.3. de esta sentencia.

 

Así, pues, mal haría en sostenerse que por el hecho de que se hubiere proferido una sentencia penal en contra de un particular, se hubiese ampliado el término de caducidad, puesto que -reitera la Sala-, dicho término de caducidad no puede estar sujeto a aspectos subjetivos de las partes, ni tampoco puede permanecer indefinido en el tiempo, sino que el mismo obedece a aspectos determinados previamente en el ordenamiento jurídico[39].

 

De igual forma, frente al desplazamiento forzado, debe decirse que mediante resolución del 15 de diciembre de 2008, el Programa para Víctimas y Testigos, entre otras medidas, dispuso la reubicación definitiva del ahora demandante y de su familia a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, se tiene que recibió una indemnización administrativa por tales daños, razón por la cual, entiende la Sala que dicha situación de desplazamiento forzado culminó para esa fecha, toda vez que, según el artículo 18 de la Ley 387 de 1997[40], “la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”.

 

Así las cosas, por haberse interpuesto la demanda el 30 de junio de 2011, la conclusión no puede ser otra sino que se demandó cuando el término de caducidad ya había fenecido, pues ya habían transcurrido los 2 años que establece el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A., sin que resulte del caso dar aplicación a ninguna de las excepciones consagradas en el ordenamiento jurídico para modificar el cómputo del inicio del término de la caducidad.

 

De otra parte, cabe advertir que si bien se allegó al proceso una constancia de solicitud de conciliación prejudicial, lo cierto es que fue radicada el 7 de septiembre de 2010, es decir, cuando el término de caducidad de la acción ya había fenecido[41].

 

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

 

2.5. Condena en costas.

 

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 22 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción interpuesta.

 

SEGUNDO: ABSTÍENESE de condenar en costas.

 

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

 

HERNÁN ANDRADE RINCÓN                    MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

 

 

[1] “Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberían ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”.

[2] Fls. 81 a 92 C. 1.

[3] Fls. 97 a 104 C. 1.

[4] Fls. 115 a 118 C. 1.

[5] Fls. 120 a 136 C. 1.

[6] Fls. 137 a 142 C. 1.

[7] Fl. 144 C. 1.

[8] Fls. 145 a 153 C. Ppal.

[9] Fls. 163 y 168 C. Ppal.

[10] Fls. 157 a 162 C. Ppal.

[11] Fls. 225 y 227 C. Ppal.

[12] Artículo 40, Ley 446 de 1998.

 

[13] Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 30 de abril de 1997, exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, exp. 15.785, C.P. Maria Elena Giraldo y 27 de abril de 2011, exp. 15.518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[14] Condición que, como se deriva de lo sostenido por la Sala Plena de la Sección Tercera, debe analizarse de manera rigurosa. En efecto, en palabras de esta última: “Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota n.° 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación No. 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”. Auto de 9 de febrero de 2011, exp. 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[15] Así, por ejemplo, en los casos de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos, esta Corporación ha entendido que el daño se consolidó a partir de la culminación de los trabajos.

[16] Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, exp. 40177, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de 2011, proferido por la Subsección C, exp. 41037, C.P. Enrique Gil Botero.

[17] Lo anterior en consonancia con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, según el cual La condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”.

[18] Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”.

[19] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto proferido el 12 de diciembre de 2014, Exp. 50.187, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de marzo de 2013, Exp. 22.491, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[20] Contrario a lo que ocurriría si lo que se alegara en la demanda fuera la omisión en el deber de protección a cargo de entidades estatales pues, en este caso, la información requerida, esto es, la existencia de dicho deber y las falencias que hayan podido cometerse en el momento en que se produjo la muerte pudieron conocerse a partir de la ocurrencia de los hechos.

[21] En esta etapa procesal obran copias de entrevistas rendidas en medios de comunicación aunque en el libelo introductorio se solicitó que se decretaran como pruebas la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación y el trámite surtido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos relacionados con militantes de la Unión Patriótica.

[22] “(…) el principio pro damnato que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas” (Ricardo de Angel Yagüez.  Tratado de responsabilidad Civil.  Madrid, Editorial Civitas, 1993. 3ª ed., p. 154). Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 13 de diciembre de 2007. Radicación 33.991, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

[23] “Bajo tal precepto, se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez constitucional, en cualquiera de las cuatro acciones constitucionales, debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 8 de marzo de 2002. Radicación, ACU 1235, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

[24] Ver Sentencia de 23 de agosto de 2010 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio, Expediente.: 18480 y Sentencia de 13 de agosto de 2008, Expediente.: 16.533.

[25] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto proferido el 13 de mayo de 2015, Exp. 51.576.

[26] Corte Constitucional, sentencia T-490 del 10 de julio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

[27] Sentencia C-115 de 1998.

[28] Artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

[29] Corte Constitucional, sentencia T-352 del 6 de julio de 2016, M.P. Gabriel Mendoza Martello.

[30] Fl. 3 C. 1.

[31] Fls. 3 a 43 C. 1.

[32] Fls. 3 a 42 C. 1.

[33] Fl. 43 C. 1.

[34] Fl. 50 a 52 C. 1.

[35] Fls. 61 a 64 C. 1.

[36]Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley”.

[37] Fl. 57 a 58 C. 1.

[38] Fls. 59 y 60 C. 1.

[39] En el mismo sentido consultar también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2012, Exp. 20.847 y autos proferidos los días 21 de octubre de 2009, Exp. 37.165 y el 6 de agosto de 2009, Exp. 36.952, ambos con ponencia del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

[40] Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

[41] El artículo 21 de la Ley 640 del 2001, prevé: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en los que éste trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017). REF: Expediente núm. 05001 23 33 000 2016 00274 01.

LA VACANCIA JUDICIAL  NO SUSPENDE NI INTERRUMPE EL TERMINO DE CADUCIDAD

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

REF: Expediente núm. 05001 23 33 000 2016 00274 01.

Recurso de apelación contra el auto de 25 de abril de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: EDATEL S.A. E.S.P.

TESIS: SE CONFIRMA AUTO APELADO. LA VACANCIA JUDICIAL NO SUSPENDE EL TÉRMINO DE CADUCIDAD. SI EL TÉRMINO DE CADUCIDAD VENCE EN UN DÍA INHÁBIL SE CORRE AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE. 

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

 

 

 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la apoderada de la actora contra el proveído de 25 de abril de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, rechazó la demanda instaurada.

 

I-. ANTECEDENTES.

 

La empresa EDATEL S.A. E.S.P., a través de apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín:

 

–              Resolución núm. 33 de 13 de agosto de 2014, “Por medio de la cual se liquida la cuota de fiscalización definitiva para la vigencia fiscal del año 2014 para las Entidades del Orden Municipal y otras entidades públicas y privadas que audita la Contraloría General de Medellín”.

–              Resolución núm. 045 de 24 de julio de 2014, “Por medio de la cual se determina el porcentaje para el cálculo de la cuota de fiscalización que corresponde a cada una de las entidades descentralizadas”.

–              Resolución núm. SH 17-1214 de 10 de septiembre de 2014, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

–              Resolución núm. SH 17-0474 de 9 de septiembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración”.

 

A título de restablecimiento del derecho pretende que se condene al Municipio de Medellín al pago o devolución de la suma de $467.188.128 –debidamente indexada-, que constituye el monto que debió cancelar por concepto de cuota de fiscalización correspondiente al año 2014.

 

Como pretensión subsidiara solicitó que se declare que solo es sujeto pasivo de cuota de fiscalización para el año 2014 en proporción a la participación accionaria que tiene UNE EPM Telecomunicación S.A. en la empresa, que para la fecha de la expedición de los actos administrativos controvertidos era de un 80%. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le ordene al Municipio de Medellín la devolución de la suma excedente que corresponda, con su debida indexación a partir del 30 de octubre de 2015, fecha en la que se realizó el pago de la referida cuota.

 

II-. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA APELADA.

 

Mediante auto de 25 de abril de 2016, el a quo rechazó la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, por considerar que se había instaurado luego de vencido el término de cuatro (4) meses contemplado en el literal d), numeral 2° del artículo 164 del C.P.A.C.A.

 

Indicó que en el presente caso el término de caducidad debía contarse a partir del día siguiente al de la notificación personal de la Resolución núm.SH 17-0474 de 9 de septiembre de 2015, la cual se llevó a cabo en esa misma fecha, tal y como consta a folio 115 del cuaderno principal, por lo que, en principio, los cuatro meses consagrados en el artículo 164 del C.P.A.C.A., vencían el 10 de enero de 2016; sin embargo, como en esa fecha los Despachos Judiciales estaban en vacancia judicial, se corría al primer día hábil siguiente, es decir, al 12 de enero de esa misma anualidad.

 

Sostuvo que a pesar de lo anterior, el actor solo instauró la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, hasta el día 27 de enero de 2016, tal y como consta a folio 1 del cuaderno principal, fecha en la cual ya se encontraba vencido el término de caducidad de cuatro meses, en consecuencia era procedente su rechazo.

 

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

 

La actora apeló la decisión de primera instancia con el argumento de que la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sí se instauró dentro de los cuatro meses contemplados en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A., teniendo en cuenta que, a su juicio, dicho término se suspendió durante la vacancia judicial y su reanudación solo se dio hasta el 12 de enero de 2016.

 

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

 

En el caso objeto de estudio, el apoderado de la actora sostiene que la demanda cumple con todos los requisitos de procedibilidad y fue presentada dentro del término de caducidad de cuatro meses.

 

Al efecto, el literal d), numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa:

 

 

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

 

(…)

 

  1. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

 

(…)

 

  1. d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;”

 

El Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda instaurada por la actora, con el argumento de que la Resolución núm. SH17-0474 de 9 de septiembre de 2015, que dio por terminada la actuación administrativa, fue notificada a la Doctora Gloria Patricia Velásquez Vásquez, Representante Legal de EDATEL S.A. E.S.P., en la misma fecha de su expedición, tal y como consta a folio 71 del cuaderno principal, por lo tanto los cuatro meses a que se refiere la norma transcrita en líneas anteriores vencían, en principio, el 10 de enero de 2016; sin embargo, como ese día aún la Rama Judicial se encontraba en vacancia, el término se prorrogaba hasta el primer día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de 2016 y como la demanda se instauró hasta el 27 de ese mes y año, era evidente que ya se encontraba caducada.

 

Por su parte, la actora en su recurso de apelación se limitó a señalar que el término de caducidad se suspendía durante la vacancia judicial y por ello, al momento de instaurar la demanda, aún no habían transcurrido los cuatro meses a que se refiere el literal d) numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A.

 

Teniendo en cuenta los argumentos señalados y luego de revisar los documentos obrantes en el expediente, la Sala observa que la Resolución núm. SH 17-0474 de 2015, que es el acto administrativo que da por agotada la actuación administrativa -tal y como expresamente lo señala su artículo tercero-, se notificó personalmente a la representante legal de la actora, el mismo día de su expedición, es decir, el 9 de septiembre de 2015, por lo tanto el termino de caducidad vencía el 10 de enero de 2016, que como era un día inhábil por ser de vacancia judicial, se corría para el día hábil siguiente, esto es, el martes 12 de enero de 2016, pero la demanda solo se presentó hasta el 27 de ese mismo mes y año, es decir, por fuera del término legalmente establecido.

 

Ahora bien, en relación con el argumento expuesto en el recurso de apelación, la Sala advierte que la vacancia judicial no es una situación que interrumpa o suspenda el término de caducidad, como equivocadamente lo considera la actora. Esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ese aspecto en un caso similar, a través del proveído de 4 de agosto de 2011[1], en el que se precisó:

 

“En este caso, la accionante considera que el a quo no tuvo en cuenta ni el paro, ni la vacancia judicial, los cuales interrumpen el término de caducidad, lo que impone a la Sala establecer cómo debe ser contado el término para interponer la presente acción.

Conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de 4 meses, los cuales serán contados a partir del día siguiente al de la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.[2]

Por su parte, el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, establece lo siguiente:

“ARTICULO 62. COMPUTO DE LOS PLAZOS. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”

El artículo 121 del C. de P.C., dispone:

“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho. Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario”.

Lo anterior indica que cuando el término contemplado en la norma está expresado en meses, para su contabilización, no deben ser tenidos en cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier causa, el Despacho deba permanecer cerrado, como ocurrió en el presente caso, con ocasión del paro judicial.

Sin embargo, en caso de que el término para presentar la acción se venza en los días en que el Despacho Judicial no se encuentre prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

Lo anterior, permite concluir que ni el paro, ni la vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para presentar la acción, pues tales circunstancias no deben ser tenidas en cuenta, salvo que dicho plazo expire dentro de éstas, caso en el cual, como ya se dijo, la acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la demanda.

Sobre lo anterior, la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en auto de 28 de octubre de 2010, con ponencia del Magistrado, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, dentro del expediente radicado bajo el núm. 2009-00078, de la siguiente manera:

“En tal orden, cuando se trate de contabilizar el término a partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del cómputo de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del servicio de administración de justicia, a menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

 

En tal orden, no tienen asidero los argumentos esgrimidos por la recurrente relacionados con la suspensión del término aludido con ocasión del paro judicial presentado en todo el territorio nacional desde el 3 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2008[3], y tampoco en relación con la vacancia judicial, pues, se repite, el término de caducidad previsto en el artículo 136 del C.C.A. es de meses, y las normas transcritas exceptúan los de vacancia o en los que por cualquier otra causa haya permanecido cerrado el Despacho, cuando se trate del cómputo de términos de días, no de meses como acontece en el sub judice.”

En el caso concreto se tiene que la entidad accionada profirió la Resolución núm. 180453 el 4 de abril de 2008, por medio de la cual declaró una deuda a su favor y constituyó un título ejecutivo. Dicho acto fue objeto de recurso de reposición interpuesto por la accionante, el cual fue resuelto en Resolución núm. 181099 de 10 de julio de ese año, notificada por edicto que permaneció en un lugar visible, a partir del 12 de agosto de 2008, por el término de 10 días, es decir, hasta el 26 de ese mes y año.

Consecuente con lo expresado precedentemente, la caducidad empieza a correr a partir del día siguiente en que el acto fue notificado, esto es, el 27 de agosto de 2008, hasta el 27 de diciembre, fecha en la cual, el Tribunal se encontraba en vacancia judicial, por tal motivo el plazo se extendió hasta el 13 de enero de 2009, cuando terminó dicha vacancia.

Comoquiera que la demanda fue instaurada el 26 de febrero de 2009, operó el fenómeno de la caducidad, y conforme al artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, ello es causal de rechazo de plano de la demanda.” (Negrillas fuera del texto)

 

Cabe resaltar que a pesar de que la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, se instauró dentro de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no de la anterior codificación, la posición jurisprudencial precitada resulta aplicable al caso concreto, pues el artículo 164 de C.P.A.C.A., al igual que el artículo 136 del C.C.A., prevé que este tipo de demandas deben ser presentadas “dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso”. Asimismo, el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal aún está vigente.

 

Siendo ello así, la Sala reitera que los días de vacancia judicial, o aquellos en los que el Despacho deba permanecer cerrado, por cualquier causa, no suspenden el término de caducidad, de suerte que si el mismo se vence en este tiempo, el medio de control debe interponerse al día hábil siguiente, tal y como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proveído objeto de apelación, el cual debe confirmarse, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

 

R E S U E L V E:

 

CONFÍRMASE el proveído apelado, que rechazó la demanda.

 

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 9 de febrero de 2017.

 

 

 

 

 

 

 

R O B E R T O   A U G U S T O   S E R RA T O   V A L D É S                 

P r e s i d e n t  e

         

 

 

 

 

 

 

 

M A R Í A   E L I Z A B E T H   G A R C Í A   G O N Z Á L  EZ                                         

 

 

 

 

 

 

 

C A R L O S   E N R I Q U E   M O R E N O  R U B I O

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016) Sentencia T 352/16 Referencia: Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690

TÉRMINO DE CADUCIDAD EN LOS SUPUESTOS DE DESAPARICIÓN FORZADA.

 

CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C.,  seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016)

Sentencia T 352/16

Referencia: Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690

Demandante: Benigno Antonio Cañas Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez y otros

Demandado: La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, Tribunal Administrativo de Casanare y otros

Magistrado Ponente:

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 

 

 

 

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

 

SENTENCIA

 

Dentro de la revisión de los fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, a su vez, confirmó el dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al decidir la acción de tutela promovida por Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional dentro de la acción de tutela T-4.254.307; y, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que confirmó el pronunciado por la Sección Segunda, Subsección B, de la misma Corporación, dentro de la acción de tutela promovida por Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar, Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel Díaz Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz contra el Tribunal Administrativo de Casanare, radicada con el número T-5.086.690.

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número Tres de la Corte Constitucional, mediante Auto del 18 de marzo de 2014, decidió seleccionar para revisión el expediente T-4.254.307. Posteriormente, la Sala de Selección número Diez de la Corte Constitucional, mediante Auto del 15 de octubre de 2015, decidió seleccionar para revisión el expediente T-5.086.690, correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas.

 

En consideración a que los expedientes señalados anteriormente abordan idéntica temática, relacionada con la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto las instancias judiciales respectivas, al decidir sobre las acciones de reparación directa interpuestas por los aquí accionantes, consideraron que sobre éstas había operado el fenómeno de la caducidad, sin tener en cuenta que, a juicio de los demandantes, los hechos causantes del daño a reparar guardan relación con delitos que se enlistan dentro de los catalogados como de lesa humanidad, pues fueron muertes perpetradas por las Fuerzas Militares a miembros de la población civil dentro del marco del conflicto armado colombiano y, en consecuencia, bajo ese contexto, las acciones no cuentan con término para su interposición.

 

  1. ANTECEDENTES

 

La solicitud

 

Las demandas se dirigen a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de los accionantes, quienes acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa a través de la acción de reparación directa, con el fin de que se les paguen los daños causados por las muertes de sus familiares, de quienes, afirman, fueron dados de baja por miembros de las Fuerzas Militares dentro del marco del conflicto armado, procesos cuyas instancias respectivas, determinaron que había operado el fenómeno de la caducidad, quedando sin la posibilidad de reclamar los perjuicios causados.

 

A continuación, pasará la Sala a exponer la situación fáctica de cada caso, toda vez que, aunque persiguen el mismo objetivo, a saber, que se ordene a los jueces del asunto decidir las demandas de reparación directa interpuestas, sin dar aplicación a la caducidad, por cuanto se trata de delitos de lesa humanidad, las dos abordan situaciones disímiles.

 

  1. EXPEDIENTE T- 4.254.307

 

  1. Reseña fáctica

 

El apoderado judicial de los accionantes relató la situación fáctica, así:

 

1.1. El señor Benigno Antonio Cañas contrajo matrimonio con la señora Luz Moreno y de esa unión nacieron Pedro Pablo, José Albeiro, Luz Edilia, Benigno Antonio, Evert Robinson y Fausto Hernán Cañas Moreno.

 

1.2. Fausto Hernán Cañas Moreno, quien nació el 30 de marzo de 1980, vivía en la casa de sus padres junto con sus hermanos y se encargaba de la recolección de café, del cuidado de los animales semovientes y del cultivo de cebolla, en los terrenos del hogar familiar, ubicados en la vereda El Paraíso del municipio de Barbosa- Antioquia.

 

1.3. El día 8 de diciembre de 2005, Fausto Hernán Cañas Moreno salió de la casa de su abuela hacia la suya, a cinco minutos de camino, pero este no llegó a su destino. Al día siguiente, su familia fue notificada por parte de la Estación de Policía de Barbosa, que el cadáver de su hijo reposaba en la morgue de dicho municipio, el cual había sido trasladado allí, por miembros del Ejército Nacional.

 

1.4. Fausto Hernán Cañas fue asesinado el 8 de diciembre de 2005, en la vereda el Eco del municipio de Barbosa por miembros del Ejército Nacional que integraban el grupo de contraguerrilla Baraya 1, adscrito al Batallón Pedro Nel Ospina, quienes manifestaron que se había presentado un combate en el que no podían divisar a los agresores, procediendo a accionar el armamento, dando de baja al joven Cañas.

 

1.5. La investigación y el juzgamiento por el asesinato de Fausto Hernán Cañas, le correspondió al Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín, el cual profirió sentencia condenatoria contra los militares EneilQuiroz Flórez, Juan Carlos Oviedo  Reinoso, Didier Arley Gómez, Jorge Luis Areiza Gallego, Jorge Luis Avello Gutiérrez, José Omar Cardona Arango, Luis Fernando Agudelo Espinosa y Bairon Andrés AristizabalGómez por el homicidio agravado del joven, “toda vez que los uniformados obraron en aprovechamiento del estado de indefensión en que colocaron a la víctima,  actuaron por motivo abyecto, cual suele darse en estos eventos conocidos como falsos positivos, en el que aquellos militares llevaron a cabo las conductas homicidas con la finalidad de obtener una felicitación por parte de sus superiores, de obtener ascensos, permisos o licencias.”

 

1.6. Igualmente, el Juzgado de conocimiento de la acción penal, los condenó al pago de una suma equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, a favor de Benigno Antonio Cañas y demás personas que acreditaran estar legitimadas para reclamar. No obstante, la familia no pretendía reclamar a los condenados los perjuicios a los que se vieron sometidos, sino directamente al Estado, a través de la acción de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.

 

1.7. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, el 23 de mayo de 2012.

 

1.8. Indicó que, en ese sentido, el asesinato de Fausto Hernán Cañas Moreno, ocasionado por tropas del Ejército Nacional constituye una ejecución extrajudicial, así como el mal trato en las requisas arbitrarias realizadas a la familia Cañas Moreno en su hogar, producto de la acción directa de las autoridades públicas en el curso de sus actuaciones.

 

1.9. Una vez condenados los militares que participaron en la muerte del joven Cañas, los accionantes, a través de apoderado, demandaron a la Nación- Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, mediante acción de reparación directa, la cual fue conocida por el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín, que resolvió, mediante auto del 27 de agosto de 2012, rechazar la demanda propuesta, al considerar, que había operado el fenómeno de la caducidad, pues el término de dos (2) años para interponerla comenzó a contar desde el momento en que se conocieron los hechos que dieron origen a la acción, en este caso, el 9 de diciembre de 2005. Dicha decisión no fue recurrida.

 

1.10. Según los demandantes, tratándose de este tipo de delitos, tal como lo dispone el inciso 2º del numeral 8º del artículo 136[1] del C.C.A., nada obsta para que, en defensa de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, la caducidad de la acción de reparación directa se cuente desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal y no, desde el día siguiente al acaecimiento del hecho.

 

  1. Fundamentos de la acción

 

El apoderado judicial de los accionantes manifestó que dentro del proceso penal, los condenados radicaron un escrito en el que confesaban la forma en la que se había cometido la desaparición forzada y el posterior homicidio de Fausto Hernán Cañas Moreno, liderado por el Sargento que estaba al mando del grupo. En ese sentido, afirmó, el asesinato del joven Cañas, ocasionado por tropas del Ejército Nacional, constituye una ejecución extrajudicial, toda vez que fue producida por la acción directa de las autoridades públicas.

 

Señaló que Fausto Hernán Cañas sufrió durante sus últimos momentos de vida, daños patrimoniales a su estado emocional, pues soportó no solo la angustia y el terror a una inminente muerte, sino, también, la humillación y la tortura psicológica, lo que se traduce en perjuicio moral.

 

Por las mismas circunstancias, los accionantes se vieron sometidos a “perjuicios morales y perjuicios a la vida de relación, así como daños patrimoniales a su integridad económica (perjuicios materiales consistentes en lucro cesante).

 

Los perjuicios morales se traducen en un intenso dolor, sufrido por la desaparición forzada y ejecución de su hijo y hermano, además de la impotencia y angustia al momento de los malos tratos y las requisas extrajudiciales realizadas por el Ejercito a la familia Cañas, que se incrementó al momento de la aparición del cadáver de Fausto Hernán Cañas Moreno, siendo el dolor más grande que cualquier ser humano puede sufrir.

 

Los demandantes, Benigno Antonio Cañas Quintero y Luz Moreno, con la muerte de su hijo, sufrieron un evidente daño en su patrimonio, toda vez que han dejado de percibir la ayuda económica que aportaba su hijo dentro del hogar, pues era el que se encargaba de la recolección de café, del cuidado de los animales semovientes y del cultivo de cebolla.

 

En ese sentido, señaló, que si bien es cierto que la acción de tutela no es viable para reclamar beneficios patrimoniales, en el presente caso, los accionantes no cuentan con ninguna otra opción, toda vez que el juez administrativo negó la posibilidad de reclamar los perjuicios causados por la muerte de Fausto Hernán Cañas, a través de la acción de reparación directa.

 

  1. Pretensiones

 

Los accionantes solicitan que les sean amparados los derechos fundamentales que estiman conculcados y, en consecuencia, se ordene al Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín, dejar sin efectos el auto interlocutorio No. 355 del 27 de agosto de 2012, por medio del cual se rechazó la demanda de reparación directa que interpusieron contra la Nación- Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, como resultado de la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno.

 

En ese sentido, en virtud de las circunstancias que rodean el caso, solicitan que la caducidad de la acción de reparación directa, se comience a contar desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado dentro del proceso penal, es decir, a partir del 23 de mayo de 2012, con el fin de que se surta dicho proceso.

 

Como pretensión subsidiaria, en caso de no ser posible lo anterior, solicitan que se declare “a la Nación colombiana- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, administrativamente responsable de la desaparición forzada y del posterior homicidio de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, y de tratos crueles e inhumanos, así como de las requisas extrajudiciales realizadas por el Ejército a la familia Cañas Moreno.

 

Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a las entidades demandadas a pagar:

 

  1. A favor de cada uno de los siguientes demandantes, una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por los perjuicios morales:

 

1.1.         Benigno Antonio Cañas Quintero (padre), mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2.         Luz Moreno (madre) mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.3.         Pedro Pablo Cañas Moreno (hermano), mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.4.         José Albeiro Cañas Moreno (hermano) mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.5.         Luz Edilia Cañas Moreno (hermana) mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.6.         Benigno Antonio Cañas Moreno (hermano) mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.7.         Evert Robinson Cañas Moreno (hermano) mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

  1. A favor de la masa sucesoral del causante FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, en su condición de herederos, en virtud del derecho de transmisión (artículo 1014 C.C.), que se repartirán, de acuerdo con la legislación sucesoral, el equivalente en pesos, a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por los daños en el patrimonio y a la integralidad afectiva y emocional, constituidos como perjuicios morales, que Fausto Hernán Cañas sufrió desde el momento de su desaparición forzada hasta su homicidio.

 

  1. A favor de la masa sucesoral de la causante Josefina Moreno, en su condición de herederos, en virtud del derecho de transmisión (artículo 1014 C.C.), que se repartirán, de acuerdo con la legislación sucesoral, el equivalente en pesos, a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por los daños en el patrimonio y a la integralidad afectiva y emocional, constituidos como perjuicios morales, que sufrió desde el momento de la desaparición forzada y homicidio de su nieto Fausto Hernán Cañas Moreno y, hasta la muerte de aquella.

 

  1. A favor de cada uno de los siguientes demandantes, una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por los perjuicios a la vida de relación:

 

4.1.         Benigno Antonio Cañas Quintero (padre), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.2.         Luz Moreno (madre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.3.         Pedro Pablo Cañas Moreno (hermano), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.4.         José Albeiro Cañas Moreno (hermano) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.5.         Luz Edilia Cañas Moreno (hermana) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.6.         Benigno Antonio Cañas Moreno (hermano) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.7.         Evert Robinson Cañas Moreno (hermano) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

  1. A favor de la masa sucesoral de la causante Josefina Moreno, en su condición de herederos, en virtud del derecho de transmisión (artículo 1014 C.C.), que se repartirán, de acuerdo con la legislación sucesoral, el equivalente en pesos, a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por los perjuicios a la vida de relación que sufrió desde el momento de la desaparición forzada y homicidio de su nieto Fausto Hernán Cañas Moreno y, hasta la muerte de aquella.

 

  1. Se condene a pagar la suma de diecinueve millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos pesos ($19.757.200) por Lucro cesante consolidado: $8.745.420 y por lucro cesante futuro: $11.011.780, o el mayor o menor valor que llegue a probarse dentro del proceso acorde con la tabla de liquidación utilizada por la jurisdicción administrativa, a favor de Benigno Antonio Cañas Quintero (padre).

 

  1. Se condene a pagar la suma de veinticuatro millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos pesos ($24.895.800) por concepto de lucro cesante consolidado: $8.745720 y por lucro cesante futuro $16.150.380 o el mayor o menor valor que llegue a probarse dentro del proceso acorde con la tabla de liquidación utilizada por la jurisdicción administrativa, como indemnización a favor de Luz Moreno (Madre).

 

  1. Que se condene a la entidad demandada a pagar a favor de los demandantes, en la modalidad de daño emergente futuro, una cantidad de dinero equivalente al 40% de la indemnización que se reconozca por concepto de perjuicios materiales e inmateriales, el cual equivale a la suma de dinero que deberán pagar por concepto de honorarios al profesional del derecho que los representa judicialmente para poder obtener la indemnización.

 

  1. Que se disponga que la entidad demandada pida perdón por el asesinato de Fausto Hernán Cañas, a sus familiares, acto que deberá llevarse a cabo en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Barbosa, Antioquia, con la asistencia de las autoridades locales y el comandante del Ejército de la Región.

 

  1. Que se disponga que la entidad demandada publique en los diarios que circulan en el Departamento de Antioquia y en uno de circulación Nacional, que Fausto Hernán Cañas Moreno fue víctima de violación de los derecho humanos en una fingida operación militar y que por lo tanto, la Nación Colombiana- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, pide perdón público por dicho acto.

 

  1. Que se pague por parte del ente demandado y, a favor de los demandantes, los intereses remuneratorios y moratorios sobre todas las sumas reconocidas por concepto de perjuicios inmateriales y materiales, los primeros a partir del 8 de diciembre de 2005, (fecha en que se produjo el daño) y los segundos, a partir de la fecha en que cobre ejecutoria la sentencia que ponga fin al proceso, hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación.”

 

  1. Pruebas

 

En el expediente obran las siguientes pruebas:

 

– Copia de poder otorgado por Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo, Jose Alberto, Luz Edilia, Benigno Antonio y Evert Robinson Cañas Moreno a Juliette Andrea Rúa Rodríguez y Jorge Andrés Pérez para que los representen en el proceso de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional por la muerte de su hijo y hermano Fausto Hernán Cañas Moreno (folios 17 a 18)

 

– Copia del auto proferido por el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2012, mediante el cual se rechazó la demanda de reparación directa por caducidad de la acción (folios 19 a 22).

 

-Copia de la sentencia condenatoria No. 039 dentro del proceso penal, proferida por el Tribunal Superior de Medellín del 23 de mayo de 2012 (folios 23 a 60).

 

  1. Respuesta de los entes accionados

 

Mediante Auto del 24 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, admitió la acción de tutela, notificó a las partes y vinculó al Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Medellín, por tener un posible interés en el resultado de la decisión.

 

5.1. Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Medellín

 

El Juez Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Medellín, dio respuesta a la acción de tutela mediante escrito presentado el 26 de julio de 2013, en el que solicitó declarar improcedente el mecanismo de amparo, toda vez que, en primer lugar, no se cumple con el requisito de la inmediatez, pues los accionantes tardaron 11 meses en dar inicio a la presente acción, sin que se hubiere justificado el motivo de la demora.

 

En segundo término, no se cumple con el requisito de agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, pues lo que los actores pretenden “es la reparación económica de los perjuicios ocasionados por la muerte de una persona a manos de la Fuerza Pública, no se trata de la protección de derechos fundamentales”, lo que hace obligatorio la interposición de todos los medios que tengan a su alcance. En el presente caso, los apoderados de los tutelantes, no ejercieron ninguna defensa contra el Auto interlocutorio No. 355 del 29 de agosto de 2012, que rechazó la demanda de reparación directa por haber operado la caducidad de la acción, pudiendo haber interpuesto recurso de apelación.

 

En consecuencia, estimó, que lo que se pretende a través del mecanismo de amparo es revivir instancias judiciales precluídas por desidia o falta de diligencia técnica de los apoderados en el proceso de reparación directa.

 

En cuanto a la solicitud de los accionantes de que se cuente el término de caducidad a partir de la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, señaló que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, si bien prevé una excepción a la caducidad, esta solo opera para aquellos casos de desaparición forzada, supuesto que no se enmarca en el asunto de la referencia, pues los militares que cometieron el ilícito, fueron condenados por homicidio agravado.

 

5.2. Ministerio de Defensa Nacional

 

La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, contestó la acción de tutela con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

En primer lugar, se refirió a la procedencia del mecanismo de amparo para controvertir sentencias judiciales. Al respecto señaló que para el caso en cuestión no es claro qué tipo de hipótesis de procedibilidadplantea el accionante como quiera que no identificó de forma razonable los hechos que generaron la violación y tampoco acreditó que la haya alegado dentro del proceso judicial.

 

 

Expuso que, contrario a lo afirmado por el actor, la providencia, cuestionada realiza un análisis de las normas aplicables a la materia, así como de las pruebas obrantes dentro del proceso, de las consideraciones de los funcionarios y de los sujetos procesales, y hace una evaluación de los fundamentos jurídicos, estableciéndose que se trata de una decisión que no puede ser calificada como vía de hecho por cuanto la fundamentación que le sirvió de apoyo es razonable.

 

A su juicio no es viable mediante la acción de tutela, cuestionar decisiones proferidas dentro de un proceso judicial, porque el juez constitucional no tiene competencia para conocer, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, de las providencias de los funcionarios judiciales, de ahí la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 11,12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Mediante sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional, sostuvo que quien falla la tutela no puede extender ‘su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte’. Con lo cual se entiende por qué el Tribunal no podía, en este caso, hacer una evaluación en los términos que lo solicita el impugnante y por la misma razón tampoco ahora puede hacerlo el Consejo de Estado.

 

Estima que en la demanda de tutela lo que se observa es una disparidad de criterios que el recurrente tiene con los funcionarios demandados en el proceso administrativo, lo cual no es suficiente para acudir a la misma y acusar las actuaciones de desconocer derechos fundamentales, menos cuando las determinaciones de los jueces no son arbitrarias ni caprichosas.

 

En segundo término, se refirió a la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de inmediatez, pues los accionantes se tardaron aproximadamente 11 meses en interponer el mecanismo constitucional, sin justificación alguna. Al respecto del mencionado requisito, advierte que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han señalado que debe ser cumplido de manera estricta con el objetivo de no sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

 

Manifestó, que si bien es cierto, no existe norma que estipule un término legal para interponer la acción de tutela contra una providencia judicial, la jurisprudencia constitucional al referirse a este punto, ha indicado que debe tratarse de un tiempo razonable, dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto. “En ese sentido, en el presente asunto, no se da cumplimiento al requisito de inmediatez, pues de la narración de los hechos en el escrito de tutela, no se evidencian argumentos de los cuales se pueda inferir una circunstancia que excuse al actor en la mora para interponer la acción de tutela”.

 

Y, como tercer punto, hizo alusión al tema de la caducidad de la acción de reparación directa. Al respecto señaló, que en el presente caso el término de caducidad inició el 8 de diciembre de 2005 y el hecho de haberse dictado sentencia condenatoria dentro del proceso penal adelantado por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno, no es razón para que el término cambie pues no es un caso de desaparición forzada.

 

  1. DECISIONES JUDICIALES

 

6.1. Primera instancia

 

Mediante sentencia del 5 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, decidió rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, al considerar que el Auto interlocutorio No. 355 del 27 de agosto de 2012, que rechazó la demanda de reparación directa por haberse configurado el fenómeno de la caducidad, fue notificado por estado el 29 de agosto de 2012, “sin embargo, no hay ni mención alguna por parte de los accionantes, ni constancia de la cual se pueda inferir, que se interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.”

 

En consecuencia, estimó, que los accionantes no usaron los medios que tenían a su alcance para debatir lo que ahora pretenden por medio del mecanismo de amparo constitucional, “por lo que acorde con los lineamientos establecidos por el máximo órgano en materia constitucional, no es procedente el amparo solicitado, ya que no es propio de la acción de tutela, reemplazar los recursos ordinarios o medios de control previstos para la protección de un derecho, desplazar al juez competente, ni mucho menos servir de instancia adicional a las existentes, o ser instrumento para suplir la inactividad de los sujetos procesales”.

 

Al momento de la notificación del fallo, el apoderado de la parte actora apeló la decisión del a quo, haciendo la manifestación de que lo hacía bajo los mismos fundamentos expuestos en la acción de tutela.

 

6.2. Segunda instancia

 

Mediante sentencia del 21 de octubre de 2013, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, confirmó el fallo de primera instancia, al estimar que la decisión tomada por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de agosto de 2012, que rechazó la demanda de reparación directa por caducidad, fue notificada por estado el 27 de agosto de 2012 y, no se observó que contra la misma se haya presentado el recurso de apelación de que trata el numeral 1º del artículo 243, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al respecto textualmente expuso:

 

“Así las cosas, es claro que la parte actora contó con otro mecanismo de defensa judicial y no lo utilizó, para efecto de ventilar las alegaciones puestas en consideración en esta instancia constitucional, de manera que en segunda instancia se emitiera un pronunciamiento frente a la legalidad de la decisión, hecho que patentiza la improcedencia de la acción de tutela.

 

La Sala recuerda que la acción de tutela no fue concebida como un instrumento alternativo o supletorio de los procedimientos ordinarios de defensa consagrados por el legislador, en cuyo marco se garantiza el acceso a la administración de justicia y el debido proceso de las partes en contienda.

 

No puede pretenderse que ante la desidia de quien pudo acudir a los mecanismos ordinarios de defensa y no lo hizo, el juez de tutela estudie la causa petendi so pretexto de la vulneración de derechos iusfundamentales, porque, se reitera, la acción de tutela fue concebida constitucionalmente como un mecanismo preferente y sumario de protección en el evento de no contarse con  otro mecanismo de defensa judicial.”

 

III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.254.307

 

Mediante Auto del 12 de junio de 2014, el magistrado sustanciador consideró necesario vincular al trámite de tutela a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de que se pronuncie sobre el contenido de la demanda. Así mismo, con el objetivo de contar con mejores elementos de juicio resolvió solicitarle algunas pruebas, así:

 

“PRIMERO: ORDENAR que por conducto de la Secretaría General, se ponga en conocimiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el contenido de la demanda de tutela que obra en el T-4.254.307, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos, las pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción de tutela.

 

SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva informar a esta Sala:

 

– Si el señor Benigno Antonio Cañas Quintero junto con su grupo familiar han sido reconocidos como víctimas por el homicidio de Fausto Hernán Cañas Moreno a manos del Ejército Nacional.”

 

Mediante Oficio del 26 de junio de 2014, la Secretaria General de esta Corporación allegó escrito del Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante el cual dio respuesta a lo solicitado por parte del magistrado sustanciador, en el cual señaló lo siguiente:

 

“De manera atenta la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se permite dar respuesta al requerimiento probatorio de la referencia, de conformidad con lo previsto en el Título III, Capítulo II de la Ley 1448 /11 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011. Para el efecto, la información que se remite se obtuvo de la herramienta tecnológica ‘VIVANTO’, administrada por la Red Nacional de Información de la Unidad, que contiene una base de datos completa y actualizada de acreditación de las personas en el Registro único de Víctimas (RUV) y la información que ha gestionado y articulado la Red Nacional de Información en cuanto a las medidas de asistencia, atención y reparación integral, otorgadas a las víctimas del conflicto.

 

Información Registro único de Víctimas

 

Verificada la información contenida en la mencionada herramienta se observa que el señor Benigno Antonio Cañas Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.385.037, no aparece incluido en el mencionado Registro único de Víctimas.”

 

  1. EXPEDIENTE T- 5.086.690

 

  1. Reseña fáctica

 

1.1. A través de apoderado, los señores Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar, Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel Díaz Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz, interpusieron acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por parte del Tribunal Administrativo del Casanare, al haber declarado, en segunda instancia, la caducidad de la acción de reparación directa, interpuesta por los accionantes, como consecuencia, de la muerte de Gustavo Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria, por miembros del Ejercito Nacional.

 

1.2. Gustavo Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria, de origen campesino, fueron desplazados, junto con su familia, de la vereda la Esmeralda del municipio de Aguazul- Casanare hacia el CorregimientoUnete del mismo municipio.

 

1.3. El 30 de marzo de 2007, a las 6:30 am, Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, salieron rumbo a la vereda Altos de Cupiagua de Aguazul- Casanare, con el objetivo de supervisar una finca de propiedad de sus padres Dulcinea Sanabria Sánchez y Pablo Antonio Mora Tovar.

 

1.4. Al llegar, decidieron visitar al señor Omar Mendoza en la finca vecina, lugar en el que fueron abordados por agentes del Gaula del departamento de Casanare, quienes los retuvieron, los amarraron y los sacaron de la vivienda, junto con el señor Mendoza y otro sujeto.

 

1.5. Posteriormente, los mencionados agentes, dejaron ir al señor Omar Mendoza, quien afirma, que minutos después, escuchó unos disparos.

 

1.6. Mediante Oficio No. 517 de 31 de marzo de 2007, suscrito por el Teniente del Ejército Nacional, Fabio Arturo Puentes Porras y dirigido al Juez de Instrucción Penal Militar de las Brigadas XVI y VIII, se informó, que en “cumplimiento de la ‘Misión Técnica Antiextorsión No. 034, Marcial’, ejecutada por tropas del Gaula Casanare, el 30 de marzo de 2007, hubo enfrentamiento armado en el que resultaron muertos tres (3) sujetos, quienes pertenecían a la cuadrilla José David Suárez del E.L.N.”.

 

1.7. Dentro de las tres personas dadas de baja por los agentes del Gaula, se encontraban los hermanos Mora Sanabria, los cuales fueron registrados, en las actas de levantamiento, como NN.

 

1.8. El 21 de julio de 2012, familiares de los hermanos Mora Sanabria interpusieron ante la jurisdicción contencioso administrativa, la acción de reparación directa contra el Ejército Nacional, en búsqueda del resarcimiento de los daños causados por la muerte de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria.

 

1.9. Dicha acción fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Casanare, el cual, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2013, declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria.

 

1.10. Contra dicha decisión se interpuso el recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo del Casanare, quien, mediante providencia del 17 de julio de 2014, revocó el fallo del a quo, y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción, al considerar que no era posible aplicar la regla especial del delito de desaparición forzada, pues entre la aprehensión ilegal, la muerte y la entrega de los cadáveres de los hermanos Mora Sanabria transcurrieron pocas horas, lo que permite desvirtuar la configuración del mismo.

 

1.11. Afirman los accionantes, que el Tribunal Administrativo de Casanare, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima, pues no tuvo en cuenta sus propios precedentes, ni los del Consejo de Estado, en los que, en casos similares, se aplicó la excepción a la caducidad de la acción de reparación directa por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

 

  1. Fundamentos de derecho

 

En el escrito de presentación de la acción de tutela el apoderado de los accionantes, explicó brevemente la procedencia de esta, en ese sentido, manifestó, que el presente asunto (i) reviste relevancia constitucional por cuanto se pretende reconocer el carácter fundamental del derecho de acceso a la administración de justicia en conexidad con los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral, pues el Tribunal Administrativo del Casanare, al no haberse pronunciado de fondo y, por el contrario, aplicar el artículo 136 del CCA, relativo a la caducidad de la acción de reparación directa, incurre en un error, pues, al tratarse de una grave violación de derechos humanos, no debe someterse al plazo de caducidad.

 

(ii) Se han agotado todos los medios y recursos para obtener la defensa de los derechos de los accionantes que buscan la reparación integral de los daños causados con ocasión de la muerte de los hermanos Mora Sanabria. Los demandantes interpusieron acción de reparación directa contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, radicada bajo el número 85001-33-33-703-2012-00084 y de la cual conoció el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Yopal- Casanare, en primer instancia, despacho que acogió parcialmente las pretensiones de la demanda, mediante providencia del 28 de noviembre de 2013, decisión que fue apelada de manera oportuna y, posteriormente, decidida por el Tribunal Administrativo del Casanare quien, revocó el fallo y declaró la caducidad de la acción. Al ser una decisión de segunda instancia, no cuenta con recursos para controvertir lo decidido por el ad quem, razón por la que el mecanismo de amparo constitucional se torna procedente.

 

(iii) Se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia que se cuestiona fue proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 17 de julio de 2014, notificada por estado los días 23, 24 y 25 de julio del mismo año, quedando ejecutoriada, finalmente, el día 30 de julio y, la presente acción de tutela, fue interpuesta el 22 de enero de 2015, es decir dentro de un término razonable y prudente, pues no transcurrieron más de seis (6) meses.

 

(iv) En el presente caso ocurrieron irregularidades procesales que tuvieron incidencia en la decisión cuestionada, por cuanto al no haber pronunciado una decisión de fondo y, en su lugar, haber decretado la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en cuenta el precedente judicial establecido por el Tribunal Administrativo del Casanare y por el Consejo de Estado, en relación con la problemática planteada, así como no valorar el material probatorio con el cual se evidencia que se trata de un delito de lesa humanidad, se quebrantaron principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al cambiar las reglas establecidas.

 

(v) En cuanto a los hechos que dan origen a la presente acción, advirtió que fueron objeto tanto de la demanda de reparación directa como de los alegatos de conclusión al cierre del debate probatorio, de la apelación y de los alegatos en segunda instancia, oportunidades en las que se expusieron las graves violaciones de los derechos humanos, así como la vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral como consecuencia de la decisión inhibitoria del juez de segunda instancia.

 

(vi) Por último, señaló que la sentencia cuestionada y que motivó la presente acción de tutela, fue proferida dentro de un proceso de reparación directa.

 

En cuanto a las causales especiales, manifestó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, adolece de dos defectos: fáctico y material o sustantivo.

 

Respecto del defecto fáctico, señaló que el juez realizó una indebida valoración probatoria, pues no tuvo en cuenta los elementos presentados que demuestran las graves violaciones a los derechos humanos por un acto de lesa humanidad cometido por las fuerzas armadas.

 

En cuanto al defecto sustantivo, advirtió que el juez de segunda instancia desconoció los precedentes horizontales y verticales sobre la materia. En ese sentido expresó que, “a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los cuales se busca amparo, es vital acudir al precedente judicial, el cual nos muestra con total claridad que si el tema ha sido tratado de una manera por la jurisprudencia, no es dable apartarse de tales razonamientos sino por medio de una mejor argumentación, la cual en el caso concreto no se observa, por cuanto únicamente se refirió en la sentencia de alzada, infundadamente por cierto, que al caso concreto no podía aplicársele la regla especial de caducidad propia de los eventos de desaparición forzada y que el homicidio en persona protegida no configura el tipo de crimen de lesa humanidad, premisas que llevan a concluir que en el proceso referido habría operado la caducidad”.

 

  1. Pretensiones

 

A través de la presente acción de tutela, los accionantes, mediante apoderado, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Casanare al haber proferido la sentencia del 17 de julio de 2014, que declaró la caducidad de la acción de reparación directa, por lo que requieren que se anule y, en su lugar, se ordene, a dicha corporación judicial, que dicte una sentencia en la cual se profiera un pronunciamiento de fondo, sin tener en cuenta la caducidad de la acción, por tratarse de delitos de lesa humanidad.

 

  1. Pruebas

 

En el expediente obran las siguientes pruebas:

 

–                      Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Yopal- Casanare, dentro de la acción de reparación directa interpuesta por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional (folios 60 a 85).

–                      Copia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, por el apoderado de los demandantes (folios 87 a 159).

–                      Copia del fallo de segunda instancia pronunciado por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante el cual se declaró la caducidad de la acción de reparación directa (160 a 171).

–                      Copia de salvamento de voto a la sentencia proferida el 17 de julio de 2014, del Magistrado Néstor Trujillo González, dentro del proceso de reparación directa interpuesto por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional, que conforma la sala de decisión de la mencionada Corporación (folios 172 a 179).

–                      Copia de la comunicación enviada al apoderado de los demandantes, por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se le informa que la denuncia interpuesta contra el Estado Colombiana el 15 de marzo de 2012, fue recibida y registrada con el número P-408-12 (folio 180).

 

  1. Respuesta de los entes accionados

 

Mediante Auto del 27 de enero de 2015, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, admitió la acción de tutela, notificó al Tribunal Administrativo del Casanare en calidad de demandado y vinculó al Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, por tener un posible interés en el resultado de la decisión.

 

5.1. Tribunal Administrativo de Casanare

 

Los magistrados del Tribunal Administrativo del Casanare, dieron respuesta a la acción de tutela mediante escrito presentado el 10 de marzo de 2015, en el que manifestaron que en la sentencia proferida el 17 de julio de 2014, por la mayoría de la sala, se discutió un evento de muerte de unas personas por miembros de la Fuerza Pública, suceso ocurrido el 30 de marzo de 2007. Sus familiares, a través de apoderado, presentaron demanda de reparación directa el 21 de junio de 2012, en la que argumentaron que el presente caso constituía un crimen de lesa humanidad y desaparición forzada, para los cuales, según la apreciación de los demandantes, no opera la caducidad de la acción.

 

Los jueces estimaron que “no hay lugar a reabrir el debate propio de las instancias, por ello prescindimos de replicar argumentos relativos a las tesis jurídicas que entonces se debatieron, incluida la disidencia de la sala.

 

Basta destacar que en la motivación se diferenciaron eventos de típica desaparición forzada, para los cuales por unanimidad esta Corporación aplica la solución legal con regla especial de caducidad, de aquellos en los que el homicidio en persona protegida no va acompañado de los elementos constitutivos del tipo internacional e interno que se invoca, a saber: privación material de la libertad (sea legítima como una situación de flagrancia; o ilegitima), seguida de ocultamiento del hecho y de la suerte de la víctima y de negación del acontecimiento para sustraer a la víctima misma y a los responsables del control judicial y del amparo que ofrece el bloque de constitucionalidad. (sic)

 

En los hechos concretos, por mayoría, la Corporación encontró no demostrados los presupuestos fácticos de la desaparición forzada; de ahí que haya calificado lo ocurrido como un suceso al parecer enteramente criminal de captura ilegal de un ciudadano por una patrulla militar que se lo llevó delante de quienes estaban presentes al sitio donde lo mantuvo cautivo, con otra persona, cuya liberación permitió hacer saber a la familia del occiso lo que había acontecido.(sic) El aparente combate y la baja fueron revelados de inmediato a la línea castrense de mando y a las autoridades judiciales, ante las cuales los deudos reconocieron el cuerpo un día después de la ejecución.

 

Como puede verse en la motivación, aunque se abordó expresamente, no se acogió la tesis disidente que extiende a todos los delitos de lesa humanidad el mismo tratamiento legal interno de no caducidad o de regla especial (…).

 

En lo demás ha de estarse en la motivación expresa y explicita de la sentencia, (sic) en la cual se examinaron diversas aristas de línea horizontal y de precedentes del superior funcional, así como algunas posiciones no homogéneas y pareceres de otros jueces. De ahí que estimemos infundado el cargo de desconocimiento de la jurisprudencia vinculante (…)”.

 

5.2. Ministerio de Defensa Nacional

 

La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, contestó la acción de tutela en la que manifestó que el fallo cuestionado no adolece de ningún defecto, por cuanto el Tribunal Administrativo del Casanare actuó de conformidad con la legislación aplicable al caso, pues es clara la voluntad del legislador al expresar que el término para interponer la acción de reparación directa es de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho notorio, en el caso en particular, desde la fecha en que los demandantes se enteraron de la muerte de los hermanos Mora Sanabria, con el objetivo de garantizar el principio de seguridad jurídica de los sujetos procesales.

 

Señaló, que respecto a la caducidad de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado, en situaciones similares a la que se debate en esta oportunidad, ha establecido que “La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan al aparato jurisdiccional a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto de manera definitiva por un juez de la república con competencia para ello.”

 

Advirtió que en el asunto sub examine, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2007, en la vereda Cupiagua Alto de Aguazul (Casanare)  en el que fueron dados de baja los hermanos Mora Sanabria. Se trata de un caso de homicidio del cual la familia tuvo conocimiento al día siguiente, por lo que el término de la caducidad debía iniciar a partir del 1 de abril de 2007, debiendo acudir los demandantes al estrado a más tardar el 1 de abril de 2009.

 

Anotó, que de conformidad con el material probatorio, a la familia se le puso en conocimiento, desde el mismo día de los hechos, que los hermanos Mora Sanabria habían fallecido con ocasión de un enfrentamiento en una operación, por lo que no puede aplicarse la regla especial de caducidad propia de la desaparición forzada, a un caso de muerte de unos ciudadanos, cuando entre la aprehensión ilegal, la muerte y la entrega de los cadáveres a la autoridad judicial transcurrieron pocas horas.

 

En consecuencia, replicó, que no puede ser de recibo que el ente demandado comience a contar el término de caducidad de la acción de reparación una vez quede ejecutoriado el fallo penal, pues no se trata de un caso de desaparición forzada, si desde el principio la familia tuvo conocimiento de las circunstancias del deceso, fecha desde la cual pudieron haber acudido a la jurisdicción contenciosa.

 

Del mismo modo, resaltó, que la muerte se produjo con ocasión del cumplimiento de una operación denominada Misión Táctica Antiextorsión, ejecutada por tropas del Gaula en la cual se dieron de baja a los familiares de los demandantes. Por lo que, a su juicio, “no se trataba de personas del todo ejemplar como se pretende hacer creer, se trataba de sujetos que independiente de si hacían parte o no (sic), en su momento actuaron contra la fuerza pública, lo que se corroboró en el expediente con los informes operacionales, quienes supuestamente pertenecías a una cuadrilla del ELN.”

 

En ese sentido, manifestó que “en aras de brindar respuesta a uno de los interrogantes planteados, es claro que no puede la entidad demandada responder por los hechos acaecidos cuando es evidente que al haberse identificado el Ejército Nacional como tal, obtuvo un ataque del cual era imperioso protegerse y actuar de inmediato y que en el presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad (sic)”.

 

  1. DECISIONES JUDICIALES

 

6.1. Primera instancia

 

Mediante sentencia del 19 de marzo de 2015, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, decidió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al considerar que en eventos como el que ocupó su atención, esto es, en los que la discusión jurídica radica en la presunta ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa, que tiene como fin el reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales, causados por la muerte de un civil, como consecuencia de una falla en el servicio del Ejercito Nacional, el cómputo de los dos años, establecido por la ley, se debe efectuar a partir de la ocurrencia del hecho censurado o desde la fecha en que se haya tenido conocimiento del mismo.

 

Señaló que, en ese sentido, la Sección Tercera de dicha Corporación, ha afirmado que la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta, por regla general, a partir del momento en que sucede el hecho dañoso, y, por excepción, a partir del momento en el que se tiene conocimiento del daño. En efecto, ha precisado el juez natural y máxima autoridad en este asunto, que no es posible establecer prima facie una regla absoluta de caducidad por lo que, en cada caso, corresponde al juez efectuar el análisis que permita concluir si se aplica uno u otro criterio. Sobre dicho punto mencionó varios precedentes, a saber:

 

  1. Sección Tercera, providencia de 3 de marzo de 2010, radicado interno No. 36282, C.P. Myriam Guerrero de Escobar:

 

“(…) En ese orden de ideas si el delito de desaparición forzada en el derecho interno también se predica respecto del particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, es claro para la Sala que el término de caducidad que se debe aplicar al sub examine es el establecido en el inciso 2° del numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 7° de la Ley 589 de 2000. De acuerdo con la prescripción transcrita, el legislador nacional previó unas reglas de excepción frente a las acciones de reparación directa en cuanto el término para ser intentadas, atendiendo las particulares circunstancias que rodean este ominoso crimen. Así la norma establece tres eventos: i) se contarán los dos años a partir de la fecha en que aparezca la víctima, ii) esa contabilización se hará desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal y iii) lo anterior sin perjuicio de que pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Esta regulación se explica en tanto que en este tipo de eventos el daño antijurídico que se demanda tiene la calidad de ‘continuado’, esto es, que se sigue produciendo de manera sucesiva en el tiempo. O lo que es igual, todo acto de desaparición forzada es considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos. De ahí que sea razonable la previsión contenida en el precepto en cita conforme a la cual el término para intentar la acción inicia a partir del momento en que se verifica la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo. En otras palabras, una vez ‘reaparece’ la persona, esta se encuentra en condiciones de recurrir ante la jurisdicción para buscar el amparo de la ley, siendo pues una carga hacerlo dentro del plazo indicado por el ordenamiento. La Sala reitera que la ocurrencia de los eventos consignados en la norma en cita no implica que no opere la caducidad para la reclamación de los perjuicios causados con el evento de ‘desaparición forzada’, toda vez que lo que el legislador hizo fue introducir una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción, el cual queda pues sometido al acaecimiento de una de dos condiciones: i) el aparecimiento de la víctima; o ii) la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Por manera que el término de dos años previsto en la norma, no varía. Justamente como lo ha precisado la Sala, en atención a la gravedad de la desaparición forzada, el legislador nacional previó una regla singular para demandar la indemnización por los daños causados con esa conducta y estableció un plazo razonable, como ya se precisó, de dos (2) años que se cuentan a partir del día en que el desaparecido recobra su libertad, o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal (…)”.

 

  1. Sección Tercera- Subsección C. Sentencia de 2 de febrero de 2011, radicado interno No. 39360, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz:

 

“La desaparición forzada de personas fue calificada como delito de lesa humanidad en el año de 1983 por la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante Resolución 666 XIII-0/83.  Entre los años 1990 y 2007 se firmaron varios instrumentos internacionales relacionados con la desaparición forzosa de personas, a saber: i).En 1992 la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 47/133 del 18 de diciembre);  ii). En 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. iii). La tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. iv). Y finalmente en el  2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó el texto de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas […]. Por su lado, esta Corporación ha considerado que este delito  constituye violación de múltiples derechos humanos tanto en el orden interno como en el marco del derecho internacional y por lo mismo, esta práctica abominable es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad pues -como lo ha resaltado la Sala- esta práctica no sólo compromete los intereses de la víctima sino, que simultáneamente, atenta contra la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad y por ello, cualquier Estado puede pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma.  El legislador también tipificó la desaparición forzosa como delito en la Ley 589 de 2000 y 599 del mismo año considerándola como la privación de la libertad a la que es sometida una persona por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndolo del amparo de la ley.  También incurren en el delito, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, que realice la conducta descrita anteriormente. De lo anteriormente expuesto se concluye que la desaparición forzada es un delito considerado nacional e internacionalmente como de lesa humanidad, que se extiende en el tiempo, desde el momento mismo en que la persona es privada de la libertad, continúa con su ocultamiento y culmina con la aparición de la víctima o con el conocimiento de su paradero.

(…)

Entonces, para que se constituya el delito deben concurrir varios elementos: i).Que exista privación de la libertad de una o varias personas, cualquiera que sea su forma; ii). Que sea cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización de éste, o por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley; iii). Que exista ocultamiento y  la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayendo a la persona del amparo de la ley.

 

(…)

En el caso sub examine, al estar en presencia de las anteriores circunstancias,  el término de caducidad debe ser el dispuesto en el inciso 2° del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.   Debemos precisar que dicho artículo, al ser adicionado por la Ley 589 de 2000, en el sentido de establecer en su inciso segundo una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción, no hizo otra cosa que permitir el acceso a la justicia para aquellas personas víctimas de este cruel delito, debido a que,  como ya se mencionó, el delito de desaparición forzada continúa en el tiempo hasta tanto ocurra uno de estos eventos: que aparezca la víctima,  o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Luego entonces, el plazo de los dos (2) años se empieza a contabilizar a partir del acaecimiento de cualquiera de los sucesos ya indicados.”

 

  1. Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, radicado interno No. 41706, C.P. Mauricio Fajardo Gómez:

 

“Ciertamente, en varios instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, de los cuales el Estado Colombiano hace parte, se establecen como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada de personas: i) la privación de la libertad; ii) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y ii) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Así por ejemplo, los artículos 2 y 5 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007

 

(…)

La ley consagró entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. (…) se desprenden los siguientes eventos para la contabilización de los dos (2) años de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, a saber: i) se contarán a partir de la fecha en que aparezca la víctima; o en su defecto, ii) desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Adicionalmente, se estableció que los anteriores eventos no constituyen óbice para que la correspondiente acción de reparación directa pudiera intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición forzada. (…)”.

 

En observancia de lo expuesto, en Consejo de Estado, consideró que el Tribunal fundó su decisión, en la jurisprudencia sentada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que los demandantes conocieron de la muerte de los señores Gustavo y Yefer Mora Sanabria, quienes fallecieron en un presunto combate ocurrido el 30 de marzo de 2007, el 31 del mismo mes y año, momento en que los cuerpos fueron reconocidos por la señora Dulcinea Sanabria, madre de los occisos, razón por la que dicho ente judicial determinó que al no configurarse los elementos del delito de desaparición forzada, no era posible aplicar la regla excepcional de la caducidad.

 

Afirmó que “el análisis relacionado con aquél momento en el que se tuvo la certeza del fallecimiento de la víctima, es suficiente para establecer que en este asunto la caducidad se ciñó a los criterios descritos en la jurisprudencia citada, toda vez que ésta no se contabilizó desde la ocurrencia de la muerte de los hermanos Mora Sanabria, sino desde la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, estos es, desde el 31 de marzo de 2007, fecha en que se efectuó la diligencia de necropsia y le fueron entregados los cuerpos a su progenitora.”

 

6.2. Impugnación

 

El apoderado de los accionantes solicitó revocar la sentencia del a quo y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de sus representados y, en consecuencia, se anule la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare del 17 de julio de 2014, con el fin de que se dicte un nuevo fallo en el que no se tenga en cuenta el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa.

 

En sustento de su petición mencionó un fallo mediante el cual, el Consejo de Estado, desarrollo la teoría del “daño al descubierto”, según la cual la caducidad de la acción de reparación directa no se debe contar a partir del acaecimiento del hecho, sino desde que las víctimas conocieron de la existencia del daño antijurídico, esto es, a partir de la decisión de la jurisdicción penal en la que se señale que el implicado no murió a causa de un presunto combate, así lo afirmó:

 

“En efecto, a diferencia del delito de desaparición, en estos homicidios, a partir de los informes que rinden los miembros de las fuerzas legítimas del Estado, en los que se muestra a la persona como miembro de un grupo enfrentado con estas, dada de “baja en combate”, hace que surja la presunción que el Estado actuó en ejercicio de sus deberes, lo que excluye la posibilidad de exigirle alguna  responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, por cuanto no existe un daño antijurídico que resarcir.

 

Es decir, el daño antijurídico en estos casos, se materializa cuando el Estado establece que la persona que se dijo fue muerta en combate, en realidad, no hacia parte de las hostilidades, y, por tanto, fue involucrada en él,  desconociendo todas las prescripciones internas e internacionales sobre el particular.

 

En otros términos, en estos casos, se puede  acudir a lo que la misma Sección Tercera ha denominado teoría del daño descubierto según la cual, excepcionalmente, la caducidad del medio de control no se debe contar desde el acaecimiento del hecho o acto, sino cuando las víctimas conocieron de la existencia del mismo.

 

En este caso, la aplicación de esta teoría se traduciría en que el daño se configuraría no con la muerte de la persona que se dice “fue dado de baja en combate”, sino con la decisión de la jurisdicción, en este caso, la  penal, en la que se señale que el sujeto era una persona protegida y, por ende, que el Estado descoció su carácter de garante de aquella, al involucrarlo en las hostilidades.

 

Sobre la teoría del daño al descubierto se ha señalado:

 

“Si bien es cierto que el inciso 4o del artículo 136 del C. C. A. establece que el termino de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció́ la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción…”[2] (negrilla fuera de texto).

(…)

En los casos, de homicidio en persona protegida y/o ejecución extrajudicial, el solo hecho de la muerte no puede generar la caducidad, porque, en principio, no hay daño frente al cual se pueda reclamar, pese a que los familiares tengan el convencimiento que la persona señalada de pertenecer a las fuerzas armadas ilegales no lo era, en contraposición a los informes oficiales.

 

En ese sentido, insiste la Sala de Sección que, en razón de la naturaleza de esta  conducta, el juez administrativo puede hacer uso de las teorías que ha ido construyendo, a efectos de buscar parámetros diferentes a la aplicación textual del precepto que consagra la caducidad, para determinar esta, a efectos de garantizar, en forma efectiva, no solo el componente del derecho a la reparación la que, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, hace parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sino la garantía de otros derechos, igualmente  fundamentales como el de acceso a la administración de justicia, pues declarada la caducidad, este derecho queda limitado.

(…)

Por tanto, considera la Sala que, por hechos como los que dieron origen al proceso de reparación directa y a efectos de materializar  los derechos de acceso a la administración de justicia de las víctimas, se requiere de una interpretación diferente del artículo 136 del C.C.A, que permita la realización efectiva de los derechos de aquellos, pues, por la naturaleza y configuración de la conducta de los agentes del Estado que allí se alega, la que, se repite, no es la desaparición forzada, contar el término de caducidad desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho o de la aparición del cadáver de la víctima, deja de lado la consideración de una circunstancia o presunción que se debe desvirtuar y es aquella según la cual, la muerte se presentó en combate, hecho que, en principio, impediría la configuración de  la responsabilidad del Estado.

 

Presunción que, en principio, solo se puede desvirtuar a lo largo del proceso penal que se inicie con ocasión de esa conducta y la discusión misma sobre sus verdaderas connotaciones. Así, solo cuando exista un pronunciamiento que declare que, en efecto, la persona que fue reportada como guerrillera era un persona protegida, se descubre que el hecho es, en sí, antijurídico.

 

Por tanto, es desde ese instante que se cuenta la caducidad de los dos años sin que ello implique que se pueda acudir con anterioridad a la justicia contenciosa, la que a partir de las diversas pruebas puede llegar al convencimiento sobre la realidad de los hechos alegados por los agentes del Estado.

 

Es decir, a partir de la teoría del descubrimiento del daño, los dos años de caducidad del medio de control de reparación directa debe comenzar a correr al día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que así lo determine.

 

Así, para hacer razonable el término de caducidad en los mal llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales o técnicamente homicidios en persona protegida, este solo podría contarse, cuando la autoridad penal declare que el Estado desconoció su deber de garante e involucró al personal civil en las hostilidades, al señalarlos como miembros de grupos armados, cuando en realidad no lo eran. Es decir, cuando el Estado mismo, a través de la justicia penal, declare que se dio la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

 

En otros términos, la caducidad, en estos casos, en concepto de la Sala, solo se puede contar a partir de la ejecutoria de la sentencia penal. En consecuencia, este no es un presupuesto que se pueda analizar al momento de la admisión del medio de control, cuando aquella no exista, pues la presunción de la que venimos hablando solo podría desvirtuarse en el transcurso del proceso administrativo, si no hay fallo penal, y, por tanto, únicamente al momento de dictarse el respectivo fallo será posible establecer la realidad de los hechos frente a los cuales se demanda la responsabilidad del Estado.

 

En consecuencia, es evidente, que el juez administrativo, a efectos de contar los términos de caducidad cuando de estos hechos se trate, no puede llanamente tener en cuenta la ocurrencia del hecho para poner en marcha el cronómetro de aquella, sin reparar que hay circunstancias que impiden hacer esa adecuación, en razón del contexto mismo de la situación que se alega, como en efecto lo reconoció el legislador para la desaparición forzada, pero solo para esa conducta, dejando de lado otras igualmente graves que requieren de exámenes diversos.” [3]

 

En observancia de lo anterior, el apoderado de los accionantes solicitó que se aplique el mencionado precedente jurisprudencial el cual ha sido reiterado por la misma Corporación en varias ocasiones, con el fin de garantizar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, pues los demandantes, por prudencia, decidieron ejercer su derecho a la acción de reparación directa, luego de ejecutoriada la resolución de acusación proferida en el proceso penal radicado bajo la causa 2012-0006, que aún sigue en curso en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal- Casanare, la cual quedó en firme el 30 de marzo de 2010, y que se convierte en un punto de referencia para el proceso de imputación de responsabilidad patrimonial al Estado.

 

6.3. Segunda instancia

 

Mediante sentencia del 9 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó el fallo de primera instancia, al estimar que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 17 de julio de 2014, que declaró la caducidad de la acción de reparación directa por no haberse interpuesto dentro de los dos años a partir del acaecimiento del hecho o conocimiento del mismo, no desconoció los precedentes que invocan los demandantes. Al respecto señaló:

 

“En efecto, la providencia cuestionada (…) analizó la decisión que al día siguiente de la muerte de los hermanos Mora Sanabria, sus familiares conocieron del hecho y recibieron los cadáveres de sus seres queridos, sin que en el modus operandi de los hechos se adviertan los elementos del delito de desaparición forzada, pues una vez ocurrió el supuesto enfrentamiento, los militares dieron informe a sus superiores, y se adelantaron las diligencias de la investigación penal de rigor.

(…)

Revisados los escritos presentados por el apoderado de los demandantes y comparados con el libelo de la presente acción de tutela, no duda esta Sala en concluir que se trata de la reiteración de los argumentos expuestos en las instancias del proceso, con lo cual pretende, en forma indebida, constituir una tercera instancia, que revise la legalidad de las deicisones proferidas en ejercicio de la autonomía e independiencia de la función jurisdiccional, objetivo ajeno a la acción constitucional.”

 

III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE T-5.086.690

 

Mediante Auto del 27 de enero de 2016, el magistrado sustanciador resolvió oficiar al Juzgado Penal Especializado de Yopal Casanare, para que enviara a esta Sala, copia de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso penal con radicado No. 201000055, iniciado contra el señor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el cual fue remitido al despacho por la Secretaria General de esta Corporación mediante oficio del 12 de febrero de 2016.

 

IV         FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SALA

 

  1. Competencia

 

A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas el 21 de octubre de 2013, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, a su vez, confirmó el fallo de primera instancia, dentro del proceso T-4.254.307, y la dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que confirmó la providencia del a quo, dentro del proceso T-5.086.690, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

  1. Problema jurídico

 

La Sala Cuarta de Revisión, mediante auto del 27 de enero de 2016, decidió acumular los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690, al considerar que los procesos plantean, en líneas generales, el mismo problema jurídico, cual es la necesidad de determinar si los despachos accionados vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, de los accionantes, al haber decretado la caducidad de las acciones de reparación directa formuladas por los accionantes con base en el homicidio de sus familiares por parte de miembros de la Fuerza Pública, sin tomar en cuenta que dicho acto fue, a su parecer, un delito de lesa humanidad para cuya reparación no se tiene término de caducidad, según reciente jurisprudencia del Consejo de Estado.

 

En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si dentro del expediente T-4.254.307, existió, por parte del Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional y el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, la vulneración de los derechos fundamentales aducidos, por Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y EvertRobinson Cañas Moreno, toda vez que el ente judicial rechazó la demanda de reparación directa interpuesta como consecuencia del  homicidio de Fausto Hernán Cañas Moreno, hijo y hermano de los accionantes, por tropas del Ejército Nacional, sin tener en cuenta que dicha acción fue interpuesta, a su juicio, oportunamente, una vez quedó en firme la sentencia condenatoria de los militares que cometieron el ilícito.

 

Los accionantes solicitan, en primer lugar, se deje sin efectos el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín que rechazó la demanda de reparación directa al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad y, en consecuencia, se dé trámite a la acción interpuesta con el fin de que sean resarcidos los daños producidos por el hecho punitivo.

 

En segundo lugar, y en caso de no ser posible lo anterior, solicitan que por medio de la acción de amparo constitucional se ordene al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales a los que tienen derecho por la muerte de su hijo y hermano, Fausto Hernán Cañas Moreno, causada por miembros de dicha entidad.

 

Respecto del expediente T-5.086.690, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Casanare, vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar, Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel Díaz Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz, al haber declarado la caducidad de la acción de reparación directa en segunda instancia, y haber pronunciado un fallo inhibitorio, dentro del proceso interpuesto contra el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, al considerar que la demanda fue presentada 5 años después de haber conocido de la muerte de sus familiares Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria a causa de una supuesta “Misión Táctica Antiextorsión” practicada por el Gaula, en la que estos fueron retenidos y posteriormente asesinados.

 

Con el fin de abordar el caso concreto, esta Sala hará referencia, en primer lugar, a la procedencia de la acción de tutela para reclamar pretensiones económicas y, en segundo lugar, a la viabilidad del mecanismo de amparo para debatir decisiones judiciales, con el fin de estudiar si, tratándose de las circunstancias de cada caso, los jueces administrativos respectivos, incurrieron en alguno de los vicios establecidos por esta Corporación que hayan ocasionado la vulneración de derechos fundamentales de los accionantes, al haber declarado la caducidad de la acción de reparación directa por haber transcurrido más de dos años, desde que tuvieron conocimiento de los hechos que pretenden controvertir.

 

  1. Procedencia de la acción de tutela para reclamar pretensiones de carácter económico, específicamente indemnización de perjuicios. Reiteración de jurisprudencia

 

La acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo de defensa judicial, de carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente determinados por la ley.

 

El carácter subsidiario y residual, significa que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable[4]. A este respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

 

De acuerdo con ello, ha dicho la Corte que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”[5].

 

Este elemento medular de la acción de tutela, la subsidiariedad, adquiere fundamento y se justifica, en la necesidad de preservar el orden regular de asignación de competencias a las distintas autoridades jurisdiccionales, con el objeto no solo de impedir su paulatina disgregación sino también de garantizar el principio de seguridad jurídica. Ello, sobre la base de que no es la acción de tutela el único mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales, pues existen otros instrumentos, ordinarios y especiales, dotados de la capacidad necesaria para, de manera preferente, lograr su protección.

 

Así las cosas, los conflictos jurídicos en los que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, en principio, deben ser resueltos a través de los distintos medios ordinarios de defensa previstos en la ley para estos efectos, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando los mismos no resulten idóneos o eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente acudir, de manera directa, a la acción de amparo constitucional.

 

Respecto de las pretensiones que llevan implícitas el pago de obligaciones económicas que se encuentran sometidas a litigio, esta Corporación ha sostenido, que si bien es cierto que en algunos casos se ha admitido la procedencia de la acción de tutela, aquellas han sido excepcionalmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, lo anterior dependiendo de las circunstancias fácticas de cada situación, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo constitucional para dichos fines de forma masiva e indiscriminada[6]. En relación con lo anterior, la Sentencia T-528 de 1998, señaló que: “[…].ha sido clara la jurisprudencia de la Corporación al indicar que los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen la virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aun cuando de estos se predica su carácter legal.”[7]

 

En efecto, como regla general, en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de obligaciones económicas que estén supeditadas a litigio. Sin embargo, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, el juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de dichas prestaciones económicas, si: (i) el interesado no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (ii) teniendo medio judicial éste resulte ineficaz para la protección de los derechos y (iii) en los eventos en los que, luego de verificar los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción, se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable el cual se pretende evitar a través de la acción de tutela.[8]

 

Tratándose de pretensiones sobre indemnización de perjuicios, el Decreto 2591 de 1991, prevé la posibilidad de que el juez constitucional los decrete, siempre y cuando concurran algunas circunstancias. El artículo 25 del mencionado decreto, señala:

 

“Artículo 25. INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.

 

La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.

 

Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.”

 

Al respecto de lo dispuesto en este artículo, la sentencia T-095 de 1994[9], indicó el alcance del mismo, en el sentido de que “la acción de tutela no tiene por objeto una determinación judicial sobre indemnización de perjuicios. Para ello el legislador ha instituido varios procedimientos, entre los cuales cabe destacar, cuando se aspira a obtener resarcimiento de parte de la administración pública, el que se desarrolla a partir de la acción de reparación directa y cumplimiento, si la causa de la petición es un hecho o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad, o la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos.

 

Ahora bien, es verdad que el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 consagra la posibilidad de condenar “in genere” a la indemnización de perjuicios, dentro del proceso de tutela, pero debe precisarse el alcance de la institución.

 

Como lo ha reiterado esta Corte (Cfr. Sentencias C-543 del 1º de octubre de 1992 de la Sala Plena y T-033 del 2 de febrero de 1994, Sala Quinta de Revisión), tal norma busca dar aplicación a criterios de justicia según los cuales la comprobación del daño que se deriva de una acción u omisión antijurídica hace indispensable el resarcimiento de aquél, a cargo de quien lo ocasionó.

 

Debe recordarse, adicionalmente, que tal indemnización sólo es posible decretarla si se concede la tutela, razón por la cual la prosperidad de la acción en esta materia -que, por ende, resulta ser accesoria- únicamente puede darse si prospera la pretensión principal, es decir, si el juez ha encontrado aquélla procedente y, además, ha concluido que las razones de hecho y de derecho por él evaluadas dan lugar a impartir una orden de inmediato cumplimiento en cuya virtud se realicen, en el caso específico, los postulados constitucionales.

 

Pero, fuera de eso, se requiere que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho; que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; que la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, ‘..supuestos que justifican y aun exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso, disponga lo concerniente’ (Cfr. Sentencia C-543, ya citada).”

 

En síntesis, la acción de tutela no es el medio idóneo para reclamar pretensiones económicas salvo que (i) el interesado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial; (ii) teniendo medio judicial éste resulte ineficaz para la protección de los derechos y (iii) en los eventos en los que, luego de verificar los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción, se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable el cual se pretende evitar a través de la acción de tutela. Ahora bien, tratándose de pretensiones alusivas a indemnización de perjuicios el Decreto 2591 de 1991, faculta al juez constitucional para decretarla, siempre que: (i) la tutela sea concedida, (ii) que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio, (iii) que la violación del derecho haya sido manifiesta y como consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, (iv) que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho y, (v) que se haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado.[10]

 

Dentro del expediente T-4.254.307, una de las pretensiones de los accionantes es que, por vía de tutela, se reconozcan los perjuicios causados por la muerte de su hijo y hermano Fausto Hernán Cañas Moreno, toda vez que el Juez Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín rechazó la demanda de reparación directa interpuesta contra el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, por haberse configurado la caducidad de la acción.

 

Tal como precedentemente se advirtió, el juez constitucional podría decretar una indemnización, siempre que confluyan varias condiciones, dentro de las cuales se destaca que los accionantes no cuenten con otro medio judicial para reclamar los perjuicios a los que consideran tener derecho por la acción arbitraria a la que fueron sometidos y que vulneró sus derechos fundamentales.

 

En consecuencia, con el fin de verificar los presupuestos dispuestos anteriormente, esta Sala hará un análisis de la providencia dictada por el Juez Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, que decidió rechazar la demanda de reparación directa interpuesta por los accionantes contra el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, y la proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en segunda instancia, en proceso tramitado contra la misma entidad, que revocó el fallo del a quo y declaró la caducidad de la acción, con el fin de establecer si dichos proveídos se ajustan a los postulaos constitucionales y, por ende, no constituyen una vulneración al derecho fundamental del debido proceso de los demandantes y, de esta manera, determinar, sí, efectivamente, estos no cuentan con otro mecanismo judicial idóneo para reclamar lo pretendido en esta oportunidad.

 

Para resolver dicho cuestionamiento, esta Sala estudiará la procedencia excepcional del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales, para descartar algún vicio en el que los jueces administrativos hayan podido incurrir al resolver sobre el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa dentro de las demandas interpuestas por los accionantes y que controvierten mediante el mecanismo de amparo constitucional dentro de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690.

 

  1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia

 

La sentencia C-543 de 1992[11], por medio de la cual se decidió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, resolvió declarar inexequibles los artículo 11 y 12 y, por unidad normativa, el artículo 40[12] del mencionado decreto. Dicha providencia hizo referencia a la procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Al respecto dispuso que:

 

“Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.

 

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

 

Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción.

 

(…)

 

Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen por definición ‘otros medios de defensa judicial’ que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela.

(…)

 

La acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralelo al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El entendimiento y la aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo resultan coherentes y ajustados a los fines que le son propios si se lo armoniza con el sistema. De allí que no sea comprensible como medio judicial capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o especiales, pues ello llevaría a un caos no querido por el Constituyente.”

 

En observancia de lo establecido por esta Corporación, el ejercicio de la acción de tutela, en principio, no es procedente para controvertir decisiones judiciales proferidas dentro de un proceso que ha cumplido con las diversas etapas previstas por la ley y, dentro del cual, se han agotado los recursos respectivos, que han llevado a una decisión final sobre el asunto en discusión. Sin embargo, también se ha señalado por esta Corte que, en dichos eventos, el amparo por vía constitucional es de carácter excepcional, es decir, que solo procede en aquellas circunstancias en que se evidencia una grave actuación de hecho por parte de los jueces ordinarios. Ello, en razón de la necesidad de respetar el principio de cosa juzgada y de preservar la seguridad jurídica, la autonomía e independencia de la actividad jurisdiccional del Estado, así como el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de cada juez[13].

 

Al respecto la sentencia C-543[14] de 1992 señaló:

 

“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”

 

Debido al carácter excepcional y restrictivo de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha establecido unos requisitos generales y especiales de procedencia de la acción constitucional. Los primeros, también llamados requisitos formales, son aquellos presupuestos que el juez constitucional debe verificar, para que, una vez acreditados, pueda entrar a analizar de fondo el conflicto planteado. En cuanto a los requisitos especiales, también llamados materiales, corresponden, concretamente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la fuente de vulneración de los derechos fundamentales[15].

 

De acuerdo con lo anterior, la Sentencia C-590 de 2005[16], proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la Sentencia C-543 de 1992[17], y reiterada posteriormente, la Corte señaló los requisitos generales, para la procedencia de la acción de tutela, así:

 

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[18]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

 

  1. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamentalirremediable[19]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

 

  1. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[20]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

 

  1. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[21]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

 

  1. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[22]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

 

  1. Que no se trate de sentencias de tutela[23]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” (Negrilla fuera del texto original).

 

Verificados y cumplidos los requisitos generales o formales, que hacen procedente el estudio de fondo, por parte del juez constitucional, del recurso de amparo contra una decisión judicial, este podría prosperar si la providencia acusada ha incurrido, al menos, en uno de las causales especiales o materiales de procedibilidad que se han identificado por la jurisprudencia como generadores de la violación de derechos fundamentales, reiterados por esta Sala de Revisión en la sentencia T-867 de 2011[24], de la siguiente manera:

 

“a. En un defecto orgánico. El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente.

 

  1. En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorarcompletamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia no resulte atribuible al afectado.

 

Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.

 

  1. En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante lasamplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.En ese contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.

 

En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:

 

–                           La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.

 

–                           Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

 

–                           Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[25].

 

  1. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de definición judicial.

 

  1. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.

 

  1. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les competen proferir.

 

  1. En desconocimiento del precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por la Corte Constitucional con efectos erga omnes.

 

  1. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en ladiscrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política.”

 

Sobre la base de lo expuesto, la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, la decisión debatida por esta vía haya incurrido en uno o varios de los defectos o vicios específicos y, a su vez, el defecto sea de tal magnitud que implique una lesión o afectación a los derechos fundamentales del tutelante.

 

4.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales dispuestos por la jurisprudencia respecto de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690

 

Con el fin de establecer la procedencia del mecanismo de amparo para conocer de fondo los asuntos planteados en esta oportunidad, esta Sala, en primer lugar, estudiará la procedencia de las acciones de tutela a la luz de los requisitos generales dispuestos por la jurisprudencia para conocer controversias contra providencias judiciales.

 

  1. La cuestión que se discute en esta oportunidad dentro de los expedientes    T-4.254.307 y T-5.086.690, resulta de relevancia constitucional, por cuanto la Sala advierte, en relación con los accionantes, una posible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas, como consecuencia de las providencias proferidas por los jueces administrativos.

 

  1. Dentro del expediente T-4.254.307, se observa que ante el rechazo de la demanda de reparación directa interpuesta por los accionantes, por parte del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, estos no ejercieron el recurso de apelación que prevé el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. Por lo que, en principio, el requisito referente al agotamiento de todos los medios ordinarios y /o extraordinarios de defensa judicial, no se encuentra satisfecho. No obstante, esta Corporación ha admitido, que al valorar este punto, se puede flexibilizar el análisis con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

 

En el presente caso, esta Sala estima, que aun cuando los accionantes no utilizaron todos los medios procesales a su alcance, la acción de tutela es procedente, por cuanto están de por medio los derechos de las víctimas a ser reparadas dentro del marco del conflicto, que por muchos años ha vivido nuestro país, circunstancia que amerita, con el fin de evitar que se agrave su condición de vulnerabilidad, un estudio sobre la controversia planteada.

 

Dentro del expediente T-5.086.690, en el cual se controvierte la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, quien, al conocer de la apelación interpuesta, resolvió revocar la sentencia del a quo y declarar la caducidad de la acción, se observa que los accionantes no contaban con otro recurso ordinario ni extraordinario de defensa judicial para debatir la decisión tomada, por lo que la acción de tutela se convierte en un mecanismo idóneo con el fin de salvaguardar los derechos invocados.

 

  1. Frente al requisito de inmediatez, con respecto al expediente T-4.254.307, esta Sala observa que entre el proveído dictado por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, que rechazó la demanda de reparación directa por caducidad y la interposición de la acción de tutela, transcurrieron 10 meses y 11 días, toda vez que el auto interlocutorio quedó ejecutoriado el 30 de agosto de 2012, y el mecanismo de amparo fue presentado el 12 de julio de 2013.

 

En cuanto al requisito de inmediatez esta Corporación ha señalado que aun cuando la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad, la interposición de este mecanismo debe efectuarse dentro de un tiempo prudente y razonable, con el objetivo de que dicha acción cumpla la finalidad para la cual fue creada.

 

Con relación a la caducidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, los cuales se referían puntualmente a dicho tema.

 

Posteriormente, la sentencia SU-961 de 1999, abordó de manera concreta el punto de la inmediatez. Al respecto, dispuso que la tutela puede interponerse en cualquier momento independientemente del asunto de que se trate. No obstante, la mencionada providencia, estimó pertinente dar un límite a la interposición de la acción. Al efecto señaló:

 

“La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo.

(…)

 

Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

 

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.”

(…)

 

El estudio de la razonabilidad del plazo, depende de las circunstancias de cada caso concreto, puesto que solo del análisis de los hechos, el juez constitucional puede concluir que una acción de tutela que, en principio, careciera de inmediatez, resulta ser procedente teniendo en cuenta el contexto del asunto que se estudia.

 

Esta Corporación a través de su jurisprudencia ha definido algunos eventos, que no son taxativos, en los que esta situación se puede presentar, estos son:

 

“(i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo , la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

 

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

 

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’”.[26]

 

Frente al caso particular, los demandantes Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno, habitan en la Vereda El Paraíso del municipio de Barbosa, Antioquia, se dedican a trabajar la tierra, recolectando café y cultivando cebolla. Son personas de escasos recursos y a quienes, la Fuerza Pública les arrebató a su hijo y hermano, pues así se demostró dentro del proceso penal seguido por las autoridades respectivas.

 

De acuerdo con el contexto anterior, para esta Sala, el tiempo que transcurrió entre el auto interlocutorio que rechazó la demandan de reparación directa por caducidad y la interposición de la acción de tutela, a saber, 10 meses y 11 días, no resulta irrazonable, toda vez que los accionantes no son profesionales del derecho ni cuentan con herramientas expeditas para acudir a la administración de justicia con el fin de hacer exigible sus pretensiones; por lo que exigirles un plazo menor resulta desproporcionado, más aun si se tiene en cuenta su condición de debilidad manifiesta, al ser víctimas del conflicto armado colombiano. En consecuencia, en virtud del artículo 13 de la Constitución Política, esta Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.

 

Respecto del expediente T-5.086.690, la sentencia que los accionantes pretenden controvertir, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare el 17 de julio de 2014, y la presente acción de tutela, fue interpuesta el 22 de enero de 2015, es decir, transcurrieron aproximadamente 6 meses entre una y otra, lo que a juicio de la Sala es un término razonable para acudir al mecanismo de amparo constitucional.

 

  1. Esta Sala observa que la irregularidad que plantean los casos puestos a su consideración, a través de los expediente T-4.254.307 y T-5.086.690, es determinante en la decisión adoptada, toda vez que al declararse la caducidad de la acción de reparación directa, los accionantes pierden la posibilidad de ser resarcidos judicialmente por la muerte de sus familiares lo cual conduce a que se desconozcan sus derechos fundamentales.

 

  1. En cuanto al requisito referente a la identificación de los hechos que generaron la vulneración, así como de los derechos transgredidos, esta Sala observa que las demandas contenidas en los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690, los satisfacen, en la medida en que controvierten proveídos dictados dentro de procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, que nada tienen que ver contra fallos de tutela.

 

Agotado el examen de los requisitos generales dispuestos por la jurisprudencia, pasa esta Sala a analizar de fondo, los casos planteados, con el fin de verificar si las decisiones proferidas por los jueces administrativos, adolecen de alguna de las causales admitidas por esta Corporación, como generadoras de transgresión de los derechos fundamentales de los accionantes.

 

4.2. Estudio de los defectos de fondo en que hubieren podido incurrir las providencias judiciales proferidas dentro de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690

 

Las demandas de tutela respectivas, señalan que las providencias dictadas dentro de los procesos surtidos ante los jueces contencioso administrativos adolecen de defecto fáctico y desconocimiento del precedente horizontal y vertical existente sobre el asunto.

 

Respecto del defecto fáctico, esta Corporación ha manifestado que este se presenta en los casos en que “resulte evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado[27]. (…) ‘Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, ‘inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (…)’[28], dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[29][30]”.[31]

 

En ese sentido, solo es posible acudir al mecanismo de amparo judicial para controvertir una decisión judicial aduciendo esta clase de defecto, cuando es evidente que dentro del transcurso de un proceso, la valoración probatoria realizada por el juez de la causa, resulta arbitraria y el convencimiento generado a partir de ésta, tuvo incidencia directa en la decisión tomada.

 

En los casos puestos a consideración de la Sala en esta oportunidad, se observa que los jueces administrativos no tuvieron ocasión de valorar las pruebas dentro de los procesos contencioso administrativos, pues no conocieron de fondo las controversias suscitadas al haber declarado la caducidad de la acción de reparación directa, por lo que no se puede hablar de un defecto de esta naturaleza.

 

Ahora bien, tratándose del defecto por desconocimiento del precedente, alegado también, por los demandantes, la Corte ha entendido, en primer lugar, que el precedente lo constituye, “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo[32].”[33]

 

Así mismo, ha mencionado, que la importancia de tenerlo en cuenta, radica en la “necesidad de proteger el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la administración de justicia y de salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica. Esto, debido a que no tener en cuenta las sentencias anteriores a un caso que resulta equiparable al analizado, implicaría el evidente desconocimiento de esos derechos y principios.”[34]

 

Adicionalmente, la relevancia de su observancia “se basa en el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales, en especial si son adoptadas por órganos cuya función es unificar jurisprudencia. Como lo ha explicado esta Corte, tal reconocimiento se funda en una postura teórica que señala que ‘el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX…, sino una práctica argumentativa racional’[35]. Con lo cual, en últimas, se le otorga al precedente la categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto.”[36]

 

La sentencia T-292 de 2006, estableció unos criterios con el fin de verificar si un precedente es aplicable o no a un caso concreto, estos son: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.[37]

 

En consecuencia, de no constatarse los elementos mencionados, no es viable establecer que “un conjunto de sentencias anteriores constituyen un precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar aplicación al mismo.”[38]

 

En los procesos puestos a consideración de la Sala, se observa que los precedentes mencionados por los demandantes y que, a su juicio, son desconocidos por los jueces administrativos, no cumplen con los criterios definidos por la jurisprudencia, toda vez que, si bien abordan asuntos relativos a la reparación de perjuicios en casos de ejecuciones extrajudiciales, estos no abordan el problema jurídico planteado en esta ocasión, a saber, la excepción a la caducidad de la acción de reparación directa para estos eventos, por lo que la Sala considera que los proveídos demandados, no adolecen del defecto atribuido.

 

Ahora bien, de acuerdo con el planteamiento del problema jurídico expuesto por los demandantes y las providencias demandadas, para esta Sala es importante analizar, si bien éstos no lo adujeron, el defecto relativo a la violación directa de la constitución, que “tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política.”[39]

 

Dicha causal tiene fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política, según el cual: “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”

 

Al respecto esta Corporación ha dispuesto que “la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, en principio, fue considerada como un defecto sustantivo[40]. Posteriormente, la Sentencia T-949 de 2003[41], la asumió como una causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela de carácter independiente y autónomo[42]. Esta interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en la que la Corte incluyó definitivamente la violación directa de la Constitución como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Este tribunal constitucional sostuvo que: ‘(…) la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución’.

 

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando:

 

‘(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad’[43]”.[44]

 

Tales reglas parten de la consideración según la cual, la Constitución Política al ser mandato superior, vincula a los jueces y éstos, deben observar y aplicar de manera directa los mandatos establecidos en ella.[45]

 

De acuerdo con lo expuesto, pasa la Sala a examinar el artículo 93 de la Constitución Política, referente al bloque de constitucionalidad, y el artículo 229 de acceso a la administración de justicia, con el fin de establecer si las decisiones de los jueces administrativos vulneraron los postulados constitucionales.

 

4.3. Bloque de constitucionalidad contenido en el artículo 93 de la Constitución Política y la protección internacional a los derechos humanos

 

El artículo 93 de la Constitución Política dispone que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

 

Lor derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

 

De acuerdo con la adición dispuesta en el Acto Legislativo 02 de 2001: El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.”

 

La sentencia C-067 de 2003, se refirió al concepto y alcance del bloque de constitucionalidad, así:

 

“Es sabido y últimamente aceptado por algunos doctrinantes que la normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política. El Estatuto Superior está compuesto por un grupo más amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que conforman el denominado ‘bloque de constitucionalidad’ y que comparten con los artículos del texto de la Carta la mayor jerarquía normativa en el orden interno. En este sentido, la noción “bloque de constitucionalidad” pretende transmitir la idea de que la constitución de un Estado es mucho más amplia que su texto constitucional, dado que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que también son normas constitucionales.

(…)

La incorporación en la doctrina jurídica nacional de una institución como el bloque de constitucionalidad surgió entonces del reconocimiento de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el orden interno pero también, y de manera específica, de la necesidad de armonizar dicho principio con la ya tradicional preceptiva constitucional que erige a la Carta Política en el estatuto de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico nacional. Ciertamente, el artículo 4º de la Constitución Política establece que la Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad con cualquiera de las normas subordinadas, aquella se aplicará de preferencia.

 

Del análisis de los artículos 4º y 93 de la Constitución Política era evidente para la Corte que la coexistencia de dos jerarquías normativas de carácter prevalente constituía un escenario jurídico de gran complejidad; por esta razón, la Corporación entendió que la única manera de conciliar dicha contradicción era aceptando que los tratados internacionales de los cuales Colombia es Estado parte, en los que se reconocieran derechos humanos de conculcación prohibitiva en estados de excepción, también tenían jerarquía constitucional y conformaban, con el texto del Estatuto Superior, un solo bloque normativo al que la legalidad restante debía sumisión.”

 

En ese sentido, las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad, tienen jerarquía constitucional, ello quiere decir que deben ser observadas por los diferentes actores de una sociedad, con el fin de evitar la conculcación de los derechos y de los postulados que en la Carta se consignan. La sentencia C-067 de 2003, respecto a la fuerza normativa del bloque señaló:

 

“El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados.

 

Además, las normas del bloque operan como disposiciones básicas que reflejan los valores y principios fundacionales del Estado y también regulan la producción de las demás normas del ordenamiento doméstico. Dado el rango constitucional que les confiere la carta, las disposiciones que integran el bloque superior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, servir de i) regla de interpretación respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista regla directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas.

 

Ahora bien, es claro que si los preceptos, principios y valores contenidos en el bloque de constitucionalidad irradian el texto de la normatividad interna y obligan a las autoridades a acondicionarla a sus disposiciones, también las decisiones judiciales tienen que guardar similar obediencia. Así entonces, no sólo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y su intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque de constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de sus actuaciones.”

 

La obligación estatal de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos se desprende de varias disposiciones de la Constitución Política de 1991, tales como el Preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229. Dicha obligación también se ha establecido en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales Colombia es parte y que integran el bloque de constitucionalidad.[46]

 

Ha aclarado esta Corte que existen dos formas de integrar los tratados internacionales al bloque de constitucionalidad. En primer lugar, vía “integración normativa”, en virtud de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 93 de la Constitución. Para ello se requiere que un tratado ratificado por Colombia reconozca derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción. En este caso, la incorporación es directa y puede comprender, incluso, derechos que no estén reconocidos en forma expresa en la Carta.[47] En segundo lugar, vía “referente interpretativo”, de acuerdo con el inciso segundo del artículo constitucional referido. Algunos tratados de derechos humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también hacen parte del bloque de constitucionalidad, aunque por una vía de incorporación diferente; no como “referentes normativos directos” sino como “herramientas hermenéuticas” para analizar la legitimidad de la normatividad interna.[48]

 

Igualmente, no todos los tratados internacionales incorporados en nuestro ordenamiento pueden ser incluidos en el bloque de constitucionalidad, pues el Constituyente introdujo esa prerrogativa únicamente para aquellos tratados que versen sobre derechos humanos o sobre la prohibición de limitarlos en los estados de excepción, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta.[49]

 

En materia de derechos humanos, las obligaciones de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de las personas bajo su jurisdicción, se encuentran consagradas, especialmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.1) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 1.1).

 

Esta Corporación ha reiterado la plena vigencia y el carácter vinculante de normas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y, a nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) también hace parte del bloque de constitucionalidad y consagra con claridad las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos (art. 1.1).[50]

 

Esta Corporación ha señalado que tanto la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, como las recomendaciones de los organismos internacionales que tienen funciones de monitoreo al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, también tienen fuerza vinculante al momento de interpretar el alcance de los derechos fundamentales.[51]

 

Así mismo se ha establecido que los derechos humanos se realizan plenamente cuando los Estados cumplen ciertas obligaciones particulares, tales como prevenir su vulneración, tutelarlos de manera efectiva, garantizar la reparación  y la verdad, e investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.[52]

 

La investigación, juzgamiento y sanción de las principales y más graves violaciones a los derechos humanos incluye conductas como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura; el genocidio; el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; la detención arbitraria y prolongada; el desplazamiento forzado; la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento forzado de menores.[53]

 

Los Estados, en su obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los hechos que constituyan una infracción grave a tales derechos, deben aplicar de manera armónica el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH).[54]

 

El DIH es fundamento de la responsabilidad penal; las violaciones de las normas convencionales y consuetudinarias de DIH que prohíben los ataques contra la población y bienes civiles generan responsabilidad penal individual.[55] En el caso colombiano, las normas que se refieren a la configuración de crímenes de guerra, se encuentran tipificadas en la ley 599 de 2000.[56]

 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituye otra de las normas de derecho internacional adoptadas por Colombia. No todas las normas del Estatuto de Roma hacen parte del bloque de constitucionalidad per se y su aplicación se basa en el principio de complementariedad frente a la legislación nacional.

 

Es importante la convergencia y complementariedad del DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las cuales han sido reconocidas por diversos órganos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Constitucional.[57]

 

4.3.1. Los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia

 

El deber genérico de todo Estado de investigar conductas punibles, juzgarlas, sancionarlas y repararlas, debe ser entendido de manera distinta en escenarios de violaciones masivas a las normas de derechos humanos y DIH.

 

Uno de los principios generales del derecho internacional hace alusión al deber de reparar los daños. La dificultad de materializar este principio se predica especialmente en contextos donde han ocurrido atrocidades y se han vulnerado los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los daños ocasionados por dichas atrocidades son, generalmente, irreparables.

 

Adicionalmente, los daños aludidos se predican no solamente en relación con el individuo victimizado, sino también sobre su núcleo familiar y la sociedad en general. Igualmente, este tipo de violaciones supone varias dimensiones: individual y colectiva; moral/simbólica y material; administrativa y judicial.[58]

 

Teniendo presente esta complejidad, el derecho ha asumido una concepción integral de la reparación del daño, entendiendo que las graves violaciones a los derechos humanos representan, realmente, una multiplicidad de daños.

 

En el ámbito internacional se ha creado un catálogo de tres derechos básicos para las víctimas de violaciones a los derechos humanos: derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esta Corporación ha entendido que entre “estos tres derechos median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que no es posible lograr la justicia sin la verdad y no es posible llegar la reparación sin la justicia”[59]. El Estatuto de Roma, por su parte, consagra en el artículo 75 el derecho a la reparación de las víctimas, el cual incluye “la restitución, indemnización y rehabilitación” que deben suministrarse a las víctimas o a sus familiares[60].

 

El derecho internacional ha aceptado que una reparación idónea no solo debe contener una indemnización monetaria, sino también otras retribuciones que corrijan y compensen, en cuanto ello sea posible, la dignidad vulnerada. Se hace alusión a las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición[61].

 

Estas cinco medidas básicas constituyen una reparación integral. Así ha sido establecido en numerosos estándares internacionales, entre los cuales se destacan la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (ONU, 1993), los Principios relativos a la impunidad (ONU, 1997); El derecho a la restitución, indemnización, rehabilitación de las víctimas de violaciones graves a las normas de DDHH y DIH (ONU, 2000); los Principios para la lucha contra la impunidad (ONU, 2005); el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el párrafo 5 del artículo 5º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales relativas al derecho efectivo a obtener reparación, y la copiosa jurisprudencia de los Sistemas Europeo e Interamericano de Derechos Humanos, respectivamente, todos reconocidos por vía jurisprudencial por parte de esta Corporación.

 

Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones de las Naciones Unidas adoptados en 2005, contemplan igualmente que los Estados se asegurarán de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas que den un acceso igual a un recurso judicial efectivo y rápido.[62]

 

Los mencionados estándares han sido acogidos por el ordenamiento jurídico colombiano de manera explícita en la Constitución Política y hacen parte de la normatividad interna a través del bloque de constitucionalidad reseñado anteriormente.

 

Los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, encuentran fundamento en los siguientes preceptos de la Constitución: “1. El principio de dignidad humana (Art.1° CP), 2. El deber de las autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (Art. 2° CP), 3. Las garantías del debido proceso judicial y administrativo (art. 29, CP), 4. La cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa grave (art. 29, CP), 5. La consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (Art. 250 num. 6 y 7 CP), 6. La integración del bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP), 7. El derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP), 8. El  Artículo Transitorio 66, (Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”.[63]

 

Esta Corporación ha consagrado que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado, porque: “1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición”[64].

 

En sentencia de unificación SU-254 de 2013, esta Corte manifestó que “el derecho internacional relativo al tema de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para víctimas de delitos, tiene una clara relevancia constitucional de conformidad con el artículo 93 superior, en cuanto de una parte, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno, y de otra parte, los derechos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. En este mismo sentido, la Corte ha puesto de relieve que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos, tal como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una especial relevancia constitucional en cuanto constituye una pauta hermenéutica para interpretar el alcance de esos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos constitucionales”.

 

El derecho a la reparación integral, a su vez, implica la obligación del Estado de adoptar “todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes  de la violación”[65].

 

Es claro el deber estatal en materia de reparación integral y la obligación de garantizar el acceso de las víctimas a dicha reparación, a través de recursos judiciales idóneos. No basta con que existan recursos judiciales idóneos en el papel; el acceso a dichos recursos no se puede ver obstaculizado, so pena de una posible revictimización. Lo anterior, en aplicación del principio pro persona y a la interpretación más favorable a favor de las víctimas.

 

En relación con la noción de víctima adoptada por el ordenamiento interno colombiano, existe un importante marco normativo que ha sido reiteradamente reconocido por esta Corporación.[66] Desde el año 1993, con el artículo 1º del Decreto 444 de 1993, se reconoció la calidad de víctima a aquellas personas que hayan sufrido perjuicios indirectos como consecuencia de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos que afecten a la población civil. Posteriormente, se amplió el concepto incluyendo a la población afectada como consecuencia de tomas guerrilleras[67], a las que sufran por combates y masacres indiscriminadas por motivos ideológicos o políticos[68] y, con el artículo 15 de la Ley 418 1997, se incluyó a la población civil que sufra perjuicios en su vida, integridad personal o bienes, como consecuencia de actos relacionados con el marco del conflicto armado interno, atentados terroristas, combates, ataques y masacres.[69]

 

Con la Ley 975 de 2005, se dio un importante paso con la creación de un marco legal para reincorporar a la vida civil a los miembros de grupos armados al margen de la ley y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, justicia y reparación integral. En el artículo 102 de dicha ley se estableció el incidente de reparación integral para que, en el curso del proceso penal cuando se determinara la responsabilidad del acusado, y la víctima o el Ministerio Público lo solicitasen, se procediera a reparar integralmente a la víctima, por los daños causados con ocasión de la conducta criminal.[70]

 

Tres años después, el Decreto 1290 de 2008, dispuso la creación de un programa de reparación individual por vía administrativa de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, basándose en el denominado principio de solidaridad. La reparación por vía administrativa se entendió como una reparación anticipada del Estado por hechos punibles realizados por grupos al margen de la ley, “sin perjuicio de la responsabilidad de los victimarios y de la responsabilidad subsidiaria o residual del Estado”. Se definió como víctimas, aquellas personas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 418 de 1997.[71]

 

En tratándose de las normas internas que han sido expedidas por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, de manera prevalente debe mencionarse la Ley 1448 de 2011 y sus decretos con fuerza de ley creados para satisfacer los derechos de los grupos étnicos. La Ley 1448, comúnmente reconocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, busca restablecer el proyecto de vida de cada víctima del conflicto armado interno, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos de manera sostenible y transformadora.[72]

 

La Ley 1448 de 2011, se enmarcó dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

 

En relación con el concepto de víctima, el artículo 3º de dicha ley estableció lo siguiente:

 

“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.

 

De conformidad con el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra.

 

Dentro de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción, el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas.

 

Así las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas en el marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la Ley 1448 de 2011.

 

A partir de las sentencias C-253A de 2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha entendido que en cuanto a la expresión consagrada en el artículo 3° referente a la noción de víctima “con ocasión al conflicto armado”, dicho “conflicto armado” debe interpretarse de manera amplia, más allá de las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros. [73]

 

Esta Corte ha indicado que estos criterios interpretativos son obligatorios para los operadores jurídicos y “ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima”.[74]

 

La Ley 1448 de 2011, ha sido concebida como una ley de reparación integral. El hecho de ser entendida como una norma reparadora, supone que el Estado colombiano, por primera vez, está reconociendo su responsabilidad, independientemente de la naturaleza de los agentes perpetradores[75]. Es decir, más allá de que los victimarios hayan sido agentes estatales o miembros de grupos armados al margen de la ley, el Estado asumió el deber de reparar por la vía administrativa; es decir, de manera más expedita y eliminando la carga de la prueba en cabeza de las víctimas.

 

En cumplimiento del principio general del derecho que estipula que quien comete un daño debe repararlo, el primer y principal responsable de reparar es el perpetrador. Así, el Estado colombiano, reconociendo la dignidad de las víctimas y cumpliendo con su rol de garante de los derechos humanos, a través de la Ley 1448 de 2011, asumió el deber de reparar administrativamente, sin perjuicio de que simultánea y/o posteriormente se ejerza la persecución penal y patrimonial contra los perpetradores.

 

De trascendental importancia para el contexto colombiano, es la consagración del principio denominado “enfoque transformador” en el marco del Decreto 4800 de 2011 (Art. 5º). Este busca eliminar los esquemas de discriminación y marginación de las víctimas del conflicto armado, evitando la repetición de los hechos. Es decir, en Colombia no solo se pretende reparar a las víctimas de manera integral con las cinco medidas ya mencionadas, sino también evitar que aquellas vuelvan a su situación previa de precariedad material y de discriminación[76]. El enfoque transformador busca, precisamente, transformar esas circunstancias, pues la exclusión es un factor generador del conflicto armado.

 

4.3.2. La reparación por la vía judicial y el acceso a la administración de justicia como reparación

 

La garantía de derechos a cargo del Estado no puede desconocer que las víctimas tienen el derecho de exigir su reparación por la vía judicial. Es decir, un juez de la República puede ordenar el pago de indemnizaciones adicionales a las administrativas. Incluso, las víctimas pueden optar solo por acudir ante las instancias judiciales, en cumplimiento de su derecho fundamental de acceso a la justicia.

 

Lo anterior dado que, en materia de reparación, las víctimas ostentan en términos generales, dos derechos: i) a tener y poder ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas adecuadamente por los perjuicios sufridos.[77] Así las cosas, la vía judicial cumple así mismo con el derecho a una reparación adecuada y proporcional a los daños causados.

 

Ha establecido previamente esta Corporación que “[e]n relación con las diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de delitos en general (…) puedan obtener el derecho a la reparación integral, en general los ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa. Estas diferentes vías de reparación a víctimas presentan diferencias importantes: (i) la reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima. ii) Mientras que por otra parte, la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa (i) por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos, económicos y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y proporcional a las víctimas”[78].

 

El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.[79]

 

Esta Corporación ha establecido que la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica, por un lado, el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Por otro lado, que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, que el Estado facilite las condiciones para el disfrute del derecho y haga efectivo el goce del mismo, adoptando normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan posibilidad de ser parte en un proceso.[80]

 

El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho a la protección judicial estableciendo que todas las personas tienen derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales, de manera que las proteja contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la Convención Americana.[81]

 

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las autoridades judiciales deben promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo y no meramente nominal.[82]

 

En relación con los alcances del principio de reparación integral en el escenario judicial, el Consejo de Estado ha manifestado que la reparación “i) prevalece sobre otros principios, específicamente sobre aquellos de tipo procesal como el de congruencia, sin que ello suponga una alteración al principio constitucional al debido proceso; ii) si se trata de apelante único, el principio de la no reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral. En otros términos, el juez de segunda instancia puede hacer más gravosa la situación del apelante único condenado en la primera instancia, en los procesos de violación a derechos humanos, iii) el fundamento de esta serie de conclusiones se encuentra en el artículo 93 de la Carta Política Colombiana que establece la prevalencia de los convenios, tratados y protocolos relativos a derechos humanos en el orden jurídico interno, lo cual significa que integran el bloque de constitucionalidad, y iv) en asuntos en los cuales se juzgue la responsabilidad del Estado, derivada de la violación a los derechos humanos, es imperativo en primera medida, por parte del funcionario judicial, garantizar la ‘restitutio in integrum’ del daño y, en caso de que ésta se torne imposible, decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para reversar los efectos del daño”.[83]

 

4.5. Acción de reparación directa y su caducidad

 

A partir de la Constitución de 1991, se reconoce expresamente la responsabilidad directa del Estado por hechos cometidos por la acción u omisión de sus autoridades públicas. El artículo 90 del mencionado Estatuto, señaló:

 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

 

Esta Corporación, respecto de los fundamentos existentes acerca de la obligación y el deber del Estado de reparar los daños causados a los ciudadanos, mencionó:

 

“Es claro, entonces, que la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extensopor la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe interpretarse en concordancia con los artículos 2°,13, 58 y 83 del mismo ordenamiento superior que, por un lado, le impone a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra y bienes (art. 2°) y, por el otro, la obligación de promover la igualdad de los particulares ante las cargas públicas  (art. 13) y de garantizar la confianza, la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (arts. 58 y 83).”[84]

 

En ese sentido, la Ley 1437 de 2011, dispuso en su artículo 140, que toda persona podrá demandar de manera directa la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

 

En consecuencia, el Estado responderá, entre otros eventos, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

 

La acción contenciosa permite a toda persona, directamente interesada, que tratándose de hechos, operaciones y omisiones administrativas, solicite la reparación de un daño causado por la administración, cuando concurren tres presupuestos fácticos, a saber: (i) un daño antijurídico o lesión, que consiste en el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos (materiales o inmateriales), sin tener el deber jurídico de soportarlo; (ii) una acción u omisión imputable al Estado, que se presenta cuando la administración pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han sido fijadas; y (iii) una relación de causalidad, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, que exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente.[85]

 

Con base en el artículo 228 de la Constitución Política, la ley previó un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas de manera que de no promoverse, opera el fenómeno de la caducidad, el cual ha sido entendido como “una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que, por el contrario, apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.

 

Esta es una figura de orden  público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

 

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá  reclamarse en consideración del interés general.”[86]

 

En cuanto al término de caducidad de la acción de reparación directa, este fue establecido por el artículo 164 del CPACA, así:

 

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

  1. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

  1. i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

 

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

 

Al respecto el Consejo de Estado mediante auto del 17 de septiembre de 2013, dictado por la Sección Tercera, Subsección C, explicó cómo ha sido entendido, por dicho Tribunal, el cómputo del instituto procesal de la caducidad. Al respecto dispuso:

 

“El tratamiento legislativo dado a la caducidad de la acción de reparación directa es clara: el legislador ha establecido una evidente e inobjetable regla general en la materia, permitiéndole a quien alegue ser víctima de daños antijurídicos imputables al Estado, hacer uso de la acción dentro de los 2 años siguientes de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal por obra pública o por cualquier otra causa de la propiedad ajena, o también, según el caso y las circunstancias, es procedente su invocación a partir del día siguiente a aquel en que la persona interesada tenga conocimiento[87] del hecho, operación, omisión u ocupación, etc.

 

Así las cosas, se ha distinguido que el cómputo de dicho término inicia i) al día siguiente a cuando ha sucedido la conducta generadora del daño antijurídico, o ii) a partir de cuando ésta es conocida por quien la ha padecido, distinguiendo dicho fenómeno de la prescripción[88], y manteniéndose su concepción tradicional respecto del daño continuado[89].

 

8.4.- Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio de cognoscibilidad[90], y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad  se computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció[91].

 

8.5.- Ahora bien, dentro del análisis de la caducidad de la acción de reparación directa se advierte que de los supuestos a considerar por el juez contencioso administrativo está aquel de la acción encaminada a establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por acciones, omisiones o inactividad constitutivas de actos de lesa humanidad. En el concepto de actos de lesa humanidad, ya el legislador colombiano determinó el alcance de la caducidad de la acción de reparación directa para el supuesto específico de la desaparición forzada, (que para su calificación como crimen de lesa humanidad debe cumplir con los siguientes elementos: debe tratarse de un ataque sistemático o generalizado dirigido a una población civil), tal como se desprende del inciso segundo del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), adicionado por el artículo 7º de la ley 589 de 2000, y de cuyo tenor se deriva que el cómputo de la caducidad será “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

 

En este sentido, el término de caducidad, para el específico supuesto de la desaparición forzada,  tiene tres posibles alternativas de cómputo: a) a partir del día de aparición de la víctima, lo cual se convierte en un dato histórico cierto y objetivo, del cual se puede predicar los postulados generales para la caducidad de la simple acción de reparación directa; b) a partir de la firmeza, por ejecutoria, del fallo penal que declare la desaparición forzosa, caso en el cual podría aplicarse las reglas jurisprudenciales que para el cómputo de la caducidad operan con ocasión de daños debidos a detención arbitraria (privación injusta de la libertad); y, por último, c) a partir del momento de ocurrencia de los hechos, que en la práctica constituye también una fecha cierta[92] (y es la regla general).

 

Finalmente, la Sub-sección C mediante el auto de 9 de mayo de 2011 (expediente 40324) argumentó que ‘considerando que la caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado, solo se debe proceder a su declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su acaecimiento; por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no de la caducidad’”.

 

4.5.1. Jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a la caducidad de la acción de reparación, tratándose de ejecuciones extrajudiciales dentro del conflicto armado interno

 

Los jueces colombianos se han dado a la tarea de resolver recientemente los parámetros que deben tenerse en cuenta para verificar si las decisiones judiciales proferidas dentro de acciones de reparación directa en las que se aleguen conductas diferentes a la desaparición forzada, pero ocurridas dentro del conflicto armado interno, han sido valoradas adecuadamente. Esto, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

 

El Consejo de Estado ha venido desarrollando abundante jurisprudencia con respecto a los casos de homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales, comúnmente denominados “falsos positivos”, correspondientes a “falsas victorias militares”. De acuerdo con la jurisprudencia de dicha Corporación, en estos casos se impone un manejo diferente a efectos de no generar un trato discriminatorio en lo que respecta al acceso a la administración de justicia.

 

Dicha Corporación ha manifestado que frente a estas conductas, calificadas en el derecho internacional como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como un delito de lesa humanidad, la caducidad de la acción de reparación directa no puede tener el mismo tratamiento de aquellas que podrían denominarse “comunes o generales” y que se configuran por fuera del conflicto armado que viene padeciendo el Estado colombiano, pues su connotación es diversa.

 

A continuación, esta Sala, expondrá unos casos recientes en los que el Consejo de Estado se ha referido a la caducidad de la acción de reparación directa en contextos de ejecuciones extrajudiciales, específicamente, en los llamados “falsos positivos”.

 

En fallo del 12 de febrero de 2015[93], se decidió una impugnación presentada contra la decisión de tutela del 25 de junio de 2014, adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el señor Jairo Moncaleano Perdomo contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso de Risaralda, al considerar que no se cumplía con el requisito de inmediatez.

 

En dicha ocasión, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del mecanismo constitucional, conoció de la muerte de un joven que fue dado de baja por la Fuerza Pública, en un aparente enfrentamiento con la guerrilla, haciéndolo pasar como militante de la misma, sin serlo. Entre el momento en que este fue aprehendido y el conocimiento de su muerte por parte de sus familiares, transcurrieron tres días.

 

La acción de tutela, se dirigió contra las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que decidió rechazar la demanda de reparación directa, por caducidad de la acción, decisión que fue confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado con fundamento en el hecho de que “la conducta objeto de reproche era una desaparición forzada y, por tanto, en aplicación del artículo 7º de la Ley 589 de 2000, la acción de reparación directa había caducado, ya que la víctima había “aparecido” muerta el 12 de julio de 2007” y, era desde ese momento, en que se debían comenzar a contabilizar los dos años que establece la ley.

 

En el fallo del 12 de febrero de 2015, el Consejo de Estado sostuvo que el fenómeno de los llamados “falsos positivos” ha sido reconocido ampliamente por dicha Corporación como casos de ejecuciones ilegales de civiles, manipuladas por las fuerzas de seguridad estatales, para que parecieran bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate. De acuerdo con el material probatorio allegado y reconocido por el Consejo de Estado, este fenómeno se dio con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir del año 2004.[94]

 

De acuerdo con la citada Corporación, los denominados “falsos positivos” tenían elementos comunes en su modus operandi, tales como “(i) la presencia de un enlace militar horas antes de la desaparición; (ii) ausencia de antecedentes penales de la víctima; (iii) traslado de su lugar de residencia a otra ciudad; (iv) calificación como guerrillero; (v) decomiso de supuesto armamento empleado en un combate; (vi) acoso y amenazas contra los familiares; (vii) entierro del fallecido como N.N.; (viii) una indebida necropsia; y (ix) evidentes contradicciones en los relatos de los soldados y oficiales que participaron en los hechos”.[95]

 

En relación con estos casos, la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución 67/168 de 2012, indicó que las ejecuciones extrajudiciales (sumarias o arbitrarias) podían equivaler al genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, dependiendo de las circunstancias.[96]

 

En dicho fallo, la mencionada Corporación hizo alusión a lo que por vía jurisprudencial se ha denominado “Teoría del daño descubierto”. Esta teoría establece que, excepcionalmente, la caducidad del medio de control no se debe contar desde el acaecimiento del hecho o acto, sino cuando las víctimas conocieron de la existencia del mismo.

 

En otras palabras, el conteo del término de caducidad en acciones de reparación directa para casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) es de dos años contados desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que determina la existencia del delito de homicidio en persona protegida. Es decir, el término no empieza a contarse desde el momento en que aparece el cadáver, como se ha desarrollado para el caso de las desapariciones forzosas, sino después, esperando que exista un fallo judicial penal condenatorio. No de otra manera podría el derecho esperar que las víctimas conocieran de la antijuridicidad del hecho.[97]

 

El análisis realizado en este caso por el Consejo de Estado para diferenciar casos de desaparición forzada de los casos de los mal denominados “falsos positivos”, se sintetiza de la siguiente manera: “cuando el Ejército Colombiano reporta en sus informes de acciones que ha dado de baja a guerrilleros, como lo hizo en el caso que se analiza, se parte de dos supuestos como mínimo i) que la operación militar que arrojó ese resultado, lo fue en desarrollo del conflicto armado interno que tiene el Estado con facciones armadas y ii) que las personas que murieron en su accionar contra el Estado no eran personas protegidas y, por tanto, su deceso hace parte de las hostilidades, frente a las cuales el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Estas connotaciones, obligaban, se repite, por lo menos desde las circunstancias descritas en los hechos de la demanda de reparación a un análisis diferente sobre la caracterización de la conducta y la forma de contar la caducidad del medio de control para lograr la reparación por parte del Estado, pues, en principio, a partir de los informes oficiales no se puede hablar de un hecho del cual pueda deducirse responsabilidad del Estado, del cual, por demás, pueda predicarse la caducidad del medio de control de reparación directa”[98](Consejo de Estado, fallo de impugnación de tutela del 12 de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro).

 

El Consejo de Estado, en este caso, consideró que “tanto el Tribunal Contencioso de Risaralda como la Sección Tercera al no estudiar la naturaleza y caracterización de los hechos que se alegaban como causa de la responsabilidad del Estado, a partir de sus verdaderas connotaciones, dejaron de valorar si era razonable y proporcional aplicar a la conducta denunciada, la caducidad propia de las desapariciones, pues (…) por tratarse de hechos o conductas diversas, no basta, en el caso de los homicidios en personas protegidas falsos positivos, que aparezca el cadáver de la víctima, pues, dadas las connotaciones de este delito, la analogía para aplicar la norma especial de las desapariciones forzadas no resulta suficiente.”

 

Insistió el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, en que “en razón de la naturaleza de esta conducta, el juez administrativo puede hacer uso de las teorías que ha ido construyendo, a efectos de buscar parámetros diferentes a la aplicación textual del precepto que consagra la caducidad, para determinar esta, a efectos de garantizar, en forma efectiva, no solo el componente del derecho a la reparación, la que, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, hace parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sino la garantía de otros derechos, igualmente fundamentales como el de acceso a la administración de justicia, pues declarada la caducidad, este derecho queda limitado”

 

Añadió dicho Tribunal que “el juez contencioso administrativo, como garante de los derechos fundamentales, como hoy lo establece expresamente el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, artículo 103, debe procurar la realización efectiva de estos, haciendo uso de los distintos instrumentos para el efecto, entre otros, la interpretación sistemática del ordenamiento y la aplicación de las teorías que se han venido desarrollando en la misma jurisdicción, entendiendo que de él hace parte, como norma de carácter constitucional y prevalente, para estos casos, las normas del Derecho Internacional del Derecho Humanitario, en los términos de los artículo 93 y 214, numeral 2 de la Constitución”.[99]

 

En una decisión posterior, la misma Sección Quinta del Consejo de Estado, en un fallo de tutela del 12 de marzo de 2015[100], reiteró lo expuesto por la decisión del 12 de febrero del mismo año[101] , en el que afirmó que la ley no contempla un término específico de caducidad para los eventos en que se alegue una ejecución extrajudicial, como sí ocurre para la desaparición forzada, por lo que decidió revocar el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal  de Casanare, al haberse vulnerado los derechos de acceso a la administración de justicia y a la reparación en favor de las tutelantes.

 

Afirmó dicha Corporación que el caso objeto de estudio no configuró una desaparición forzada, como lo indicaron los tutelantes, sino que se trató de un caso de homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial.

 

En consecuencia, reiteró los fundamentos del fallo del 12 de febrero de 2015, con ponencia del Consejero Alberto Yepes, manifestando que “es garantía de los usuarios de la administración de justicia, en este caso de los derechos de los tutelantes, que el juez obvie el examen de caducidad de la acción en casos en los que se identifiquen conductas como la que efectivamente estableció, so pretexto de verificar si existe posibilidad de que la “presunción” que cobija las actuaciones de los agentes estatales pueda ser quebrada a fin de confirmar si se generó el daño antijurídico”[102].

 

Finalmente, concluyó, que “visto el contenido de la providencia censurada, para la Sala es posible concluir que la autoridad demandada no analizó los hechos que encontró constituyen la conducta constitutiva de daño para la parte actora y, desde luego, no los contrastó con el material probatorio obrante a fin de configurar la responsabilidad del Estado. Conforme a lo expuesto hasta ahora, es claro que la autoridad judicial tutelada vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de reparación de las tutelantes, pues la providencia censurada no cumple con los criterios establecidos por la Sala en la providencia de 12 de febrero de 2015”[103]

 

Posteriormente, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado profirió un fallo en una acción de reparación directa que amplió aún más el marco interpretativo de la caducidad en esta clase de asuntos.

 

En esta oportunidad, el juez contencioso conoció de un caso en el que un joven de 28 años de edad, quien desde su niñez fue diagnosticado con retardo mental moderado y epilepsia, fue desaparecido, en marzo de 2007, de su casa en Villavicencio, y sus familiares solo supieron de él hasta septiembre de 2008, momento en el que fueron informados de que este había muerto pocos días después de su desaparición, al parecer en un enfrentamiento desarrollado por el batallón de infantería con sede en Tauramena, por presuntos vínculos con narcotraficantes.

 

Dicha providencia, no se atuvo a la tesis acogida en los dos fallos de tutela, citados, en los que se sostuvo que la caducidad de la acción empieza a contarse desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que determina la existencia del delito de homicidio en persona protegida, pues en esta[104] el Consejo de Estado fue más allá al concluir que este tipo de delitos no cuentan con término de caducidad.

 

Uno de los argumentos principales que se expuso dentro de la decisión para argumentar que tratándose de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos” la acción no caduca, es porque estas conductas se enmarcan dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad. Es decir, actos que se realizan contra la población civil en el marco de ataques generalizados o sistemáticos.

 

Por tanto, con base en el corpus iuris de derechos humanos, de la normativa internacional en materia de derechos humanos, y de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales sobre la materia, este tipo de conductas trascienden el interés individual de la víctima y sus familiares, y pasa a ser también del interés de la humanidad misma.

 

En el caso de reparación directa que se trató en la providencia que se estudia, el Consejo de Estado afirmó que “la muerte de JOSÉ LOREZNO TABORDA TABORDA debe estudiarse como un acto de lesa humanidad ya que hace parte de una acción sistemática que ciertos agentes del Estado en los últimos años vienen practicando contra miembros de la población civil, que para el caso en concreto se materializó en la muerte violenta de dicha persona”.[105]

 

Para el Consejo de Estado “guardar silencio, en virtud del argumento de la prescripción de la acción, respecto de una posible responsabilidad del Estado en esta clase de actos que suponen una violación flagrante y grave de Derechos Humanos equivaldría a desconocer la gravedad de los hechos objeto de pronunciamiento –y sus nefastas consecuencias-”.[106]

 

El raciocinio jurídico realizado por dicho Tribunal, en la providencia bajo análisis, consistió en estudiar el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, estableciendo que el ordenamiento jurídico interno en Colombia nada dice respecto de la caducidad de la acción de reparación directa para casos de delitos de lesa humanidad, salvo para el delito de desaparición forzada. En ese sentido, se dio aplicación del “principio de integración normativa” que implica la aplicación de normas de diferentes ordenamientos como forma de llenar los vacíos normativos, a saber, el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos.[107]

 

En dicha oportunidad, el Consejo de Estado fue enfático en rechazar la rigidez ordinaria con que deben interpretarse las normas procesales. Al respecto, afirmó que “cuando se trata de eventos, casos o hechos en los que se encuentra comprometida la violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, por afectación de miembros de la población civil (…) inmersa en el conflicto armado, por violación de los derechos fundamentales de los niños, por violación de los derechos de los combatientes, por violación de los derechos de un miembro de una comunidad de especial protección, o de un sujeto de especial protección por su discapacidad (…) o identidad social, la aplicación de las reglas normativas procesales [antes Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso] debe hacerse conforme con los estándares convencionales de protección de los mencionados ámbitos, debiendo garantizarse el acceso a la justicia en todo su contenido como garantía convencional y constitucional (…)”.[108]

 

Agregó dicho Tribunal, que “desde la perspectiva convencional, y en atención a la vulneración de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario o a otras normas convencionales que pueden desvelarse en el presente proceso, la Sala de Subsección como juez de convencionalidad y sustentado en los artículos 1.1, 2, 8.1, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 29 y 229 de la Carta Política contrastará lo declarado en la indagatoria con los demás medios probatorios”.[109] Es decir, para delitos graves como los que se enmarcan dentro de la categoría de lesa humanidad, el juez administrativo no puede mantener un excesivo rigorismo procedimental.

 

Para dicha Corporación “la hipótesis de la sujeción del juzgamiento de las conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad que comprometan la responsabilidad del Estado a la regla general de caducidad de los dos (2) años establecida en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo resulta insuficiente y poco satisfactoria, sobre todo cuando se hace manifiesta la presencia de situaciones fácticas que se enmarcan en hipótesis constitutivas de delitos que comprometen intereses y valores sustancialmente diferentes a los simplemente individuales; intereses y valores vinculados materialmente a la suerte de la humanidad misma, y que por lo tanto trascienden cualquier barrera del ordenamiento jurídico interno que fundada en razones de seguridad jurídica pretenda establecer límites temporales para el juzgamiento de los mismos, sea en el ámbito de la responsabilidad penal o de cualquier otro, como el de la responsabilidad del Estado.”

 

La posición de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, a raíz de este fallo de reparación directa, adopta la premisa de que la seguridad jurídica que busca el fenómeno de la caducidad debe ceder ante situaciones que son del interés de la humanidad entera. Dicho Tribunal lo estableció en los siguientes términos: “las hipótesis de daño antijurídico acaecidos con ocasión de actos de lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas de la caducidad propias del ordenamiento jurídico interno de los países en cuanto entrañan situaciones de interés para la humanidad, en relación con los cuales, los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de una adecuada ponderación a favor de esos interés superiores que los delitos en mención involucran.”[110]

 

De acuerdo con el Consejo de Estado, “la filosofía en que se inspira la caducidad de las acciones contencioso administrativas diseñada por el Código, es de una clara esencia individualista, esto quiere decir que el soporte para imponer esta sanción es limitar el acceso a la administración de justicia al obrar con negligencia o con incuria de la parte afectada o interesada en demandar la protección de sus derechos subjetivos, es decir, se sustenta la caducidad en el ejercicio de acciones en las que se controvierten y pretenden proteger intereses particulares. Por el contrario, no es de recibo este criterio tratándose de asuntos en los que la acción persigue la satisfacción de intereses públicos intersubjetivamente relevantes para la humanidad”.[111]

 

En síntesis, para el Consejo de Estado “existe una norma superior e inderogable, reconocida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y refrendada en el contexto regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispone expresamente que el paso del tiempo no genera consecuencia negativa alguna para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral de los daños generados por tales actos inhumanos.”[112]

 

  1. Casos concretos

 

5.1. Análisis de las providencias dictadas dentro de los procesos de reparación directa surtidos ante la jurisdicción contencioso administrativa y que se controvierten a través de la acción de tutela dentro de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690

 

5.1.1. Expediente T-4.254.307

 

El joven Fausto Hernán Cañas Moreno fue asesinado el 8 de diciembre de 2005, en la vereda el Eco del municipio de Barbosa, Antioquia, por miembros del Ejército Nacional, pues así fue establecido por las autoridades penales quienes, en primera y segunda instancia, los encontraron responsables de homicidio agravado.

 

El Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, quien conoció en primera instancia de la investigación y juzgamiento de la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno, mediante sentencia del 5 de agosto de 2011, concluyó lo siguiente:

 

“La foliatura permite conocer, que no existió una razón o motivo de peso, para que los hoy procesados terminaran con la existencia de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, pues el hecho de pesar en su contra un antecedente judicial por violación a la Ley 30 de 1986, e incluso de que adicionalmente se diga, que realizaba hurtos en asocio de su hermano BENIGNO ANTONIO y que en compañía de este último, supuestamente, había accedido sexualmente, mediante el empleo de la fuerza, a la esposa de don GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ, al igual que a una hija de éste y que era consumidor de marihuana, tales circunstancias, en conjunto, o alguna de éstas en particular, no constituye motivo para que se le diera muerte, pues si le ameritaba responsabilidad por algún hecho de estos, existía la Administración de justicia para su juzgamiento y castigo correspondiente, mas no el de terminar con su existencia.

 

Igualmente ilustra el acervo probatorio arrimado en las etapas instructiva y del juicio, que FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, no pertenecía a ningún grupo guerrillero, se dedicaba a ciertas actividades agrícolas en el predio de sus padres y solía consumir marihuana, sin que se pueda inferir entonces, de buenas a primeras, que éste, sin contar con armas adecuadas y completamente solo, pues no hay ni indicios, que la noche de los hechos estuviese acompañado de otros sujetos, como lo quisieron hacer ver los justiciables y sus defensores técnicos, se enfrentó militarmente con los hoy acusados, éstos sí provistos de sofisticado armamento, nadie, pero nadie, así se trate del delincuente más avezado, en solitario, se somete a un enfrentamiento armado con una patrulla militar.

 

Entonces, en virtud de lo que viene de expresarse, en los dos párrafos anteriores, cabe inferir, como igualmente lo hiciera la ilustre Fiscal, que además de haber obrado los acusados en aprovechamiento del estado de indefensión en que colocaron a la víctima, actuaron en igual forma, por motivo abyecto o fútil, cual suele darse en estos eventos conocidos como falsos positivos, donde los militares llevan a cabo las conductas homicidas con la finalidad de obtener una felicitación por parte de sus superiores, un permiso o una licencia, razón de escasa importancia y desproporcionada frente a la magnitud del homicidio de FAUSTO HERNÁN, circunstancia que ciertamente revela la personalidad perversa de los autores y carencia de valores éticos, así se trate de justificar con el pretexto de efectuar limpieza social, configurándose en consecuencia, la circunstancia de agravación punitiva (…)”.

 

Dicha decisión fue apelada por los sindicados, recurso que le correspondió desatar al Tribunal Superior de Medellín, que, en sentencia del 23 de mayo de 2012, confirmó la pena impuesta por el a quo, bajo los siguientes argumentos:

 

“El presunto hallazgo de las citadas armas se ofrece para la Sala, como poco creíble, no obstante que las fotografías tomadas al cuerpo sin vida lo muestran como probable portador de uno de los artefactos, analizadas sus manos para examinar si había en ellas residuos de disparos, fue negativo el resultado y si a ello agregamos que todos los familiares del occiso afirman que desapareció sin dejar rastro durante su camino de regreso a su hogar, distante nueve kilómetros del sitio en donde se dice fue dado de baja, que las patrullas militares habían sido observadas justamente cerca a la morada de los CAÑAS MORENO, que precisamente en la finca en la cual no era extraño que descansaran los miembros del ejército se hubiera presentado en día anterior un ataque en el cual fueron víctimas de accesos carnales violentos, la hija y la esposa del mayordomo, situación conocida por aquellos uniformados que formaban parte del contingente destinado a la protección de la hidroeléctrica; que la patrulla BARAYA 1, por la orden de operaciones cumplía justamente esas labores en la zona; que con anterioridad a la desaparición y posterior muerte de Fausto Hernán ya la casa de la familia CAÑAS MORENO había sido registrada, varios de sus miembros habían sido abordados por integrantes del ejército, francamente el cuadro que se ofrece, vistas las pruebas en su conjunto es que, como lo concluye el A quo, no se trató de ningún combate con fuerzas irregulares como lo pregonan a coro, y lacónicamente en sus presentaciones ante la autoridad judicial, los acusados; por el contrario, lo que emerge en nuestro criterio, con certeza, es que se trató de una ejecución extrajudicial de un civil a manos de personal adscrito al ejército y que se quiso presentar como una baja de combate.

 

(…) Resulta francamente intolerable que personal armado al servicio del estado, cuyo fin constitucional no es otro que la protección de las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, se hayan prestado para desarrollar un burdo montaje con el que se quiso encubrir lo que la prueba en este proceso revela, la ejecución extrajudicial de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, cuando por el contrario, debían, todos y cada uno de ellos si advertían actuación irregular de su superior, o de cualquiera de sus compañeros, oponerse a las mismas (…) y, por el contrario, actuaron al unísono, utilizando su armamento oficial para poner fin  a la vida de un ser humano- si bien podía tener conductas poco edificantes, o ser sospechoso de haber agredido sexualmente a dos mujeres- debía ser respetado y luego al unísono, buscaron la impunidad elaborando un relato que se acomodara a lo por ellos fraguado; cuidadosos fueron en establecer hora, lugar, y circunstancias modales del hecho, narración que esperaban diera un manto de credibilidad al informe suscrito por el suboficial y por el cual puso en conocimiento de su superior, la existencia del pretendido enfrentamiento.”

 

Dicho fallo fue ejecutoriado el 7 de julio de 2012, según consta dentro de las actuaciones enviadas a esta Corporación por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, a quien le fue reasignado dicho proceso penal.

 

Una vez ejecutoriada la condena penal, los accionantes, Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno, a través de apoderado, presentaron demanda de reparación directa ante el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, con el fin de que se declarara al Estado como responsable por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno y, en consecuencia, se les reparara económicamente los perjuicios materiales y morales causados por éste ilícito.

 

El Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Medellín, mediante proveído del 27 de agosto de 2012, decidió lo siguiente:

 

“(…) En el caso sub lite las pretensiones elevadas por la parte demandante apuntan a que esta jurisdicción declare administrativamente responsable a la demandada y se condene al pago de los perjuicios morales, de daño a la vida de relación y materiales en la modalidad de daño emergente por desaparición forzada y posterior homicidio de quien en vida respondía al nombre de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, razón por la cual, en principio, se ha debido presentar la demanda dentro del término de caducidad para interponer la acción, consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho o a partir de que se tuvo conocimiento del mismo o de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia y doctrina.

 

En el caso concreto la parte demandante tuvo conocimiento de los hechos que dieron origen a la presente demanda, el pasado nueve (9) de diciembre de 2005, fecha en la cual apareció el cadáver de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO.

 

El señor Fausto Hernán Cañas Moreno fue visto por última vez el día anterior a que fuera encontrado muerto, esto es el día ocho (8) de diciembre de 2005, a eso de las ocho de la noche, según es narrado en los hechos de la demanda.

 

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya precitada en la presente providencia,[113] se tiene entonces que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la muerte de Fausto Cañas Moreno, desvirtúa los elementos para que se hable de desaparición forzada, esto es, no hubo una privación de la libertad que perdurara en el tiempo, los hoy demandantes no negaron información sobre su paradero, pues de acuerdo con los hechos de la demanda, la muerte de Cañas Moreno fue producto de un combate y el proceso penal adelantado contra los uniformados tuvo por objeto el delito de homicidio agravado, delito por el cual fueron condenados los uniformados implicados en dicha muerte.

 

En virtud de lo anterior, el término de caducidad de la demanda necesariamente deberá ser contabilizado a partir de la ocurrencia del hecho o que se tuvo conocimiento del mismo y no, a partir de la sentencia dictada en el proceso penal ya que no hubo desaparición forzada alguna como lo quiere hacer ver el señor apoderado, ya que como claramente expresó en la demanda, la muerte del señor Fausto Hernán Cañas Moreno constituye una ejecución extrajudicial o mal llamado falso positivo.

 

El Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, en su obra Derecho Procesal Administrativo, respecto del tema del término de caducidad de la acción de reparación directa, señala:

 

‘Con la nueva disposición, tal como se analiza al hablar del presupuesto de la caducidad, el tiempo se cuenta a partir del día siguiente al hecho, es decir, al día siguiente de la muerte o derrumbe, o de la lesión, etc.

 

Sin embargo, todas las acciones se deben ejercer en el tiempo que la ley otorga al actor y que empieza a contarse, por regla general, a partir del día siguiente al momento en que el interesado tiene conocimiento del hecho.’

 

La presente demanda fue presentada en la Oficina de apoyo Judicial el pasado uno (1) de junio de 2012. Sin embargo, hay que tener en cuenta la fecha en la cual se elevó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, por cuanto tal trámite, en principio, interrumpe el término de caducidad de la acción. Dicha solicitud fue presentada el nueve (9) de abril de 2012, de conformidad con la constancia obrante a folios 140 y siguientes del expediente.

 

De lo anterior se colige que a la fecha de la solicitud de la conciliación, esto es nueve (9) de abril de 2012, habían transcurrido seis (6) años, tres (3) meses y veintinueve (29) días contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, en el cual murió el señor Fausto Hernán Cañas Moreno, configurándose así el fenómeno de la caducidad.

 

En consecuencia se impone el rechazo de la misma en los términos señalados por el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, ‘se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción’”.

 

5.1.2. Expediente T-5.086.690

 

Gustavo Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria, fueron asesinados el 30 de marzo de 2007, presuntamente por agentes del Gaula del Casanare en una “Misión Táctica Antiextorsión No. 034, Marcial” en la cual fueron “dadas de baja” tres personas, supuestamente pertenecientes a la cuadrilla José David Suárez del ELN.

 

No obstante, según sus familiares, amigos y conocidos, los jóvenes no pertenecían a ningún grupo guerrillero, por el contrario, eran campesinos que se dedicaban a las labores agrícolas junto con sus padres y, según testimonios, el día en el que resultaron asesinados, estos fueron abordados y retenidos por los agentes estatales y posteriormente ejecutados.

 

La investigación de los hechos le correspondió a la Fiscalía 61 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien, mediante proveído del 21 de enero de 2010, decidió formular resolución de acusación contra los integrantes de las Fuerza Pública, por los delitos de homicidio agravado, en concurso con los delitos de secuestro simple agravado, portes ilegales de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Dicha resolución quedó ejecutoriada el 30 de marzo de 2010, y mediante oficio del 6 de abril del mismo año, se remitió el proceso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, para su juzgamiento.

 

El proceso penal aún sigue en curso, no se ha dictado sentencia alguna, en la que se declare la responsabilidad de los implicados, pues dentro de las actuaciones enviadas a esta Corporación por parte del juzgado de la causa, se observa que el 8 de octubre de 2015, dicho ente judicial decidió “decretar la nulidad de lo actuado, a partir de la terminación de la etapa probatoria” con el fin de escuchar a dos de los procesados y para que se incluya una prueba que la fiscalía posee y a través de la cual pretende aclarar los hechos. En ese mismo proveído, además, fijó como fecha el 9 de noviembre de 2015, para la realización de la audiencia pública.

 

Llegado el 9 de noviembre de 2015, para la realización de la diligencia mencionada, está fue aplazada por ausencia de algunos defensores y procesados, por lo que fue reprogramada para el 28 de enero de 2016, fecha en la cual tampoco pudo ser efectuada toda vez que los procesados no fueron remitidos por los diferentes CRM (centro de reclusión militar), razón por la cual, el juez fijó, nuevamente, como fecha para su práctica el 11 de abril de 2016.

 

El mencionado expediente radicado bajo el número 201000055, fue remitido en original a esta Corporación el 8 de febrero de 2016, por solicitud realizada por el magistrado sustanciador, mediante auto del 27 de enero de 2016.

 

En el transcurso del proceso penal, los familiares de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, con el fin de que se les declare responsables por la muerte de los jóvenes y, en consecuencia se les condene a reparar, moral y económicamente, el daño causado.

 

Dicha acción fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, Casanare, en la que mediante sentencia del 28 de noviembre de 2013, resolvió declarar responsable a la Nación, Ministerio de Defensa- Ejército Nacional a título de falla del servicio, por la muerte de los señores Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, ocasionada por miembros del Grupo Gaula Casanare, el 30 de marzo de 2007, en la zona rural del municipio de Aguazul del departamento del Casanare.

 

Dicha decisión con respecto a la caducidad de la acción de reparación directa dispuso lo siguiente:

 

“(…) Previo a realizar un estudio de fondo del caso concreto, es necesario resolver la excepción de caducidad planteada por la entidad demandada a lo largo del presente juicio.

 

En el traslado de las excepciones la parte demandante se pronunció acerca de dicho argumento defensivo manifestado que el Consejo de Estado ha sostenido que el plazo de caducidad de la acción de reparación directa debe ser flexible, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, para el caso en concreto no hay sujeción al plazo de caducidad por derivar la acción de hechos constitutivos de violación de derechos humanos cometidos por agentes del Estado (…).

 

(…) El Tribunal Administrativo del Casanare, acerca del conteo del término de la caducidad en las acciones de reparación directa por delitos de lesa humanidad, ha establecido:

 

‘Desaparición forzada, aparición de cadáver y cómputo de caducidad. Marco Abstracto

 

Los conflictos de desaparición forzada han generado duda sobre la contabilización del término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa ante la jurisdicción contenciosa administrativa, prueba de ello es la reiteración de alzada en asuntos como el que ahora se estudia.

 

Para dilucidar el conflicto en torno a si operó o no la caducidad en el caso particular, se parte de la previsión legal contenida en el numeral 8° del artículo 136 del CCA, que para efectos de la reparación directa en general prevé como fecha límite para hacerlo: ‘al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa’, de donde se desprende que vencido este plazo, impide su ejercicio y conocimiento de la jurisdicción de dicho asunto.

 

No obstante, no se puede desconocer que con la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2002, se introdujo una modificación al Código Contencioso Administrativo, con relación al momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción de reparación directa con el fin de reclamar los daños derivados del delito de desaparición forzada, así:

 

‘(…) a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición’.

 

Para dar acertado alcance a la norma en comento hay que ponderar el carácter continuado que corresponde al tipo de desaparición forzada, como quiera que se encuentra constituido por un conjunto de actos que se extienden en el tiempo, iniciando con la privación de la libertad de la víctima, continúa con la negativa de los victimarios de reconocer su realización y con su ocultamiento, finaliza con la liberación del retenido o con el conocimiento de su paradero.

 

Así las cosas, si bien el cadáver (…) apareció el 16 de agosto de 2007 y fue reconocido por su compañera permanente el día siguiente (17), la contabilización del término de caducidad no puede hacerse precisamente desde esa fecha, como desacertadamente los estimó el a quo, habida cuenta que la víctima no apareció ni tampoco podrá aparecer nunca: pues fue encontrado su cadáver, situación muy distinta, no contemplada en la norma, que requiere que el juez construya una solución acorde con postulados humanistas en los que deben prevalecer los principios pro acción y pro damato, frente a uno de los más horripilantes crímenes  de lesa humanidad. Lo menos que el Estado debe a la comunidad y a los deudos, cuando se imputan hechos como estos, es ofrecer la verdad y si se prueba que hubo conducta impropia de sus agentes, reparar y dar garantías de no repetición, desde luego, respecto de otros potenciales afectados, que lo serán todos los habitantes del territorio. Es la opción interpretativa que ha aplicado esta Sala en sede de fallo, siguiendo al Consejo de Estado; la que ha de privilegiarse, con mayor razón, en los albores del trámite, para dar paso a la acción.’

 

En el caso concreto, los cadáveres de los hermanos Mora Sanabria fueron reconocidos por parte de su señora madre Dulcinea Sanabria, el sábado 31 de marzo de 2007, sin embargo, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal, lo que en realidad encontraron los familiares fueron los cadáveres de sus seres queridos, por eso no se puede aplicar la parte inicial del inciso 2° del numeral 8° del artículo 136 del CCA., en cambio sí se puede establecer que el término de caducidad comenzaría a correr una vez se produzca el fallo de primera instancia en la jurisdicción penal.

 

Por lo anterior se denegará la excepción planteada por la entidad demandada.”

 

Una vez agotado el análisis de la caducidad de la acción de reparación directa, el juez de primera instancia, realizó un análisis de fondo teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso y de las cuáles pudo establecer lo siguiente:

 

“Una vez más miembros del Ejército, valiéndose de engaños, reclutaron a las víctimas directas y las dirigieron hacia un paraje donde acabaron con sus vidas, para luego montar una escena llena de errores e incoherencias y presentarlas como bandidos abatidos en combate, del que, por cierto nunca se obtuvo identificación dentro de la organización a la que se dijo que pertenecía, por el contrario, uno de los voceros de la misma negó, a través de un comunicado, que lo fueran.

 

La confesión producida por uno de los miembros de la tropa, es suficiente para tener certeza de lo ocurrido, tal y como lo narra el soldado, no existió el tan mentado combate de que hablan los militares, en cambio estamos de cara a una ejecución extrajudicial a manos de miembros del Ejército Nacional y con armas de dotación oficial.

 

La actuación de los uniformados no pasó de ser eso, una actuación mal elaborada, mal intencionada, premeditada, calculada e injusta. Nada justifica que un grupo de personas superiores solo en número y en fuerza bélica, maten a ciudadanos, que no tenían por qué morir a discreción de quienes se suponen están para salvaguardarnos (…).

 

Los miembros del Ejército Nacional actuaron valiéndose de su condición de funcionarios públicos, en servicio activo, ya que no solo fueron los actores directos, sino que trataron insistentemente de alterar el resultado de las pruebas que se practicaron en el curso de los procesos penal y disciplinario.

 

La defensa técnica de la entidad demandada, se limitó a presentar a los hermanos Mora Sanabria como subversivos pertenecientes al ELN, sin embargo, esa organización manifestó a través de un comunicado lo contrario, advirtiendo que las víctimas eran campesinos de la región (…).

 

Lo aquí acontecido, se enmarca en el grupo de ejecuciones extrajudiciales efectuadas por servidores públicos, quienes de forma arbitraria decidieron acabar con la vida de humildes pobladores simulando un combate que como se probó, nunca existió.”

 

Dicha decisión fue apelada por el apoderado de los demandantes, en cuanto no estuvieron de acuerdo con la tasación de los perjuicios reconocidos en dicha providencia, el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Casanare, que, en sentencia del 17 de julio de 2014, resolvió revocar la sentencia del 28 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal y, en su lugar dispuso:

 

“Declarar la caducidad de la acción y, en consecuencia, inhibirse de pronunciamiento de fondo acerca de la responsabilidad estatal por esos hechos”.

 

Los fundamentos en los que se basó para tomar dicha decisión fueron los siguientes:

 

“Carga de Transparencia: Este Tribunal ha acudido a la solución especial relativa al cómputo de caducidad en eventos de desaparición forzada sin reconocer a la aparición o recuperación de un cadáver las connotaciones de la aparición de persona humana, no solo para propiciar el acceso efectivo a la Administración de Justicia con ocasión de admisión de demandas de reparación, sino también en los respectivos fallos.

 

En los casos a los que se alude las particularidades fácticas y probatorias, permitieron establecer que los agentes estatales involucrados en los hechos, o sus compinches particulares con algún grado de colaboración criminal de dichos servidores públicos, engañaron a las víctimas directas o mediante otros artificios las sonsacaron del seno de sus familias y comunidades, las hicieron llegar o llevaron a lugares distantes de los sitios de origen, las mataron, ocultaron la identidad y estorbaron activamente con uso de diversas maniobras tanto el paradero de las víctimas (mientras estuvieron con vida) como su suerte o destino, de manera que los deudos no pudieran obtener oportuno auxilio estatal para hacer cesar la privación ilícita de su libertad personal o ponerlas bajo el cuidado legítimo de las autoridades competentes, o para develar la verdad y perseguir el condigno castigo de los delincuentes.

 

La Sala optó por extender el espectro del ocultamiento, para esos efectos procesales de la caducidad, no solo a los retorcidos artilugios de los perpetradores o sus compinches con relación a la víctima directa misma o su cadáver, o al acontecimiento funesto de la muerte por actividad estatal directa o indirecta, sino también a la noticia y a la identidad en cuanto, y en tanto, ese haya sido el camino recorrido por los facinerosos para cubrir el hecho, las huellas o la responsabilidad institucional y personal; entramado en que se identifica el propósito ilícito de privar al ultimado de la protección estatal, de violar abiertamente los deberes de garante que tiene el Estado y de mantener impune la fechoría.(sic)

 

El debate de ahora es propicio para reafirmar los alcances de esta opción interpretativa, pues no se trata de rectificar, sino de fijar un contorno más claro en la perspectiva dogmática y en los presupuestos fácticos, de manera que no prosiga el ejercicio abusivo del litigio en el que ilusoriamente se pretenda que la escueta inclusión de la expresión ‘desaparición forzada’ en la demanda, o invocar que una familia no supo del paradero de uno de los suyos durante algunas horas, días o lapsos más prolongados, automáticamente pueda convertir el bienio para acudir a la jurisdicción en un plazo generosamente extenso, a veces prácticamente indefinido.

 

El núcleo esencial del tipo de desaparición forzada deviene del ocultamiento imputable a la actividad estatal (de sus propios agentes o de los particulares que actuaron en anuencia o con la complicidad de aquellos). No puede darse idéntico trato a un supuesto fáctico en el que las autoridades ocultan a la víctima, su paradero, destino, ejecución, identidad o los hechos acontecidos, con aquellos en los que el comportamiento habitual de una persona, la incomunicación voluntaria con los demás integrantes de su familia, o el desentendimiento de esta respecto de algunos de los suyos, hace que por razones ajenas al Estado mismo de los deudos nada sepan de aquella. Estas claridades se reiteran una vez más para revelar la tendencia de la línea, posición mayoritaria, acorde con el art. 103 de la Ley 1437.

 

3.2. Homicidio en persona protegida y delitos de lesa humanidad. Diferenciación.

 

¿Imputada la comisión de delito de homicidio en persona protegida en virtud de actividad de la administración, se configura necesariamente el tipo internacional e interno de crimen de lesa humanidad, cuya reparación a cargo del Estado, pueda perseguirse en cualquier tiempo?

 

3.2.1. Tesis. No y así se reitera. La disposición legal interna, que no ha sido retirada del ordenamiento por su juez natural, somete a plazo perentorio el contencioso de reparación por la muerte de una persona atribuida al Estado, para predicar que se ha incurrido en delito de lesa humanidad deben identificarse y probarse hechos constitutivos de la actuación masiva o sistemática contra la población civil. La ley colombiana, por lo demás, entre todos ellos excluyó la caducidad únicamente para los eventos de desaparición forzada.

 

3.2.2. Es pertinente indagar si todos los eventos de homicidio que se atribuyan a la Fuerza Pública constituyen crimen de lesa humanidad y si configurado alguno de aquellos, queda abierta la posibilidad de perseguir en cualquier tiempo no solo la responsabilidad personal de los perpetradores, sino también la del Estado, esto es, sin que pueda oponerse caducidad del medio de control de reparación directa.

 

(…) De manera que resulta ostensible que para declarar judicialmente que se ha configurado delito de lesa humanidad, cuando menos en lo que atañe al oportuno ejercicio de la acción contencioso administrativa (medio de reparación directa, ahora), no basta que lo diga la demanda; ni que lo predique el juez en abstracto. Los hechos constitutivos de la actuación masiva o sistemática contra la población civil tienen que identificarse y probarse.

 

3.2.6. En gracia de discusión podría ser relevante examinar si el hecho específico que se juzga en este proceso, ocurrido en un momento y lugar determinados (marzo de 2007 en Aguazul) pudiera enmarcarse en presunta campaña masiva y sistemática de acciones criminales de algunos miembros de la Fuerza Pública contra la población civil, en la medida en que este Tribunal ha condenado en múltiples ocasiones a la Nación (componente Ejército) por actuaciones similares de las tropas, con mayor frecuencia orgánicos del Gaula Militar Casanare y del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, acantonado en Tauramena, acontecidas en una época aciaga del acontecer territorial, más recientemente enunciado institucionalmente en un espectro más amplio de los impropiamente denominados ‘falsos positivos’ orientados a ofrecer resultados operacionales para diversos fines contrarios al ordenamiento.

 

  1. Caso concreto

 

(…) 4.2. La premisa, sin adentrarse todavía en las particularidades de éste trágico suceso, es que el daño antijurídico no se causó con la imputación penal a los presuntos autores y coautores del crimen; esa decisión de la autoridad penal carece de connotaciones constitutivas, no hace surgir el daño, ni siquiera lo revela, pues el hecho mismo de la muerte, ocurrido el 30 de marzo de 2007, fue conocido por el Estado (entiéndase la referencia a los investigadores penales, no a las tropas que lo causaron) ese mismo día; y por la familia, deudos o interesados aquí demandantes, desde el día siguiente, 31 de marzo de 2007, cuando tuvieron absoluta certeza de haberse producido las muertes de los hermanos Mora Sanabria, imputadas desde entonces al Ejército.

 

Entonces el bienio para la caducidad de la acción corre desde la noticia cierta de la ocurrencia del daño (las muertes); la evidencia que surja de la investigación penal, valorada por la Fiscalía y por los jueces naturales, es prueba; las decisiones que adopte esa jurisdicción, que no impiden a esta llegar a conclusiones diferentes, declaran qué ocurrió. Nada más. El daño será injusto o antijurídico desde cuando se haya causado, esa es una propiedad de su esencia, no un atributo que surja de la providencia acusatoria, o de la sentencia penal eventualmente condenatoria.

 

Con ello se fija una premisa que conducirá el examen de particularidades; salvo que se haya configurado realmente desaparición forzada, en las condiciones y términos ya expresados en el marco conceptual, se estará frente a un caso de homicidio, hecho que la familia conoció al día siguiente de consumado; la caducidad corre, entonces, desde el 1 de abril de 2007.

 

(…) Se agrega además, que la Fiscalía 61 de la Unidad de Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por lo hechos ocurridos el 30 de marzo de 2007, en la vereda Cupiagua Alto de Aguazul en que fueron dados de baja los señores Gustavo Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria y otro civil, no adelantó investigación por el delito de desaparición forzada y de allí tampoco se ha trasladado prueba que permita a esta jurisdicción autónomamente y conforme a su propio criterio jurídico, no condicionado por el parecer de la Fiscalía ni por el de la justicia penal, atribuir a los miembros del Ejército que participaron en la operación militar que a la muerte le haya seguido el ocultamiento de los hechos.”

 

5.2. Resolución de los casos concretos

 

De acuerdo con lo expuesto, la Sala deberá establecer si las decisiones de los jueces administrativos, que fueron demandadas mediante las acciones de tutela respectivas, están acordes o no con los postulados de la Carta Política y, si, consecuencia, vulneraron o no el debido proceso de los accionantes.

 

Para resolver los casos concretos, esta Sala abordará el problema jurídico de manera general, es decir, aunque los casos no son idénticos y cuentan con diferencias importantes, esta Sala encuentra que la cuestión que plantean versa sobre la caducidad de la acción de reparación directa en los casos enmarcados como ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.

 

Las decisiones que fueron proferidas por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de agosto de 2012, dentro de la acción de reparación directa interpuesta por Benigno Antonio Cañas Moreno y otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, contenida en el expediente T-4.254.307; y, por el Tribunal Administrativo del Casanare, el 17 de julio de 2014, como consecuencia de la acción de reparación directa interpuesta por Dulcinea Sanabria Sánchez y otros contra los mismos demandados, dentro del proceso T-5.086.690, fundamentaron su juicio en el artículo 164 del CPACA, el cual establece lo siguiente:

 

“(…) la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

 

En consecuencia, los jueces contenciosos consideraron que, al no configurarse los supuestos de la desaparición forzada, dentro de las acciones de reparación directa interpuestas por los demandantes, a saber: “i) la privación de la libertad; ii) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y ii) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”[114], no podían aplicar la excepción a la regla de caducidad introducida en virtud de la Ley 589 de 2000, según la cual los dos años que establece el artículo referido, se comenzaran a contar desde que aparece la víctima, o en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Razón por la cual, aplicaron la regla de la caducidad, según la cognoscibildiad del hecho, es decir, desde el momento en que los familiares fueron enterados de las muertes de las víctimas, por lo que al interponer las demandas de reparación, años después, al hacer el conteo del término, éstas ya se encontraban caducadas.

 

Es importante precisar que dentro del expediente T-4.254.307, los miembros del Ejército Nacional que participaron en la muerte del joven Fausto Hernán Cañas Moreno el 8 de diciembre de 2005, fueron condenados por homicidio agravado, sentencia que quedó ejecutoriada el 7 de julio de 2012. Posterior a la condena, los familiares de la víctima acudieron a la jurisdicción contenciosa en demanda de reparación directa.

 

Por otro lado, dentro del proceso T-5.086.690, el juzgamiento ante la justicia penal contra los miembros de la Fuerza Pública que participaron en las muertes de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, está en curso. La Fiscalía 61 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante proveído del 21 de enero de 2010, decidió formular resolución de acusación contra sus integrantes, por los delitos de homicidio agravado, en concurso con los delitos de secuestro simple agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Dicha resolución quedó ejecutoriada el 30 de marzo de 2010, y mediante oficio del 6 de abril del mismo año, se remitió el proceso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, para su juzgamiento.

 

Atendiendo a las circunstancias de los casos concretos y a las decisiones tomadas por los jueces administrativos, esta Sala considera, que existe una clara violación a los postulados y principios establecidos en la Constitución Política, por las razones que se expondrán a continuación.

 

Como se mencionó en precedencia, se ha reconocido que el marco de protección a las víctimas se compone de tres derechos, verdad, justicia y reparación, reconocidos por el derecho internacional e interno.

 

El marco internacional de protección a las víctimas está plasmado en múltiples instrumentos internacionales. La Sentencia C-180 de 2014, los sintetizó, así:

 

“Derecho a la verdad. El derecho internacional ha reconocido dos dimensiones del derecho a la verdad: una individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y deber de recordar).  Los Estados deben garantizar el derecho a saber para lo cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables, conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo derecho se ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios para la lucha contra la impunidad. [115]

 

Derecho a la Justicia. Su garantía impone al Estado la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad. [116] Encuentra fundamento en el artículo 2 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los artículos 1, 3, 7-10 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los artículos 1, 3, 7-10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los artículos 18 y 24 de la Declaración Americana de Derechos Humanos[117],  los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[118] y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos[119] relativos al derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y efectivos.

 

Esta obligación implica: i) el establecimiento de mecanismos jurídicos idóneos para llegar al descubrimiento de los hechos y la condena de los responsables[120]; ii) El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos[121]; iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo; y iv) el deber de respetar las garantías del debido proceso.

 

Derecho a la reparación. Este derecho se apoya en el principio general del derecho según el cual el responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una adecuada reparación versan los artículos 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 75 del Estatuto de Roma[122] y el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos[123], relacionado con el deber de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de disponer “el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”, cuando se ha establecido la violación de un derecho o libertad protegido por la Convención.”

 

Adicionalmente a dichas disposiciones, se encuentran otras que establecen pautas que permiten a los Estados orientarse e interpretar las obligaciones, principios y deberes dispuestos en dichos instrumentos, entre los cuales cabe resaltar, teniendo en cuenta los asuntos que, en esta oportunidad conoce la Sala, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, de la Asamblea General de las Naciones Unidas proferida mediante la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, en la cual se consagra:

 

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

 

  1. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

 

  1. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: ( …)

 

  1. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

 

  1. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:

 

  1. a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

 

  1. b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.(…)”

 

En el mismo sentido, la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, mediante la cual se adoptan Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, contempla la obligación de los Estados de asegurar que se respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pues el derecho interno debe ser compatible con las obligaciones jurídicas internacionales. Dicha correspondencia debe ser: (i) incorporando las normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario al derecho interno (ii) adoptando procedimientos legislativos y administrativos eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia; (iii) disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados y (iv) asegurando que el derecho interno proporcione, como mínimo, el mismo grado de protección a las víctimas que el que impone las obligaciones internacionales.

 

En consecuencia, dicha disposición sostuvo que, con el propósito de asegurar el respeto y la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los Estados tienen el deber de otorgar, dentro de sus ordenamientos jurídicos, a quienes afirmen ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario, un acceso equitativo y efectivo a la justicia, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación.

 

Con respecto al tratamiento que se debe dar a las víctimas y al derecho que tienen a contar con recursos efectivos, dicha resolución señaló que: “las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.

 

Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

 

  1. a) Acceso igual y efectivo a la justicia;
  2. b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;
  3. c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.”

 

En cuanto a la reparación de los daños sufridos por las víctimas y siguiendo los lineamientos expuesto en dicha resolución, el Principio 15, dispuso que “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.”,

 

La reparación a la que hace referencia el principio 18 de la Resolución 60/147, debe ser plena y efectiva, es decir debe constituirse de una restitución, una indemnización, de rehabilitación, de satisfacción y de garantías de no repetición.

 

Entendiendo que el componente indemnizatorio ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Y, el de satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

 

“a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;

  1. b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
  2. c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
  3. d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
  4. e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
  5. f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
  6. g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
  7. h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.”

 

Con respecto a los derechos de las víctimas, el derecho interno colombiano a través de la Constitución Política de 1991 ha acogido los mandatos internacionales y los ha introducido dentro de su ordenamiento, en consecuencia, ha reconocido los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, elevándolos a rango constitucional, con fundamento en postulados como el de la dignidad humana[124], el fin esencial del Estado de proteger a todas las personas residentes en Colombia[125], la garantía del debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas[126], la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa grave[127], la consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional[128], la integración del bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia[129], el derecho a acceder a la justicia[130] y el Artículo Transitorio 66[131], que contempla el deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que garanticen, en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.[132]

 

Teniendo en cuenta dichos postulados, el Congreso expidió la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, la cual tiene como objetivo restablecer el proyecto de vida de cada víctima del conflicto armado interno, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos de manera sostenible y transformadora.[133]

 

La Ley 1448 de 2011, se enmarcó dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. En relación con el concepto de víctima, el artículo 3º de dicha ley estableció lo siguiente:

 

“aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.

 

De conformidad con el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3º común a los Convenios y Protocolos de Ginebra.

 

Dentro de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3º, común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción, el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas.

 

Así las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas en el marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la Ley 1448 de 2011.

 

Los casos puestos a disposición de la Sala, en esta oportunidad, se relacionan con actos cometidos por la Fuerza Pública, que en ataques inexistentes contra grupos al margen de la ley son dados de baja civiles pertenecientes a la población campesina, haciéndolos pasar como insurgentes armados a sabiendas de que no lo son. Estos actos se enmarcan dentro del conflicto armado colombiano y se configuran contra personas protegidas, pues son civiles que no pertenecen al conflicto.

 

En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el corpus iuris de derecho humanos y de derecho internacional humanitario, así como por el ordenamiento interno colombiano, para esta Sala, los familiares de los occisos Fausto Hernán Cañas Moreno y de Yefer Arialdo y Gustavo Mora Sanabria, son víctimas del conflicto armado colombiano y por tanto deben ser tratadas como tales, es decir, debe aplicárseles los postulados internacionales y nacionales que sobre la materia existe.

 

En consecuencia, tratándose del acceso a la administración de justicia, “el derecho internacional indica que la legislación interna debe establecer un recurso judicial efectivo en garantía del derecho de las víctimas a la justicia, lo cual implica el deber de darles a conocer los mecanismos disponibles para reclamar sus derechos, tomar medidas de protección de tal forma que se garantice su seguridad y utilizar los medios jurídicos adecuados para que ellas puedan iniciar las acciones pertinentes y presentar demandas de reparación.”[134]

 

En ese sentido, el Estado debe garantizarles a las víctimas de violaciones a normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, como consecuencia del conflicto armado colombiano, un recurso judicial efectivo que busque la reparación de los daños causados. Al respecto esta Corporación ha señalado que:

 

“En materia de reparación, las víctimas tienen en términos generales dos derechos: i) a tener y poder ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas adecuadamente por los perjuicios sufridos.

 

El primer matiz del derecho a la reparación, esto es, la disponibilidad de un recurso efectivo, impone al Estado distintas obligaciones de procedimiento frente al ejercicio del derecho a la reparación: i)  respeto por la dignidad de las víctimas; ii) garantía en cuanto a establecer medios que permitan a las víctimas participar en el diseño y ejecución de los programas de reparaciones; y iii) el deber de garantizar mecanismos adecuados, efectivos y de fácil acceso, a través de los cuales las víctimas, sin discriminación alguna, puedan obtener una reparación que tenga en cuenta la gravedad del daño que han sufrido e incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas para evitar la repetición de las violaciones. Como parte de esta garantía corresponde a los Estados difundir la existencia de los recursos que tienen las víctimas con la mayor amplitud posible y contemplar medidas que permitan proteger a las víctimas contra actos intimidatorios que hagan nugatorio el establecimiento normativo del recurso.”[135]

 

A propósito del recurso judicial efectivo con el que deben contar las víctimas para reclamar la reparación de los daños, el Comité contra la Tortura, en la Observación General Nº 3 (2012), al explicar y aclarar el contenido y alcance de las obligaciones que impone el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a los Estados partes, manifestó que[136]:

 

“20.    Para dar cumplimiento al artículo 14, los Estados partes han de promulgar leyes que ofrezcan expresamente a las víctimas de tortura un recurso efectivo y reconozcan su derecho a obtener una reparación apropiada, que incluya una indemnización y la rehabilitación más completa posible. Esa legislación debe permitir ejercer tal derecho a título individual y asegurar que se disponga de un recurso judicial. Si bien las reparaciones colectivas y los programas administrativos de reparación pueden ser una forma de resarcimiento aceptable, esos programas no pueden dejar sin efecto el derecho individual a un recurso efectivo y a obtener reparación.

 

  1. Los Estados partes deben disponer en su derecho interno que las víctimas de violencia o traumas han de obtener protección y cuidado adecuados de manera que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.”

 

En el derecho interno colombiano, el recurso judicial efectivo para reclamar los perjuicios causados por los actos cometidos por las autoridades del Estado, es la acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Dicha acción de carácter individual, busca el reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado y por tanto la tasación de los perjuicios causados por la acción o la omisión de la entidad causante del daño antijurídico.

 

Dicha acción cuenta con una caducidad de dos años, contados desde que acaeció el hecho o desde que se tuvo conocimiento del mismo y, para los casos en los que se configure el delito de desaparición forzada, el tiempo se cuenta desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

 

Si bien el instituto de la caducidad dentro de la acción de reparación directa es válido y tiene sustento constitucional, en el presente caso se constituye en una barrera para el acceso a la administración de justicia de las víctimas del conflicto armado haciendo nugatorio la defensa de sus derechos y agravando aún más su condición de víctimas.

 

En consecuencia, la Sala considera que dar aplicación al artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

 

En ese sentido también se ha pronunciado la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2015[137], al resolver un caso en el que el Ejército Nacional asesinó, en un combate inexistente, a un joven que padecía retardo mental, haciéndolo pasar por guerrillero. En dicha ocasión la citada Corporación consideró que la caducidad de la acción de reparación directa, no debía contabilizarse, por lo siguiente:

 

“Las reglas y fundamentos anteriores deben, por garantía imperativa del artículo 93 de la Carta Política, de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos [incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 16 de 1972], y del principio de derecho internacional del ius cogens, armonizarse cuando se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado por actos de lesa humanidad, ya que en estos eventos [en una perspectiva adjetiva, no individual] debe examinarse cómo en dichos eventos no puede mantenerse un excesivo rigorismo que represente el incumplimiento de principios y mandatos normativos de derecho internacional público [de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario] a los que está sujeto el Estado colombiano.

 

Ahora bien, la Sala encuentra que conforme a los hechos expuestos tanto en la demanda y en la sentencia del a quo, la hipótesis de la sujeción del juzgamiento de las conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad que comprometan la responsabilidad del Estado a la regla general de caducidad de los dos (2) años establecida en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo resulta insuficiente y poco satisfactoria, sobre todo cuando se hace manifiesta la presencia de situaciones fácticas que se enmarcan en hipótesis constitutivas de delitos que comprometen intereses y valores sustancialmente diferentes a los simplemente individuales; intereses y valores vinculados materialmente a la suerte de la humanidad misma, y que por lo tanto trascienden cualquier barrera del ordenamiento jurídico interno que fundada en razones de seguridad jurídica pretenda establecer límites temporales para el juzgamiento de los mismos, sea en el ámbito de la responsabilidad penal o de cualquier otro, como el de la responsabilidad del Estado.

 

Se hace preciso, pues, abordar el tema a partir de una hipótesis particular que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva, en aplicación del artículo 229 constitucional en armonía con el ordenamiento jurídico internacional [obligaciones convencionales consagradas en los artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales] y con los compromisos internacionales del Estado colombiano, que parten de la premisa de que las hipótesis de daño antijurídico acaecidos con ocasión de actos de lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas de la caducidad propias del ordenamiento jurídico interno de los países en cuanto entrañan situaciones de interés para la humanidad, en relación con los cuales los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de una adecuada ponderación a favor de esos interés superiores que los delitos en mención involucran.

 

Al respecto basta recordar que el artículo 93 constitucional, incisos primero y segundo determinan de manera perentoria e imperativa que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. A lo que cabe afirmar la procedencia de la cláusula de convencionalidad en sus dos formas, material y formal.

 

Así mismo, con base en los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la regla de universalidad de las normas de derechos humanos y el principio del ius cogens del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, determinan cualquier estudio y aplicación que deba hacerse de institutos procesales como el de caducidad de la acción cuando se trata de demandar un daño antijurídico presuntamente ocasionado por un agente estatal, con su anuencia, participación u omisión, conjuntamente o no con otros sujetos o actores violentos no estatales, como pueden ser para el asunto en estudio.

(…)

 

La Sala entiende que cuando se está en presencia de actos de lesa humanidad [configurados como crímenes de lesa humanidad] como aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad, al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos, sino también agrediendo a la conciencia de toda la humanidad.

(…)

 

Así las cosas, una vez precisado el alcance del control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico interno, la Sala debe destacar que los hechos objeto de la presente sentencia implican una clara y grave violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y puede ser constitutivo de un acto de lesa humanidad. En cuanto a este último aspecto, cabe afirmar que bajo un análisis contextual las denominas “falsas acciones de cumplimiento” de los mandatos constitucionales y legales por parte de agentes estatales, específicamente de miembros de las fuerzas militares en Colombia desde los años ochenta, pero con mayor frecuencia y rigurosidad a partir del año 2004 se viene presentando como una actividad sistemática, dirigida contra personas de la población civil y, con la participación directa o la aquiescencia de los mencionados miembros de las fuerzas militares, por lo que los hechos ocurridos el 14 de marzo de 2007 en los que murió violentamente JOSÉ LORENZO TABORDA TABORDA en el municipio de Monterrey [Casanare], cabe encuadrarlo dentro de esta categoría de acto de lesa humanidad.

 

Al encontrarse la Sala frente a un caso de tal magnitud, constitutivo de un acto de lesa humanidad, considerando que es la sociedad como un todo, la humanidad y no solo unos sujetos individualmente considerados quienes resultan ofendidos con este tipo de acciones, surge una competencia convencional oficiosa en virtud de la cual el juez administrativo está llamado a abordar el juicio de responsabilidad del Estado en el marco de este contexto y, por contera, le corresponderá dictar las medidas generales no pecuniarias dirigidas a la sociedad y humanidad como un todo.

 

Por consiguiente, mal haría la Sala en guardar silencio respecto de unos hechos constitutivos de la desaparición y muerte violenta de una persona de la población civil, como JOSÉ LORENZO TABORDA TABORDA, apoyándose en un argumento de raigambre procedimental. Ello, a más de prohijar una visión miope de la realidad que se juzga e impedir la estructuración de una completa dimensión contextual en la cual se desenvolvieron los hechos objeto de juicio, no se ajusta a los postulados ideales del juez administrativo en el ámbito del Estado Social y Democrático de Derecho y conforme al control de convencionalidad, comprometido con la obtención del derecho sustancial y la búsqueda de la verdad, en tanto manifestaciones de la justicia material [138] conforme a las normas convencionales123 y constitucionales.”[139]

 

En relación con lo expuesto en precedencia, esta Sala advierte que si bien los jueces administrativos basaron sus decisiones en una norma que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico y es aplicable, el resultado de su resolución no se acompasa con la Carta Política, toda vez que luego de realizar una integración normativa con los postulados contenidos en los diferentes instrumentos internacionales y de los principios de interpretación, así como lo dicho por esta Corporación en copiosa jurisprudencia sobre la materia, esta Sala encuentra que, para los casos en que se imputa la responsabilidad del Estado por actuaciones cometidas por la Fuerza Pública contra civiles con ocasión del conflicto armado, el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa debe corresponder con la Constitución Política, atendiendo el bloque de constitucionalidad, es decir a las normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como los principios de interpretación de los tratados y los demás postulados de la Carta Fundamental.

 

Por consiguiente, los jueces administrativos deberán, atendiendo a la calidad de víctimas del conflicto armado interno de los demandantes, por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno Y Gustavo y Yefer ArialdoMora Sanabria, respectivamente, estudiar nuevamente la caducidad de las acciones de reparación directa interpuestas por los accionante, por tratarse de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta la Carta Política y los instrumentos internacionales integrados mediante el bloque de constitucionalidad, así como los principios que se desprenden de las diferentes disposiciones normativas internacionales, además del pronunciamiento del juez natural de lo contencioso administrativo, y que se exponen a lo largo de esta providencia.

 

En consecuencia, no le corresponde al juez constitucional determinar la responsabilidad de Estado en los casos puestos en conocimiento de la Sala en esta oportunidad, ya que la jurisdicción idónea para hacerlo es la contencioso administrativa, a través de la acción de reparación directa, por lo que, esta Sala dejará sin efectos las decisiones de los jueces administrativos dentro de las acciones de reparación directa interpuestas por Benigno Antonio Cañas Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez, respectivamente, para que, profieran nuevamente una decisión acorde con lo dispuesto a lo largo de la presente sentencia.

 

5.3. Síntesis de la decisión

 

La Sala Cuarta de Revisión, en primer lugar, revocará las sentencias de tutela proferidas dentro de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690 y, en su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

 

Esta Sala, dentro del expediente T-4.254.307, dejará sin efectos la decisión tomada por el Juez Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2012, dentro de la acción de reparación directa interpuesta por Benigno Antonio Cañas Quintero contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno. En su lugar se ordenará al Juzgado demandado que profiera nuevamente una decisión en la que se vuelva a estudiar la admisión de dicha demanda teniendo en cuenta lo manifestado en esta providencia y, en particular, de cara a la sentencia del 7 de septiembre de 2015, de la Sección Tercera, Sección C del Consejo de Estado.

 

Y, respecto del expediente T-5.086.690, se dejará sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, el 17 de julio de 2014, que revocó la sentencia del juez de primera instancia y declaró la caducidad de la acción, dentro de la demanda de reparación directa instaurada por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de Gustavo y Yefer ArialdoMora Sanabria. En su lugar se ordenará al Tribunal Administrativo del Casanare que profiera una nueva decisión teniendo en cuenta lo manifestado en esta sentencia y, en el pronunciamiento de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 7 de septiembre de 2015.

 

  1. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de octubre de 2013, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, a su vez, confirmó la dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó el amparo invocado y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno.

 

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el auto interlocutorio proferido por el Juez Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2012, dentro de la acción de reparación directa interpuesta por Benigno Antonio Cañas Quintero contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno

 

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín que, dentro de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nuevamente una decisión en la que se vuelva a estudiar la admisión de dicha demanda teniendo en cuenta lo manifestado en esta providencia.

 

CUARTO: REVOCAR la sentencia proferida el 9 de julio de 2015, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que, a su vez, confirmó la dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo invocado y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar, Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel Díaz Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz.

 

QUINTO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, el 17 de julio de 2014, que revocó la sentencia del juez de primera instancia y declaró la caducidad de la acción, dentro de la demandan de reparación instaurada por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria.

 

SEXTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nuevamente una decisión en la que se vuelva a estudiar la impugnación de la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta lo aquí dispuesto.

 

SÉPTIMO: Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

Con salvamento de voto

 

 

 

 

 

 

 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 05001 23 33 000 2015 00128 01 (55564)

RECLAMOS RELACIONADOS CON OMISIONES ADMINISTRATIVAS QUE CAUSEN PERJUICIOS, SOLO PUEDEN PRESENTARSE ANTE EL JUEZ DENTRO DE LOS DOS (2) AÑOS SIGUIENTES A LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS.

 

LEGISLACION APLICABLE – Regulación normativa

 

Previo a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 29 de mayo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad estima la Sala pertinente realizar algunas consideraciones acerca de la aplicación en este asunto de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, mediante la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa que en su artículo 308 señaló que dicho estatuto comenzaría a regir a partir del 2 de julio de 2012, motivo por el cual a todos los procesos y demandas iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia se les aplicaría dicha legislación, mientras que los procesos iniciados con anterioridad a dicha fecha, se regirán por la legislación anterior -el Decreto 01 de 1984. Así las cosas, comoquiera que la demanda se presentó el 14 de enero de 2015 al caso le resultan aplicables las normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 308 / DECRETO 01 DE 1984

 

RECURSO DE APELACION – Procedencia. Regulación normativa / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA – Para conocer del recurso de apelación

 

Realizar el estudio de procedencia del recurso de apelación establecido en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala encuentra que el auto recurrido corresponde a los enunciados por la norma como apelable, pues se trata de una decisión que rechazó la demanda por caducidad, así mismo, que fue interpuesto de manera oportuna y debidamente sustentado. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 ibídem, la Sala es competente para resolver el recurso formulado.

 

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 125 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 243 Y 244

 

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA – Procedencia. Omisión del deber legal por parte del demandado / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Improcedencia. No se sustenta en un procedimiento contractual / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA – Noción. Definición. Concepto / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA – Regulación. Normativa. Término. Cómputo / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA – Operó. La demanda se presentó de forma extemporánea

 

una vez revisado el libelo demandatorio y sus pretensiones –transcritas previamente-, se encuentra que el presunto daño que se alega le habría sido ocasionado a los demandantes no tiene como fuente el incumplimiento de los contratos de compraventa mencionados, sino la presunta omisión del deber legal consagrado en el artículo 34 de la Ley 9 de 1989  por parte del municipio demandado, de lo que se concluye que en el presente asunto se está ante pretensiones que encuadran en el objeto de la de reparación directa, comoquiera que se alegó una presunta omisión administrativa frente a una obligación legal, esto es, no habérseles notificado de manera preferencial sobre la intención de vender los inmuebles adquiridos para la construcción de la Ciudadela Universitaria del municipio, por lo cual se le aplicará la normatividad correspondiente a la verdadera naturaleza de las pretensiones. Esta Sala no puede aceptar el planteamiento esgrimido por el recurrente según el cual la caducidad de las pretensiones formuladas en la demanda deben ser analizadas a la luz de los artículos 50  y 55  de la Ley 80 de 1993, pues, como se dejó expuesto en líneas anteriores, el petitum de la demanda se encuentra enmarcado en los presupuestos consagrados para la reparación directa y no se sustenta en un procedimiento contractual que deba ser analizado con fundamento en la Ley 80 de 1993.(…) el legislador instituyó esta figura procesal como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. Significa lo anterior que los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley y que, de no hacerlo en tiempo, no podrán buscar la satisfacción por vía jurisdiccional del derecho reclamado. En consonancia con lo anterior y toda vez que el término para presentar la demanda con pretensión de reparación directa caduca al cabo de los dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo (…) revisada la totalidad del expediente, no existe prueba en cuanto a que el municipio de Itagüí le hubiera notificado a los anteriores propietarios la intención de vender el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-676398, ni prueba alguna que acredite la fecha en la cual los demandantes conocieron del presunto daño antijurídico alegado, esto es, la venta del inmueble al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (…) la Sala procederá a contabilizar el término de caducidad a partir de la fecha en la cual se venció el término de cinco (5) años que tenía el municipio demandando para construir la Ciudadela Universitaria del Municipio de Itagüí , comoquiera que a partir de dicha fecha la parte demandante se encontraba habilitada para acudir a una acción ejecutiva ante una autoridad judicial para exigirle a la entidad que le ofreciera de manera preferente el inmueble, de conformidad con lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 9a de 1989 . (…) el término de caducidad será contabilizado desde el 23 de julio del 2000, día siguiente a la fecha en la que se venció el término de cinco (5) años que tenía el municipio demandando para construir la Ciudadela Universitaria del Municipio de Itagüí y surgió la obligación legal de vender el inmueble adquirido para dicho fin, por lo que el término de dos (2) años para presentar la demanda de reparación directa feneció el 23 de julio de 2002 y, dado que la demanda fue interpuesta el 14 de enero de 2015, forzoso resulta concluir que se hizo cuando se encontraba caducada, comoquiera que había vencido el término de que trata el artículo 164, numeral 2, literal i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para presentar la demanda de reparación directa.

 

FUENTE FORMAL: LEY 9 DE 1989 – ARTICULO 34 / LEY 80 DE 1993- ARTICULO 50 / LEY 80 DE 1993 – ARTICULO 55

 

ADQUISICION DE BIENES POR ENAJENACION VOLUNTARIA Y EXPROPIACION – Regulación normativa / DERECHO DE PREFERENCIA – Término. Regulación normativa

 

El capítulo III de la Ley 9ª de 1989 regula la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y expropiación, en dicho capítulo se establecen las normas para que la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios adquirieran bienes inmuebles por razones de utilidad pública o interés social, en el artículo 33 ibídem a las entidades que adquieran predios bajo las modalidades mencionadas se les otorgó un término máximo de cinco (5) años, contados a partir de la adquisición del bien, para cumplir con el fin para el cual los adquirieron y, de no cumplir con éste se les impuso la obligación de vender el inmueble, a más tardar a la fecha de vencimiento del término de los cinco años. De igual manera, el artículo 34 de la ley en mención señaló que en caso de venta de un inmueble adquirido por enajenación voluntaria o expropiación, la entidad pública tiene la obligación legal de ofrecerlo de manera preferencial a los propietarios anteriores, esto es, a quienes hubieren transferido el dominio de sus inmuebles a la entidad, para lo cual se les debe notificar la intención de vender y otorgarles un plazo de dos meses para que acepten o rechacen la oferta de venta, por último, se indicó que el derecho de preferencia en mención puede ser exigido por los anteriores propietarios por medio de una acción ejecutiva, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término de cinco años mencionado previamente.

 

FUENTE FORMAL: LEY 9 DE 1989 – ARTICULO 33 / LEY 9 DE 1989 – ARTICULO 34

 

NOTA DE RELATORIA: Con salvamento de voto de la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 05001 23 33 000 2015 00128 01 (55564)

Actor: PEDRO NEL ESTRADA RAMIREZ

Demandado: MUNICIPIO DE ITAGÜI

Referencia: CONTRACTUAL

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON

 

 

 

 

 

 

 

Pasa a considerar la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto de 29 de mayo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.

 

  1. ANTECEDENTES
  2. La demanda

 

Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2015, el señor Pedro Nel Estrada Ramírez por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda contractual en contra del Municipio de Itagüí, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable a la entidad territorial demandada por el incumplimiento de “la obligación de retrovender de forma preferencial los inmuebles objeto de la presente demanda a los anteriores propietarios y a los causahabientes de la SOCIEDAD ESTRADA AUTOS LIMITADA que ocasionó daño antijurídico” y, en consecuencia, se le ordenara indemnizar los perjuicios ocasionados[1].

 

Como pretensiones de la demanda, se indicaron las siguientes:

“PRIMERA: Que se declare patrimonialmente responsable al MUNICIPIO DE ITAGÜÍ por la omisión antijurídica constitutiva de incumplimiento de la obligación de retrovender de forma preferencial los inmuebles objeto de la presente demanda a los anteriores propietarios y a los causahabientes de la SOCIEDAD ESTRADA AUTOS LIMITADA que ocasionó daño antijurídico a ella imputable.

 

SEGUNDA: Que se condene al MUNICIPIO DE ITAGÜÍ a pagar a favor de PEDRO NEL ESTRADA RAMÍREZ, las siguientes sumas a título de indemnización por el daño antijurídico ocasionado.

 

2.1. POR LUCRO CESANTE, por concepto de arriendos dejados de percibir desde que se configuró la omisión antijurídica (23 de agosto de 1999) hasta el último día de su vida probable calculado a prorrata de su participación dentro de la extinta sociedad ESTRADA AUTOS LIMITADA, la suma de UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.390’223.319,oo) o el mayor valor que resulte probado.

 

2.2. POR LUCRO CESANTE, por concepto del mayor valor que tendría el inmueble el último día de su vida probable calculado a prorrata de su participación dentro de la extinta sociedad ESTRADA AUTOS LIMITADA, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($655’596.441,oo) [o] el mayor valor que resulte probado.

 

2.3. POR LUCRO CESANTE, por concepto de la octava parte que le corresponde como heredero de los perjuicios que en vida se le ocasionaron a LAURA RAMIREZ VIUDA DE ESTRADA, la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($29’174.642,oo) o el mayor valor que resulte probado.

 

2.4. POR PERJUICIOS MORALES, la suma de CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento del pago, equivalentes a la fecha de presentación de la demanda a SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($64’435.000,oo) o el mayor valor que resulte probado.

 

Para PEDRO NEL ESTRADA RAMIREZ la suma de DOS MIL CIENTO TRENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($2.139.429.402,oo) o el mayor valor que resulte probado.

 

TERCERA: Que se condene al MUNICIPIO DE ITAGÜÍ a pagar a favor de PEDRO NEL ESTRADA RAMÍREZ la indexación y los intereses sobre las anteriores sumas de dinero.

 

CUARTA: Que se condene al MUNICIPIO DE ITAGÜÍ en costas, gastos y agencias en derecho de PEDRO NEL ESTRADA RAMÍREZ”.

 

Como sustento fáctico de sus pretensiones, la parte actora señaló, en síntesis, que mediante escritura No. 421 del 30 de junio de 1995 los señores Pedro Nel Estrada Ramírez, Jesús Antonio Estrada Ramírez y Amparo Otálvaro Jiménez celebraron un contrato de compraventa con el municipio de Itagüí, bajo la modalidad de enajenación voluntaria directa consagrada en el artículo 34 de la Ley 9 de 1989, respecto de 2 lotes de terreno identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 001-536065 y 001-536066.

 

Igualmente señaló que la Sociedad Estrada Autos Limitada, en escritura pública No. 422 del 30 de junio de 1995, bajo la modalidad en mención, a través de su representante legal el señor Pedro Nel Estrada Ramírez, le enajenó al municipio demandado 13 lotes de terreno identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 001-0301351, 001-0301352, 001-0301350, 001-0301353, 001-0301354, 001-0301355, 001-0301356, 001-0301357, 001-0301358, 001-0301359, 001-0301360, 001-0301361, 001-0526782.

 

Se indicó en la demanda, que en las escrituras públicas de venta de los terrenos quedó estipulado que éstos fueron adquiridos exclusivamente para la construcción de la Ciudadela Universitaria del Municipio de Itagüí. De igual manera, se relató que mediante escritura pública No. 722 de 31 de octubre de 1995, se englobaron todos los terrenos adquiridos bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-676398.

 

Según la demanda, el 23 de agosto de 1999, en escritura pública No. 1854, el Municipio de Itagüí celebró un contrato a título de compraventa con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante el cual se enajenó el globo de terreno antes mencionado.

 

Afirmó la parte actora que, en virtud de las circunstancias relatadas, resulta evidente que el Municipio de Itagüí incumplió con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9 de 1989, al haber enajenado los terrenos englobados en la matrícula inmobiliaria No. 001-676398 al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin ofrecérselos previamente a los anteriores propietarios, desconociendo el derecho de preferencia que la ley les otorgó, puesto que los inmuebles no fueron utilizados para desarrollar el proyecto para el cual fueron adquiridos.

 

Añadió que el municipio demandado, al haber realizado un contrato de compraventa respecto de los terrenos adquiridos para la construcción de la mencionada Ciudadela Universitaria, antes del vencimiento de los cinco (5) años que tenía de plazo para ejecutar la obra, impidió que naciera la oportunidad para que los anteriores propietarios presentaran acción ejecutiva para exigir que el municipio de Itagüí se los ofreciera de manera preferencial.

 

En cuanto al conteo del término de caducidad de la demanda, la parte actora advirtió que al presente asunto no se le aplica dicha figura, sino la prescripción, de conformidad con lo consagrado en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, que estableció que “la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos”.

 

  1. El auto impugnado

 

Mediante auto de 29 de mayo de 2015[2], el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad rechazó la demanda por considerar que en el presente asunto había operado la caducidad.

 

En primer lugar, advirtió que el argumento de la parte actora respecto del término de prescripción consagrado en la Ley 80 de 1993 no estaba llamado a prosperar, comoquiera que el presunto incumplimiento por parte del Municipio de Itagüí se presentó a partir del 6 de septiembre de 1999 (fecha de inscripción de la escritura pública de venta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá), fecha en la cual la Ley 446 de 1998 se encontraba vigente, la cual unificó en 2 años el término de caducidad de la acción contractual del Código Contencioso Administrativo y la de la Ley 80 de 1993, por lo que dicho término le era aplicable al presente asunto.

 

A continuación el a quo señaló que el contrato de compraventa celebrado entre el señor Pedro Nel Estrada Ramírez con el municipio de Itagüí, era de ejecución inmediata, por lo que el término de caducidad de 2 años se debía contabilizar a partir del día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, esto es el, 1 de julio de 1999, mientras que la demanda fue interpuesta el 14 de enero de 2015, por lo que concluyó que ya se encontraba caducada.

 

 

 

 

  1. Recurso de apelación

 

La decisión anterior fue apelada oportunamente por la parte actora[3], para solicitar la revocatoria de la providencia, por considerar que el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 no fue derogado por la Ley 446 de 1998, ni por la Ley 1437 de 2011, por lo cual debía aplicar el término de prescripción de 20 años contados a partir de la omisión de la entidad.

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

 

  1. Legislación aplicable a la demanda en materia procesal

 

Previo a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 29 de mayo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad estima la Sala pertinente realizar algunas consideraciones acerca de la aplicación en este asunto de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, mediante la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normativa que en su artículo 308 señaló que dicho estatuto comenzaría a regir a partir del 2 de julio de 2012, motivo por el cual a todos los procesos y demandas iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia se les aplicaría dicha legislación, mientras que los procesos iniciados con anterioridad a dicha fecha, se regirán por la legislación anterior -el Decreto 01 de 1984-.

 

Así las cosas, comoquiera que la demanda se presentó el 14 de enero de 2015 al caso le resultan aplicables las normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-.

 

  1. La procedencia del recurso de apelación y la competencia para conocerlo

 

Ahora bien, al realizar el estudio de procedencia del recurso de apelación establecido en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala encuentra que el auto recurrido corresponde a los enunciados por la norma como apelable, pues se trata de una decisión que rechazó la demanda por caducidad, así mismo, que fue interpuesto de manera oportuna y debidamente sustentado.

 

Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 ibídem, la Sala es competente para resolver el recurso formulado.

 

  1. Caso concreto

 

En el presente asunto se tiene que la parte actora demandó el incumplimiento de la obligación de retrovender incluida en los contratos de compraventa de unos inmuebles celebrados entre la extinta sociedad Estrada Autos Limitada, los señores Pedro Nel Estrada Ramírez, Jesús Antonio Estrada Ramírez y Amparo Otálvaro Jiménez y el municipio de Itagüí mediante escrituras públicas Nos. 421 y 422 de 1995 ante la Notaria Única del Círculo Notarial de Sabaneta, Antioquia, en la modalidad de enajenación voluntaria consagrada en la Ley 9 de 1989 y, como consecuencia de dicho incumplimiento se le causaron unos perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante.

 

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 29 de mayo de 2015 rechazó la demanda por caducidad de la acción. Inconforme con la decisión la parte actora interpuso recurso de apelación alegando que el juzgador se equivocó al rechazar la demanda por caducidad, pues, a su juicio, al presente asunto se le debe aplicar el término de prescripción de 20 años de la acción de responsabilidad civil contractual consagrado en los artículos 50 y 55 de la Ley 80 de 1993.

 

Ahora bien, observa la Sala que para poder desatar el recurso de apelación, es preciso determinar qué tipo de pretensión fue presentada en la demanda, esto es, si es de naturaleza contractual o de reparación directa, para así poder determinar que normatividad le resulta aplicable al presente asunto.

 

Así las cosas y una vez revisado el libelo demandatorio y sus pretensiones –transcritas previamente-, se encuentra que el presunto daño que se alega le habría sido ocasionado a los demandantes no tiene como fuente el incumplimiento de los contratos de compraventa mencionados, sino la presunta omisión del deber legal consagrado en el artículo 34 de la Ley 9 de 1989[4] por parte del municipio demandado, de lo que se concluye que en el presente asunto se está ante pretensiones que encuadran en el objeto de la de reparación directa, comoquiera que se alegó una presunta omisión administrativa frente a una obligación legal, esto es, no habérseles notificado de manera preferencial sobre la intención de vender los inmuebles adquiridos para la construcción de la Ciudadela Universitaria del municipio, por lo cual se le aplicará la normatividad correspondiente a la verdadera naturaleza de las pretensiones.

 

Acorde con lo antes dicho, esta Sala no puede aceptar el planteamiento esgrimido por el recurrente según el cual la caducidad de las pretensiones formuladas en la demanda deben ser analizadas a la luz de los artículos 50[5] y 55[6] de la Ley 80 de 1993, pues, como se dejó expuesto en líneas anteriores, el petitum de la demanda se encuentra enmarcado en los presupuestos consagrados para la reparación directa y no se sustenta en un procedimiento contractual que deba ser analizado con fundamento en la Ley 80 de 1993.

 

En cuanto a la caducidad, la jurisprudencia ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó esta figura procesal como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. Significa lo anterior que los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley y que, de no hacerlo en tiempo, no podrán buscar la satisfacción por vía jurisdiccional del derecho reclamado [7].

 

En consonancia con lo anterior y toda vez que el término para presentar la demanda con pretensión de reparación directa caduca al cabo de los dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, es importante analizar en el presente caso desde cuándo se debe contabilizar el término de caducidad[8].

 

El capítulo III de la Ley 9ª de 1989 regula la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y expropiación, en dicho capítulo se establecen las normas para que la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios adquirieran bienes inmuebles por razones de utilidad pública o interés social, en el artículo 33 ibídem a las entidades que adquieran predios bajo las modalidades mencionadas se les otorgó un término máximo de cinco (5) años, contados a partir de la adquisición del bien, para cumplir con el fin para el cual los adquirieron y, de no cumplir con éste se les impuso la obligación de vender el inmueble, a más tardar a la fecha de vencimiento del término de los cinco años.

 

De igual manera, el artículo 34 de la ley en mención señaló que en caso de venta de un inmueble adquirido por enajenación voluntaria o expropiación, la entidad pública tiene la obligación legal de ofrecerlo de manera preferencial a los propietarios anteriores, esto es, a quienes hubieren transferido el dominio de sus inmuebles a la entidad, para lo cual se les debe notificar la intención de vender y otorgarles un plazo de dos meses para que acepten o rechacen la oferta de venta, por último, se indicó que el derecho de preferencia en mención puede ser exigido por los anteriores propietarios por medio de una acción ejecutiva, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término de cinco años mencionado previamente.

 

Así las cosas, en el presente asunto, es preciso determinar el momento en que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, para así poder contabilizar el término de caducidad.

 

De acuerdo con las pruebas allegadas se encuentra acreditado:

 

– Que mediante escrituras públicas No. 421 y 422 del 30 de junio de 1995 el municipio de Itagüí adquirió unos inmuebles bajo la modalidad de enajenación voluntaria consagrada en el artículo 34 de la Ley 9 de 1989[9], para destinarlos a la construcción de una ciudadela universitaria para el municipio[10].

 

– Que dichas escrituras fueron registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 21 de julio de 1995, como consta en los certificados de tradición allegados al proceso[11].

 

– Que mediante escritura pública No. 722 de 31 de octubre de 1995 los inmuebles  adquiridos por el municipio de Itagüí fueron englobados bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-676398[12].

 

– Que el municipio de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá celebraron un contrato a título de compraventa a través de la escritura pública No. 1824 del 23 de agosto de 1999[13], mediante el cual se enajenó el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 001-676398, escritura que fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria el 6 de septiembre de 1999[14].

 

Ahora bien, revisada la totalidad del expediente, no existe prueba en cuanto a que el municipio de Itagüí le hubiera notificado a los anteriores propietarios la intención de vender el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-676398, ni prueba alguna que acredite la fecha en la cual los demandantes conocieron del presunto daño antijurídico alegado, esto es, la venta del inmueble al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

 

En consecuencia, la Sala procederá a contabilizar el término de caducidad a partir de la fecha en la cual se venció el término de cinco (5) años que tenía el municipio demandando para construir la Ciudadela Universitaria del Municipio de Itagüí[15], comoquiera que a partir de dicha fecha la parte demandante se encontraba habilitada para acudir a una acción ejecutiva ante una autoridad judicial para exigirle a la entidad que le ofreciera de manera preferente el inmueble, de conformidad con lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 9de 1989[16].

 

En este orden de ideas, el término de caducidad será contabilizado desde el 23 de julio del 2000, día siguiente a la fecha en la que se venció el término de cinco (5) años que tenía el municipio demandando para construir la Ciudadela Universitaria del Municipio de Itagüí y surgió la obligación legal de vender el inmueble adquirido para dicho fin, por lo que el término de dos (2) años para presentar la demanda de reparación directa feneció el 23 de julio de 2002 y, dado que la demanda fue interpuesta el 14 de enero de 2015, forzoso resulta concluir que se hizo cuando se encontraba caducada, comoquiera que había vencido el término de que trata el artículo 164, numeral 2, literal i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para presentar la demanda de reparación directa.

 

En línea con lo anterior, la Sala confirmará la decisión apelada, dado que a partir del análisis que aquí se ha efectuado se impone concluir que la acción ejercida se encuentra caducada.

 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de 29 de mayo de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.

SEGUNDO: Por Secretaría, ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

 

 

 

 

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 25000 23 26 000 2005 02217 02 (47046)

EL CONTEO DEL TÉRMINO PARA EJERCER LA REPARACIÓN DIRECTA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL HECHO EN QUE SE GENERÓ EL DAÑO POR PARTE DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

ACCION DE REPARACION DIRECTA – Accede. Caso: Privación injusta de la libertad de ciudadano sindicado por el presunto delito de rebelión y se precluyó la investigación por ausencia de pruebas

 

ACCION DE REPARACION DIRECTA – Se declara patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que sufrió el demandante / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Se condena a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago de perjuicios morales y perjuicios materiales a favor del demandante / TITULO DE IMPUTACION – Falla del servicio / DAÑO ANTIJURIDICO – Privación injusta de la libertad

 

El daño antijurídico está demostrado porque (…) estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 4 de julio de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2002 (…) Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que el demandante no estaba en la obligación de soportar. (…) La Fiscalía 239 Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá profirió resolución de preclusión de la instrucción a favor de Franklin Vanegas Delgado. En efecto, a Franklin Vanegas Delgado le fue dictada medida de aseguramiento con fundamento en unos testimonios, así como en informes de inteligencia del DAS que lo sindicaban de pertenecer a las FARC (…) Sin embargo, la resolución de preclusión concluyó que dichas pruebas no eran suficientes para acusarlo e, incluso, que no fueron suficientes para proceder a su captura. (…) Así las cosas, como la privación de libertad del demandante se fundamentó en la ausencia de una prueba sólida, el título de imputación es el de falla del servicio, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

 

PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD – Normatividad aplicable

 

La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. La jurisprudencia  tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.  A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del in dubio pro reo , con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N. (…) La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

 

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTICULO 68

 

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES – Aplicación de criterios de sentencia de unificación. Reconoce 50 SMLMV a demandante

 

La Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad. En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad. (…) Franklin Vanegas Delgado fue privado de la libertad durante un periodo de 5,4 meses (…) Con base en estos criterios, el monto de los perjuicios morales será de 50 SMLMV para el demandante.

 

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES – Lucro cesante / LUCRO CESANTE – Reconoce con base al salario mínimo legal mensual vigente

 

La demanda sólo afirmó que Franklin Vanegas Delgado trabajaba como conductor de taxis, pero no logró acreditar la actividad económica, ni sus ingresos pues presentó un certificado laboral que no incluía las fechas en que se prestó el servicio (…) Como el señor Vanegas Delgado, al momento de la privación de su libertad, se encontraba en edad productiva pues tenía 28 años , se tomará el salario mínimo mensual legal vigente como ingreso base de liquidación, pues según la jurisprudencia se presume que toda persona en edad productiva y laboralmente activa devenga por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente. Al no estar demostrado el ingreso mensual de Franklin Vanegas Delgado, la Sala tomará el salario mínimo mensual como el ingreso base de liquidación, esto es, la suma de $689.455. El período de indemnización será el comprendido entre el 4 de julio de 2002 (…) y el 16 de diciembre de 2002.

 

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES – Daño emergente / DAÑO EMERGENTE – Reconoce honorarios pagados a abogado que asumió la defensa en el proceso penal / DAÑO EMERGENTE – No reconoce gastos para adquisición de moto

 

La demanda solicitó por daño emergente, a favor de Franklin Vanegas Delgado, $20.000.000, por los honorarios del abogado que asumió su defensa en el proceso penal y $3.500.000 por la compra de una moto con la que su familia pudiera visitarlo en la cárcel. (…) La jurisprudencia ha sostenido  que en los eventos en los cuales se solicita el pago por honorarios de abogado, debe probarse la defensa en el proceso penal y el pago por los servicios prestados. Se advierte que el abogado Rodrigo Liscano ejerció la defensa del señor Franklin Vanegas Delgado, pues interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la providencia mediante la cual se impuso medida de aseguramiento (…), solicitó la recepción de cuatro testimonios (…), y presentó los alegatos de conclusión correspondientes (…) Para demostrar el monto de los honorarios pactados, la parte demandante aportó dos recibos de fecha 27 de diciembre de 2002 y 10 de julio de 2002, por la suma de $10.000.000 cada uno, por concepto de honorarios profesionales de defensa (…). Como está acreditado el daño emergente, este monto será reconocido (…) En cuanto a los gastos de la moto, en el proceso obra el contrato original de compraventa (…) pero como no se acreditó que su adquisición se haya hecho con ocasión de la detención del demandante ni con el fin exclusivo de que su familia pudiera visitarlo en la cárcel, se negará esta pretensión.

 

NOTA DE RELATORIA: Con aclaración de voto del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa. A la fecha esta Relatoría no cuenta con el medio magnético ni físico de la citada aclaración.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

Radicación número: 25000 23 26 000 2005 02217 02 (47046)

Actor: FRANKLIN VANEGAS DELGADO

Demandado: NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA)

Temas: Copias simples-Valor probatorio. Recortes de prensa-Valor probatorio. Declaraciones extrajuicio-Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Privación injusta de la libertad-Falla del servicio por ausencia de pruebas de cargo. Apelante único-Límites de la apelación. Perjuicio moral-Aplicación de criterios de sentencias de unificación. Perjuicio moral-Se infiere del vínculo parental o marital. Lucro cesante-Se presume que devenga al menos un salario mínimo legal mensual vigente. Lucro cesante- Se liquida con el salario mínimo cuando no se acredita monto. Daño emergente-Se reconoce por pago de honorarios al abogado defensor. Caducidad en reparación directa por privación injusta-El término para intentar la demanda comienza a partir del momento en que adquiere firmeza la providencia.

Consejero ponente: GUILLERMO SANCHEZ LUQUE

 

 

 

 

 

 

 

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013[1], decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

El demandante fue detenido preventivamente sindicado del delito de rebelión y se precluyó la investigación por ausencia de pruebas de cargo. Califica la privación de la libertad de injusta.

 

ANTECEDENTES

 

  1. Lo que se demanda

 

El 17 de marzo de 2005, Franklin Vanegas Delgado, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad entre el 4 de julio y el 20 de diciembre de 2002.

 

Solicitó el pago de 250 SMLMV por perjuicios morales; $23.350.000 por los honorarios del abogado del proceso penal y por la moto que compró su familia para visitarlo en la cárcel, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y $5.810.000 por lo dejado de percibir durante el tiempo de la privación, por lucro cesante.

 

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Franklin Vanegas Delgado fue sindicado y capturado por agentes del DAS por el delito de rebelión, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento en su contra y luego precluyó la instrucción y revocó la medida de aseguramiento.

 

Adujo que el daño es imputable a título de daño especial.

 

  1. Trámite procesal

 

El 4 de mayo de 2006 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

 

En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones señaló que la medida de aseguramiento tuvo fundamento legal y probatorio. Alegó la excepción de hecho exclusivo de un tercero.

 

El 22 de marzo de 2012 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante y la Nación-Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.

 

El 15 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Tercera, Subsección C de Descongestión profirió la sentencia impugnada, en la que negó las pretensiones. Consideró que la detención no fue injusta pues existían indicios graves de responsabilidad y porque se precluyó por in dubio pro reo.

 

La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 11 de marzo de 2013 y admitido el 23 de mayo de 2013. La recurrente esgrimió que en los eventos de privación injusta de la libertad la imputación es a título de daño especial.

 

El 20 de junio de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La Nación-Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto y la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

 

CONSIDERACIONES

 

  1. Presupuestos procesales

 

Jurisdicción y competencia

 

  1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una  acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

 

El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996[2].

 

Acción procedente

 

  1. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

 

Caducidad

 

  1. El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

 

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño[3].

 

La demanda se interpuso en tiempo -17 de marzo de 2005- porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 23 de enero de 2003, fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución de preclusión de la instrucción proferida a su favor[4].

 

En efecto, como el 13 de diciembre de 2004 se presentó solicitud de conciliación prejudicial (f. 27 c.3), el término de caducidad se suspendió hasta el 13 de marzo de 2005, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en la que se venció el término máximo de tres meses sin que se expidieran las constancias respectivas. Al día siguiente se reanudó el conteo de los cuarenta y un días faltantes, que vencían el 25 de abril de 2005.

 

Legitimación en la causa

 

  1. Franklin Vanegas Delgado es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues fue el sujeto pasivo de la investigación penal.

 

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación y de presentar la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Franklin Vanegas Delgado.

 

  1. Problema jurídico

 

Corresponde a la Sala determinar si la preclusión de la investigación con fundamento en la ausencia de pruebas para condenarlo, torna en injusta la privación de la libertad.

 

  • Análisis de la Sala

 

  1. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

 

Hechos probados

 

  1. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación[5], consideró que tenían mérito probatorio.

 

  1. En el expediente obran recortes de prensa con los titulares “Capturados dos cabecillas de la Teófilo Forero” y “Así fue golpeada red que desvió avión de Aires” (f. 199 y 200 c. 3C).

 

Según la jurisprudencia, las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia[6] y en esas condiciones serán valoradas en este proceso.

 

  1. La demanda aportó una declaración extra juicio (f. 212 c. 3C). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 del CPC. Como ninguna de las partes solicitó la ratificación, no será valorada.

 

  1. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

 

9.1 El 4 de julio de 2002, funcionarios del DAS capturaron a Franklin Vanegas Delgado, por la presunta comisión del delito de rebelión, según da cuenta copia simple del Informe no. 128/0882 de la Coordinación de Policía Judicial del Departamento Administrativo del DAS (f. 20-24 c. 1) y del acta de derechos del capturado (f. 26 c. 1).

 

9.2 El 4 de julio de 2002, la Fiscalía 304 Seccional Delegada ante los jueces penales del circuito adscrita al DAS de Bogotá legalizó la captura del demandante, profirió resolución de apertura de instrucción en su contra y dispuso mantenerlo en custodia en la sala de retenidos del DAS, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 28-32 c. 1).

 

9.3 El 10 de julio de 2002, la Fiscalía 304 Seccional Delegada ante los jueces penales del circuito adscrita al DAS de Bogotá impuso medida de aseguramiento en contra de Franklin Vanegas Delgado y libró boleta de detención ante el Director de la Cárcel Nacional Modelo, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 61-77 c. 1).

 

9.4 El 16 de agosto de 2002, la Fiscalía Sexta de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirmó la decisión adoptada por la Fiscalía 304 Seccional Delegada ante los jueces penales del circuito adscrita al DAS de Bogotá, según da cuenta copia simple de la providencia proferida en esa fecha (f. 169-178 c. 1).

 

9.5 El 13 de diciembre de 2002, la Fiscalía 239 Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá profirió resolución de preclusión de la instrucción y revocó la medida de aseguramiento aludida, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 129-153 c. 3). Esta decisión quedó ejecutoriada el 23 de enero de 2003, según da cuenta el sello impuesto en el reverso de la copia de la providencia (f. 129-153 c. 3).

 

9.6 El 16 de diciembre de 2002, la Fiscalía 239 Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá ordenó la libertad de Franklin Vanegas Delgado, según da cuenta copia simple de la Boleta de Libertad de esa fecha (f. 156 c. 1).

 

La privación de la libertad fue injusta por una falla del servicio

 

  1. El daño antijurídico está demostrado porque Franklin Vanegas Delgado estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 4 de julio de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2002 [hechos probados 8.1 y 8.6]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que el demandante no estaba en la obligación de soportar.

 

  1. 11. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

 

La jurisprudencia[7] tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.  A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del in dubio pro reo[8], con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N.[9]

 

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

 

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad[10].

 

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

 

  1. La Fiscalía 239 Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá profirió resolución de preclusión de la instrucción a favor de Franklin Vanegas Delgado.

 

En efecto, a Franklin Vanegas Delgado le fue dictada medida de aseguramiento con fundamento en unos testimonios, así como en informes de inteligencia del DAS que lo sindicaban de pertenecer a las FARC [hecho probado 9.3].

 

Sin embargo, la resolución de preclusión concluyó que dichas pruebas no eran suficientes para acusarlo e, incluso, que no fueron suficientes para proceder a su captura. Así lo puso de relieve la providencia al indicar que:

 

A estas alturas, no existe elemento indicador alguno, que tienda a confirmar o infirmar las atestaciones de los deponentes, vale decir, que no se ha establecido no solo si los aquí cuestionados participaron en esa multiplicidad de citaciones delictivas, sino que, ni siquiera aún, se ha logrado probar que ellas hubieran tenido lugar. (f. 146 c. 1).

 

Así las cosas, como la privación de libertad del demandante se fundamentó en la ausencia de una prueba sólida, el título de imputación es el de falla del servicio, lo que torna en injusta la privación de su libertad.

 

  1. La Nación-Fiscalía General de la Nación también propuso como excepción el hecho exclusivo y determinante de un tercero, porque la investigación se inició con base en dos declaraciones y en un informe de inteligencia presentado por el DAS.

 

La Fiscalía General de la Nación es la entidad titular de la acción penal y le corresponde realizar la investigación de las conductas punibles, en los términos del artículo 250 de la Constitución Nacional. Como el ente investigador debe recaudar, analizar y verificar la pertinencia y veracidad de las pruebas sobre los posibles delitos, no prosperará esta excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero.

 

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación y por ello se revocará la sentencia apelada.

 

Indemnización de perjuicios

 

  1. La demanda solicitó el reconocimiento de 250 SMLMV a favor de la víctima directa por concepto de perjuicios morales.

 

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad[11]. En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

 

 

Franklin Vanegas Delgado fue privado de la libertad durante un periodo de 5,4 meses [hechos probados 9.1 y 9.6]. Con base en estos criterios, el monto de los perjuicios morales será de 50 SMLMV para el demandante.

  1. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante a favor de Franklin Vanegas Delgado por los dineros dejados de percibir durante el tiempo de reclusión.

 

La demanda sólo afirmó que Franklin Vanegas Delgado trabajaba como conductor de taxis, pero no logró acreditar la actividad económica, ni sus ingresos pues presentó un certificado laboral que no incluía las fechas en que se prestó el servicio (f. 198 c. 2).

 

Como el señor Vanegas Delgado, al momento de la privación de su libertad, se encontraba en edad productiva pues tenía 28 años[12], se tomará el salario mínimo mensual legal vigente como ingreso base de liquidación, pues según la jurisprudencia se presume que toda persona en edad productiva y laboralmente activa devenga por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente[13].

 

Al no estar demostrado el ingreso mensual de Franklin Vanegas Delgado, la Sala tomará el salario mínimo mensual como el ingreso base de liquidación, esto es, la suma de $689.455. El período de indemnización será el comprendido entre el 4 de julio de 2002 [hecho probado 9.1] y el 16 de diciembre de 2002 [hecho probado 9.6], esto es, 5,4 meses y la liquidación se realizará de conformidad con la siguiente fórmula:

 

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde:

 

Ra= ingreso base de liquidación

i= interés legal

n= periodo de indemnización

 

 

S = $689.455          (1 + 0,004867)5,4 – 1

0,004867

 

S=$3´763.141,73.

 

  1. La demanda solicitó por daño emergente, a favor de Franklin Vanegas Delgado, $20.000.000, por los honorarios del abogado que asumió su defensa en el proceso penal y $3.500.000 por la compra de una moto con la que su familia pudiera visitarlo en la cárcel.

 

16.1 La jurisprudencia ha sostenido[14] que en los eventos en los cuales se solicita el pago por honorarios de abogado, debe probarse la defensa en el proceso penal y el pago por los servicios prestados.

 

Se advierte que el abogado Rodrigo Liscano ejerció la defensa del señor Franklin Vanegas Delgado, pues interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la providencia mediante la cual se impuso medida de aseguramiento (f. 84-93 c.1), solicitó la recepción de cuatro testimonios (f. 113-115 c. 1), y presentó los alegatos de conclusión correspondientes (f. 119-128 c. 1)

 

Para demostrar el monto de los honorarios pactados, la parte demandante aportó dos recibos de fecha 27 de diciembre de 2002 y 10 de julio de 2002, por la suma de $10.000.000 cada uno, por concepto de honorarios profesionales de defensa (f. 196 y 197 c. 2).

 

Como está acreditado el daño emergente, este monto será reconocido de conformidad con la siguiente fórmula:

 

Vp = Vh x índice final_

índice inicial

Donde:

 

Vp= Valor presente

Vh= Valor histórico

 

índice[15] final a la fecha de esta sentencia: 132,84 (agosto de 2016)

índice inicial al momento del pago: 71,39 (dic de 2002)

 

 

VP = $20.000.000         Índice final   –   agosto de 2016   (132,84)

Índice inicial –   diciembre de 2002 (71,39)

 

VP= $37.215.296,26

 

16.2 En cuanto a los gastos de la moto, en el proceso obra el contrato original de compraventa (f.199 c.2) pero como no se acreditó que su adquisición se haya hecho con ocasión de la detención del demandante ni con el fin exclusivo de que su familia pudiera visitarlo en la cárcel, se negará esta pretensión.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA:

 

REVÓQUESE la sentencia del 15 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se dispone:

 

PRIMERO. DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto Franklin Vanegas Delgado.

 

SEGUNDO. CONDÉNESE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Franklin Vanegas Delgado la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) SMLMV por concepto de daños morales.

 

TERCERO. CONDÉNESE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Franklin Vanegas Delgado, la suma de tres millones setecientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y un pesos con setenta y tres centavos ($3´763.141,73.), por concepto de lucro cesante.

 

CUARTO. CONDÉNESE a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Franklin Vanegas Delgado, la suma de treinta y siete millones doscientos quince mil doscientos noventa y seis pesos con veintiséis centavos ($37.215.296,26) por concepto de daño emergente.

 

QUINTO. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

 

SEXTO. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Presidente de la Sala

Aclaró voto

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

 

[1] Según el Acta nº. 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

[2] El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

[3] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392. y del 14 de febrero de 2002, Rad. 13.622.

[4] [Hecho Probado 8.5]

[5] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

[6] Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378.

[7] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463.

[8] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354.

[9] El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de septiembre de 2015, Rad. 36.146.

[10] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960.

[11] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

[12] Según da cuenta copia simple de la providencia mediante la cual se impone medida de aseguramiento a Franklin Vanegas Delgado (f. 61-77 c. 1) y de la Boleta de Libertad librada por la Fiscalía 239 Delegada (f. 156 c. 1).

[13] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2001. Rad. 13.086; Sentencia del 15 de octubre de 2008. Rad. 18.586. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 14 de marzo de 2016. Rad. 40.286.

[14] Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera las sentencias del 8 de junio de 2011, Rad. 19.576, C.P. Ruth Stella Correa y sentencia del 12 de mayo de 2011, Rad. 20.569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo

[15] Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor que pueden ser consultados en el Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/ipc.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Bogotá D.C., diez (10) de noviembre del dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 68001 23 15 000 1999 02767 01 (35424)

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

ACCION DE REPARACION DIRECTA – Niega. Caso: Ciudadana que realiza reclamación por perjuicios ocasionados por la aprobación de los planes de construcción de una subestación eléctrica debajo de su apartamento, el cual le generó contaminación auditiva

 

ACCION DE REPARACION DIRECTA – Niega por caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA – Normatividad. Término se empieza a contabilizar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que originó el daño

 

La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal tiene fundamento y sustento en el artículo 228 de la Constitución Política. Con base en el sustrato constitucional se determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social – , garantizando el derecho de acceso a la administración de justicia  dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional. (…) Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal , generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales. (…) De manera concreta, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa dispone el inciso primero del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984, modificado por la ley 446 de 1998 ), que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”. (…) De las pruebas allegadas al plenario se encuentra demostrado que la Oficina Ambiental del municipio de Bucaramanga por medio de proveído del 30 de julio de 1996 , remitió a la Inspectora de Salud Municipal la queja presentada por la señora Rosalía Niño Lamus en contra del Edificio Colina de Montebello, en la que solicitó la práctica de una inspección ocular al apartamento 203 del Conjunto Colinas de Montebello, para “establecer si el margen de ruido que emanan de los transformadores de la luz, son soportables al oído humano”. Igualmente, se encuentra acreditado que por medio de memorial de fecha 22 de agosto de 1996, la señora Rosalía Niño Lamus dirigió un escrito a la Administración del Conjunto Residencial Colina de Montebello, por medio del cual le informó que en el apartamento 203 de la unidad residencial, se escuchaba un molesto ruido que impedía que las personas vivieran allí (…) De lo anterior, la Sala observa que la demandante inició acciones administrativas en contra de la constructora del conjunto ante el municipio en julio del año 1996 para lograr que la contaminación auditiva que se venía presentando cesara (…) Así las cosas, la Sala de Subsección encuentra que aunque se alegue por parte de la actora que se dio cuenta de la omisión cometida por las dos entidades demandadas en el año 1998, lo cierto es que el conocimiento del daño alegado, esto es la generación del ruido por parte de la subestación eléctrica ubicada bajo el apartamento 203 del Conjunto Colinas de Montebello, se dio a lo sumo el 30 de julio de 1996 cuando la Oficina Ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga remitió la solicitud de inspección ocular adelantada por la señora Niño Lamus. En consecuencia, en atención al numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., según el cual el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezarse a contabilizar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que originó el daño y, única y exclusivamente, en aquellos casos en los cuales el conocimiento, concreción o magnitud del daño padecido ocurre con posterioridad, será desde este último instante y no más allá en que se computará dicho término. En el caso sub judice la contabilización de dicho término se debe iniciar entonces desde el 30 de julio de 1996, fecha en la cual la Oficina Ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga remitió la solicitud de inspección ocular efectuada por la señora Niño Lamus por el ruido generado por la subestación eléctrica ubicada en el Conjunto Colinas de Montebello, es decir, que a la fecha de presentación de la demanda 1 de diciembre de 1999, había transcurrido más de tres años desde que tuvo conocimiento del daño alegado. En este orden de ideas, el término de caducidad para presentar la demanda que dio origen a este proceso, vencía el 31 de julio de 1998; comoquiera que el libelo fue presentado el 1 de diciembre de 1999, la Sala considera que en el caso bajo análisis está más que demostrada la caducidad de la acción de reparación directa.

 

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 228 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 136

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre del dos mil dieciséis (2016).

Radicación número: 68001 23 15 000 1999 02767 01 (35424)

Actor: ROSALIA NIÑO LAMUS

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTRO

Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA)

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

 

 

 

 

 

 

Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia al encontrar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa / Restrictor: De la caducidad de la acción

 

Decide la Subsección C el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el día 6 de diciembre de 2007, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. La demanda y pretensiones

 

El 1 de diciembre de 1999[1], la señora Rosalia Niño Lamus actuando en nombre propio y por conducto de apoderado judicial presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, y en la cual reclama los perjuicios ocasionados por la aprobación de los planes de construcción de una subestación eléctrica debajo del apartamento 203 ubicado en el Conjunto Multifamiliar Colinas de Montebello, haciendo para el efecto las siguientes declaraciones y condenas:

 

“PRIMERA: Que se declare al Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Planeación Municipal – Electrificadora de Santander administrativamente responsables por la OMISION QUE INCURRIERON CUANDO de manera irresponsable aprobaron los planos y la reforma de los planos de la construcción de una subestación eléctrica debajo de el apartamento 203 del Conjunto en mención, trayendo como consecuencia que las ondas electromagnéticas, la alteración sonora ambiental perjudicara la convivencia en dicho apartamento e hiciera invivible la vida en este apartamento, por la alteración que se presenta por los cambios magnéticos de la subestación, siendo administrativamente responsables por la omisión en el deber legal de velar por el cumplimiento de las normas sobre urbanismo y medio ambiente.

 

SEGUNDO: Se condene en consecuencia al Municipio de Bucaramanga – Secretaria de Planeación Municipal – Electrificadora de Santander a REPARAR o COMPENSAR LOS PERJUICIOS ocasionados por la OMISION EN QUE INCURRIERON al no obligar a la Constructora del Edificio a modificar la construcción de esta subestación, al no comprobar una vez estuvo construido que los planos aprobados fueran construidos exactamente en los puntos que se especificaron en los planos aprobados.

 

TERCERO: Se condene al Municipio de Bucaramanga – Secretaria de Planeación Municipal – Electrificadora de Santander a reparar los daños y perjuicios ocasionados al no poder vivir ninguna persona en dicho apartamento por las ondas electromagnéticas que emiten produciendo daños transitorios y permanentes de carácter físico a las personas que se pongan en permanente contacto diario con estas ondas, ocasionando con esto perjuicios económicos a la propietaria del bien inmueble. Perjuicios estos que deben ser resarcidos desde 1.998, fecha en que mi poderdante tuvo conocimiento de estas anomalías hasta que se dicte sentencia para el pago de la indemnización de perjuicios”.

 

  1. Hechos

 

Como fundamento de las pretensiones, los actores expusieron los siguientes hechos:

 

“1.- En 1.995 ROSALIA NIÑO LAMUS, adquirió mediante compra por plano el apartamento 203 del Conjunto Multifamiliar COLINAS DE MONTEBELLO, de esta ciudad un apartamento con especificaciones propias, donde se le señalaba que la subestación la cual acorde con la escritura pública de compra se encontraba en el nivel 1.70 mts (pag (sic) 141 de la escritura) y se construyó en le (sic) nivel + 1.20 mts que es donde mi poderdante se dió (sic) cuenta tres años después que la habían construido.

 

2.- En 1.997 se le hace entrega del apartamento a mi poderdante, y para pagar la hipoteca decide arrendarlo, es cuando se percata que los arrendatarios desocupan el apartamento tres meses después de haberlo arrendado por las (sic) ruidos, los gases que emite la subestación eléctrica que queda justo debajo de apartamento de la actora.

 

3.- Esta anomalía la pone en conocimiento de la Junta Administradora, de la Constructora, a fin de que solucionen sus problemas, lo que no encuentra eco, es así que se dirige a la Inspección de Salud del Municipio a fin de que le preserven su derecho.

 

4.- La Inspección de Salud del Municipio emite la Resolución 3165 de febrero 7 de 1.997, por medio de la cual sanciona a la Empresa Constructora.

 

5.- Al realizar las respectivas investigaciones para la defensa de sus derechos descubre mi poderdante que la Oficina de Planeación Municipal aprobó unos planos de reebicacion (sic) eléctrica, generándose con esto una responsabilidad objetiva de la Entidad del Estado al no preveer (sic) los daños que ocasionaría al aprobar la instalación de dicha subestación justo debajo del apartamento 203 propiedad de mi mandante, trayendo consigo que se perjudicara a la actora, igualmente La Electrificadora de Santander dió (sic) la aprobación de esta subestación, sin tener en cuenta las consecuencias físicas y económicas que generaba a la propietaria el apartamento que quedaba justo debajo de la subestación que construyeron con la aprobación de las entidades del estado.

 

6.- A pesar que otras dependencias del Municipio como Medio Ambiente y la Inspección de Salud profirió sendas resoluciones tendientes a multar y a exigir la reubicación de las subestación, no ha habido una acción efectiva pronta que pueda defender los intereses de la actora que se encuentra a la fecha sufriendo las consecuencias económicas y morales que generó la negligencia en el cumplimiento del deber legal que le compete a las autoridades administrativas en el cumplimiento de los deberes legales y reglamentarios.

 

(…)”

 

  1. Actuación procesal en primera instancia

 

Mediante auto del 8 de mayo de 2000[2] el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda, el cual fue notificado a la parte demandada y fijado en lista.

 

El 9 de julio de 2000[3], el apoderado judicial de la Electrificadora de Santander S.A. – E.S.P contestó la demanda señalando frente a los hechos que unos no le constan, que otros no son ciertos y que otros si lo son; con relación a las pretensiones, solicita no se acceda a ellas.

 

Por su parte, el municipio de Bucaramanga contestó la demanda por medio de escrito del 17 de agosto de 2001[4], en donde solicitó que se negaran las declaraciones y condenas solicitadas; del mismo modo, señaló que los hechos no le constan y que se atiene a lo probado, así mismo, que uno es cierto y otro no lo es.

 

Como razones de defensa, expuso que no se había incurrido en violación de norma alguna ya que el municipio no ha dejado de ejercer y desplegar todas aquellas conductas que le eran exigibles. Igualmente, propuso como excepciones la de caducidad de la acción y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

 

Vencido el periodo de fijación en lista, mediante auto del 19 de febrero de 2002[5] el Tribunal Administrativo de Santander procedió a dar apertura al período probatorio.

 

El 29 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión.

 

  1. Alegatos de conclusión en primera instancia

 

Las partes guardaron silencio.

 

  1. Concepto del Ministerio Público

 

El Ministerio Público guardó silencio.

 

  1. Sentencia del Tribunal

 

Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2007[6], el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la excepción de caducidad, y en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

 

Como fundamento de su decisión, el Tribunal analizó en primer lugar las excepciones propuestas, iniciando por la de caducidad, exponiendo que la parte demandante manifestó que tuvo conocimiento del hecho que afectaba el inmueble en el año 1997, cuando en realidad la primera queja presentada por la señora Niño Lamus data del 22 agosto de 1996 y no del año 1997 como se afirmó en el libelo demandatorio.

 

Es así como, es a partir del 22 de agosto de 1996, cuando la demandante informó a la administración del Conjunto Residencial Colina de Montebello los mismos hechos de la presente demanda, fecha desde la cual se debe empezar a contar el término de caducidad para el ejercicio de la acción de reparación directa.

 

Así las cosas, la señora Niño Lamus tenía hasta el 23 de agosto de 1998 para iniciar la presente acción, no obstante, fue hasta el 1 de diciembre de 1999 que la incoó, esto es, más de un año después de haberse agotado el término previsto en el artículo 136 del C.C.A.

 

  1. El recurso de apelación y actuación en segunda instancia.

 

El 21 de enero de 2008[7], el apoderado de la parte actora, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 6 de diciembre de 2006, en donde afirmó que no puede afirmarse que la demanda fue presentada por fuera del término de los 2 años establecidos por la ley, por la figura de la “pro in ratio” que establece que se puede demandar una vez el Estado de respuesta a la petición efectuada por el particular para reparar el daño ocasionado.

 

De manera que, “en este caso, no puede prosperar la CADUCIDAD, PORQUE MI PODERDANTE REALIZA TODAS LAS ACCIONES DESDE 1.996 con derechos de petición que se encuentran en las pruebas con sus respectivas fechas de entrega y recibido y aun en 1.998, se estaba esperando que por la vía de las peticiones se resolviera la omisión cometida por la Administración Municipal que autoriza el cambio de subestación eléctrica”.

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas.

 

A través de auto del 11 de abril de 2008, se concedió el recurso de apelación interpuesta por la parte accionante[8].

 

El 6 de junio de 2008, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 6 de diciembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander[9].

 

Mediante auto del 10 de julio de 2008[10], se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto.

 

Las partes guardaron silencio.

 

El Ministerio Público mediante escrito radicado el 25 de agosto de 2008[11], rindió su concepto de rigor en donde solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que el momento en que la señora Niño Lamus tuvo conocimiento del daño alegado es desde que se presentó la queja ante la Oficina Ambiental de Bucaramanga, esto es, el 30 de julio de 1996, momento en el cual la mencionada oficina remitió el escrito a la Inspección Municipal de Salud de Bucaramanga.

 

  1. CONSIDERACIONES

 

  1. Competencia

 

La Corporación es competente para conocer del asunto[12], en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia[13], contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander 6 de diciembre 2006[14], en la que se declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.

 

  1. Aspectos procesales previos.

 

La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo, se pronuncia acerca de las siguientes cuestiones procesales previas: 2.1. De la caducidad de la acción.

 

2.1. De la caducidad de la acción

 

La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal tiene fundamento y sustento en el artículo 228 de la Constitución Política. Con base en el sustrato constitucional se determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico[15], buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social[16][17], garantizando el derecho de acceso a la administración de justicia[18] dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional[19].

 

Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales[20]. En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de las acciones contencioso administrativas que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal[21].

 

Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal[22], generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales[23].

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.[24]

 

De manera concreta, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa dispone el inciso primero del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984, modificado por la ley 446 de 1998[25]), que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

 

El tratamiento legislativo dado a la caducidad de la acción de reparación directa es clara: el legislador ha establecido una evidente e inobjetable regla general en la materia, permitiéndole a quien alegue ser víctima de daños antijurídicos imputables al Estado, hacer uso de la acción dentro de los 2 años siguientes (Día siguiente[26]) de la ocurrencia del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal por obra pública o por cualquier otra causa de la propiedad ajena, o también, según el caso y las circunstancias, es procedente su invocación a partir del día siguiente a aquel en que la persona interesada tenga conocimiento[27] del hecho, operación, omisión u ocupación[28], etc.

 

Así las cosas, se ha distinguido que el cómputo de dicho término inicia i) al día siguiente a cuando ha sucedido la conducta generadora del daño antijurídico, o ii) a partir de cuando ésta es conocida por quien la ha padecido, distinguiendo dicho fenómeno de la prescripción[29], y manteniéndose su concepción tradicional respecto del daño continuado[30].

 

Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado a partir de un criterio de cognoscibilidad[31], y tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad se computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció[32].

 

Con base en los anteriores lineamientos, se realizará el análisis del caso concreto.

 

  1. El caso en concreto

 

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en donde solicita que se revoque la sentencia de primera instancia al considerar que en el presente asunto no ha operado el fenómeno de la caducidad, ya que la demandante hasta el año 1998 adelantó acciones administrativas para lograr el traslado de la estación eléctrica que estaba afectando el predio de su propiedad, por lo anterior, requiere se le de aplicación al del principio “pro actione”.

 

Entonces para dilucidar el asunto puesto a consideración, la Sala debe verificar previo al análisis del caso concreto, si operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción o si se debe aplicar el principio pro actione como lo ha solicitado la demandante y en consecuencia, se debe revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual se hace necesario determinar el momento de ocurrencia del daño o de su conocimiento por parte de la señora Rosalía Niño Lamus.

 

Bajo este contexto, la Subsección considera necesario señalar que el Juez tiene la posibilidad de dar aplicación al principio pro actione, cuando exista una duda razonable que impida, en sede del análisis de la admisión de la demanda arribar a una conclusión clara y definida acerca del acaecimiento o no de la caducidad de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en el caso sometido a littis se le garantizó a la aquí demandante desde el inicio de la acción el mencionado principio, pues pese a la claridad existente respecto de la caducidad de la acción, el Tribunal de primera instancia le dio trámite a la demanda y defirió a la sentencia el análisis de fondo sobre la materia[33]. Lo anterior, en aras de salvaguardar tambien el principio de acceso a la administración de justicia y dando la oportunidad para que en el curso del proceso se aportaran elementos de juicio sólidos y valederos para cambiar la percepción del fallador, cosa que nunca ocurrió.

 

Así las cosas, de las pruebas allegadas al plenario se encuentra demostrado que la Oficina Ambiental del municipio de Bucaramanga por medio de proveído del 30 de julio de 1996[34], remitió a la Inspectora de Salud Municipal la queja presentada por la señora Rosalía Niño Lamus en contra del Edificio Colina de Montebello, en la que solicitó la práctica de una inspección ocular al apartamento 203 del Conjunto Colinas de Montebello, para “establecer si el margen de ruido que emanan de los transformadores de la luz, son soportables al oído humano”[35].

 

Igualmente, se encuentra acreditado que por medio de memorial de fecha 22 de agosto de 1996, la señora Rosalía Niño Lamus dirigió un escrito a la Administración del Conjunto Residencial Colina de Montebello, por medio del cual le informó que en el apartamento 203 de la unidad residencial, se escuchaba un molesto ruido que impedía que las personas vivieran allí, en los siguientes términos[36]:

 

“Comedidamente me dirijo a usted, en mi calidad de propietaria del Apartamento 203 de Conjunto Residencial Colina de Montebello, con el fin de manifestarle que como será de su conocimiento el Apartamento de mi propiedad, se encuentra desocupado, ya que el arrendatario, señor Yorgui Beltrán Amado, dió (sic) por terminado unilateralmente el contrato de arriendo que existía entre los dos, ya que en el Apartamento en mención, se presentaba un ruido molesto que impedía el normal habitar y convivir de las personas que lo ocupaban, al punto que me envió varias misivas quejándose sobre la existencia de un ruido. Por lo anterior decidí elevar una solicitud, ante la Oficina Ambiental de la Alcaldía, quien como respuesta practicó una diligencia de Inspección ocular, en el apartamento de mi propiedad, con el fin de verificar la existencia del ruido y a su vez del perjuicio para la salud; estableciéndose que efectivamente existía un perjuicio para la salud y convivencia de los inquilinos, por lo que se vieron obligados a entregarme el inmueble, y por ende, no tuve otra opción que la de aceptar tal situación.

 

(…)”

 

De lo anterior, la Sala observa que la demandante inició acciones administrativas en contra de la constructora del conjunto ante el municipio en julio del año 1996 para lograr que la contaminación auditiva que se venía presentando cesara, así lo evidencia el oficio del 13 de agosto de 2001, expedido por la Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, en el que se informa  que la queja presentada por la aquí demandante ante el municipio de Bucaramanga por el ruido que producía la subestación eléctrica del Conjunto Colinas de Montebello, fue en el año 1996[37].

 

Es así como, la Inspección de Salud Municipal de Bucaramanga en cumplimiento de los deberes que constitucional y legalmente le han sido otorgados, expidió la Resolución No. 3135 del 7 de febrero de 1997[38]por medio de la cual requirió a la firma B.C.C. CONSTRUCCIONES LTDA. para que en el término de 30 días calendario contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, realizara el aislamiento acústico o reubicación de la estación eléctrica ubicada en el Conjunto Colinas de Montebello.

 

Ante el incumplimiento de la anterior decisión, la entidad accionada expidió la Resolución No. 072 del 29 de septiembre de 1997[39] por medio de la cual sancionó a la constructora con una multa de 300 salarios diarios mínimos legales más el 25% en estampillas de previsión social municipal; correctivo que igualmente fue incumplido por la sociedad B.C.C. CONSTRUCCIONES LTDA., por lo que a través de Resolución No. 166[40] del 1 de junio de 1998 nuevamente se le impuso la multa.

 

Así las cosas, la Sala de Subsección encuentra que aunque se alegue por parte de la actora que se dio cuenta de la omisión cometida por las dos entidades demandadas en el año 1998, lo cierto es que el conocimiento del daño alegado, esto es la generación del ruido por parte de la subestación eléctrica ubicada bajo el apartamento 203 del Conjunto Colinas de Montebello, se dio a lo sumo el 30 de julio de 1996 cuando la Oficina Ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga remitió la solicitud de inspección ocular adelantada por la señora Niño Lamus.

 

En consecuencia, en atención al numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., según el cual el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezarse a contabilizar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que originó el daño y, única y exclusivamente, en aquellos casos en los cuales el conocimiento, concreción o magnitud del daño padecido ocurre con posterioridad, será desde este último instante y no más allá en que se computará dicho término.

 

En el caso sub judice la contabilización de dicho término se debe iniciar entonces desde el 30 de julio de 1996, fecha en la cual la Oficina Ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga remitió la solicitud de inspección ocular efectuada por la señora Niño Lamus por el ruido generado por la subestación eléctrica ubicada en el Conjunto Colinas de Montebello, es decir, que a la fecha de presentación de la demanda 1 de diciembre de 1999, había transcurrido más de tres años desde que tuvo conocimiento del daño alegado.

 

En este orden de ideas, el término de caducidad para presentar la demanda que dio origen a este proceso, vencía el 31 de julio de 1998; comoquiera que el libelo fue presentado el 1 de diciembre de 1999, la Sala considera que en el caso bajo análisis está más que demostrada la caducidad de la acción de reparación directa.

 

Finalmente, con relación a la aseveración hecha por la parte demandante de que instauró la demanda en el término establecido por la ley para incoar la acción de reparación directa porque estaba esperando la respuesta por parte de la administración a sus peticiones, la Sala considera necesario señalar que carece de sustento jurídico ya que para el ejercicio de la presente acción no es necesario agotar la llamada vía gubernativa, siendo posible acudir a la jurisdicción contencioso administrativa una vez se tiene conocimiento del daño; adicionalmente, es necesario poner de presente que el ejercicio de dichas acciones administrativas ante el municipio no suspendía los términos establecidos en el C.C.A, para el ejercicio de la acción de reparación directa.

 

Por lo anterior, la Sala estima que la sentencia apelada deberá ser confirmada al encontrar probada la excepción de caducidad de la acción.

 

  1. Costas

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

 

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera – Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

FALLA:

 

PRIMERO: CONFÌRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el día 6 de diciembre de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

 

SEGUNDO: Sin condena en costas.

 

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Presidente de la Sala

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Magistrado