CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000 23 26 000 2005 02098 01 (40426)

SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO AL DEMOSTRARSE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA RESPECTO DE SU PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Radicación número: 25000 23 26 000 2005 02098 01 (40426)

Actor: LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN SENTENCIA

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será confirmada.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

A principios del mes de diciembre de 1997, el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA recibió una adición presupuestal por valor de $2 355 014 000, que fueron invertidos en una serie de contratos celebrados entre el 22 y el 31 de diciembre del mismo año, relacionados con la instalación y adquisición de equipos de computación y conmutadores, con distintas personas jurídicas y naturales. Dichos acuerdos de voluntades estuvieron plagados de irregularidades, según la Oficina Jurídica de la entidad, que formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior dio lugar a la investigación en contra del señor Luis Fernando González Zapata y otros, como empleado integrante del Comité de Evaluación de Propuestas y de Compras, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos. El 20 de marzo de 2003, fue capturado el señor Luis Fernando González Zapata, como resultado de la medida de aseguramiento impuesta en su contra. El 12 de septiembre de 2003, la Fiscalía 201 Seccional, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, profirió resolución de acusación contra el sindicado, que fue revocada por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., entidad que en su lugar decretó resolución de preclusión. El procesado estuvo privado de su libertad hasta el 18 de septiembre de 2003.

 

ANTECEDENTES

 

  1. Lo que se demanda

 

  1. Mediante demanda presentada el 8 de septiembre de 2005, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Fernando González Zapata (víctima), quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas Lina Fernanda y Angélica María González Dussan, Rocío Dussan Pérez (esposa), Nohora Stella Zapata de González (madre), Luis Felipe González Garzón (padre), María Cristina González Zapata y Giovanni Arturo González Zapata (hermanos), a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declarara a la Nación-Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Luis Fernando González Zapata (f. 7-19, 1). Al respecto, formularon las siguientes pretensiones:

 

PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los daños y perjuicios, tanto materiales como morales causados al señor LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, y de los perjuicios morales ocasionados a sus hijos menores LINA FERNANDA GONZÁLEZ DUSSAN y ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ DUSSAN,  lo mismo que a la señora ROCÍO DUSSAN PÉREZ, en calidad de esposa; y a los señores LUIS FELIPE GONZÁLEZ GARZÓN y NOHORA STELLA ZAPATA DE GONZÁLEZ en calidad de padres, a MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ZAPATA y GIOVANNY ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA en calidad de hermanos, por la privación injusta de la libertad que fue víctima, por el término de seis (6) meses, derivada de los hechos y omisiones de los funcionarios que instruyeron el proceso n.º 447927, Fiscalía Delegada 201, Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden material consistentes en lucro cesante causados al demandante LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, que asciende a la suma de QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($15 180 000), por los dineros dejados de percibir como remuneración laboral por causa de la privación de su libertad (…).

TERCERA: Que como consecuencia de la primera, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden material consistentes en el daño emergente causados al demandante LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, que asciende a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15 000 000), por concepto de honorarios pagados a los abogados que asumieron la defensa del hoy demandante, durante la privación de su libertad (…).

CUARTA: Que como consecuencia de lo primero, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden moral causados a LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, el equivalente en moneda nacional a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para él, como directo perjudicado.

QUINTA: Que se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden moral causados a LINA FERNANDA GONZÁLEZ DUSSAN y ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ DUSSAN, en calidad de hijas, y a ROCÍO DUSSAN PÉREZ, en calidad de esposa; y a los señores LUIS FELIPE GONZÁLEZ GARZÓN y NOHORA STELLA ZAPATA DE GONZÁLEZ en calidad de padres, a MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ZAPATA y GIOVANNY ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA en calidad de hermanos, el equivalente en moneda nacional a CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, para cada uno de ellos como perjudicados indirectos.

SEXTA: Que se actualicen las anteriores condenas en la forma prevista en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al consumidor, y se reconozcan los intereses ocasionados desde la fecha de la privación injusta de la libertad hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

SÉPTIMA: Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

 

  1. Como fundamento fáctico de las citadas pretensiones, los demandantes expusieron los hechos que se sintetizan a continuación:

 

  • Entre el 22 y el 31 de diciembre de 1997, el Servicio Nacional de Aprendizaje-S.E.N.A., regional Bogotá y Cundinamarca, celebró 19 contratos, entre ellos los n.º 025, 027, 028, 029, 030, 033, 034, 036, 037, 038 y 039, relacionados, en su mayoría, con la instalación y adquisición de equipos eléctricos, con diferentes personas naturales y jurídicas.

 

  • La funcionaria Luz Alba Sánchez, en su calidad de encargada del área jurídica, denunció posibles irregularidades en la suscripción, ejecución y liquidación de los referidos acuerdos. Consecuencia de lo anterior, la Fiscalía Delegada 201, Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, a través del proceso acumulado n.º 447927, inició la investigación en contra de Luis Fernando González Zapata y otros.

 

  • El 11 de marzo de 2003, la Fiscalía resolvió la situación jurídica del investigado con imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En ese sentido, se libró orden de captura en su contra.

 

  • La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por la defensa del señor Luis González Zapata, que fue resuelto por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante resolución de 12 de septiembre de 2003, a través de la cual se revocó la medida impuesta y en su lugar, se concedió la libertad inmediata.

 

  • Luis Fernando González Zapata fue capturado el día 20 de marzo de 2003 y trasladado a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad-D.A.S., en la ciudad de Bogotá, donde permaneció hasta el 16 de julio del mismo año, cuando fue conducido al Establecimiento de Reclusión Especial de Chiquinquirá, Boyacá. El 18 de septiembre de la misma anualidad recuperó su libertad.

 

  • En la oportunidad para calificar el mérito del sumario, la Fiscalía Delegada 201, profirió resolución de acusación contra Luis Fernando González Zapata. Dicha providencia fue revocada en segunda instancia, en desarrollo del recurso de apelación interpuesto, y en su reemplazo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. precluyó la investigación a favor de Luis Fernando González Zapata.

 

  • Durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, el señor Luis Fernando González Zapata tuvo que abandonar las labores que servían de sustento a su familia, pues al momento de los hechos se dedicaba a la promoción de eventos en la finca Cabañas de Mareyba, en el municipio de Melgar, prestaba sus servicios como asesor de sistemas y mantenimiento de computadores e impresoras en el Instituto de Educación Técnica en Salud CETES y era asistente de gerencia en sistemas en la sociedad comercial Productores Unidos de Televisión y Medios S.A.-UNITV. S.A.

 

  • A causa de la privación, González Zapata tuvo que contratar la prestación de servicios de un abogado para ejercer su defensa con un costo de $15 000 000. Al tiempo que sufrió la separación temporal de sus hijas, lo que les provocó un profundo dolor y frustración, con secuelas de orden sicológico, tras ver a su padre señalado de ser un delincuente. Así mismo, los hechos referidos generaron dolor y aflicción en sus demás familiares, por lo cual debían ser indemnizados.

 

  1. Trámite procesal

 

  1. Mediante auto de 12 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda instaurada y ordenó notificar a la demandada (f. 22, c. 1).

 

  1. La Nación-Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación de la demanda (f. 25-32, c. 1), en el que se opuso a las pretensiones de la misma, por cuanto no se configuraban los elementos de la responsabilidad, en consideración a que, en virtud del artículo 250 constitucional, le correspondía investigar los delitos, para lo cual debía “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”. Investigación dentro de la cual el procesado tenía la posibilidad de controvertir las pruebas, con sujeción al debido proceso y demás garantías.

 

  • Sobre el caso concreto, indicó que la Fiscalía Delegada 201 conoció de la investigación contra Luis Fernando González Zapata por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, dentro de la cual impuso la medida de aseguramiento, que fue revocada por el superior en segunda instancia, a quien las pruebas lo condujeron a un criterio distinto, del cual no podía predicarse un error que configurara la responsabilidad patrimonial. Lo anterior evidenciaba que el afectado tuvo la oportunidad de controvertir la decisión y en ese sentido, esta fue legal y ajustada a los artículos 388, 389 y 397 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época. Adujo que la decisión de primera instancia fue legítima en la medida en que el fiscal consideró oportuno decretar la medida con fundamento en los indicios graves de responsabilidad que resultaban de los elementos de convicción. En conclusión, aunque González Zapata estuvo recluido, la medida de aseguramiento finalmente no se produjo, ya que su revocatoria fue la decisión que quedó en firme.

 

  • Igual reflexión realizó sobre la posterior determinación de preclusión de la investigación, de la cual no se podía derivar un “error judicial evidente y grosero que ameritara una indemnización” a cargo de la entidad. Finalmente, solicitó tener en cuenta que no podía pensarse que siempre que se absolviera a un procesado se comprometía la responsabilidad del Estado, pues ello evitaría investigaciones penales serias, toda vez que los funcionarios estarían atados, obligados a emitir resolución de acusación y abstenerse de proferir medidas de aseguramiento.

 

  • De otro lado, La Fiscalía General de la Nación llamó en garantía al Fiscal 2001 Delegado, Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, señor José Manuel Bernal Parra.

 

  1. En virtud del Acuerdo n.º PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006, por medio del cual se reglamentó el conocimiento de los asuntos por parte de los juzgados administrativos, el referido proceso fue remitido al Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual a través de auto de 10 de abril de 2007 aceptó el llamamiento en garantía presentado por la Fiscalía General de la Nación (f. 47, 50-51, c. 1). Consecuencia de lo anterior, se surtió ante dicho juzgado el trámite procesal correspondiente hasta la etapa de pruebas; no obstante, mediante auto de 5 de mayo de 2009, ese despacho se declaró incompetente para conocer de la acción por falta de competencia y en su lugar, ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 63-64, c. 1).

 

  1. Una vez asumida nuevamente la competencia por el Tribunal, mediante auto de 5 de agosto de 2009, declaró la nulidad de lo actuado desde el auto de 10 de abril de 2007[1] y avocó el conocimiento del asunto (f. 68-73, c. 1). Posteriormente, a través de proveído de 9 de septiembre del mismo año, el despacho negó el llamamiento en garantía formulado (f. 75-78, c. 1).

 

  1. Dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia, la Nación-Fiscalía General de la Nación reiteró su ausencia de responsabilidad, por cuanto su actividad se limitó al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Indicó que la presunción de inocencia no iba en contravía con la posibilidad de aplicar medidas preventivas para asegurar la comparecencia de los procesados al juicio, pues esta se mantenía vigente hasta que se demostrara la responsabilidad y no podía esgrimirse como obstáculo para el ejercicio del ius puniendi a cargo de la Fiscalía General de la Nación (f. 110-113, c. 1).

 

  • La parte actora, por su parte, argumentó que estaba probado que el señor Luis Fernando González Zapata estuvo privado de la libertad desde el 20 de marzo hasta el 18 de septiembre de 2003, en cumplimiento de la providencia de 11 de marzo del mismo año, decisión que fue revocada el 12 de septiembre por el superior, fecha en la que la Fiscalía Delegada 201 profirió resolución de acusación contra el sindicado, pero que también fue revocada. Así las cosas, quedó demostrado que el demandante no cometió el delito, por cuanto no le eran imputables los cargos atribuidos, empero permaneció detenido seis meses, lo que configuraba el daño antijurídico, con su correspondiente deber de reparación. Agregó que en los eventos en que se precluía la investigación, era irrelevante verificar la legalidad de las providencias judiciales, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sobre los perjuicios solicitado en la demanda, adujo que de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario era procedente declararlos (f. 127-143, c. 1).

 

  • El Ministerio Público conceptuó que era procedente la declaratoria de responsabilidad de la accionada, “pues se causó un daño antijurídico al señor GONZÁLEZ ZAPATA, consistente en la privación injusta de su libertad seguida por la posterior liberación de este en aplicación al principio in dubio pro reo así como por la falta de material probatorio que llevara a una acusación”. Refirió que no era posible afirmar que la víctima hubiera dado lugar a la privación con su actuar, toda vez que no se demostró su conocimiento de los hechos y la finalidad perseguida.

 

  1. Agotadas las etapas procesales pertinentes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda mediante sentencia de primera instancia del 15 de septiembre de 2010 (f. 162-176, c. ppl.), cuyos fundamentos se exponen a continuación:

 

  • Inicialmente, el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Nohora Stella Zapata de González, Luis Felipe González Garzón, María Cristina y Giovanni Arturo González Zapata, en atención a que no se acreditó el parentesco, ni su calidad de damnificados. Sobre el caso concreto estimó que si bien la Fiscalía en segunda instancia consideró que no había mérito para formular la acusación, dado que el privado no tenía la experiencia suficiente, ni los conocimientos especializados en contratación pública, no podía perderse de vista que se trataba de un profesional, que aunque sus conocimientos no fueran en contratación pública, era alfabeta, con experiencia en los negocios. Bajo esa lógica, la formación del procesado como promotor turístico debía permitirle advertir irregularidades en la suscripción de contratos que contenían información ajena a la realidad. En consecuencia, halló configurada la existencia de una causal exonerativa de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, caso en el cual el sindicado tenía la carga de soportar la investigación, pues él mismo, con su actuación, se sometió a ser investigado, de lo cual no cabía predicar la responsabilidad de la demandada. Sobre el particular se lee:

 

Así las cosas, se encuentra que la responsabilidad por la privación injusta de la libertad del señor LUIS FELIPE GONZÁLEZ ZAPATA, no es imputable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien adoptó la medida, tomando en consideración la existencia de los documentos que estaban suscritos por el hoy actor y que reflejaban las anomalías que se presentaron en los procesos de contratación que realizó el SENA -Regionales Bogotá y Cundinamarca-, los cuales se constituyeron en pruebas que permitían inferir la participación del implicado en el delito que se le pretendía atribuir, por lo cual procedió a dictar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la persona del señor GONZÁLEZ ZAPATA.

 

  1. Contra la anterior providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, con el propósito de que se revocara la decisión (f. 178-188, c. ppl.). En primer lugar, fundó su inconformidad en la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de los señores Luis Felipe González Garzón, Nohora Stella Zapata de González, María Cristina y Giovanni Arturo González Zapata, toda vez que dentro del expediente obraban varios registros civiles de nacimiento de los cuales se evidenciaba la calidad de padres de Luis Felipe González Garzón y Nohora Zapata de González, así como los registros de María Cristina y Giovanni González Zapata, como hermanos de la víctima, obrantes a folios 213 a 216 del cuaderno 2 del expediente. Tales documentos constituían plena prueba del parentesco que legitimaba a los accionantes a concurrir al proceso y ser reparados. Agregó que dentro del expediente se encontraba el registro civil de matrimonio del privado, en el cual constaban los nombres de sus progenitores, instrumento que constituía plena prueba del parentesco en los términos del Consejo de Estado.

 

  • Sobre la culpa exclusiva de la víctima, adujo que dicha causal de exoneración de responsabilidad obedecía a la actuación dolosa o culposa dentro del proceso judicial, no a las acciones previas a este, al tenor de la sentencia C-037 de 1996. En ese sentido, no había evidencia de una conducta reprochable en el trámite de la investigación penal, considerada dolosa o gravemente culposa, así como tampoco en los actos previos. Más que autor de los hechos, el señor Luis Felipe González resultó una víctima de la acción de otros procesados. Lo anterior resultaba contradictorio para el recurrente, pues el argumento central en la sentencia era que bajo el nuevo régimen de responsabilidad lo trascendental era el daño antijurídico y no la conducta del agente o los particulares que la reclamaran y más extraño cuando fue el demandante quien puso los hechos en conocimiento de la administración del SENA.

 

  • Frente a la obligación del actor de soportar la investigación, precisó que se trataba de algo distinto a tolerar la privación de la libertad, pues esta solo procedía de manera excepcional. El Tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado referente a que cuando el sindicado era absuelto porque el hecho no existió, no lo cometió o la conducta no constituía delito, era injusta la privación de la libertad. En ese sentido, estaba demostrado que González Zapata no cometió el delito por el cual permaneció retenido por espacio de 6 meses, configurándose el daño antijurídico.

 

  1. Dentro del término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, la parte actora reiteró los planteamientos esbozados en el recuro de alzada. Agregó que al presente asunto eran aplicables las disposiciones del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en cuanto la jurisprudencia de la Corporación ha establecido su aplicación a pesar de su derogatoria. Sobre los perjuicios indicó que los demandantes tenían derecho a indemnización por perjuicios materiales, morales y a la vida de relación, que aunque no fueron solicitados en la demanda, estaban acreditados (f. 200-222, c. ppl.).

 

  1. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación alegó de conclusión para manifestar su acuerdo con la sentencia de primera instancia. En concreto, señaló que algunos demandantes no estaban legitimados en la causa por activa porque no probaron su calidad de damnificados con el hecho dañoso, ni su parentesco con el señor González Zapata pues dentro del expediente faltaba el registro civil de nacimiento del privado de la libertad, que es la prueba idónea para ello Agregó que las providencias aportadas en copia simple por la parte demandante, no podían ser valoradas toda vez que no cumplían las exigencias del artículo 254 del C.P.C. y en ese sentido no eran medios de convicción. Así las cosas, el demandante no probó los daños y perjuicios solicitados, en desarrollo del artículo 177 del C.P.C. lo que conducía a negar las súplicas de la demanda (f. 223-230, c. ppl.).

 

  1. Mediante auto de 28 de noviembre de 2013, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero manifestó impedimento para participar de la decisión del asunto por haber conocido del presente proceso en su calidad de magistrado del tribunal de primera instancia, el cual fue aceptado a través de auto de 9 de diciembre del mismo año (f. 248, 250, c. ppl.).

 

CONSIDERACIONES

 

  1. Competencia

 

  1. La Sala es competente para resolver el sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. Además, fijó en cabeza de los tribunales administrativos la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía[2].

 

  1. En relación con la caducidad de la acción, se observa que en el presente caso la providencia que precluyó la investigación en contra del señor Luis Fernando González Zapata por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos, se expidió el 20 de febrero de 2004 y quedó ejecutoriada el 15 de marzo siguiente, comoquiera que no era susceptible de apelación (f. 189, c. 3). La demanda, por su parte, se presentó el 8 de septiembre de 2005, de manera que fue oportuna dado que en ese momento aún no había expirado el plazo de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.

 

  1. Validez de los medios de prueba

 

  1. En el proceso obran algunos documentos en copias simples aportadas por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del C.P.C., la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

 

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (…).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia –en los procesos ordinarios– la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales –necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo– es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (…)[3].

 

  1. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que la contraparte no se pronunció al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

 

  • Hechos probados

 

  1. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, se tienen probados los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

 

  • Los primeros días del mes de diciembre de 1997, fueron girados a la regional Bogotá y Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- $2 355 014 000, como parte de una adición presupuestal realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad, por más de veintidós mil millones de pesos. Entre los días 22 y 31 de diciembre del mismo año, dicha entidad suscribió 19 contratos, entre ellos los n.º 025, 027, 028, 029, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 038 y 039, relacionados en su mayoría con la instalación y adquisición de equipos eléctricos de computación y conmutadores, cuya legalidad fue discutida por la jefe de la Oficina Jurídica, quien presentó denuncia formal de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, en consideración a las irregularidades en la fase precontractual, contractual, ejecución y liquidación de cada uno de los acuerdos (narración de hechos de la providencia de 11 de marzo de 2003 -f. 1-85, c. 2).

 

  • La denuncia dio lugar a la investigación de varios empleados y contratistas, entre ellos Luis Fernando González Zapata, por varios delitos, a saber: celebración de contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales, por cuanto se violaron algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993, en cuanto a la selección objetiva y trasparente de contratistas, ya que las obras contratadas debieron agruparse por necesidades y efectuarse mediante la modalidad de licitación pública y no de contratación directa, como se hizo; interés indebido en la celebración de contratos, pues se advirtió que cada contrato fue direccionado con el fin de favorecer a los contratistas finales; peculado por apropiación, en atención a que se cancelaron obras no autorizadas, no ejecutadas, incompletas y sobrecostos a favor de los contratistas sin que en algunos casos se hubieren devuelto los excedentes y, finalmente, falsedad en documentos públicos, ya que obraban como soportes de cada contrato documentos y firmas falsas e información incierta sobre las circunstancias en que se dieron las reuniones del Comité de Evaluación de Propuestas u Ofertas y Comité de Compras, con actas que al parecer fueron suscritas de manera posterior a la celebración de los convenios (narración de hechos de la providencia de 11 de marzo de 2003 -f. 1-85, c. 2).

 

  • Mediante providencia de 11 de marzo de 2003, la Fiscalía 201 Delegada, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, ordenó detener preventivamente al señor Luis Fernando González Zapata y otros, como presuntos coautores de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos, tras considerar que tuvo participación en la comisión de los punibles al suscribir las actas del Comité de Evaluación de Ofertas y de Compras, cuando este cuerpo nunca deliberó, tratando de dar apariencia de legalidad a todo el trámite contractual y conceptuando a favor. La acción que reprochó el ente acusador fue firmar las actas sin oponerse a la contratación fraccionada con igual objeto, con el fin de evadir la licitación pública, y que en enero de 1998 firmaron las actas de algo que no había ocurrido, además de una deficiente interventoría (providencia en mención – f. 1-85, c. 2).

 

  • El 20 de marzo de 2003, fue capturado el señor Luis Fernando González Zapata, por funcionarios de Policía Judicial del D.A.S. e ingresó a la custodia transitoria del Departamento de Seguridad hasta el 16 de julio de 2003, cuando fue trasladado al Establecimiento de Reclusión Especial de Chiquinquirá, Boyacá (oficio de 21 de marzo de 2003, mediante el cual el D.A.S. dejó a disposición de la Fiscalía 201, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública al capturado -f. 4-5, c. 3, constancia de 14 de mayo de 2004, suscrita por el jefe del área de servicios complementarios del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. -f. 199, c. 2). En dicho centro carcelario permaneció recluido desde el 16 de julio hasta el 18 de septiembre de 2003 (certificación expedida el 18 de junio de 20004 por el director encargado del Establecimiento de Reclusión Especial Chiquinquirá -f. 200, c. 2).

 

  • Mediante providencia de 12 de septiembre de 2003, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., al resolver el recurso de apelación presentado por varios de los inculpados contra el proveído de 11 de marzo y otras decisiones, revocó la medida de aseguramiento impuesta a González Zapata. Al respecto consideró que el procesado no era experto en contratación pública, estaba recién vinculado en el cargo de asesor de la División de Investigaciones y Desarrollo Técnico Pedagógico (2 de diciembre de 1997) y dos días después fue trasladado en comisión a la Subdirección Administrativa y Financiera de la regional, donde recibió el encargo para la revisión de las propuestas y posteriormente, fungió como interventor, mientras una firma especializada asumía la interventoría, lo cual nunca ocurrió (f. 89-198, c. 2). Se destaca de la providencia:

 

Encontramos que este procesado tiene dos tipos de intervenciones en la contratación cuestionada: uno frente a la fase precontractual en punto de intervenir como miembro del comité de compras y otro en la fase de ejecución del contrato como interventor.

En la primera, se le critica el haber aparentado realizar la evaluación de las propuestas sin ningún referente, sin ningún razonamiento que la fundamentara, a sabiendas de la inexistencia de estudios previos y planos eléctricos de las obras a realizar y de los planos de los inmuebles donde estas se llevarían a cabo, el tipo y calidad de los bienes o materiales y de los servicios a contratar en el pliego de condiciones, para cotejarlos con idénticos ítems de las propuestas presentadas para su evaluación para establecer si estos correspondían a los propuestos por los oferentes.

La crítica hubiese sido acertada si el procesado hubiese tenido conocimientos en derecho y específicamente en materia de contratación estatal, y si se le hubiese encargado la revisión jurídica del expediente o si sus conocimientos fueran los de un técnico con experiencia en el ramo de la contratación pública, o el de un empleado con experiencia en este tipo de materias que le hubiese permitido observar tal falencia de entrada. O más aún que hubiese tenido experiencia como miembro de un Comité de Compras y evaluaciones en otra empresa del Estado, o como empleado de una oficina jurídica de un tal ente, con este tipo de experiencia, o aún, si se hubiese demostrado que este podía tener experiencia como contratista, o como interventor de obras.

(…).

La profesión y experiencia de este procesado, pero tampoco su corta estadía en el SENA no le permitía haberse empapado de un tal conocimiento específico, para el momento en que por su jefe inmediato, lo involucró mañosamente en los trámites irregulares de los referidos contratos, cuyos hilos manejaba junto con Sarmiento.

En efecto, se le utilizó por su inexperiencia y por su falta de conocimientos en el tema de la contratación estatal, so pretexto de evaluar las ofertas, para que fungiera como miembro de un comité que jamás tuvo existencia real, sino meramente virtual, pues jamás sesionó como tal, sin embargo, el doctor ROJAS su superior, le hizo creer con cada una de las actas que le hizo suscribir, que en efecto el comité si había sesionado, y que él actuaba como asesor técnico de la Subdirección Administrativa y Financiera a su cargo, en atención a la labor que separadamente le había dado de cotejar algunos aspectos técnicos y económicos de las ofertas.

(…)

En otras palabras, su ignorancia sobre el tema, la buena fe con que asumió la labor encomendada por el doctor ROJAS su jefe, en el entendido de estar colaborando legalmente en el trámite de dichas contrataciones y cumpliendo las directrices dadas por su jefe el doctor ROJAS, no le permitieron tener conciencia de haber cometido los hechos ilícitos que se le imputan.

(…).

Ahora bien, en otro apartado de la providencia ya habíamos insinuado que volveríamos sobre el punto, referente a la actuación del sindicado, cuando fungió como interventor, también engañado por el doctor Rojas, que le dijo que este encargo era temporal, para que colaborara, mientras se nombraba como interventor una empresa especializada en interventoría, sin haber sabido que su nombre figuraba como tal en un contrato (…).

De hecho ni el doctor SARMIENTO, pero tampoco Rojas acudieron a estos expertos de la Institución, ni a informar, como era su obligación, a la Oficina Jurídica sobre las contrataciones realizadas en la última semana de diciembre de 1997, lo que constituye un claro hecho indicativo que las ilicitudes por ellos cometidas en estos trámites, querían que no fueran conocidas por estos órganos de control de la institución, ni por una persona capaz que pudiera develar las ilicitudes en su proceder, lo que explica que se hubiese una vez más acudido al inexperto y cándido empleado que ahora se procesa, el señor FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA,  para utilizarlo como interventor, oficio que también desconocía.

(…).

Por lo anterior, consideramos que en el presente caso el procesado GONZÁLEZ pudo actuar en estado de error (de tipo n.º 10 Art. 32 del C.P.) al considerar que con su conducta no estaba infringiendo ningún precepto penal y que por el contrario que actuaba correctamente, como se lo había encomendado su jefe y le venía cumpliendo los encargos, con lo cual estimaba colaboraba legamente con los trámites contractuales en cuestión.

Por tales razones y con fundamento en lo normado por el inc. 3 del Art. 356 del C. de P. Penal, consideramos que no hay por ahora mérito para imponer la detención en contra de este procesado y consecuencialmente procederá la revocación de lo resuelto en tal sentido por el a quo en la providencia que se recurre, debiéndose ordenar la inmediata libertad incondicional de este procesado.

 

  • El mismo 12 de septiembre de 2003, la Fiscalía 201 Seccional, Unidad Primera Especializada de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, profirió resolución de acusación contra Luis Fernando González Zapata y otros, por la infracción al deber de “cuidado y observancia estricta en los procedimientos de contratación” que les correspondía, decisión que fue apelada por varios de los procesados. Así las cosas, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., mediante providencia de 20 de febrero de 2004 resolvió revocar la decisión de primera instancia y en su lugar, precluir la investigación en contra de Luis Fernando González Zapata por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos (f. 7-185, c. 3). En ese sentido, indicó:

 

En relación con este procesado de quien la Fiscalía instructora no tuvo en cuenta el criterio emitido por esta instancia al revocar la medida de aseguramiento en su contra proferida, por cuanto para la misma fecha en que se decidió por parte de la Delegada ante el Tribunal, el a quo calificó el mérito probatorio del sumario, hemos de decir que la prueba para este procesado no ha cambiado, razón por la cual nuestro criterio debe mantenerse vigente.

No se reparó ni se tuvo en cuenta por parte del señor instructor que ciertamente este procesado, estaba recién vinculado a dicha institución (2 de diciembre de 1997 como se encuentra probado en los autos con el acta de posesión), que el cargo para el que fue nombrado era bien diferente en funciones al cargo donde se le comisionó temporalmente, sin que en manera alguna le especificaran cuáles iban a ser sus funciones.

(…).

Entonces es claro que se hizo toda una simulación por parte de los autores y con la colaboración de algunos de los firmantes, para hacer aparecer que el referido Comité sí se había conformado y había sesionado, cuando ello no ocurrió.

(…).

Como se ha dejado sentado, si la prueba no es indicativa que este procesado hubiese actuado con conocimiento de la ilicitud con que procedían sus superiores, sin que tuviese conciencia que algunos de los documentos que se le dijeron que revisara en algunos aspectos eran falsos, sin saber de la existencia y funcionamiento del Comité de Compras y Evaluaciones en esa institución, es fácil entender entonces como, para la fase post contractual o de ejecución de los contratos, también el doctor Rojas y sus superiores lo hayan seguido utilizando, para que de hecho apareciera fungiendo como interventor en algunas obras, igualmente sin un acto administrativo específico que así lo nombrara, sin discernimiento de las funciones como tal, sin los estudios previos de la obra.

(…).

Estos dos puntos aludidos, si no se descuidan, permiten colegir con claridad dos aspectos que necesariamente deben ser tenidos en cuenta por el investigador: de una parte, inexperiencia y falta de conocimiento en materia de contratación estatal, pero particularmente de la normatividad interna que sobre el particular tenía la institución, pues ni era abogado ni contaba con experiencia sobre el particular, de otra buena fe en su jefe, esto es ausencia de conciencia de la ilicitud con que actuaba el doctor Rojas y quienes le prestaron a este colaboración consciente de su ilicitud.

 

  • Al momento de los hechos, el señor Luis Fernando González Zapata laboraba en la Institución de Educación Técnica en Salud, prestando sus servicios de asesoría en sistemas y mantenimiento de computadores e impresoras, con una remuneración mensual de $280 000 (certificación de 9 de abril de 2003, expedida por el director de la institución -f. 202, c. 2). Igualmente, se desempeñaba como asistente de gerencia en sistemas en la sociedad comercial Productores Unidos de Televisión y Medios S.A. “UNIT.V. S.A.” desde el 19 de enero de 2000, donde recibía una asignación mensual de $1 500 000 (certificación expedida por la representante legal de la entidad, con fecha de 21 de abril de 2003 -f. 203-204, c. 2).

 

  • El señor Luis Fernando González Zapata canceló por concepto de honorarios profesionales para su defensa dentro del proceso penal la suma de $15 000 000 al abogado Diego Corredor Beltrán, según consta en los recibos de caja que éste último expidió (recibo de caja n.º 128 de 11 de abril de 2003 por $5 000 000, recibo de caja n.º 139 de junio 6 de 2003, por valor de $3 500 000, recibo de caja n.º 141, de agosto 5 de 2003 por valor de $3 000 000 y recibo de caja n.º 149 de diciembre 8 de 2003 por valor de $3 500 000, obrantes entre folios 217 y 218 del cuaderno n.º 2).

 

  • Se encuentra acreditado el parentesco de los demandantes con el privado de la libertad de la siguiente manera

 

Demandante Parentesco Prueba Folio
Luis Fernando González Zapata Víctima directa Providencia de 11 de marzo, proferida por la Fiscalía 201 Seccional, y de 12 de septiembre de 2003, emitida por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá. 1-85, c. 2; 89-198, c. 2.
Lina Fernanda González Dussan Hija Registro civil de nacimiento 211, c. 2
Angélica María González Dussan Hija Registro civil de nacimiento 212, c. 2
María Cristina González Zapata Hermana Registro civil de nacimiento 215, c. 2
Giovanni Arturo González Zapara Hermano Registro civil de nacimiento 216, c. 2
Rocío Dussan Pérez Esposa Registro civil de matrimonio 217, c. 2
Luis Felipe González Garzón Padre Registro civil de matrimonio del privado y registros civiles de María Cristina y Giovanni González Zapata 215, 216 y 217, c. 2;
Nohora Stella Zapata de González Madre Registro civil de matrimonio del privado y registros civiles de María Cristina y Giovanni González Zapata 215, 216 y 217, c. 2;

 

  1. Problema jurídico

 

  1. Corresponde a la Sala determinar si en el caso bajo análisis resulta procedente declarar la responsabilidad del Estado por el daño causado a Luis Fernando González Zapata como consecuencia de la privación de la libertad a la que fue sometido, con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos, la cual concluyó con resolución de preclusión emitida por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. Para ello, es preciso establecer si la conducta del demandante resultó determinante en la producción del daño que se alega.

 

  1. Análisis de la Sala

 

  1. De conformidad con los hechos probados, la Sala advierte que está demostrado el daño invocado por la parte actora, pues está debidamente acreditado que el señor Luis Fernando González Zapata estuvo privado de su libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del proceso que se adelantó en su contra por los punibles de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos, desde el 20 de marzo hasta el 18 de septiembre de 2003, momento en el cual le fue concedida la libertad. Así las cosas, el periodo de la privación se prolongó por 182 días, equivalente a seis meses.

 

  1. En ese sentido, quedó evidenciado que mediante providencia de 11 de marzo de 2003, la Fiscalía 201 Seccional, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del sindicado, que se hizo efectiva el 20 de marzo siguiente, cuando miembros del D.A.S. lo capturaron. Dicha decisión fue revocada el 12 de septiembre del mismo año por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., proveído por el cual el procesado recuperó su libertad, el 18 de septiembre de 2003.

 

  1. En cuanto a la imputación de este daño, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad se encuentra constituido generalmente por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

 

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

 

  1. En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación respecto de la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

 

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente[4], con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél[5].

 

  1. Bajo estos lineamientos,la privación injusta de la libertad implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; a la víctima le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, sea mediante la preclusión de la investigación o mediante sentencia absolutoria, por haberse probado que el hecho no ocurrió, no lo cometió o no es punible, así como el daño surgido con ocasión de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos.

 

  1. Es necesario advertir que para el momento en que se dispuso la libertad del señor Luis Fernando González Zapata, ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el cual dispone que: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. Sin embargo, se ha señalado que el anterior criterio de imputación objetiva de responsabilidad por los eventos contemplados mayoritariamente en la normativa procesal penal del año 1991, rige y es aplicable a pesar de que para el caso concreto hubiesen entrado en vigencia la Ley 270, la Ley 600 del 2000 o la Ley 906 del 2004.

 

  1. En efecto, esta Corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede en los eventos en que las personas son privadas de la libertad durante una investigación penal a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, situaciones que evidentemente se equiparan a los casos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991[6].

 

  1. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se indicó[7]:

 

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación[8].

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.

 

  1. Además de los tres eventos previstos en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, consideró que también debía aplicarse un régimen de responsabilidad objetivo en los eventos en los que el sindicado es absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, es decir, cuando las pruebas dentro del proceso penal no generan en el juzgador una certeza más allá de toda duda razonable respecto de la configuración de la conducta típica, antijurídica y culpable. Al respecto se ha dicho:

 

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.

15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Para llegar a tal afirmación, esta Corporación, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013[9], realizó el siguiente cuestionamiento:

¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia[10] misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales –como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados–? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial –fin esencial– para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?[11].

 

  1. En el caso concreto, la Sala observa que al señor González Zapata se le investigó por la comisión de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos, investigación de la cual resultó acusado ante la inobservancia de sus deberes como integrante del Comité de Evaluación y Compras para la contratación del S.E.N.A. y como interventor. Empero, al surtirse el recurso de apelación, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. revocó la decisión, pues luego de realizar un análisis de las pruebas que lo comprometían, llegó a la conclusión de que el sindicado no obró con conciencia de la ilicitud de su actuación.

 

  1. Consecuencia de lo anterior, resulta forzoso concluir que en lo que respecta a los tipos penales referidos, la administración no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, motivo por el cual habría lugar, en principio, a condenar al Estado por la privación de la libertad que sufrió, teniendo en cuenta que fue por aquellos delitos que se le impuso la medida de aseguramiento y que finalmente precluyó la investigación.

 

  1. No obstante, es preciso determinar si, como lo señaló el a quo al proferir la sentencia de primera instancia, en el presente caso se configuró una causa extraña que rompa la imputación fáctica del daño antijurídico sufrido, por la falta de cuidado con la que obró el señor González Zapata, en su calidad de empleado del SENA y miembro del Comité de Evaluación y Compras conformado para una actividad contractual específica.

 

  1. Sobre dicha causal de exoneración, esta Corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[12] establece esta posibilidad, al preceptuar que:

 

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

 

  1. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

 

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)[13].

 

  1. Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima, al respecto ha dicho:

 

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la  falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)[14].

 

 

  1. De conformidad con lo dicho, el hecho de la víctima se configura cuando esta dio lugar causalmente a la producción del daño, por haber actuado de forma dolosa o culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles.

 

  1. Ahora bien, es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

 

  1. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento -análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio-, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad.

 

  1. De esta manera, no puede perderse de vista que dado que los procesos penales y de responsabilidad del Estado atienden a finalidades disímiles y se rigen por normas, principios y objetivos diferentes, puede ocurrir que la misma conducta que, en materia penal, dio lugar a proferir medida de aseguramiento en contra del sindicado pero, a la larga, no cumplió con los requerimientos necesarios para fundar una condena -lo que en esa materia conlleva necesariamente a una sentencia absolutoria-, desde la perspectiva civil constituya dolo o culpa grave y rompa el nexo de causalidad que puede establecerse entre el daño cuya indemnización se reclama y la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

 

  1. Por esa circunstancia, cuando la privación se produce como consecuencia de una investigación adelantada contra un servidor público por un punible que presuntamente se produjo con ocasión del ejercicio de su cargo, para efectos de verificar si se configuró de un hecho de la víctima es preciso determinar cuáles eran sus funciones y obligaciones y establecer si el incumplimiento de alguna de ellas fue determinante para motivar a la Fiscalía a imponer la medida de aseguramiento[15]. Dicho análisis de la conducta del servidor público no guarda identidad, como se dijo, con el adelantado por las autoridades penales al momento de estudiar la culpabilidad del sindicado, teniendo en cuenta que para desentrañar los conceptos de dolo o culpa en sede de responsabilidad del Estado debe acudirse a las normas propias del derecho civil. Al respecto, ha dicho esta Corporación[16]:

 

Para responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala[17] ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (…).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo[18].

 

  1. En el sub lite, se observa que la conducta del demandante fue determinante en la producción del daño, pues se demostró que la imposición de la medida de aseguramiento se produjo como consecuencia directa del incumplimiento, a título de culpa, de los deberes que tenía a su cargo como servidor público, en general, y como miembro del Comité de Evaluación y Compras, en particular.

 

  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política[19] los particulares sólo son responsables por infringir las prohibiciones contenidas en normas legales. En tratándose de servidores públicos, aquellos son responsables por la omisión o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

 

  1. El artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, al referirse a la función pública, estableció quienes eran considerados servidores públicos, obligados a cumplir y defender la Constitución, así:

 

Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

 

  1. En materia disciplinaria, el artículo 40 la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único vigente para el momento de los hechos- disponía que son deberes de los funcionarios públicos, entre otros, los siguientes: (i) “[c]umplir y hacer que se cumpla la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los Manuales de Funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo”; (ii) “[f]ormular, coordinar o ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes y cumplir las leyes y normas que regulen el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público”; (iii) “[v]igilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados”; y (iv) “[v]igilar y salvaguardar los intereses del Estado”.

 

  1. En materia de contratación estatal, el artículo 23 de la Ley 80 de 1933 fijó los principios a observar dentro de las actuaciones contractuales de las entidades públicas de la siguiente manera:

 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

 

  1. Seguidamente, en los artículos siguientes, desarrolló cada uno de los principios de la contratación estatal, con el objeto de no generar dudas en su aplicación y estableció en el artículo 29 el deber de selección objetiva de contratistas.

 

  1. En desarrollo de dicha norma, la Resolución 71 de 30 de mayo de 1997, “por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones”, vigente para el momento de las contrataciones, expedida por la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, en el título II, reguló aspectos relacionados con la contratación estatal de la entidad. Así en el artículo 21 se dijo:

 

La Dirección General y las Regionales contarán con un (1) comité asesor en compras para estudiar asuntos técnicos y estratégicos y formular recomendaciones a los funcionarios involucrados en la actividad contractual, en todos los casos en que por la cuantía se requiera de licitación o invitación pública, el cual estará conformado así:

EN LA DIRECCION GENERAL:

El Director Administrativo y Financiero quien lo presidirá;

El Jefe de la Oficina Jurídica o su delegado;

El Secretario General o su delegado;

Un Director de área, designado por el Director General;

Dos funcionarios expertos en el área respectiva designados por el Director Administrativo y Financiero;

El Jefe de la División de Recursos Físicos, quien actuará como secretario.

EN LAS REGIONALES:

El Subdirector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces;

El Secretario Regional o quien haga sus veces;

Un Subdirector, según lo determine el Director Regional;

Dos funcionarios expertos en el área respectiva, designados por el Director Regional.

El Jefe de la División de Recursos Físicos o quien haga sus veces, quien actuará como secretario.

PARAGRAFO 1o. Los comités podrán invitar a sus deliberaciones a asesores internos o externos, como apoyo técnico.

PARAGRAFO 2o. Las seccionales solicitarán a la Dirección General la conformación de los comités asesores específicos cuando fuere necesario abrir algún proceso de licitación o invitación pública, así como la correspondiente autorización para la apertura del proceso.

 

 

  1. Seguidamente, el artículo 222 fijó las funciones del Comité:

 

Corresponden al Comité asesor las siguientes funciones:

  1. Actuar como comité coordinador de las políticas y procedimientos adoptados por la Entidad en materia de contratación;
  2. Propugnar por la reducción de costos en la adquisición de bienes y servicios;
  3. Velar por el estricto cumplimiento de las normas sobre contratación;
  4. Estudiar y analizar las ofertas recibidas por la Entidad y presentar las recomendaciones debidamente justificadas a quien deba contratar, cuando el proceso esté precedido de invitación o licitación pública.
  5. Estudiar y emitir concepto a la Entidad sobre las reclamaciones formuladas por los proponentes o contratistas;
  6. Recomendar cuando sea necesario, la declaratoria de desierta de alguna licitación;
  7. Atender el estudio de procesos de contratación que no sean de su competencia cuando se le solicite;
  8. Las demás que le asignen los reglamentos.

 

  1. Así las cosas, dada la naturaleza jurídica de la entidad a la que pertenecía el hoy actor, su calidad era la de un servidor público, cobijado por las normas citadas en precedencia. Por tal motivo, estaba sujeto al cumplimiento de una serie de obligaciones a efectos de salvaguardar su responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria, sin que legalmente estuviera exento de ello o pudiera alegar su ignorancia para desatender sus deberes funcionales.

 

  1. De lo expuesto se desprende también que la actividad contractual es una función que, por su especial importancia, se encuentra estrictamente reglada, circunstancia por la cual debe adelantarse con total observancia de los principios establecidos para el efecto en el ordenamiento jurídico y ciñéndose a lo dispuesto por la ley sobre los deberes de los servidores del Estado.

 

  1. En el caso concreto, se advierte que el señor Luis Fernando González Zapata, pertenecía al área de División de Investigaciones y Desarrollo Técnico Pedagógico y posteriormente fue trasladado en comisión a la Subdirección Administrativa y Financiera de la regional, de la que debía conocer sus funciones, o al menos indagar sobre sus particulares competencias, donde fue designado como miembro técnico del Comité de Evaluación de Propuestas y del Comité de Compras para apoyar el proceso de contratación de la entidad.

 

  1. Así las cosas, el señor Luis Fernando González Zapata, al pertenecer al referido Comité y suscribir las actas emanadas de este órgano actuaba en ejercicio de sus funciones y con ello avaló la actividad contractual desarrollada por la institución, pues tenía atribuida la tarea de “[e]studiar y analizar las ofertas recibidas por la Entidad y presentar las recomendaciones debidamente justificadas a quien deba contratar, cuando el proceso esté precedido de invitación o licitación pública” y, de otro lado, expedir documentos veraces sobre la totalidad del trámite.

 

  1. Dentro de las pruebas obrantes en el plenario se deduce que si bien el demandante no tenía conocimiento ni experiencia en materia contractual, su participación en la junta derivaba de sus competencias técnicas para la evaluación de las propuestas, lo cual no exigía ilustración sobre la contratación pública. En ese sentido, se tiene que el actor a pesar de que no era quien recibía las propuestas directamente de manos de los interesados, estas le eran entregadas por su superior para calificarlas “pues era este quien le dijo que estudiara las propuestas bajo criterios por él fijados y realizara la calificación, no estando en condiciones de controlar el proceso contractual pues este lo controlaba su superior”.

 

  1. Teniendo en cuenta el especial cuidado que amerita la actividad contractual, para la Sala no hay duda que el demandante incumplió los deberes que le había asignado la ley, comoquiera que previo a suscribir los documentos tantas veces mencionados, le era exigible que verificara con especial atención y celo las normas jurídicas que resultaban aplicables a los procesos que se estaban surtiendo, máxime si no tenía conocimientos sobre estas y verificar con especial esmero los documentos sometidos a su conocimiento, precisamente por la ausencia de información e inexperiencia. Bajo esa lógica, lo que se reprocha es la falta de cumplimiento de sus deberes en materia técnica, que no en lo contractual, pues de haberse ejecutado cabalmente habría advertido las irregularidades y la inexactitud de las actas finalmente firmadas.

 

  1. Ahora bien, para la actividad encomendada, el actor no requería ser un experto en contratación, pues su quehacer como miembro del Comité era dar cuenta de la revisión de los documentos presentados, en su condición de técnico en el objeto a contratar, como el nombre del grupo lo sugería. Sin embargo, de evidenciar falta de aptitudes e idoneidad para cumplir con lo asignado lo correcto era rechazar la misión.

 

  1. Aunque es cierto que dicho actuar descuidado y negligente no le significó al autor una pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta que la investigación en su contra finalizó con resolución de preclusión, para efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado es claro que su conducta sí fue una causa determinante y exclusiva para la privación de la libertad del señor González Zapata.

 

  1. Efectivamente, se tiene que el daño es imputable a la propia víctima, comoquiera que fue la conducta adoptada por el demandante la que motivó a la Fiscalía a iniciar la investigación penal y a imponer la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que sus aprobación de todo el ejercicio contractual, es decir, la suscripción de las actas de un comité que nunca deliberó ni se reunió, con el visto bueno de las propuestas finalmente beneficiadas de la contratación, conllevó a que se iniciara en su contra un proceso penal en el que terminó absuelto, y fungió como un indicio grave en su contra que sirvió de sustento para proferir la providencia de detención preventiva.

 

  1. Así las cosas, para la Sala se está en presencia de una clara ausencia de imputación, toda vez que está demostrado que el demandante tuvo actuación exclusiva y determinante en el hecho imputado, y el daño sólo puede ser atribuido a una causa extraña, sin que exista la posibilidad de endilgarlo a la parte demandada. Por ese motivo se procederá a confirmar la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.

 

  1. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2010, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

 

SEGUNDO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

 

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente de la Sala

(Impedido)

 

 

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Magistrada

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

 

[1]              La nulidad decretada no afecta la validez de las pruebas allegadas oportunamente al expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del C.P.C., según el cual: “La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla.”

[2]              Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

[3]              Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

[4]              [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449.

[5]              Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[6]              Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[7]              Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

[8]              [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

[9]              [13] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23346, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

[10]         [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe –en el verdadero sentido de su expresión, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico.

[11]            Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[12]            Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley No. 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

[13]            Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[14] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

[15]            Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del hecho exclusivo de la víctima en los casos de privación injusta de la libertad, cuando esta se desempeñaba como servidor del Estado, en los siguientes términos: “En efecto, el señor Giraldo Henao dio lugar a su propia detención, si se tiene en cuenta que (i) No legalizó la retención, como lo evidencia el propio juez que lo absolvió (…); y (ii) faltó a la verdad sobre los hechos investigados, tal como se observa de las providencias penales. Basta recordar el análisis que efectuó el Juez Penal del Circuito de Lérida, en la sentencia absolutoria del 7 de julio de 1998, en la que cuestionó el comportamiento de los policías sindicados: // “No entendemos la posición de los procesados Agentes de Policía y su Comandante para la época de los acontecimientos, en negar de manera  tan rotunda la permanencia de aquellos sujetos en sus instalaciones durante aquella tarde, noche y primera hora de la madrugada del día siguiente, como tampoco el no cumplir como imperioso requisito registrarles en sus libros con hora de llegada, motivo de la conducción y hora de salida, lo que bien a la lógica trae violación de su reglamento interno. Da ello lugar a pensar que éstos Agentes Policiales participaren de estructurando (sic) plan para acabar con la vida de MARLON ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, siendo por ello que optaron por omitir cualquier circunstancia que causare rastro o dejare vestigio de la criminal empresa. (…) // La privación de la libertad del señor Álvarez Rodríguez por parte los Agentes de Policía, ilegal o justificada, los compelía a registrar la captura, a ponerlo a disposición de las autoridades competentes y a garantizar su seguridad. Por lo tanto, el hecho de que el Agente Giraldo hubiera participado en la retención y omitido lo previsto en la ley para estos casos, fue determinante y exclusiva en la adopción de la medida que ordenó la privación de su libertad. // Ese comportamiento fue irregular, como lo fue el haber mentido durante la investigación. // Y si bien no se demostró su responsabilidad penal por la retención ilegal y muerte del señor Álvarez, lo cierto es que su conducta, desde la perspectiva de los elementos que estructuran la imputación del daño, fue causa determinante y exclusiva del daño que padeció. // Con fundamento en lo anterior y en lo previsto en el citado artículo 414 del C. de P. Penal, que condiciona la indemnización a que el detenido no hubiere dado lugar a la detención por dolo o por culpa grave, la Sala concluye que el daño no es imputable al Estado. // En este caso, como quedó demostrado, la conducta del señor José Reinaldo Giraldo Henao fue negligente, irregular, determinante y excluyente en la producción del daño, pues su comportamiento dio lugar a la privación de la libertad” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 1998-01619 (17188), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

[16]            Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 2001-01145 (27414), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[17]            [23] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P.  Ruth Stella Correa Palacio”.

[18]            [24] “[ibídem]”.

[19]            “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000 23 26 000 2005 02098 01 (40426)

SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO, AL DEMOSTRARSE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA RESPECTO DE SU PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Radicación número: 25000 23 26 000 2005 02098 01 (40426)

Actor: LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN SENTENCIA

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será confirmada.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

A principios del mes de diciembre de 1997, el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA recibió una adición presupuestal por valor de $2 355 014 000, que fueron invertidos en una serie de contratos celebrados entre el 22 y el 31 de diciembre del mismo año, relacionados con la instalación y adquisición de equipos de computación y conmutadores, con distintas personas jurídicas y naturales. Dichos acuerdos de voluntades estuvieron plagados de irregularidades, según la Oficina Jurídica de la entidad, que formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior dio lugar a la investigación en contra del señor Luis Fernando González Zapata y otros, como empleado integrante del Comité de Evaluación de Propuestas y de Compras, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos. El 20 de marzo de 2003, fue capturado el señor Luis Fernando González Zapata, como resultado de la medida de aseguramiento impuesta en su contra. El 12 de septiembre de 2003, la Fiscalía 201 Seccional, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, profirió resolución de acusación contra el sindicado, que fue revocada por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., entidad que en su lugar decretó resolución de preclusión. El procesado estuvo privado de su libertad hasta el 18 de septiembre de 2003.

 

ANTECEDENTES

 

  1. Lo que se demanda

 

  1. Mediante demanda presentada el 8 de septiembre de 2005, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Fernando González Zapata (víctima), quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas Lina Fernanda y Angélica María González Dussan, Rocío Dussan Pérez (esposa), Nohora Stella Zapata de González (madre), Luis Felipe González Garzón (padre), María Cristina González Zapata y Giovanni Arturo González Zapata (hermanos), a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declarara a la Nación-Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Luis Fernando González Zapata (f. 7-19, 1). Al respecto, formularon las siguientes pretensiones:

 

PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los daños y perjuicios, tanto materiales como morales causados al señor LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, y de los perjuicios morales ocasionados a sus hijos menores LINA FERNANDA GONZÁLEZ DUSSAN y ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ DUSSAN,  lo mismo que a la señora ROCÍO DUSSAN PÉREZ, en calidad de esposa; y a los señores LUIS FELIPE GONZÁLEZ GARZÓN y NOHORA STELLA ZAPATA DE GONZÁLEZ en calidad de padres, a MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ZAPATA y GIOVANNY ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA en calidad de hermanos, por la privación injusta de la libertad que fue víctima, por el término de seis (6) meses, derivada de los hechos y omisiones de los funcionarios que instruyeron el proceso n.º 447927, Fiscalía Delegada 201, Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden material consistentes en lucro cesante causados al demandante LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, que asciende a la suma de QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($15 180 000), por los dineros dejados de percibir como remuneración laboral por causa de la privación de su libertad (…).

TERCERA: Que como consecuencia de la primera, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden material consistentes en el daño emergente causados al demandante LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, que asciende a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15 000 000), por concepto de honorarios pagados a los abogados que asumieron la defensa del hoy demandante, durante la privación de su libertad (…).

CUARTA: Que como consecuencia de lo primero, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden moral causados a LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, el equivalente en moneda nacional a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para él, como directo perjudicado.

QUINTA: Que se condene a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los perjuicios de orden moral causados a LINA FERNANDA GONZÁLEZ DUSSAN y ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ DUSSAN, en calidad de hijas, y a ROCÍO DUSSAN PÉREZ, en calidad de esposa; y a los señores LUIS FELIPE GONZÁLEZ GARZÓN y NOHORA STELLA ZAPATA DE GONZÁLEZ en calidad de padres, a MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ZAPATA y GIOVANNY ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA en calidad de hermanos, el equivalente en moneda nacional a CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, para cada uno de ellos como perjudicados indirectos.

SEXTA: Que se actualicen las anteriores condenas en la forma prevista en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al consumidor, y se reconozcan los intereses ocasionados desde la fecha de la privación injusta de la libertad hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

SÉPTIMA: Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

 

  1. Como fundamento fáctico de las citadas pretensiones, los demandantes expusieron los hechos que se sintetizan a continuación:

 

  • Entre el 22 y el 31 de diciembre de 1997, el Servicio Nacional de Aprendizaje-S.E.N.A., regional Bogotá y Cundinamarca, celebró 19 contratos, entre ellos los n.º 025, 027, 028, 029, 030, 033, 034, 036, 037, 038 y 039, relacionados, en su mayoría, con la instalación y adquisición de equipos eléctricos, con diferentes personas naturales y jurídicas.

 

  • La funcionaria Luz Alba Sánchez, en su calidad de encargada del área jurídica, denunció posibles irregularidades en la suscripción, ejecución y liquidación de los referidos acuerdos. Consecuencia de lo anterior, la Fiscalía Delegada 201, Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, a través del proceso acumulado n.º 447927, inició la investigación en contra de Luis Fernando González Zapata y otros.

 

  • El 11 de marzo de 2003, la Fiscalía resolvió la situación jurídica del investigado con imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En ese sentido, se libró orden de captura en su contra.

 

  • La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por la defensa del señor Luis González Zapata, que fue resuelto por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante resolución de 12 de septiembre de 2003, a través de la cual se revocó la medida impuesta y en su lugar, se concedió la libertad inmediata.

 

  • Luis Fernando González Zapata fue capturado el día 20 de marzo de 2003 y trasladado a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad-D.A.S., en la ciudad de Bogotá, donde permaneció hasta el 16 de julio del mismo año, cuando fue conducido al Establecimiento de Reclusión Especial de Chiquinquirá, Boyacá. El 18 de septiembre de la misma anualidad recuperó su libertad.

 

  • En la oportunidad para calificar el mérito del sumario, la Fiscalía Delegada 201, profirió resolución de acusación contra Luis Fernando González Zapata. Dicha providencia fue revocada en segunda instancia, en desarrollo del recurso de apelación interpuesto, y en su reemplazo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. precluyó la investigación a favor de Luis Fernando González Zapata.

 

  • Durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, el señor Luis Fernando González Zapata tuvo que abandonar las labores que servían de sustento a su familia, pues al momento de los hechos se dedicaba a la promoción de eventos en la finca Cabañas de Mareyba, en el municipio de Melgar, prestaba sus servicios como asesor de sistemas y mantenimiento de computadores e impresoras en el Instituto de Educación Técnica en Salud CETES y era asistente de gerencia en sistemas en la sociedad comercial Productores Unidos de Televisión y Medios S.A.-UNITV. S.A.

 

  • A causa de la privación, González Zapata tuvo que contratar la prestación de servicios de un abogado para ejercer su defensa con un costo de $15 000 000. Al tiempo que sufrió la separación temporal de sus hijas, lo que les provocó un profundo dolor y frustración, con secuelas de orden sicológico, tras ver a su padre señalado de ser un delincuente. Así mismo, los hechos referidos generaron dolor y aflicción en sus demás familiares, por lo cual debían ser indemnizados.

 

  1. Trámite procesal

 

  1. Mediante auto de 12 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda instaurada y ordenó notificar a la demandada (f. 22, c. 1).

 

  1. La Nación-Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación de la demanda (f. 25-32, c. 1), en el que se opuso a las pretensiones de la misma, por cuanto no se configuraban los elementos de la responsabilidad, en consideración a que, en virtud del artículo 250 constitucional, le correspondía investigar los delitos, para lo cual debía “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”. Investigación dentro de la cual el procesado tenía la posibilidad de controvertir las pruebas, con sujeción al debido proceso y demás garantías.

 

  • Sobre el caso concreto, indicó que la Fiscalía Delegada 201 conoció de la investigación contra Luis Fernando González Zapata por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, dentro de la cual impuso la medida de aseguramiento, que fue revocada por el superior en segunda instancia, a quien las pruebas lo condujeron a un criterio distinto, del cual no podía predicarse un error que configurara la responsabilidad patrimonial. Lo anterior evidenciaba que el afectado tuvo la oportunidad de controvertir la decisión y en ese sentido, esta fue legal y ajustada a los artículos 388, 389 y 397 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época. Adujo que la decisión de primera instancia fue legítima en la medida en que el fiscal consideró oportuno decretar la medida con fundamento en los indicios graves de responsabilidad que resultaban de los elementos de convicción. En conclusión, aunque González Zapata estuvo recluido, la medida de aseguramiento finalmente no se produjo, ya que su revocatoria fue la decisión que quedó en firme.

 

  • Igual reflexión realizó sobre la posterior determinación de preclusión de la investigación, de la cual no se podía derivar un “error judicial evidente y grosero que ameritara una indemnización” a cargo de la entidad. Finalmente, solicitó tener en cuenta que no podía pensarse que siempre que se absolviera a un procesado se comprometía la responsabilidad del Estado, pues ello evitaría investigaciones penales serias, toda vez que los funcionarios estarían atados, obligados a emitir resolución de acusación y abstenerse de proferir medidas de aseguramiento.

 

  • De otro lado, La Fiscalía General de la Nación llamó en garantía al Fiscal 2001 Delegado, Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, señor José Manuel Bernal Parra.

 

  1. En virtud del Acuerdo n.º PSAA06-3409 del 9 de mayo de 2006, por medio del cual se reglamentó el conocimiento de los asuntos por parte de los juzgados administrativos, el referido proceso fue remitido al Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual a través de auto de 10 de abril de 2007 aceptó el llamamiento en garantía presentado por la Fiscalía General de la Nación (f. 47, 50-51, c. 1). Consecuencia de lo anterior, se surtió ante dicho juzgado el trámite procesal correspondiente hasta la etapa de pruebas; no obstante, mediante auto de 5 de mayo de 2009, ese despacho se declaró incompetente para conocer de la acción por falta de competencia y en su lugar, ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (f. 63-64, c. 1).

 

  1. Una vez asumida nuevamente la competencia por el Tribunal, mediante auto de 5 de agosto de 2009, declaró la nulidad de lo actuado desde el auto de 10 de abril de 2007[1] y avocó el conocimiento del asunto (f. 68-73, c. 1). Posteriormente, a través de proveído de 9 de septiembre del mismo año, el despacho negó el llamamiento en garantía formulado (f. 75-78, c. 1).

 

  1. Dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia, la Nación-Fiscalía General de la Nación reiteró su ausencia de responsabilidad, por cuanto su actividad se limitó al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Indicó que la presunción de inocencia no iba en contravía con la posibilidad de aplicar medidas preventivas para asegurar la comparecencia de los procesados al juicio, pues esta se mantenía vigente hasta que se demostrara la responsabilidad y no podía esgrimirse como obstáculo para el ejercicio del ius puniendi a cargo de la Fiscalía General de la Nación (f. 110-113, c. 1).

 

  • La parte actora, por su parte, argumentó que estaba probado que el señor Luis Fernando González Zapata estuvo privado de la libertad desde el 20 de marzo hasta el 18 de septiembre de 2003, en cumplimiento de la providencia de 11 de marzo del mismo año, decisión que fue revocada el 12 de septiembre por el superior, fecha en la que la Fiscalía Delegada 201 profirió resolución de acusación contra el sindicado, pero que también fue revocada. Así las cosas, quedó demostrado que el demandante no cometió el delito, por cuanto no le eran imputables los cargos atribuidos, empero permaneció detenido seis meses, lo que configuraba el daño antijurídico, con su correspondiente deber de reparación. Agregó que en los eventos en que se precluía la investigación, era irrelevante verificar la legalidad de las providencias judiciales, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sobre los perjuicios solicitado en la demanda, adujo que de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario era procedente declararlos (f. 127-143, c. 1).

 

  • El Ministerio Público conceptuó que era procedente la declaratoria de responsabilidad de la accionada, “pues se causó un daño antijurídico al señor GONZÁLEZ ZAPATA, consistente en la privación injusta de su libertad seguida por la posterior liberación de este en aplicación al principio in dubio pro reo así como por la falta de material probatorio que llevara a una acusación”. Refirió que no era posible afirmar que la víctima hubiera dado lugar a la privación con su actuar, toda vez que no se demostró su conocimiento de los hechos y la finalidad perseguida.

 

  1. Agotadas las etapas procesales pertinentes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda mediante sentencia de primera instancia del 15 de septiembre de 2010 (f. 162-176, c. ppl.), cuyos fundamentos se exponen a continuación:

 

  • Inicialmente, el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Nohora Stella Zapata de González, Luis Felipe González Garzón, María Cristina y Giovanni Arturo González Zapata, en atención a que no se acreditó el parentesco, ni su calidad de damnificados. Sobre el caso concreto estimó que si bien la Fiscalía en segunda instancia consideró que no había mérito para formular la acusación, dado que el privado no tenía la experiencia suficiente, ni los conocimientos especializados en contratación pública, no podía perderse de vista que se trataba de un profesional, que aunque sus conocimientos no fueran en contratación pública, era alfabeta, con experiencia en los negocios. Bajo esa lógica, la formación del procesado como promotor turístico debía permitirle advertir irregularidades en la suscripción de contratos que contenían información ajena a la realidad. En consecuencia, halló configurada la existencia de una causal exonerativa de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, caso en el cual el sindicado tenía la carga de soportar la investigación, pues él mismo, con su actuación, se sometió a ser investigado, de lo cual no cabía predicar la responsabilidad de la demandada. Sobre el particular se lee:

 

Así las cosas, se encuentra que la responsabilidad por la privación injusta de la libertad del señor LUIS FELIPE GONZÁLEZ ZAPATA, no es imputable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien adoptó la medida, tomando en consideración la existencia de los documentos que estaban suscritos por el hoy actor y que reflejaban las anomalías que se presentaron en los procesos de contratación que realizó el SENA -Regionales Bogotá y Cundinamarca-, los cuales se constituyeron en pruebas que permitían inferir la participación del implicado en el delito que se le pretendía atribuir, por lo cual procedió a dictar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la persona del señor GONZÁLEZ ZAPATA.

 

  1. Contra la anterior providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, con el propósito de que se revocara la decisión (f. 178-188, c. ppl.). En primer lugar, fundó su inconformidad en la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de los señores Luis Felipe González Garzón, Nohora Stella Zapata de González, María Cristina y Giovanni Arturo González Zapata, toda vez que dentro del expediente obraban varios registros civiles de nacimiento de los cuales se evidenciaba la calidad de padres de Luis Felipe González Garzón y Nohora Zapata de González, así como los registros de María Cristina y Giovanni González Zapata, como hermanos de la víctima, obrantes a folios 213 a 216 del cuaderno 2 del expediente. Tales documentos constituían plena prueba del parentesco que legitimaba a los accionantes a concurrir al proceso y ser reparados. Agregó que dentro del expediente se encontraba el registro civil de matrimonio del privado, en el cual constaban los nombres de sus progenitores, instrumento que constituía plena prueba del parentesco en los términos del Consejo de Estado.

 

  • Sobre la culpa exclusiva de la víctima, adujo que dicha causal de exoneración de responsabilidad obedecía a la actuación dolosa o culposa dentro del proceso judicial, no a las acciones previas a este, al tenor de la sentencia C-037 de 1996. En ese sentido, no había evidencia de una conducta reprochable en el trámite de la investigación penal, considerada dolosa o gravemente culposa, así como tampoco en los actos previos. Más que autor de los hechos, el señor Luis Felipe González resultó una víctima de la acción de otros procesados. Lo anterior resultaba contradictorio para el recurrente, pues el argumento central en la sentencia era que bajo el nuevo régimen de responsabilidad lo trascendental era el daño antijurídico y no la conducta del agente o los particulares que la reclamaran y más extraño cuando fue el demandante quien puso los hechos en conocimiento de la administración del SENA.

 

  • Frente a la obligación del actor de soportar la investigación, precisó que se trataba de algo distinto a tolerar la privación de la libertad, pues esta solo procedía de manera excepcional. El Tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado referente a que cuando el sindicado era absuelto porque el hecho no existió, no lo cometió o la conducta no constituía delito, era injusta la privación de la libertad. En ese sentido, estaba demostrado que González Zapata no cometió el delito por el cual permaneció retenido por espacio de 6 meses, configurándose el daño antijurídico.

 

  1. Dentro del término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, la parte actora reiteró los planteamientos esbozados en el recuro de alzada. Agregó que al presente asunto eran aplicables las disposiciones del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en cuanto la jurisprudencia de la Corporación ha establecido su aplicación a pesar de su derogatoria. Sobre los perjuicios indicó que los demandantes tenían derecho a indemnización por perjuicios materiales, morales y a la vida de relación, que aunque no fueron solicitados en la demanda, estaban acreditados (f. 200-222, c. ppl.).

 

  1. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación alegó de conclusión para manifestar su acuerdo con la sentencia de primera instancia. En concreto, señaló que algunos demandantes no estaban legitimados en la causa por activa porque no probaron su calidad de damnificados con el hecho dañoso, ni su parentesco con el señor González Zapata pues dentro del expediente faltaba el registro civil de nacimiento del privado de la libertad, que es la prueba idónea para ello Agregó que las providencias aportadas en copia simple por la parte demandante, no podían ser valoradas toda vez que no cumplían las exigencias del artículo 254 del C.P.C. y en ese sentido no eran medios de convicción. Así las cosas, el demandante no probó los daños y perjuicios solicitados, en desarrollo del artículo 177 del C.P.C. lo que conducía a negar las súplicas de la demanda (f. 223-230, c. ppl.).

 

  1. Mediante auto de 28 de noviembre de 2013, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero manifestó impedimento para participar de la decisión del asunto por haber conocido del presente proceso en su calidad de magistrado del tribunal de primera instancia, el cual fue aceptado a través de auto de 9 de diciembre del mismo año (f. 248, 250, c. ppl.).

 

CONSIDERACIONES

 

  1. Competencia

 

  1. La Sala es competente para resolver el sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. Además, fijó en cabeza de los tribunales administrativos la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía[2].

 

  1. En relación con la caducidad de la acción, se observa que en el presente caso la providencia que precluyó la investigación en contra del señor Luis Fernando González Zapata por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos, se expidió el 20 de febrero de 2004 y quedó ejecutoriada el 15 de marzo siguiente, comoquiera que no era susceptible de apelación (f. 189, c. 3). La demanda, por su parte, se presentó el 8 de septiembre de 2005, de manera que fue oportuna dado que en ese momento aún no había expirado el plazo de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.

 

  1. Validez de los medios de prueba

 

  1. En el proceso obran algunos documentos en copias simples aportadas por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del C.P.C., la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

 

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (…).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia –en los procesos ordinarios– la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales –necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo– es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (…)[3].

 

  1. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados en copia simple, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que la contraparte no se pronunció al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

 

  • Hechos probados

 

  1. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, se tienen probados los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

 

  • Los primeros días del mes de diciembre de 1997, fueron girados a la regional Bogotá y Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- $2 355 014 000, como parte de una adición presupuestal realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad, por más de veintidós mil millones de pesos. Entre los días 22 y 31 de diciembre del mismo año, dicha entidad suscribió 19 contratos, entre ellos los n.º 025, 027, 028, 029, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 038 y 039, relacionados en su mayoría con la instalación y adquisición de equipos eléctricos de computación y conmutadores, cuya legalidad fue discutida por la jefe de la Oficina Jurídica, quien presentó denuncia formal de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, en consideración a las irregularidades en la fase precontractual, contractual, ejecución y liquidación de cada uno de los acuerdos (narración de hechos de la providencia de 11 de marzo de 2003 -f. 1-85, c. 2).

 

  • La denuncia dio lugar a la investigación de varios empleados y contratistas, entre ellos Luis Fernando González Zapata, por varios delitos, a saber: celebración de contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales, por cuanto se violaron algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993, en cuanto a la selección objetiva y trasparente de contratistas, ya que las obras contratadas debieron agruparse por necesidades y efectuarse mediante la modalidad de licitación pública y no de contratación directa, como se hizo; interés indebido en la celebración de contratos, pues se advirtió que cada contrato fue direccionado con el fin de favorecer a los contratistas finales; peculado por apropiación, en atención a que se cancelaron obras no autorizadas, no ejecutadas, incompletas y sobrecostos a favor de los contratistas sin que en algunos casos se hubieren devuelto los excedentes y, finalmente, falsedad en documentos públicos, ya que obraban como soportes de cada contrato documentos y firmas falsas e información incierta sobre las circunstancias en que se dieron las reuniones del Comité de Evaluación de Propuestas u Ofertas y Comité de Compras, con actas que al parecer fueron suscritas de manera posterior a la celebración de los convenios (narración de hechos de la providencia de 11 de marzo de 2003 -f. 1-85, c. 2).

 

  • Mediante providencia de 11 de marzo de 2003, la Fiscalía 201 Delegada, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, ordenó detener preventivamente al señor Luis Fernando González Zapata y otros, como presuntos coautores de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos, tras considerar que tuvo participación en la comisión de los punibles al suscribir las actas del Comité de Evaluación de Ofertas y de Compras, cuando este cuerpo nunca deliberó, tratando de dar apariencia de legalidad a todo el trámite contractual y conceptuando a favor. La acción que reprochó el ente acusador fue firmar las actas sin oponerse a la contratación fraccionada con igual objeto, con el fin de evadir la licitación pública, y que en enero de 1998 firmaron las actas de algo que no había ocurrido, además de una deficiente interventoría (providencia en mención – f. 1-85, c. 2).

 

  • El 20 de marzo de 2003, fue capturado el señor Luis Fernando González Zapata, por funcionarios de Policía Judicial del D.A.S. e ingresó a la custodia transitoria del Departamento de Seguridad hasta el 16 de julio de 2003, cuando fue trasladado al Establecimiento de Reclusión Especial de Chiquinquirá, Boyacá (oficio de 21 de marzo de 2003, mediante el cual el D.A.S. dejó a disposición de la Fiscalía 201, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública al capturado -f. 4-5, c. 3, constancia de 14 de mayo de 2004, suscrita por el jefe del área de servicios complementarios del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. -f. 199, c. 2). En dicho centro carcelario permaneció recluido desde el 16 de julio hasta el 18 de septiembre de 2003 (certificación expedida el 18 de junio de 20004 por el director encargado del Establecimiento de Reclusión Especial Chiquinquirá -f. 200, c. 2).

 

  • Mediante providencia de 12 de septiembre de 2003, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., al resolver el recurso de apelación presentado por varios de los inculpados contra el proveído de 11 de marzo y otras decisiones, revocó la medida de aseguramiento impuesta a González Zapata. Al respecto consideró que el procesado no era experto en contratación pública, estaba recién vinculado en el cargo de asesor de la División de Investigaciones y Desarrollo Técnico Pedagógico (2 de diciembre de 1997) y dos días después fue trasladado en comisión a la Subdirección Administrativa y Financiera de la regional, donde recibió el encargo para la revisión de las propuestas y posteriormente, fungió como interventor, mientras una firma especializada asumía la interventoría, lo cual nunca ocurrió (f. 89-198, c. 2). Se destaca de la providencia:

 

Encontramos que este procesado tiene dos tipos de intervenciones en la contratación cuestionada: uno frente a la fase precontractual en punto de intervenir como miembro del comité de compras y otro en la fase de ejecución del contrato como interventor.

En la primera, se le critica el haber aparentado realizar la evaluación de las propuestas sin ningún referente, sin ningún razonamiento que la fundamentara, a sabiendas de la inexistencia de estudios previos y planos eléctricos de las obras a realizar y de los planos de los inmuebles donde estas se llevarían a cabo, el tipo y calidad de los bienes o materiales y de los servicios a contratar en el pliego de condiciones, para cotejarlos con idénticos ítems de las propuestas presentadas para su evaluación para establecer si estos correspondían a los propuestos por los oferentes.

La crítica hubiese sido acertada si el procesado hubiese tenido conocimientos en derecho y específicamente en materia de contratación estatal, y si se le hubiese encargado la revisión jurídica del expediente o si sus conocimientos fueran los de un técnico con experiencia en el ramo de la contratación pública, o el de un empleado con experiencia en este tipo de materias que le hubiese permitido observar tal falencia de entrada. O más aún que hubiese tenido experiencia como miembro de un Comité de Compras y evaluaciones en otra empresa del Estado, o como empleado de una oficina jurídica de un tal ente, con este tipo de experiencia, o aún, si se hubiese demostrado que este podía tener experiencia como contratista, o como interventor de obras.

(…).

La profesión y experiencia de este procesado, pero tampoco su corta estadía en el SENA no le permitía haberse empapado de un tal conocimiento específico, para el momento en que por su jefe inmediato, lo involucró mañosamente en los trámites irregulares de los referidos contratos, cuyos hilos manejaba junto con Sarmiento.

En efecto, se le utilizó por su inexperiencia y por su falta de conocimientos en el tema de la contratación estatal, so pretexto de evaluar las ofertas, para que fungiera como miembro de un comité que jamás tuvo existencia real, sino meramente virtual, pues jamás sesionó como tal, sin embargo, el doctor ROJAS su superior, le hizo creer con cada una de las actas que le hizo suscribir, que en efecto el comité si había sesionado, y que él actuaba como asesor técnico de la Subdirección Administrativa y Financiera a su cargo, en atención a la labor que separadamente le había dado de cotejar algunos aspectos técnicos y económicos de las ofertas.

(…)

En otras palabras, su ignorancia sobre el tema, la buena fe con que asumió la labor encomendada por el doctor ROJAS su jefe, en el entendido de estar colaborando legalmente en el trámite de dichas contrataciones y cumpliendo las directrices dadas por su jefe el doctor ROJAS, no le permitieron tener conciencia de haber cometido los hechos ilícitos que se le imputan.

(…).

Ahora bien, en otro apartado de la providencia ya habíamos insinuado que volveríamos sobre el punto, referente a la actuación del sindicado, cuando fungió como interventor, también engañado por el doctor Rojas, que le dijo que este encargo era temporal, para que colaborara, mientras se nombraba como interventor una empresa especializada en interventoría, sin haber sabido que su nombre figuraba como tal en un contrato (…).

De hecho ni el doctor SARMIENTO, pero tampoco Rojas acudieron a estos expertos de la Institución, ni a informar, como era su obligación, a la Oficina Jurídica sobre las contrataciones realizadas en la última semana de diciembre de 1997, lo que constituye un claro hecho indicativo que las ilicitudes por ellos cometidas en estos trámites, querían que no fueran conocidas por estos órganos de control de la institución, ni por una persona capaz que pudiera develar las ilicitudes en su proceder, lo que explica que se hubiese una vez más acudido al inexperto y cándido empleado que ahora se procesa, el señor FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA,  para utilizarlo como interventor, oficio que también desconocía.

(…).

Por lo anterior, consideramos que en el presente caso el procesado GONZÁLEZ pudo actuar en estado de error (de tipo n.º 10 Art. 32 del C.P.) al considerar que con su conducta no estaba infringiendo ningún precepto penal y que por el contrario que actuaba correctamente, como se lo había encomendado su jefe y le venía cumpliendo los encargos, con lo cual estimaba colaboraba legamente con los trámites contractuales en cuestión.

Por tales razones y con fundamento en lo normado por el inc. 3 del Art. 356 del C. de P. Penal, consideramos que no hay por ahora mérito para imponer la detención en contra de este procesado y consecuencialmente procederá la revocación de lo resuelto en tal sentido por el a quo en la providencia que se recurre, debiéndose ordenar la inmediata libertad incondicional de este procesado.

 

  • El mismo 12 de septiembre de 2003, la Fiscalía 201 Seccional, Unidad Primera Especializada de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, profirió resolución de acusación contra Luis Fernando González Zapata y otros, por la infracción al deber de “cuidado y observancia estricta en los procedimientos de contratación” que les correspondía, decisión que fue apelada por varios de los procesados. Así las cosas, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., mediante providencia de 20 de febrero de 2004 resolvió revocar la decisión de primera instancia y en su lugar, precluir la investigación en contra de Luis Fernando González Zapata por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos (f. 7-185, c. 3). En ese sentido, indicó:

 

En relación con este procesado de quien la Fiscalía instructora no tuvo en cuenta el criterio emitido por esta instancia al revocar la medida de aseguramiento en su contra proferida, por cuanto para la misma fecha en que se decidió por parte de la Delegada ante el Tribunal, el a quo calificó el mérito probatorio del sumario, hemos de decir que la prueba para este procesado no ha cambiado, razón por la cual nuestro criterio debe mantenerse vigente.

No se reparó ni se tuvo en cuenta por parte del señor instructor que ciertamente este procesado, estaba recién vinculado a dicha institución (2 de diciembre de 1997 como se encuentra probado en los autos con el acta de posesión), que el cargo para el que fue nombrado era bien diferente en funciones al cargo donde se le comisionó temporalmente, sin que en manera alguna le especificaran cuáles iban a ser sus funciones.

(…).

Entonces es claro que se hizo toda una simulación por parte de los autores y con la colaboración de algunos de los firmantes, para hacer aparecer que el referido Comité sí se había conformado y había sesionado, cuando ello no ocurrió.

(…).

Como se ha dejado sentado, si la prueba no es indicativa que este procesado hubiese actuado con conocimiento de la ilicitud con que procedían sus superiores, sin que tuviese conciencia que algunos de los documentos que se le dijeron que revisara en algunos aspectos eran falsos, sin saber de la existencia y funcionamiento del Comité de Compras y Evaluaciones en esa institución, es fácil entender entonces como, para la fase post contractual o de ejecución de los contratos, también el doctor Rojas y sus superiores lo hayan seguido utilizando, para que de hecho apareciera fungiendo como interventor en algunas obras, igualmente sin un acto administrativo específico que así lo nombrara, sin discernimiento de las funciones como tal, sin los estudios previos de la obra.

(…).

Estos dos puntos aludidos, si no se descuidan, permiten colegir con claridad dos aspectos que necesariamente deben ser tenidos en cuenta por el investigador: de una parte, inexperiencia y falta de conocimiento en materia de contratación estatal, pero particularmente de la normatividad interna que sobre el particular tenía la institución, pues ni era abogado ni contaba con experiencia sobre el particular, de otra buena fe en su jefe, esto es ausencia de conciencia de la ilicitud con que actuaba el doctor Rojas y quienes le prestaron a este colaboración consciente de su ilicitud.

 

  • Al momento de los hechos, el señor Luis Fernando González Zapata laboraba en la Institución de Educación Técnica en Salud, prestando sus servicios de asesoría en sistemas y mantenimiento de computadores e impresoras, con una remuneración mensual de $280 000 (certificación de 9 de abril de 2003, expedida por el director de la institución -f. 202, c. 2). Igualmente, se desempeñaba como asistente de gerencia en sistemas en la sociedad comercial Productores Unidos de Televisión y Medios S.A. “UNIT.V. S.A.” desde el 19 de enero de 2000, donde recibía una asignación mensual de $1 500 000 (certificación expedida por la representante legal de la entidad, con fecha de 21 de abril de 2003 -f. 203-204, c. 2).

 

  • El señor Luis Fernando González Zapata canceló por concepto de honorarios profesionales para su defensa dentro del proceso penal la suma de $15 000 000 al abogado Diego Corredor Beltrán, según consta en los recibos de caja que éste último expidió (recibo de caja n.º 128 de 11 de abril de 2003 por $5 000 000, recibo de caja n.º 139 de junio 6 de 2003, por valor de $3 500 000, recibo de caja n.º 141, de agosto 5 de 2003 por valor de $3 000 000 y recibo de caja n.º 149 de diciembre 8 de 2003 por valor de $3 500 000, obrantes entre folios 217 y 218 del cuaderno n.º 2).

 

  • Se encuentra acreditado el parentesco de los demandantes con el privado de la libertad de la siguiente manera

 

Demandante Parentesco Prueba Folio
Luis Fernando González Zapata Víctima directa Providencia de 11 de marzo, proferida por la Fiscalía 201 Seccional, y de 12 de septiembre de 2003, emitida por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá. 1-85, c. 2; 89-198, c. 2.
Lina Fernanda González Dussan Hija Registro civil de nacimiento 211, c. 2
Angélica María González Dussan Hija Registro civil de nacimiento 212, c. 2
María Cristina González Zapata Hermana Registro civil de nacimiento 215, c. 2
Giovanni Arturo González Zapara Hermano Registro civil de nacimiento 216, c. 2
Rocío Dussan Pérez Esposa Registro civil de matrimonio 217, c. 2
Luis Felipe González Garzón Padre Registro civil de matrimonio del privado y registros civiles de María Cristina y Giovanni González Zapata 215, 216 y 217, c. 2;
Nohora Stella Zapata de González Madre Registro civil de matrimonio del privado y registros civiles de María Cristina y Giovanni González Zapata 215, 216 y 217, c. 2;

 

  1. Problema jurídico

 

  1. Corresponde a la Sala determinar si en el caso bajo análisis resulta procedente declarar la responsabilidad del Estado por el daño causado a Luis Fernando González Zapata como consecuencia de la privación de la libertad a la que fue sometido, con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos, la cual concluyó con resolución de preclusión emitida por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. Para ello, es preciso establecer si la conducta del demandante resultó determinante en la producción del daño que se alega.

 

  1. Análisis de la Sala

 

  1. De conformidad con los hechos probados, la Sala advierte que está demostrado el daño invocado por la parte actora, pues está debidamente acreditado que el señor Luis Fernando González Zapata estuvo privado de su libertad a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del proceso que se adelantó en su contra por los punibles de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos, desde el 20 de marzo hasta el 18 de septiembre de 2003, momento en el cual le fue concedida la libertad. Así las cosas, el periodo de la privación se prolongó por 182 días, equivalente a seis meses.

 

  1. En ese sentido, quedó evidenciado que mediante providencia de 11 de marzo de 2003, la Fiscalía 201 Seccional, Unidad Primera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del sindicado, que se hizo efectiva el 20 de marzo siguiente, cuando miembros del D.A.S. lo capturaron. Dicha decisión fue revocada el 12 de septiembre del mismo año por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C., proveído por el cual el procesado recuperó su libertad, el 18 de septiembre de 2003.

 

  1. En cuanto a la imputación de este daño, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad se encuentra constituido generalmente por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

 

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

 

  1. En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación respecto de la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

 

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente[4], con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél[5].

 

  1. Bajo estos lineamientos,la privación injusta de la libertad implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; a la víctima le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, sea mediante la preclusión de la investigación o mediante sentencia absolutoria, por haberse probado que el hecho no ocurrió, no lo cometió o no es punible, así como el daño surgido con ocasión de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos.

 

  1. Es necesario advertir que para el momento en que se dispuso la libertad del señor Luis Fernando González Zapata, ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el cual dispone que: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. Sin embargo, se ha señalado que el anterior criterio de imputación objetiva de responsabilidad por los eventos contemplados mayoritariamente en la normativa procesal penal del año 1991, rige y es aplicable a pesar de que para el caso concreto hubiesen entrado en vigencia la Ley 270, la Ley 600 del 2000 o la Ley 906 del 2004.

 

  1. En efecto, esta Corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede en los eventos en que las personas son privadas de la libertad durante una investigación penal a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, situaciones que evidentemente se equiparan a los casos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991[6].

 

  1. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se indicó[7]:

 

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación[8].

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.

 

  1. Además de los tres eventos previstos en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, consideró que también debía aplicarse un régimen de responsabilidad objetivo en los eventos en los que el sindicado es absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, es decir, cuando las pruebas dentro del proceso penal no generan en el juzgador una certeza más allá de toda duda razonable respecto de la configuración de la conducta típica, antijurídica y culpable. Al respecto se ha dicho:

 

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.

15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Para llegar a tal afirmación, esta Corporación, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013[9], realizó el siguiente cuestionamiento:

¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia[10] misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales –como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados–? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial –fin esencial– para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?[11].

 

  1. En el caso concreto, la Sala observa que al señor González Zapata se le investigó por la comisión de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos, investigación de la cual resultó acusado ante la inobservancia de sus deberes como integrante del Comité de Evaluación y Compras para la contratación del S.E.N.A. y como interventor. Empero, al surtirse el recurso de apelación, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. revocó la decisión, pues luego de realizar un análisis de las pruebas que lo comprometían, llegó a la conclusión de que el sindicado no obró con conciencia de la ilicitud de su actuación.

 

  1. Consecuencia de lo anterior, resulta forzoso concluir que en lo que respecta a los tipos penales referidos, la administración no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, motivo por el cual habría lugar, en principio, a condenar al Estado por la privación de la libertad que sufrió, teniendo en cuenta que fue por aquellos delitos que se le impuso la medida de aseguramiento y que finalmente precluyó la investigación.

 

  1. No obstante, es preciso determinar si, como lo señaló el a quo al proferir la sentencia de primera instancia, en el presente caso se configuró una causa extraña que rompa la imputación fáctica del daño antijurídico sufrido, por la falta de cuidado con la que obró el señor González Zapata, en su calidad de empleado del SENA y miembro del Comité de Evaluación y Compras conformado para una actividad contractual específica.

 

  1. Sobre dicha causal de exoneración, esta Corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. Al respecto, el numeral 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[12] establece esta posibilidad, al preceptuar que:

 

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

 

  1. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

 

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)[13].

 

  1. Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder -activo u omisivo- de la propia víctima, al respecto ha dicho:

 

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la  falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)[14].

 

 

  1. De conformidad con lo dicho, el hecho de la víctima se configura cuando esta dio lugar causalmente a la producción del daño, por haber actuado de forma dolosa o culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles.

 

  1. Ahora bien, es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

 

  1. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento -análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio-, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad.

 

  1. De esta manera, no puede perderse de vista que dado que los procesos penales y de responsabilidad del Estado atienden a finalidades disímiles y se rigen por normas, principios y objetivos diferentes, puede ocurrir que la misma conducta que, en materia penal, dio lugar a proferir medida de aseguramiento en contra del sindicado pero, a la larga, no cumplió con los requerimientos necesarios para fundar una condena -lo que en esa materia conlleva necesariamente a una sentencia absolutoria-, desde la perspectiva civil constituya dolo o culpa grave y rompa el nexo de causalidad que puede establecerse entre el daño cuya indemnización se reclama y la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

 

  1. Por esa circunstancia, cuando la privación se produce como consecuencia de una investigación adelantada contra un servidor público por un punible que presuntamente se produjo con ocasión del ejercicio de su cargo, para efectos de verificar si se configuró de un hecho de la víctima es preciso determinar cuáles eran sus funciones y obligaciones y establecer si el incumplimiento de alguna de ellas fue determinante para motivar a la Fiscalía a imponer la medida de aseguramiento[15]. Dicho análisis de la conducta del servidor público no guarda identidad, como se dijo, con el adelantado por las autoridades penales al momento de estudiar la culpabilidad del sindicado, teniendo en cuenta que para desentrañar los conceptos de dolo o culpa en sede de responsabilidad del Estado debe acudirse a las normas propias del derecho civil. Al respecto, ha dicho esta Corporación[16]:

 

Para responder el anterior asunto cabe recordar que la Sala[17] ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal: (…).

Sobre la noción de culpa y dolo, en esa oportunidad también consideró, en criterio que aquí se reitera que, culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo[18].

 

  1. En el sub lite, se observa que la conducta del demandante fue determinante en la producción del daño, pues se demostró que la imposición de la medida de aseguramiento se produjo como consecuencia directa del incumplimiento, a título de culpa, de los deberes que tenía a su cargo como servidor público, en general, y como miembro del Comité de Evaluación y Compras, en particular.

 

  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política[19] los particulares sólo son responsables por infringir las prohibiciones contenidas en normas legales. En tratándose de servidores públicos, aquellos son responsables por la omisión o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

 

  1. El artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, al referirse a la función pública, estableció quienes eran considerados servidores públicos, obligados a cumplir y defender la Constitución, así:

 

Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

 

  1. En materia disciplinaria, el artículo 40 la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único vigente para el momento de los hechos- disponía que son deberes de los funcionarios públicos, entre otros, los siguientes: (i) “[c]umplir y hacer que se cumpla la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los Manuales de Funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo”; (ii) “[f]ormular, coordinar o ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes y cumplir las leyes y normas que regulen el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público”; (iii) “[v]igilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados”; y (iv) “[v]igilar y salvaguardar los intereses del Estado”.

 

  1. En materia de contratación estatal, el artículo 23 de la Ley 80 de 1933 fijó los principios a observar dentro de las actuaciones contractuales de las entidades públicas de la siguiente manera:

 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

 

  1. Seguidamente, en los artículos siguientes, desarrolló cada uno de los principios de la contratación estatal, con el objeto de no generar dudas en su aplicación y estableció en el artículo 29 el deber de selección objetiva de contratistas.

 

  1. En desarrollo de dicha norma, la Resolución 71 de 30 de mayo de 1997, “por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones”, vigente para el momento de las contrataciones, expedida por la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, en el título II, reguló aspectos relacionados con la contratación estatal de la entidad. Así en el artículo 21 se dijo:

 

La Dirección General y las Regionales contarán con un (1) comité asesor en compras para estudiar asuntos técnicos y estratégicos y formular recomendaciones a los funcionarios involucrados en la actividad contractual, en todos los casos en que por la cuantía se requiera de licitación o invitación pública, el cual estará conformado así:

EN LA DIRECCION GENERAL:

El Director Administrativo y Financiero quien lo presidirá;

El Jefe de la Oficina Jurídica o su delegado;

El Secretario General o su delegado;

Un Director de área, designado por el Director General;

Dos funcionarios expertos en el área respectiva designados por el Director Administrativo y Financiero;

El Jefe de la División de Recursos Físicos, quien actuará como secretario.

EN LAS REGIONALES:

El Subdirector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces;

El Secretario Regional o quien haga sus veces;

Un Subdirector, según lo determine el Director Regional;

Dos funcionarios expertos en el área respectiva, designados por el Director Regional.

El Jefe de la División de Recursos Físicos o quien haga sus veces, quien actuará como secretario.

PARAGRAFO 1o. Los comités podrán invitar a sus deliberaciones a asesores internos o externos, como apoyo técnico.

PARAGRAFO 2o. Las seccionales solicitarán a la Dirección General la conformación de los comités asesores específicos cuando fuere necesario abrir algún proceso de licitación o invitación pública, así como la correspondiente autorización para la apertura del proceso.

 

 

  1. Seguidamente, el artículo 222 fijó las funciones del Comité:

 

Corresponden al Comité asesor las siguientes funciones:

  1. Actuar como comité coordinador de las políticas y procedimientos adoptados por la Entidad en materia de contratación;
  2. Propugnar por la reducción de costos en la adquisición de bienes y servicios;
  3. Velar por el estricto cumplimiento de las normas sobre contratación;
  4. Estudiar y analizar las ofertas recibidas por la Entidad y presentar las recomendaciones debidamente justificadas a quien deba contratar, cuando el proceso esté precedido de invitación o licitación pública.
  5. Estudiar y emitir concepto a la Entidad sobre las reclamaciones formuladas por los proponentes o contratistas;
  6. Recomendar cuando sea necesario, la declaratoria de desierta de alguna licitación;
  7. Atender el estudio de procesos de contratación que no sean de su competencia cuando se le solicite;
  8. Las demás que le asignen los reglamentos.

 

  1. Así las cosas, dada la naturaleza jurídica de la entidad a la que pertenecía el hoy actor, su calidad era la de un servidor público, cobijado por las normas citadas en precedencia. Por tal motivo, estaba sujeto al cumplimiento de una serie de obligaciones a efectos de salvaguardar su responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria, sin que legalmente estuviera exento de ello o pudiera alegar su ignorancia para desatender sus deberes funcionales.

 

  1. De lo expuesto se desprende también que la actividad contractual es una función que, por su especial importancia, se encuentra estrictamente reglada, circunstancia por la cual debe adelantarse con total observancia de los principios establecidos para el efecto en el ordenamiento jurídico y ciñéndose a lo dispuesto por la ley sobre los deberes de los servidores del Estado.

 

  1. En el caso concreto, se advierte que el señor Luis Fernando González Zapata, pertenecía al área de División de Investigaciones y Desarrollo Técnico Pedagógico y posteriormente fue trasladado en comisión a la Subdirección Administrativa y Financiera de la regional, de la que debía conocer sus funciones, o al menos indagar sobre sus particulares competencias, donde fue designado como miembro técnico del Comité de Evaluación de Propuestas y del Comité de Compras para apoyar el proceso de contratación de la entidad.

 

  1. Así las cosas, el señor Luis Fernando González Zapata, al pertenecer al referido Comité y suscribir las actas emanadas de este órgano actuaba en ejercicio de sus funciones y con ello avaló la actividad contractual desarrollada por la institución, pues tenía atribuida la tarea de “[e]studiar y analizar las ofertas recibidas por la Entidad y presentar las recomendaciones debidamente justificadas a quien deba contratar, cuando el proceso esté precedido de invitación o licitación pública” y, de otro lado, expedir documentos veraces sobre la totalidad del trámite.

 

  1. Dentro de las pruebas obrantes en el plenario se deduce que si bien el demandante no tenía conocimiento ni experiencia en materia contractual, su participación en la junta derivaba de sus competencias técnicas para la evaluación de las propuestas, lo cual no exigía ilustración sobre la contratación pública. En ese sentido, se tiene que el actor a pesar de que no era quien recibía las propuestas directamente de manos de los interesados, estas le eran entregadas por su superior para calificarlas “pues era este quien le dijo que estudiara las propuestas bajo criterios por él fijados y realizara la calificación, no estando en condiciones de controlar el proceso contractual pues este lo controlaba su superior”.

 

  1. Teniendo en cuenta el especial cuidado que amerita la actividad contractual, para la Sala no hay duda que el demandante incumplió los deberes que le había asignado la ley, comoquiera que previo a suscribir los documentos tantas veces mencionados, le era exigible que verificara con especial atención y celo las normas jurídicas que resultaban aplicables a los procesos que se estaban surtiendo, máxime si no tenía conocimientos sobre estas y verificar con especial esmero los documentos sometidos a su conocimiento, precisamente por la ausencia de información e inexperiencia. Bajo esa lógica, lo que se reprocha es la falta de cumplimiento de sus deberes en materia técnica, que no en lo contractual, pues de haberse ejecutado cabalmente habría advertido las irregularidades y la inexactitud de las actas finalmente firmadas.

 

  1. Ahora bien, para la actividad encomendada, el actor no requería ser un experto en contratación, pues su quehacer como miembro del Comité era dar cuenta de la revisión de los documentos presentados, en su condición de técnico en el objeto a contratar, como el nombre del grupo lo sugería. Sin embargo, de evidenciar falta de aptitudes e idoneidad para cumplir con lo asignado lo correcto era rechazar la misión.

 

  1. Aunque es cierto que dicho actuar descuidado y negligente no le significó al autor una pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta que la investigación en su contra finalizó con resolución de preclusión, para efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado es claro que su conducta sí fue una causa determinante y exclusiva para la privación de la libertad del señor González Zapata.

 

  1. Efectivamente, se tiene que el daño es imputable a la propia víctima, comoquiera que fue la conducta adoptada por el demandante la que motivó a la Fiscalía a iniciar la investigación penal y a imponer la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que sus aprobación de todo el ejercicio contractual, es decir, la suscripción de las actas de un comité que nunca deliberó ni se reunió, con el visto bueno de las propuestas finalmente beneficiadas de la contratación, conllevó a que se iniciara en su contra un proceso penal en el que terminó absuelto, y fungió como un indicio grave en su contra que sirvió de sustento para proferir la providencia de detención preventiva.

 

  1. Así las cosas, para la Sala se está en presencia de una clara ausencia de imputación, toda vez que está demostrado que el demandante tuvo actuación exclusiva y determinante en el hecho imputado, y el daño sólo puede ser atribuido a una causa extraña, sin que exista la posibilidad de endilgarlo a la parte demandada. Por ese motivo se procederá a confirmar la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.

 

  1. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2010, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

 

SEGUNDO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

 

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente de la Sala

(Impedido)

 

 

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Magistrada

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

 

[1]              La nulidad decretada no afecta la validez de las pruebas allegadas oportunamente al expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del C.P.C., según el cual: “La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla.”

[2]              Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

[3]              Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

[4]              [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449.

[5]              Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[6]              Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[7]              Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

[8]              [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

[9]              [13] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23346, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

[10]         [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe –en el verdadero sentido de su expresión, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los Derechos de los asociados, amén de que la consagración de una Carta de Derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico.

[11]            Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[12]            Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley No. 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

[13]            Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[14] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

[15]            Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del hecho exclusivo de la víctima en los casos de privación injusta de la libertad, cuando esta se desempeñaba como servidor del Estado, en los siguientes términos: “En efecto, el señor Giraldo Henao dio lugar a su propia detención, si se tiene en cuenta que (i) No legalizó la retención, como lo evidencia el propio juez que lo absolvió (…); y (ii) faltó a la verdad sobre los hechos investigados, tal como se observa de las providencias penales. Basta recordar el análisis que efectuó el Juez Penal del Circuito de Lérida, en la sentencia absolutoria del 7 de julio de 1998, en la que cuestionó el comportamiento de los policías sindicados: // “No entendemos la posición de los procesados Agentes de Policía y su Comandante para la época de los acontecimientos, en negar de manera  tan rotunda la permanencia de aquellos sujetos en sus instalaciones durante aquella tarde, noche y primera hora de la madrugada del día siguiente, como tampoco el no cumplir como imperioso requisito registrarles en sus libros con hora de llegada, motivo de la conducción y hora de salida, lo que bien a la lógica trae violación de su reglamento interno. Da ello lugar a pensar que éstos Agentes Policiales participaren de estructurando (sic) plan para acabar con la vida de MARLON ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, siendo por ello que optaron por omitir cualquier circunstancia que causare rastro o dejare vestigio de la criminal empresa. (…) // La privación de la libertad del señor Álvarez Rodríguez por parte los Agentes de Policía, ilegal o justificada, los compelía a registrar la captura, a ponerlo a disposición de las autoridades competentes y a garantizar su seguridad. Por lo tanto, el hecho de que el Agente Giraldo hubiera participado en la retención y omitido lo previsto en la ley para estos casos, fue determinante y exclusiva en la adopción de la medida que ordenó la privación de su libertad. // Ese comportamiento fue irregular, como lo fue el haber mentido durante la investigación. // Y si bien no se demostró su responsabilidad penal por la retención ilegal y muerte del señor Álvarez, lo cierto es que su conducta, desde la perspectiva de los elementos que estructuran la imputación del daño, fue causa determinante y exclusiva del daño que padeció. // Con fundamento en lo anterior y en lo previsto en el citado artículo 414 del C. de P. Penal, que condiciona la indemnización a que el detenido no hubiere dado lugar a la detención por dolo o por culpa grave, la Sala concluye que el daño no es imputable al Estado. // En este caso, como quedó demostrado, la conducta del señor José Reinaldo Giraldo Henao fue negligente, irregular, determinante y excluyente en la producción del daño, pues su comportamiento dio lugar a la privación de la libertad” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 1998-01619 (17188), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

[16]            Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 2001-01145 (27414), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[17]            [23] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P.  Ruth Stella Correa Palacio”.

[18]            [24] “[ibídem]”.

[19]            “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 05001 23 31 000 2009 00291 01(48021)

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS PRIVACIONES DE LA LIBERTAD GENERADAS POR LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 05001 23 31 000 2009 00291 01(48021)

Actor: EMERSON YAMITH SÁNCHEZ TABORDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

 

 

 

 

Temas: Competencia del superior-Se decide sin limitación por apelación de ambas partes.

Excepciones de fondo-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. Culpa exclusiva de la víctima en privación de la libertad-Aceptar una menor de edad como “regalo” sin el cumplimiento de los trámites de adopción.

 

 

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013[1], decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 19 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

El demandante fue detenido preventivamente sindicado del delito de secuestro simple agravado y se decretó la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta. Califica la privación de la libertad de injusta.

 

ANTECEDENTES

 

  1. Lo que se demanda

El 16 de abril de 2008, Emerson Yanith Sánchez Taborda, Luis Eduardo Sánchez Monsalve, Berenice de Jesús Taborda Preciado, Sandra Milena Sánchez Taborda, Marisela Sánchez Taborda, Sefora Yesenia Sánchez Taborda, Hugo Alexander Sánchez Taborda, Vitalina Preciado de Taborda y Rosa María Monsalve Guarín en su nombre y en representación del menor Yeremit Esteban Sánchez Monsalve, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de Emerson Yanith Sánchez Taborda, entre el 24 de noviembre de 2006 y el 13 de junio de 2007.

 

Solicitaron el pago de 200 SMLMV para la víctima directa, 100 SMLMV para su compañera permanente, su hijo y cada uno de sus padres, 50 SMLMV para cada uno de sus hermanos y 80 SMLMV para su abuela como tercera damnificada, por perjuicios morales; la suma que se acreditara en el proceso por honorarios de abogado del proceso penal, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y 200 SMLMV para la víctima directa, por daño a la vida de relación.

 

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Emerson Yanith Sánchez Taborda fue sindicado del delito de secuestro simple agravado y que la Fiscalía Décimo Cuarta ante los Jueces Penales de Medellín dictó en su contra medida de detención preventiva. Resaltó que la Fiscalía Cincuenta y Uno ante los Jueces Penales de Medellín precluyó la investigación. Adujo que la privación fue injusta, pues se precluyó la investigación por atipicidad de la conducta.

 

  1. Trámite procesal

 

El 23 de mayo de 2008 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

 

En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, señaló que actuó en cumplimiento de sus obligaciones y que la medida de aseguramiento fue proferida con base en indicios graves de responsabilidad.

 

El 31 de marzo de 2011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante reiteró lo expuesto y el Ministerio Público y la Nación-Fiscalía General de la Nación guardaron silencio.

 

El 19 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia impugnada, en la que accedió parcialmente a las pretensiones. El Tribunal consideró que como la preclusión fue por atipicidad de la conducta, la medida de aseguramiento impuesta conllevó una privación injusta de la libertad.

 

Las partes interpusieron recurso de apelación, que fueron concedidos el 15 de mayo de 2013 y admitidos el 22 de agosto de 2013.

 

La parte demandante esgrimió que los perjuicios morales debían tasarse en su monto máximo y que los perjuicios por daño a la vida en relación debían ser reconocidos. La Nación-Fiscalía General de la Nación arguyó que no es responsable ya que ello conllevaría a que la entidad no pueda desarrollar a cabalidad sus funciones y solicitó disminuir el monto de los perjuicios reconocidos.

 

El 12 de septiembre de 2013, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La Nación-Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

 

CONSIDERACIONES

 

  1. Presupuestos procesales

 

Jurisdicción y competencia

 

  1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una  acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996[2].

 

Acción procedente

 

  1. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

 

Caducidad

 

  1. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño[3].

 

La demanda se interpuso en tiempo -16 de abril de 2008- porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 16 de junio de 2007, fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución que precluyó la investigación penal[4].

 

Legitimación en la causa

 

  1. Emerson Yanith Sánchez Taborda, Luis Eduardo Sánchez Monsalve, Berenice de Jesús Taborda Preciado, Sandra Milena Sánchez Taborda, Marisela Sánchez Taborda, Sefora Yesenia Sánchez Taborda, Hugo Alexander Sánchez Taborda, Vitalina Preciado de Taborda, Rosa María Monsalve Guarín y Yeremit Esteban Sánchez Monsalveson las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

 

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación y acusación de Emerson Yanith Sánchez Taborda en el proceso penal que se le siguió.

 

  1. Problema jurídico

 

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de la libertad.

 

III. Análisis de la Sala

 

  1. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 del CPC.

 

Hechos probados

 

  1. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

 

6.1 El 23 de noviembre de 2006, la Fiscalía Décimo Cuarta ante los Jueces Penales de Medellín dictó medida de aseguramiento en contra de Emerson Yamith Sánchez Taborda por el delito de secuestro simple agravado, según da cuenta copia auténtica de la resolución y de la orden de captura (f. 53 a 73 y 74 c. 3).

 

6.2 El 24 de noviembre de 2006, agentes de la Policía capturaron a Emerson Yamith Sánchez Taborda por la comisión del delito de secuestro simple agravado, según da cuenta copia auténtica del acta de derechos del capturado (f. 80 c. 3), el acta de buen trato (f. 83 c. 3) y la boleta de detención nº. 012 (f. 86 c. 3).

 

6.3 El 12 de junio de 2007, la Fiscalía Cincuenta y Uno Delegada ante los Jueces Penales de Medellín precluyó la investigación a favor de Emerson Yamith Sánchez Taborda, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 328 a 338 c. 3).

 

6.4 El 13 de junio de 2007, la Fiscalía Cincuenta y Uno Delegada ante los Jueces Penales de Medellín dejó en libertad a Emerson Yamith Sánchez Taborda, según da cuenta copia auténtica de la boleta de libertad nº. 449 (f. 340 c. 3).

 

6.5 Emerson Yamith Sánchez Taborda es padre de Yeremit Esteban Sánchez Monsalve, hijo de Berenice de Jesús Taborda Preciado y Luis Eduardo Sánchez Monsalve y hermano de Sandra Milena Sánchez Taborda, Marisela Sánchez Taborda, Yesenia Sánchez Taborda y Hugo Alexander Sánchez Taborda, según da cuenta copia auténtica de los certificados de registros civiles de nacimiento (f. 11, 12 y 14 a 17 c. 2).

 

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad

 

  1. El daño está demostrado porque Emerson Yanith Sánchez Taborda estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 24 de noviembre de 2006 hasta el 13 de junio de 2007 [hechos probados 6.2 y 6.4].

 

  1. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

 

La jurisprudencia[5] tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,[6] con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN[7].

 

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

 

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad[8].

 

  1. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

 

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado[9].

 

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que la víctima directa participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

 

  1. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley dispone que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

 

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

 

La Sala, con arreglo a estas disposiciones, ha exonerado de responsabilidad al Estado en aquellos eventos en los cuales personas, que han sido privadas de la libertad y luego absueltas, contribuyeron con su actuación dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

 

Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra.  En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron”[10] la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.

 

  1. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que se le dictara medida de aseguramiento en su contra.

 

En efecto, la Fiscalía puso de presente que la menor presuntamente secuestrada fue hallada en el inmueble donde habitaba Emerson Yanith Sánchez Taborda y que él y su pareja pretendían quedarse con la menor al aceptarla como un “regalo” de su progenitora. Así lo destacó la providencia al indicar:

 

[…] Emerson Yamith Sánchez Taborda, por su parte admite también haber conocido a Maribel el dos de septiembre del año que discurre, llevados por Lina Escalante a la residencia Horizonte porque le iba a regalar la niña, por lo cual acordaron que el día siguiente Maribel se las entregaría a las ocho de la mañana para cuyo efecto los esperaría en la parte de afuera de la residencia y que inclusive les entregó un papel del hospital donde dice que nació viva. Salieron entonces a comprarle las cosas a la niña como tetero, leche, vestidos y esa misma noche la llevaron donde la madre de él, pero la policía fue por ellos a su casa en el barrio Nuevo Horizonte. Que la bebé se las entregó la mamá quién en todo momento les dijo que se las iba a regalar, que inclusive al día siguiente iban a ir a la Registraduría con los papeles que ella les había entregado para registrar la niña a nombre suyo y de su esposa para luego continuar haciendo las vueltas para la adopción, pero que no pudo iniciar las vueltas porque en su trabajo no le dieron permiso. Nunca supo por qué les iba a regalar la niña solo sabe que se veía una persona muy humilde y muy pobre.

 

[…] Se derivan necesariamente indicios en su contra de participación criminal porque nunca dieron una verdadera explicación satisfactoria y acorde con la realidad histórica, material y procesal denunciada confirmando por consiguiente el informe de policía, así como su evidente captura en situación de flagrancia, además de los testimonio de cargo.

 

Si restamos entonces ese ardid o coartada pueril, a lo expresado por los procesados, nos encontraríamos ante todo, frente a una confesión calificada de los hechos, la cual confirma no solo lo dicho por los deponentes, sino también lo expresado en el juicioso informe de Policía Judicial […] (f. 53 a 73 c. 3).

 

Ahora bien, la providencia que precluyó la investigación penal estimó que del análisis de los testimonios rendidos en el proceso, se pudo concluir que la denunciante había sido insistente en entregarle la menor a Emerson Yanith Sánchez Taborda y su pareja, demostró despreocupación y desinterés por el bienestar de su hija y “tenía la intención de deshacerse” de ella. Así lo puso de relieve la providencia:

 

[…] Aunque existe una verdad irrefutable como fue el hallazgo de la menor en poder de los capturados, también en cierto que en poder de éstos se encontró el documento que certificaba el nacimiento de la niña, el cual necesariamente tuvo que haber sido entregado por la denunciante e igual, existen otras circunstancias anteriores a estos hechos que prueban que la intención de Maribel era deshacerse de su pequeña hija, como efectivamente lo hizo con sus otros hijos, además de haberse establecido que es persona irresponsable tal como lo afirman su madre y hermana, y la misma administradora de la residencia, cuando afirmó que Maribel salía de la residencia y que dejaba sola a la pequeña y no se preocupaba por el bienestar de ésta (f. 335 a 337 c. 3).

 

En consecuencia, en la investigación penal se acreditó el comportamiento gravemente culposo del sindicado, pues la policía encontró a la menor en su residencia, aceptó como “regalo” una menor de edad y omitió el deber de acudir ante las instancias y autoridades legales pertinentes y denunciar el abandono de esta menor por parte de su madre, por lo que su accionar representó evidencia sólida de no ser ajeno a los hechos.

 

Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad en contra del sindicado con fundamento en los indicios y pruebas recolectadas, que sugerían su responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado.

 

Bajo esta perspectiva, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

 

  1. Finalmente, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA:

 

REVÓCASE la sentencia del 19 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

 

PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

SEGUNDO. Sin costas.

 

TERCERO. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Presidente de la Sala

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

APS/PT

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 05001 23 31 000 2009 00291 01(48021)

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS PRIVACIONES DE LA LIBERTAD GENERADAS POR LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 05001 23 31 000 2009 00291 01(48021)

Actor: EMERSON YAMITH SÁNCHEZ TABORDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

 

 

 

 

Temas: Competencia del superior-Se decide sin limitación por apelación de ambas partes.

Excepciones de fondo-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. Culpa exclusiva de la víctima en privación de la libertad-Aceptar una menor de edad como “regalo” sin el cumplimiento de los trámites de adopción.

 

 

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013[1], decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 19 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

El demandante fue detenido preventivamente sindicado del delito de secuestro simple agravado y se decretó la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta. Califica la privación de la libertad de injusta.

 

ANTECEDENTES

 

  1. Lo que se demanda

El 16 de abril de 2008, Emerson Yanith Sánchez Taborda, Luis Eduardo Sánchez Monsalve, Berenice de Jesús Taborda Preciado, Sandra Milena Sánchez Taborda, Marisela Sánchez Taborda, Sefora Yesenia Sánchez Taborda, Hugo Alexander Sánchez Taborda, Vitalina Preciado de Taborda y Rosa María Monsalve Guarín en su nombre y en representación del menor Yeremit Esteban Sánchez Monsalve, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de Emerson Yanith Sánchez Taborda, entre el 24 de noviembre de 2006 y el 13 de junio de 2007.

 

Solicitaron el pago de 200 SMLMV para la víctima directa, 100 SMLMV para su compañera permanente, su hijo y cada uno de sus padres, 50 SMLMV para cada uno de sus hermanos y 80 SMLMV para su abuela como tercera damnificada, por perjuicios morales; la suma que se acreditara en el proceso por honorarios de abogado del proceso penal, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y 200 SMLMV para la víctima directa, por daño a la vida de relación.

 

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Emerson Yanith Sánchez Taborda fue sindicado del delito de secuestro simple agravado y que la Fiscalía Décimo Cuarta ante los Jueces Penales de Medellín dictó en su contra medida de detención preventiva. Resaltó que la Fiscalía Cincuenta y Uno ante los Jueces Penales de Medellín precluyó la investigación. Adujo que la privación fue injusta, pues se precluyó la investigación por atipicidad de la conducta.

 

  1. Trámite procesal

 

El 23 de mayo de 2008 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

 

En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, señaló que actuó en cumplimiento de sus obligaciones y que la medida de aseguramiento fue proferida con base en indicios graves de responsabilidad.

 

El 31 de marzo de 2011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante reiteró lo expuesto y el Ministerio Público y la Nación-Fiscalía General de la Nación guardaron silencio.

 

El 19 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia impugnada, en la que accedió parcialmente a las pretensiones. El Tribunal consideró que como la preclusión fue por atipicidad de la conducta, la medida de aseguramiento impuesta conllevó una privación injusta de la libertad.

 

Las partes interpusieron recurso de apelación, que fueron concedidos el 15 de mayo de 2013 y admitidos el 22 de agosto de 2013.

 

La parte demandante esgrimió que los perjuicios morales debían tasarse en su monto máximo y que los perjuicios por daño a la vida en relación debían ser reconocidos. La Nación-Fiscalía General de la Nación arguyó que no es responsable ya que ello conllevaría a que la entidad no pueda desarrollar a cabalidad sus funciones y solicitó disminuir el monto de los perjuicios reconocidos.

 

El 12 de septiembre de 2013, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La Nación-Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

 

CONSIDERACIONES

 

  1. Presupuestos procesales

 

Jurisdicción y competencia

 

  1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una  acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996[2].

 

Acción procedente

 

  1. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

 

Caducidad

 

  1. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño[3].

 

La demanda se interpuso en tiempo -16 de abril de 2008- porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 16 de junio de 2007, fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución que precluyó la investigación penal[4].

 

Legitimación en la causa

 

  1. Emerson Yanith Sánchez Taborda, Luis Eduardo Sánchez Monsalve, Berenice de Jesús Taborda Preciado, Sandra Milena Sánchez Taborda, Marisela Sánchez Taborda, Sefora Yesenia Sánchez Taborda, Hugo Alexander Sánchez Taborda, Vitalina Preciado de Taborda, Rosa María Monsalve Guarín y Yeremit Esteban Sánchez Monsalveson las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

 

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación y acusación de Emerson Yanith Sánchez Taborda en el proceso penal que se le siguió.

 

  1. Problema jurídico

 

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de la libertad.

 

III. Análisis de la Sala

 

  1. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 del CPC.

 

Hechos probados

 

  1. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

 

6.1 El 23 de noviembre de 2006, la Fiscalía Décimo Cuarta ante los Jueces Penales de Medellín dictó medida de aseguramiento en contra de Emerson Yamith Sánchez Taborda por el delito de secuestro simple agravado, según da cuenta copia auténtica de la resolución y de la orden de captura (f. 53 a 73 y 74 c. 3).

 

6.2 El 24 de noviembre de 2006, agentes de la Policía capturaron a Emerson Yamith Sánchez Taborda por la comisión del delito de secuestro simple agravado, según da cuenta copia auténtica del acta de derechos del capturado (f. 80 c. 3), el acta de buen trato (f. 83 c. 3) y la boleta de detención nº. 012 (f. 86 c. 3).

 

6.3 El 12 de junio de 2007, la Fiscalía Cincuenta y Uno Delegada ante los Jueces Penales de Medellín precluyó la investigación a favor de Emerson Yamith Sánchez Taborda, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 328 a 338 c. 3).

 

6.4 El 13 de junio de 2007, la Fiscalía Cincuenta y Uno Delegada ante los Jueces Penales de Medellín dejó en libertad a Emerson Yamith Sánchez Taborda, según da cuenta copia auténtica de la boleta de libertad nº. 449 (f. 340 c. 3).

 

6.5 Emerson Yamith Sánchez Taborda es padre de Yeremit Esteban Sánchez Monsalve, hijo de Berenice de Jesús Taborda Preciado y Luis Eduardo Sánchez Monsalve y hermano de Sandra Milena Sánchez Taborda, Marisela Sánchez Taborda, Yesenia Sánchez Taborda y Hugo Alexander Sánchez Taborda, según da cuenta copia auténtica de los certificados de registros civiles de nacimiento (f. 11, 12 y 14 a 17 c. 2).

 

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad

 

  1. El daño está demostrado porque Emerson Yanith Sánchez Taborda estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 24 de noviembre de 2006 hasta el 13 de junio de 2007 [hechos probados 6.2 y 6.4].

 

  1. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

 

La jurisprudencia[5] tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,[6] con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN[7].

 

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

 

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad[8].

 

  1. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

 

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado[9].

 

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que la víctima directa participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

 

  1. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley dispone que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

 

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

 

La Sala, con arreglo a estas disposiciones, ha exonerado de responsabilidad al Estado en aquellos eventos en los cuales personas, que han sido privadas de la libertad y luego absueltas, contribuyeron con su actuación dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

 

Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra.  En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron”[10] la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.

 

  1. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que se le dictara medida de aseguramiento en su contra.

 

En efecto, la Fiscalía puso de presente que la menor presuntamente secuestrada fue hallada en el inmueble donde habitaba Emerson Yanith Sánchez Taborda y que él y su pareja pretendían quedarse con la menor al aceptarla como un “regalo” de su progenitora. Así lo destacó la providencia al indicar:

 

[…] Emerson Yamith Sánchez Taborda, por su parte admite también haber conocido a Maribel el dos de septiembre del año que discurre, llevados por Lina Escalante a la residencia Horizonte porque le iba a regalar la niña, por lo cual acordaron que el día siguiente Maribel se las entregaría a las ocho de la mañana para cuyo efecto los esperaría en la parte de afuera de la residencia y que inclusive les entregó un papel del hospital donde dice que nació viva. Salieron entonces a comprarle las cosas a la niña como tetero, leche, vestidos y esa misma noche la llevaron donde la madre de él, pero la policía fue por ellos a su casa en el barrio Nuevo Horizonte. Que la bebé se las entregó la mamá quién en todo momento les dijo que se las iba a regalar, que inclusive al día siguiente iban a ir a la Registraduría con los papeles que ella les había entregado para registrar la niña a nombre suyo y de su esposa para luego continuar haciendo las vueltas para la adopción, pero que no pudo iniciar las vueltas porque en su trabajo no le dieron permiso. Nunca supo por qué les iba a regalar la niña solo sabe que se veía una persona muy humilde y muy pobre.

 

[…] Se derivan necesariamente indicios en su contra de participación criminal porque nunca dieron una verdadera explicación satisfactoria y acorde con la realidad histórica, material y procesal denunciada confirmando por consiguiente el informe de policía, así como su evidente captura en situación de flagrancia, además de los testimonio de cargo.

 

Si restamos entonces ese ardid o coartada pueril, a lo expresado por los procesados, nos encontraríamos ante todo, frente a una confesión calificada de los hechos, la cual confirma no solo lo dicho por los deponentes, sino también lo expresado en el juicioso informe de Policía Judicial […] (f. 53 a 73 c. 3).

 

Ahora bien, la providencia que precluyó la investigación penal estimó que del análisis de los testimonios rendidos en el proceso, se pudo concluir que la denunciante había sido insistente en entregarle la menor a Emerson Yanith Sánchez Taborda y su pareja, demostró despreocupación y desinterés por el bienestar de su hija y “tenía la intención de deshacerse” de ella. Así lo puso de relieve la providencia:

 

[…] Aunque existe una verdad irrefutable como fue el hallazgo de la menor en poder de los capturados, también en cierto que en poder de éstos se encontró el documento que certificaba el nacimiento de la niña, el cual necesariamente tuvo que haber sido entregado por la denunciante e igual, existen otras circunstancias anteriores a estos hechos que prueban que la intención de Maribel era deshacerse de su pequeña hija, como efectivamente lo hizo con sus otros hijos, además de haberse establecido que es persona irresponsable tal como lo afirman su madre y hermana, y la misma administradora de la residencia, cuando afirmó que Maribel salía de la residencia y que dejaba sola a la pequeña y no se preocupaba por el bienestar de ésta (f. 335 a 337 c. 3).

 

En consecuencia, en la investigación penal se acreditó el comportamiento gravemente culposo del sindicado, pues la policía encontró a la menor en su residencia, aceptó como “regalo” una menor de edad y omitió el deber de acudir ante las instancias y autoridades legales pertinentes y denunciar el abandono de esta menor por parte de su madre, por lo que su accionar representó evidencia sólida de no ser ajeno a los hechos.

 

Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad en contra del sindicado con fundamento en los indicios y pruebas recolectadas, que sugerían su responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado.

 

Bajo esta perspectiva, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

 

  1. Finalmente, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA:

 

REVÓCASE la sentencia del 19 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

 

PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

SEGUNDO. Sin costas.

 

TERCERO. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Presidente de la Sala

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

APS/PT

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “B” Bogotá D. C., 2 de marzo de 2017 Radicación: 27001 23 31 000 2010 00007 01 (43299)

INDEBIDA ACTUACIÓN DE LA VICTIMA EXONERA AL ESTADO DEL DEBER DE INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON LA DETENCIÓN.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

 

 

 

 

 

Bogotá D. C., 2 de marzo de 2017

Radicación: 27001 23 31 000 2010 00007 01 (43299)

Actor: Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

NaturalezaAcción de reparación directa

CONSEJERO PONENTE: RAMIRO PAZOS GUERRERO

 

 

 

 

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 19 de diciembre de 2011, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La providencia será confirmada.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

El 1 de marzo de 2007, la Estación de Policía El Carmen de Atrato del municipio del Quibdó capturó y dejó a disposición de la Fiscalía al señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz quien le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por haber cometido presuntamente el delito de extorsión. Posteriormente, se expidió resolución de acusación la cual fue declarada nula y en consecuencia se ordenó su libertad inmediata. Finalmente, se declaró la preclusión de la investigación a su favor.

 

 

ANTECEDENTES

 

  1. Lo que se demanda

 

Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2010, (f. 10-41 y 87-88 c. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz y Olga María Vélez Ruiz quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor Sebastián Álvarez Vélez; y Diocelina Alcaraz Álvarez presentaron demanda en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, Nación-Rama Judicial y Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

 

PRIMERA: Que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación, es (sic) administrativamente responsable por la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a ALEXANDER DE JESÚS ÁLVAREZ ALCARAZ, OLGA MARÍA VÉLEZ RUIZ, como consecuencia del error administrativo (operativo de captura adelantado por la Estación de Policía Nacional en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó)) y la posterior privación injusta de la libertad del señor ALEXANDER DE JESÚS ÁLVAREZ ALCARAZ por parte de la Fiscalía General de la Nación.

 

SEGUNDA: Que como consecuencia de ello, se condene a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:

 

  1. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES:

 

  1. DAÑO EMERGENTE:

 

Por concepto de honorarios profesionales pagados a los abogados que atendieron la defensa técnica dentro del proceso penal en el cual fue privado de su libertad, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), suma que se deberá actualizar aplicando la fórmula utilizada de manera reiterada por la sección tercera del Honorable Consejo de Estado, de acuerdo con la cual la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (Rh), multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes del hecho dañino, según la certificación que entregue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-.

 

  1. LUCRO CESANTE:

 

Por concepto de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado injustamente de la libertad la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000), suma que deberá ser igualmente indexada al momento en que se produzca la sentencia que ponga fin a este proceso.

 

  1. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

 

Para el señor ALEXANDER DE JESÚS ÁLVAREZ ALCARAZ, el equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante Decreto por el Gobierno Nacional para el pago efectivo de la indemnización.

 

Para la señora OLGA MARÍA VÉLEZ RUIZ, en su condición de compañera permanente del perjudicado directo, la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante Decreto por el Gobierno Nacional para el pago efectivo de la indemnización.

 

Para el menor SEBASTIÁN ÁLVAREZ VÉLEZ, en su condición de hijo del perjudicado directo, la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante Decreto por el Gobierno Nacional para el pago efectivo de la indemnización.

 

Para la señora DIOCELINA ÁLVAREZ ALCARAZ, en su condición de madre del demandante directo, la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido por el Gobierno Nacional para el pago efectivo de la indemnización.

 

TERCERA: La liquidación de las anteriores sumas o condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor o por mayor valor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, tal como lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

 

CUARTA: Que para el cumplimiento de la sentencia se ordene a la entidad demandada dar aplicación a los artículos 176 y 177 ibídem.

 

QUINTA: Que se condene en costas y gastos del proceso a la entidad demandada.

 

La parte actora sostuvo que unidades de la policía de la estación de El Carmen de Atrato en el municipio de Quibdó dieron captura al señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz quien fue puesto a disposición de la Fiscalía ante lo cual le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por ser presuntamente responsable del delito de extorsión. Posteriormente, se profirió resolución de acusación en su contra, y luego, mediante resolución se declaró la nulidad de todo lo actuado, y en consecuencia se ordenó su libertad inmediata. Finalmente, la Fiscalía calificó el mérito de la investigación y declaró su preclusión.

 

Considera la parte accionante que la privación a la que fue sometido el señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz fue injusta, por lo que el Estado está llamado a responder por los perjuicios ocasionados.

 

  1. Trámite procesal

 

  1. Contestación de la demanda

 

1.1. La apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional (f. 98-114, c. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda. A su juicio, el actor debió aportar pruebas suficientes para demostrar la falla del servicio de la entidad. Así mismo, consideró que los supuestos perjuicios ocasionados a los actores no se encuentran demostrados.

 

Por último, propuso las excepciones de hecho de un tercero, debido a que la captura del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz fue producto de una orden judicial, y la culpa exclusiva de la víctima por cuanto aquel recibió dinero producto de una extorsión, pese a la advertencia hecha por las autoridades de no realizar dicha conducta.

 

1.2. La apoderada de la Nación-Fiscalía General de la Nación (f. 122-129, c.1) se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que la Fiscalía actuó de conformidad a la Constitución Política y la ley, pues en caso de haber omitido adelantar la respectiva investigación, tendría consecuencias disciplinarias y penales. Por consiguiente, considera que no hay lugar a declarar responsabilidad patrimonial de la entidad.

 

Manifestó que se está ante un eximente de responsabilidad, toda vez que la apertura del sumario y sus consecuencias, obedecieron al hecho de terceros. Así las cosas, la Fiscalía tiene la obligación constitucional de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores con el respeto del debido proceso y derecho de defensa, tal y como ocurrió en el presente caso.

 

El hecho de que se hubiese precluido la investigación a favor del aquí demandante, no se infiere la responsabilidad de la administración en tanto no puede deducirse que fue indebida su vinculación, si se considera que tuvo como fundamento pruebas allegadas a la investigación penal que de manera suficiente daban lugar a su responsabilidad.

 

Adujo que la privación no comportó un daño antijurídico, debido a que era una circunstancia que tenía que soportar, tanto es así que la Fiscalía obró de manera prudente en todas y cada una de las decisiones judiciales proferidas, por lo que no hay lugar a comprometer su responsabilidad.

 

1.3. El apoderado de la Nación-Rama Judicial (f. 144-146, c. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, consideró que los hechos que sustentaron la presente demanda se dieron bajo la ejecución de la Fiscalía General de la Nación, pues no se llegó a formalizar acusación ante un juez de la república, por lo que no hay lugar a declarar la responsabilidad de la Rama Judicial, pues no está probada su participación en la investigación penal adelantada en contra del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz.

 

  1. Sentencia de primera instancia

 

Surtido el trámite de rigor, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia el 19 de diciembre de 2011 (f. 251-269, c. ppl.), en la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo el a quo que la conducta de la víctima es reprochable comoquiera que está acreditada su participación en el hecho por el cual fue detenido, pues no obró en la forma debida porque se prestó para servir de intermediario a un grupo al margen de la ley para recibir dinero producto de una extorsión. Por consiguiente, rompió el nexo causal entre la medida de aseguramiento y el daño que se reclama, pues vulneró las obligaciones a las cuales están sujetos los administrados.

 

Por último, señaló que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional actuaron conforme a las normas constitucionales e internacionales, por lo que no hay lugar a imputarles el daño alegado. Por otra parte, sostuvo que la Rama Judicial no actuó en la detención de que fue objeto el señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz, por consiguiente no hay lugar a proferir condena en su contra.

 

  1. Recurso de apelación

 

3.1. La parte demandante (f. 275-304, c. ppl.) solicitó que se revoque la anterior decisión y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Al respecto, sostuvo que está plenamente acreditada la responsabilidad de las entidades demandadas al ordenar adelantar un operativo de captura viciado de nulidad, pues el señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz se encontraba en estado de indefensión tras las constantes amenazas recibidas por parte de integrantes de las FARC al momento de cometer el punible. Pese a que la Policía Nacional tenía pleno conocimiento de tales intimidaciones, hizo caso omiso al deber constitucional de protección. Por lo tanto, no es cierto que el aquí demandante omitió su deber de denunciar, pues sí lo hizo como lo demuestran las pruebas obrantes en el expediente.

 

Manifestó que el grupo al margen de la ley valiéndose de las amenazas hechas al señor Álvarez Alcaraz quien ostenta una condición de campesino, analfabeta y con bajo coeficiente intelectual, extorsionó a la señora Girlesa Montoya Vélez a quien le exigieron una cantidad de dinero. El aquí demandante puso en conocimiento de las autoridades éste hecho para solicitar protección, circunstancia que a quo no tuvo en cuenta al momento de proferir sentencia de primera instancia.

Señaló que el comandante de la estación de policía El Carmen de Atrato erró al dirigir el operativo de captura hacia la persona que precisamente informó de las presiones que recibió por parte de la guerrilla para tomar dinero producto de la extorsión. Por lo tanto, la Policía Nacional omitió su deber de desplegar actuaciones tendientes a verificar dicha información.

 

Así las cosas, el señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz tenía el derecho a recibir protección especial de las autoridades, lo cual no ocurrió, simplemente la respuesta que aquel recibió fue la de indicarle que debía abstenerse de recibir dinero.

 

Por lo anterior, al haber informado a la Policía Nacional de las amenazas que atentaban en contra de su vida, la de su compañera permanente y la de su hijo, sin lograr la seguridad y protección debida a través de medidas claras y orientadas a impedir la perturbación de sus derechos fundamentales, resultó determinante en la detención y privación de su libertad, por lo que el Estado está llamado a responder.

 

Por último, adujo que para que opere el hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario que la conducta desplegada sea causa determinante del daño, lo que no ocurrió en este caso.

 

  1. Alegatos de conclusión

 

4.1. La apoderada de la Nación-Fiscalía General de la Nación (f. 313-316, c. ppl.) adujo que no hay lugar a declarar falla del servicio por acción u omisión, pues las pruebas allegadas a la investigación penal daban lugar a proferir resolución de preclusión, lo que lleva a colegir que la entidad actuó de manera diligente y prudente en cada una de sus actuaciones, comoquiera que se encuentran ajustadas a la Constitución Política y a la ley.

 

Concluyó que los daños y perjuicios aducidos en la demanda, no fueron producto del actuar de la Fiscalía.

4.2. El apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional (f. 317-320, c. ppl.) sostuvo que el procedimiento efectuado por la entidad se realizó bajo el imperio de la Constitución Política, y por lo tanto no es posible predicar responsabilidad extracontractual, debido a que sus funcionarios cumplieron con sus deberes legales. Pues no siempre que se produce un daño el Estado debe responder patrimonialmente. La falla del servicio debe estar acreditada y debe relacionarse de manera directa con la producción del daño.

 

4.3. La parte demandante y la Nación-Rama Judicial guardaron silencio.

 

CONSIDERACIONES

 

  1. De la jurisdicción y competencia

 

Por ser las demandadas entidades estatales, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A.). La Sala es competente para resolverlo, en razón de su naturaleza, dado que la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de los mismos, en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía[1].

 

  1. Problema jurídico

 

La Sala debe determinar si al momento de presentarse la demanda había operado el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa, y en consecuencia determinar si hay lugar o no a hacer un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones.

III.            Validez de los medios de prueba

 

Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

 

En el presente caso, la parte demandante solicitó expresamente en el escrito de la demanda que se oficiara a la Fiscalía Novena Seccional de Quibdó para que remitiera copia íntegra y auténtica del proceso penal adelantado contra del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz por el delito de extorsión (f. 39, c. 1). El Tribunal decretó la prueba (f. 166, c. 1,) y requirió a la demandada para que allegara el citado proceso (f. 167 c. 1). En virtud de esta orden, la Fiscalía remitió copia auténtica de la investigación penal (f. 183, c. 1 y f. 1-297, c. pruebas).

 

Las pruebas decretadas y practicadas en la investigación penal trasladada serán valoradas por la Sala debido a que fueron surtidas con audiencia de las entidades demandadas en el presente caso, sin que se controvirtieran o tacharan de falsas.

 

III. Hechos probados

 

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

 

  1. El 1 de marzo de 2007, fue capturado en flagrancia el señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz por la Estación de Policía El Carmen de Atrato del departamento del Chocó quien lo puso a disposición de la Fiscalía tras haber sido denunciado por la señora Girlesa Montoya Vélez por haber cometido presuntamente el delito de extorsión (f. 1-11).

 

  1. El 9 de marzo de 2007, la Fiscalía Novena de Quibdó resolvió la situación jurídica del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz e impuso medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por el delito de extorsión (f. 36-47).

 

  1. El 19 de junio de 2007, la Fiscalía Sexta Local delegada ante los Juzgados Penales del municipio de Quibdó calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz como presunto autor material del punible de extorsión (f. 236-246).

 

  1. El 19 de julio de 2007, la Fiscalía Once delegada ante el Tribunal resolvió declarar la nulidad de lo actuado a partir de la anterior providencia y ordenó la libertad inmediata del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz previa suscripción de diligencia de compromiso, la cual se efectuó el mismo día (f. 270-277).

 

  1. El 24 de octubre de 2007, la Fiscalía Novena Seccional de Quibdó precluyó la investigación a favor del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz por considerar que se configuró una causal excluyente de responsabilidad, esto es, que el sindicado actuó bajo una insuperable coacción ajena (f. 283-291).

 

  1. A folio 297 del proceso penal obra constancia judicial en la que se pone de presente que la resolución de preclusión proferida por la Fiscalía Novena Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Quibdó quedó ejecutoriada el 1 de noviembre de 2007.

 

Análisis de la Sala

 

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinados medios judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

 

La caducidad busca atacar el medio de control por haber sido impetrado tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada.

 

En efecto, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, consagra diferentes términos para intentar las diferentes acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8, dispone sobre el término para intentar la reparación directa:

 

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

 

 

En consecuencia, la ley consagra un término de dos años para incoar la acción de reparación directa, contados desde el día siguiente al acaecimiento de la causa del daño por el cual se demanda indemnización, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, porque habrá operado el fenómeno de la caducidad.

 

Por otra parte, la Ley 640 de 2001 en relación con la suspensión del término para demandar con ocasión del adelantamiento del trámite de conciliación prejudicial, dispuso en el artículo 21 lo siguiente:

 

La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

 

Sin embargo, fue en la vigencia de la Ley 1285 del 2009 y su Decreto Reglamentario 1716 del 2009, cuando la conciliación como requisito de procedibilidad, comenzó a regir.

 

Así las cosas, el Decreto 1716 de 2009, en el artículo 3°, establece los mismos eventos señalados en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 que suspenden el término para demandar por virtud de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. Además añade que en caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente, disposición que en igual sentido contiene el artículo 35 de la Ley 640 de 2001.

 

En efecto con la Ley 1285 de 2009 que modificó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la conciliación se erigió como un requisito de procedibilidad para cuando se intenta, entre otras, la acción de reparación directa, situación que da lugar a la suspensión del término para demandar, mientras se adelantan los trámites de la conciliación, con el propósito de no afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia.

 

Por lo tanto, si la conciliación extrajudicial se intenta, la suspensión del término para demandar va hasta cuando se expidan las constancias del artículo 2° de la Ley 640 de 2001 o hasta el vencimiento del plazo de 3 meses contados desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero. En caso de que se logre acuerdo y este sea improbado, la suspensión del término para demandar irá hasta la ejecutoria del auto en que se adopta decisión en tal sentido.

 

En el caso concreto, se pretende declarar patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Nación-Fiscalía General de la Nación y Nación-Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz.

Ahora bien, tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal[2]:

(…) Esta Sala ha considerado que en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción por fallas en la administración de justicia, relacionadas con reclamaciones originadas en privación injusta de la libertad, el término para intentar la acción de reparación directa, debe empezar a contarse no a partir del momento en el cual se produzca la privación de libertad o se recupere ésta, sino desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la que se pueda constatar que la privación de libertad ha sido injusta, porque sólo a partir de ese momento existe habilitación para reclamar lo injusto de la detención. En consecuencia, el término para intentar la acción de reparación directa por el daño ocasionado con la privación injusta de la libertad, debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que pone fin al proceso -sea absolutoria o que declare la cesación del procedimiento-, como quiera que con dicha providencia se abre la posibilidad para el afectado de presentar la reclamación correspondiente, dado que hasta que ella no se produzca difícilmente puede alegarse la injusticia de la detención (…).

 

De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que el actor estuvo privado de su libertad desde el 1 de marzo de 2007 al 19 de julio de 2007 día en que se le concedió la libertad tras haber declarado la nulidad de la resolución de acusación por la Fiscalía Once delegada ante el Tribunal .

Posteriormente, el 24 de octubre de 2007 la Fiscalía Novena Seccional de Quibdó declaró la preclusión de la investigación a favor del señor Alexander de Jesús Álvarez Alcaraz por haberse configurado una causal de exonerativa de responsabilidad penal.

Por consiguiente, fue a partir de ésta última providencia que el aquí demandante pudo constatar que la privación de su libertad fue injusta porque en ese momento cesó el procedimiento penal en su contra, lo cual conduce a concluir que el término para demandar vencía en primera medida el 2 de noviembre de 2009. Sin embargo, como el actor optó por la conciliación prejudicial se debe tener en cuenta la suspensión de tal término con ocasión de esa actuación.

La solicitud de conciliación se presentó ante la Procuraduría 41 Judicial Administrativa de Quibdó el 8 de octubre de 2009 (f. 81, c. 1), esto es, cuando faltaban 25 días para que venciera el término para intentar la acción de reparación directa.

 

La audiencia de conciliación fue declarada fallida el 11 de diciembre de 2009 (f. 79-80 y 81, c. 1). Por lo tanto una vez terminado el trámite conciliatorio, el actor todavía contaba con un término de 25 días para intentar la acción judicial, esto es hasta el 5 de enero de 2010. Ahora bien, debido a que esta fecha fue de vacancia judicial, en aplicación del artículo 62 de la Ley 4 de 1913[3], la parte demandante debía presentar la demanda hasta el próximo día hábil, esto es, hasta el 12 de enero del mismo año[4].

Comoquiera que la demanda fue presentada el 15 de enero de 2010, lo fue después de que se había consolidado la caducidad, y por tanto habrá de negarse las pretensiones de la demanda.

 

Por consiguiente, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 19 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Chocó por las razones expuestas en esta providencia.

  1. Costas

 

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 19 de diciembre de 2011, por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO: Sin condena en costas.

 

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

RAMIRO PAZOS GUERRERO              

Presidente de la Sala

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Magistrada

 

 

 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

             

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Bogotá D.C. ocho (08) de febrero de dos mil diecisiete (2017). EXPEDIENTE: 73001 23 31 000 2010 00428 01 (42441)

LA REPROCHABLE CONDUCTA DE LA VICTIMA NO ES CAUSAL PARA DECRETAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS GENERADOS CON LA DETENCIÓN.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

 

 

 

 

Bogotá D.C. ocho (08) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

EXPEDIENTE: 73001 23 31 000 2010 00428 01 (42441)

ACTOR: CARLOS FERNANDO HINCAPIÉ SANDOVAL Y OTROS

DEMANDADA: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Privación injusta de la libertad – reiteración jurisprudencial / Culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad patrimonial del Estado.

Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN

 

 

 

 

En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia ​comporta ​la reiteración ​de la ​jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad​, ​resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 16 de septiembre de 2011, la cual negó las pretensiones de la demanda.

 

  1. ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2010[1], los señores Jorge Fredy Sandoval Rodríguez; Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Natali Benavidez León, en nombre propio y quien a su vez actúa en representación de sus menores hijos Sharit Natalia y Jant Carlos Hincapié Benavidez, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación- Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad da la que fueron objeto los señores Jorge Fredy Sandoval Rodríguez y Carlos Fernando Hincapié Sandoval en un proceso penal adelantado en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

 

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a las demandadas a pagar por perjuicios morales una indemnización de 200 SMLMV para cada uno de los afectados directos; además, 50 SMLMV para la señora Natali Benavidez León y para los menores Sharit Natalia y Jant Carlos Hincapié Benavidez, la suma de 25 SMLMV.

 

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se pidió el reconocimiento de una indemnización equivalente a la suma de $18.073.616 a favor del señor Jorge Fredy Sandoval Rodríguez, y la cantidad de $36.147.232 a favor del señor Carlos Fernando Hincapié Sandoval.

 

 

Como fundamentos fácticos de las pretensiones se narró, en síntesis, que el día 5 de octubre de 2007, los señores Jorge Fredy Sandoval Rodríguez y Carlos Fernando Hincapié Sandoval, fueron objeto de seguimientos ilegales y retención injustificada por parte de miembros del DAS. Agregó que ese mismo día, horas después, los demandantes fueron retenidos por los mismos agentes siendo acusados de terrorismo por la supuesta intención de querer instalar un artefacto explosivo.

 

Se agregó que, el día de los hechos, el señor Hincapié Sandoval se acercó a las instalaciones de “Servientrega” con el fin de reclamar un giro de dinero enviado por la señora Mary Ramírez, pero este no llegó, sin embargo, lo que sí se encontraba, era un paquete remitido por un desconocido, frente a tal respuesta decidió retirarse de dicho lugar.

 

Posteriormente, el señor Hincapié Sandoval, regresó en compañía de su primo Jorge Fredy Sandoval Rodríguez y reclamó la encomienda que le fue reportada por la agencia de mensajería, una vez en su poder, la depositaron en la moto en la que se movilizaban.

 

La captura de los mencionados ocurrió con posterioridad a que salieren de la empresa de correo al ser interceptados por agentes del DAS, los cuales al registrar el paquete se percataron que en su interior se encontraba una sustancia estupefaciente y no un artefacto explosivo, motivo por el cual fueron aprehendidos inmediatamente y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

 

A raíz de lo anterior, se inició la investigación penal por parte de la Fiscalía 48 Seccional de Honda y posteriormente conocida por el Juzgado Penal del Circuito de la misma localidad. Expuso que, desde el día 5 de octubre de 2007 -día en que se efectuó la captura en flagrancia-, hasta el 29 abril del 2008 que se profirió sentencia absolutoria, los demandantes estuvieron privados de su libertad, esto es por un lapso de 206 días.

 

La demanda se instauró ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tolima que, mediante providencia de 30 de julio de 2010[2] declaró la falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Tolima, así pues, dicha autoridad, en auto del 20 de agosto de 2010[3], la admitió, providencia que se notificó en debida forma al Ministerio Público[4], a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[5] y a la Fiscalía General de la Nación[6].

 

La Fiscalía General de la Nación[7], se opuso a las pretensiones de la demanda y adujo que, en el presente caso, la demanda carece de fundamentos fácticos y jurídicos. Argumentó que el proceso penal adelantado en contra de los demandantes, se surtió conforme a la Constitución y la ley, motivo por el cual no es posible endilgarle ningún tipo de responsabilidad.

 

De igual forma, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva afirmando que la Fiscalía General de la Nación no está llamada a responder, por cuanto la facultad para decidir sobre libertad del imputado está en cabeza del Juez de Control de Garantías y no en la del ente acusador.

 

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contestó la demanda de manera extemporánea[8] y el Ministerio Público guardó silencio.

 

Por auto de 5 de octubre de 2010[9], se abrió el proceso a pruebas, una vez concluido el término probatorio, mediante proveído del 03 de junio de 2011[10] se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

 

En esta oportunidad la parte actora[11] insistió en la viabilidad de sus pretensiones pues a su juicio y conforme al acervo probatorio, con la privación de la libertad padecida por los demandante se causaron perjuicios de carácter moral y material que deben ser indemnizados de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.

 

Señaló que en el caso bajo estudio, el proceder de los agentes del DAS fue irregular, toda vez que los funcionarios judiciales debieron verificar diligentemente las citas e informes presentados por estos.

 

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación[12] reprodujo los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

 

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

 

I.I LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

 

El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 16 de septiembre de 2011[13], mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

 

El a quo, estimó que la privación de la libertad de los ahora demandantes no fue injusta, ni tampoco constitutiva de error judicial, por cuanto, tanto la Fiscalía como el Juez de Control de Garantías, soportaron su decisión apoyados en los elementos materiales probatorios legalmente allegados al proceso. En efecto, conforme a lo incautado a los demandantes, tanto en cantidad como en contenido, esto es 1.044 gramos de cocaína, así como atendiendo la dosimetría de la pena, son motivos más que suficientes para que la Fiscalía solicitara medida de aseguramiento y al Juez de Control de Garantías a decretarla en forma acertada.

 

Conforme a lo anterior, señaló el Tribunal que, si bien el proceso penal adelantado contra los aquí demandante finalizó con fallo absolutorio, fundado en la duda, ello no es indicativo de irregularidad e injusticia. Estimó que de aceptarse dicha postura generaría que en todos los casos en los que se profiera una decisión absolutoria al amparo del principio de presunción de inocencia, sea procedente la reparación de perjuicios. Así pues, concluye que el fallo penal no obedeció al descubrimiento de pruebas fuertes por parte de la defensa que demuestren la inocencia de los implicados, sino por aplicar la figura del in dubio pro reo ante la debilidad de las pruebas aportadas por la Fiscalía.

 

I.II EL RECURSO DE APELACIÓN

 

  1. El recurso de la parte actora

 

 

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda[14].

 

Expresó que el fallo contiene diferencias entre el análisis de la demanda y el material probatorio, pues en su concepto, la labor investigativa de la Fiscalía al analizar las circunstancias en las que se presentó la incautación del narcotráfico por parte de los detectives del DAS fue “nula”, situación que motivó al juez penal, ante la duda, a absolver a los demandantes.

 

Finalmente, cita sendos escritos jurisprudenciales en los que respalda la posibilidad de pedir el resarcimiento de perjuicios en los casos cuando las detenciones finalizan con absolución con base en el principio de in dubio pro reo, o los procesos en los que existe una ineficiente labor probatoria por parte del ente acusador.

 

  1. Tramite de segunda instancia.

 

El recurso formulado por la parte demandante fue admitido por auto del 17 de noviembre de 2011[15]. Posteriormente, mediante proveído del 16 de enero del 2012[16] se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

 

En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación[17] reiteró los argumentos expuestos durante el trámite procesal, resaltó que la privación de la libertad que se aplicó a los aquí demandantes, obedeció a razones jurídicamente atendibles en ese momento procesal determinado, motivo por el cual no puede estructurarse una falla del servicio o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que comprometa la responsabilidad patrimonial de la entidad.

 

Por su parte, el Ministerio Público[18], precisó que la situación a la que fueron sometidos los demandantes no constituye una privación injusta, toda vez que la Fiscalía actuó dentro del marco de la Constitución y la ley, máxime si se tiene en cuenta que la detención operó bajo la situación de flagrancia y en posesión de una gran cantidad de narcóticos.

 

En atención a lo anterior, concluyó que no se impusieron cargas que los demandantes no estuviesen en obligación de soportar y por tal razón no es posible invocar la responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la constitución.

 

La parte actora y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardaron silencio.

 

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

  1. Competencia

 

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 16 de septiembre de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación[19].

 

  1. Ejercicio oportuno de la acción

 

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984[20], en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-[21].

 

En el sub examine, la responsabilidad patrimonial solicitada en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de los señores Jorge Fredy Sandoval Rodríguez y Carlos Fernando Hincapié Sandoval, supuestamente ocurrida entre el 5 de octubre de 2007 y el 13 de marzo de 2008, según certificación[22] proferida por el INPEC, toda vez que el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Honda – Tolima, en audiencia de juicio oral, anunció el sentido del fallo con carácter absolutorio.

 

Precisa la Sala que el término de caducidad del sub judice empezó a correr al día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia absolutoria, esto es, el 30 de abril de 2008[23], de manera que la parte interesada tenía, en principio, hasta el 30 de abril de 2010 para presentar la demanda.

 

Ahora bien, existe un evento en el cual, de acuerdo con lo previsto expresamente en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001[24], normas vigentes para el momento de interposición de la demanda[25], el término de caducidad de la acción admite suspensión y es cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho.

 

En el caso bajo estudio, obra en el expediente el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial realizada el día 19 de julio de 2010 ante la Procuraduría Veintisiete Judicial II para asuntos administrativos[26], en donde se declaró terminado el trámite conciliatorio y, además, se dejó constancia que la solicitud se presentó el 28 de abril de 2010, es decir, 2 días antes de que operara la caducidad.

 

Así las cosas, dado que el término se reanudó el día siguiente de haberse declarado fallida la audiencia de conciliación prejudicial, esto es, el 21 de julio de 2010, la parte demandante tenía hasta el 22 de julio de 2010 para interponer la demanda y, comoquiera que se presentó el 22 de julio del mismo año[27], forzoso viene a ser que se encontraba dentro del término previsto para tal fin, circunstancia que impone proseguir con el estudio de fondo del recurso incoado por la parte demandante.

 

  1. El objeto del recurso de apelación

 

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se encaminó a que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, discutiendo en concreto, el análisis probatorio y las circunstancias que motivaron el fallo, ya que la absolución se produjo con base en el principio de duda razonable y a las irregularidades que se presentaron dentro del proceso penal.

 

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve la parte demandante se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio del motivo de inconformidad planteado en el mencionado recurso de apelación.

 

  1. Lo probado en el proceso.

 

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

 

Que el día 5 de octubre de 2007[28], agentes del DAS, capturaron en situación de flagrancia a los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez, al portar sobre el tanque de la motocicleta en la que se movilizaban una caja que contenía 1.044 gramos de cocaína, luego de recogerla en la empresa de correspondencia de “Servientrega”.

 

Como consecuencia de lo anterior, el día 6 de octubre de 2007[29], una vez surtidas las audiencias de legalización de captura y formulación de imputación, la Fiscalía 34 Local de Mariquita solicitó medida de aseguramiento en contra de citados procesados, la cual fue decretada por el juez de control de garantías y, en consecuencia, se dispuso que la misma se cumpliera en el lugar de domicilio de los imputados.

 

Posteriormente, mediante audiencia de formulación de acusación, celebrada el 22 de noviembre de 2007[30], la Fiscalía sustentó su acusación y enlistó los elementos materiales probatorios y los que pretendía hacer valer para el juicio.

 

El día 13 de febrero de 2008[31], se celebró la audiencia preparatoria en la que se hizo el descubrimiento de las pruebas legalmente allegadas al proceso, tanto de la Fiscalía como de la defensa técnica. Consecuentemente, en audiencia de juicio oral, celebrada el 12 de marzo de 2008[32], el juez de conocimiento terminada la práctica de pruebas, procedió a dictar el sentido del fallo el cual fue de carácter absolutorio.

 

En sentencia del 29 de abril del 2008[33], el Juez Penal del Circuito de conocimiento de Honda – Tolima, absolvió a los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez de los cargos formulados en su contra, al considerar que no se logró demostrar su real y material participación, pues para el juez de conocimiento “no existe el conocimiento más allá de toda duda razonable, de que los acusados supieran cual era el contenido de la caja que reclamaron”[34].

 

La anterior decisión se notificó en estrados, quedó en firme en la misma fecha[35].

 

De otra parte, obra certificación del 13 de marzo de 2003[36], proferida por el INPEC, donde se da cuenta que los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez estuvieron privados de la libertad entre el 5 de octubre de 2007 y el 13 de marzo de 2008.

 

  1. Conclusiones probatorias y caso concreto.

 

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez fueron capturados el 5 de octubre de 2007 en flagrancia y privados de su libertad hasta el 13 de marzo de 2008, fecha en la que se le concedió libertad en cumplimiento a lo dictado en el juicio oral celebrado el 12 de marzo de 2008.

 

5.1 Acerca del hecho exclusivo de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual al Estado[37]

 

Comoquiera que el supuesto daño irrogado a los demandantes fue ocasionado por la captura y posterior medida de aseguramiento, decretada en audiencia el 6 de octubre de 2007, se procede a analizar sí, dadas las circunstancias del caso concreto, en los términos expuestos en el fallo recurrido y cuestionados por la parte actora, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento constitutivo de hecho exclusivo de la víctima, que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros con base en los cuales opera la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración. Lo anterior, en consideración a que el hecho vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración pública, sino del proceder -activo u omisivo- de quien sufre el perjuicio:

 

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

 

“… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.  Lo anterior permite concluir que si bien se probó la  falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”[38]

 

De igual forma, se ha dicho:

 

“…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

 

-Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

 

-El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración…”[39][40] (Se destaca).

 

Ahora bien, en lo que toca con la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley  270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia-, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

 

En consonancia con lo anterior, para caracterizar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia[41] ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil[42], de los cuales se extrae que el primero se corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

 

Así mismo, sobre el primer concepto, el tratadista español Guillermo Cabanellas de Torres, al referirse a la culpa grave[43] señala que “no puede ser medida por las consecuencias, sino que ha de apreciarse según la conducta del agente. Consiste esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente”[44].

 

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder -se repite, activo u omisivo- de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello comoquiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así:

 

“… se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

 

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”.  De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder.  A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito.  Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño…

 

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada… aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño…”[45][46].

 

De acuerdo con la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad judicial competente y descendiendo al caso concreto, los presupuestos fácticos del sub lite podrían ser encuadrados en el régimen de responsabilidad derivado de la privación injusta de la libertad que tiene lugar cuando, a pesar de que la medida de aseguramiento hubiere sido legalmente proferida, comoquiera que si bien reunía el pleno de los requisitos legales para ser emitida, a la postre el imputado fue absuelto de los cargos formulados en su contra, por estimar el juez del conocimiento que no existía certeza sobre su responsabilidad penal dentro del proceso.

 

Así pues, nada obstaría para entender que, en principio, estamos ante un evento de responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en la privación injusta de la libertad, sin embargo, dadas las particularidades del presente caso y consecuente con la línea jurisprudencial a la que, igualmente, se aludió en precedencia -de acuerdo con la cual el hecho exclusivo de la víctima, entendido como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el ciudadano, exonera de responsabilidad a la Administración-, no puede menos que concluirse que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, está demostrada en el expediente la configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, esto es, de los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez, en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al solicitar una medida de aseguramiento en su contra y  al Juez de Control de Garantías a decretarla.

 

Y es que, a juicio de la Sala, está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal -desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende- entre la mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues la privación de la libertad de los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la Administraciónde Justicia -a pesar de ser la causa  inmediata- sino en la conducta imprudente asumida por las víctimas.

 

En este orden de ideas, resulta claro que el comportamiento de los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez, en especial del primero, fue gravemente culposo, negligente y descuidado, en tanto que, como se expuso en la demanda, de manera ligera y sin precaución “recibe la encomienda” enviada por un desconocido, proceder que dista mucho de las reglas ordinarias de comportamiento que deben asumirse en las relaciones sociales.

 

Además, es precisamente, en esta encomienda la que al ser revisada por agentes del DAS contiene en su interior la cantidad de 1.044 gramos de cocaína, situación en la que la prudencia debe primar como lo indican las reglas de la experiencia, pues no resulta creíble que una persona esperando un giro de dinero decida llevarse a su casa un paquete que no le era remitido, sin antes revirar su contenido, pues de no hacerlo delante de la vigilancia de la administración de la empresa de servicios de entrega, asume el riesgo que cualquiera sea lo que se encuentre en ella.

 

Si bien en materia penal se determinó que no existía certeza respecto de la participación de los señores  Hincapié Sandoval y Sandoval Rodríguez en el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se encontró plenamente probado que portaban una caja con estupefacientes y, si bien ha reiterado que ignoraba su contenido, lo cierto es que el hecho de recibir y custodiar un objeto sin saber su procedencia y remitente, constituyen una conducta desprevenida, negligente y descuidada, la cual, en su ocurrencia, valga decir motivó su detención y sin la cual no se hubiera visto vinculado dentro de una investigación penal, lo que también dilucidó el mismo Juzgado que lo absolvió del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes así:

 

“[…] igualmente estipularon que fue a los citados acusados a quienes se les incautó la droga estupefaciente, la que fuera encontrada dentro de una caja, encima del tanque de la motocicleta en que los procesados se desplazaban y que habían reclamado momento antes en las oficinas de SERVIENTREGA.

 

De otro lado con las pruebas que se introdujeron al juicio, se probó sin hesitación alguna, que la citada caja que contenía el alcaloide, fue remitida al señor CARLOS FERNANDO HINCAPIE desde el 2 de octubre del 2007 y reclamada por él el 5 del citado mes y año.

 

Respecto a lo anterior como se dijo no hay discusión alguna, pero en cuanto a la responsabilidad de los acusados, fue este el punto álgido del debate probatorio, donde discreparon totalmente la defensa técnica y el material de la fiscalía (…)

 

Considera el despacho dada la multiplicidad de dudas que se ciernen respecto al operativo previo y posterior que culminó con la captura de los acusados (…)  coloca a este juzgador en un estado de perplejidad o confusión que nos impide acceder al conocimiento más allá de toda duda y a la responsabilidad penal de los señores Carlos Fernando Hincapié Sandoval y Jorge Fredy Sandoval Rodríguez  como coautores del delito de TRAFICO, FABRICAICON, O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de trasportar, pues se repite son muchas dudas que afloran al comparar los testimonios de los servidores de la policía judicial del DAS que realizaron la captura, frente a los testimonios de descargo presentados por la defensa técnica en el juicio oral (…) ”[47].

 

Así las cosas, precisa la Sala que la parte actora no puede pretender ser indemnizada por la privación de su libertad, cuando se tiene suficientemente demostrado, que el señor Fernando Hincapié Sandoval reclamó en las oficinas de Servientrega junto a su primo Jorge Fredy Sandoval Rodríguez un paquete que contenía 1.044 gramos de cocaína.

 

En esas condiciones, estima la Sala que los hoy demandantes motivaron la vinculación a la investigación que se adelantaba en cumplimiento del deber constitucional atribuido a la Fiscalía General de la Nación[48], en el sentido de investigar las conductas que pudieran constituirse en delito, en punto a esclarecer su posible responsabilidad, por lo que en el escenario del proceso penal debía establecerse la realidad de lo ocurrido para resolver sobre su situación particular.

 

Si bien dicha conducta finalmente no alcanzó a tener connotación frente a la responsabilidad penal de los sindicados a la luz del punible investigado, resulta claro que dieron lugar a que apareciera razonablemente comprometida su responsabilidad por el presunto delito por el cual se les procesó, hasta cuando el juez del conocimiento se ocupó de dilucidar que su actuar no encajaba en la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

 

Así las cosas, forzoso resulta concluir que el proceder de las demandantes en el presente caso determina que debían asumir la privación de la libertad de la que fueron objeto.

 

En casos similares al que ocupa hoy la atención de la Sala, en los cuales se ha declarado probada la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, con ocasión de la imposición de una medida de aseguramiento, la jurisprudencia de esta Sección ha discurrido de la siguiente manera:

 

“Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la señora Adiela Molina Torres no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de sus funciones como almacenista. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, dado el desorden, la impericia, el desgreño y la incuria con las cuales manejó los bienes y haberes a su cargo, dio lugar a que, cuando se practicó la experticia correspondiente dentro de la investigación penal, apareciera comprometida por los faltantes encontrados en el almacén, lo cual la implicaba seriamente en la comisión del presunto delito que se le imputaba y que dio lugar a que, con el lleno de los requisitos legales -se insiste-, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra.

 

Sólo como consecuencia de las diligencias adelantadas posteriormente dentro de la investigación penal y, en especial, con ocasión de la inspección judicial, se logró establecer que el faltante que hacía aparecer el desorden en el cual se encontraba la dependencia en cuestión, realmente no tenía la trascendencia como para ser considerado un hecho punible. Pero los elementos de prueba obrantes en contra de la aquí accionante estuvieron gravitando hasta cuando la propia autoridad pública investigadora se ocupó de establecer que el ilícito no había ocurrido, razón por la cual el proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima, en el presente caso, determina que la misma deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, como una carga que le corresponde por el hecho de vivir en comunidad, a fin de garantizar la efectividad de la función de Administración de pronta y  cumplida Justicia.

 

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro”[49].

 

 

Con fundamento en los argumentos expuestos, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte actora no tiene vocación de prosperidad, lo que amerita la confirmación del fallo apelado, pero por las razones aquí expuestas.

 

  1. No hay lugar a condena en costas

 

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

 

R E S U E L V E:

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 16 de septiembre de 2011 en el proceso de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO: Sin condena en costas.

 

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

 

 

 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

HERNÁN ANDRADE RINCÓN                   

 

 

 

 

 

 

 

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “B” Bogotá D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación: 47001 23 31 000 2007 00414 01 (40307)

CONSECUENCIA DE ACCIDENTES GENERADOS POR EXCESO DE VELOCIDAD NO PUEDEN SER ASUMIDAS POR EL ESTADO.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

 

 

 

 

 

 

Bogotá D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación: 47001 23 31 000 2007 00414 01 (40307)

Actor: Ivonne Armenta Maestre

Demandados: Instituto Nacional de Vías INVÍAS

Acción: Reparación Directa

Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero

 

 

 

 

 

 

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por los demandantes y la llamada en garantía, contra la sentencia de 29 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

 

SÍNTESIS DEL CASO

 

El 23 de agosto de 2005, el cantautor vallenato Kalet Miguel Morales Troya sufrió un accidente de tránsito en la vía Plato – Bosconia, en el que el vehículo tipo camioneta en el que se movilizaba se salió de la vía, sufrió volcamiento lateral y dio varias vueltas sobre su carrocería antes de detenerse, hechos en los que padeció graves lesiones producto de las cuales perdió la vida.  Los demandantes atribuyen la ocurrencia de esos hechos al Instituto Nacional de Vías, por cuanto consideran que fueron generados por el mal estado del corredor.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. La demanda

Mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2007 (fl. 293, c. 1) los señores: Ivonne Armenta Maestre (compañera), Katrinalieth Morales Armenta (hija), Miguel Antonio Morales Campo (padre), quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Eva Sandrith Morales Troya, Fayder Miguel Morales Zapata y Kati Julieth Morales Guzmán (hermanos); Nebis Troya Pérez (madre), Kanner Miguel y Keiner Miguel Morales Troya (hermanos); Román Troya Galvis y Petrona Pérez Martínez (abuelos); y Evelti Polo Campo (tía), promovieron demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Vías, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas, con ocasión de la muerte de Kalet[1] Miguel Morales Troya:

 

1.1. Pretensiones:

 

  1. Declarar administrativamente responsable al Instituto Nacional de Vías INVÍAS, de la muerte del joven cantautor KALET MIGUEL MORALES TROYA, la cual se produjo en un accidente automovilístico causado por la falta de mantenimiento y señalización de la carretera nacional Plato – Bosconia, a cargo del mismo Instituto, lo cual configuró una falla del servicio que le es imputable por tener, entre otras funciones, el mejoramiento, rehabilitación y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia y por consiguiente, de los perjuicios morales, daño a la vida de relación y materiales, ocasionados a los demandantes, tal como expone a continuación:

 

  1. Perjuicios morales

 

Se solicita el reconocimiento de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, a saber: IVONNE ARMENTA MAESTRE, KATRINALIETH MORALES ARMENTA; MIGUEL ANTONIO MORALES CAMPO; EVA SANDRITH MORALES TROYA, FAIDER (sic) MIGUEL MORALES ZAPATA, KATI JULIETH MORALES GUZMÁN, NEBIS TROYA PÉREZ; KANNER MIGUEL y KEINER MIGUEL MORALES TROYA; ROMÁN TROYA GALVIS y PETRONA PÉREZ MARTÍNEZ y EVELTI POLO CAMPO, en una suma no menor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales…”, dado el vínculo de parentesco demostrado con los respectivos registros civiles de nacimiento, registros civiles de matrimonio. (…)

 

  1. Perjuicios a la vida de relación

 

También se solicita el reconocimiento de perjuicios a la vida de relación para cada uno de los demandantes (…) para repararlo se ha solicitado el equivalente a 400 salarios mínimos para cada uno de los demandantes.

 

No obstante lo anterior para los (…) padres de Kalet Miguel Morales Troya, se solicita un incremento por lo menos doble, para cada uno de ellos, derivado de la tasación de estos perjuicios (…).

 

  1. Daños materiales

 

Por una suma equivalente a todos los gastos en que se incurrió a raíz de la muerte de KALET MIGUEL MORALES TROYA, por concepto de honras fúnebres, transporte de familiares, gastos de bóveda e inhumación, entre otros.

 

Por una indemnización a los demandantes IVONNE ARMENTA MAESTRE, compañera permanente de KALET MIGUEL MORALES TROYA y su hija KATRINALIETH MORALES ARMENTA, equivalentes a las sumas que recibiría aquel desde el momento en que pereció hasta la fecha en que de acuerdo con sus condiciones personales, viviría; en su valor representativo comprensivo de todos los conceptos económicos generados por sus actividades artísticas y creativas, en la modalidad de perjuicios materiales o patrimoniales (lucro cesante pasado o indemnización pasada, lucro cesante futuro o indemnización futura y acrecimiento o acrecentamiento de la indemnización en cabeza de la compañera permanente), para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

 

  1. El ingreso mensual promedio devengado por KALET MIGUEL MORALES directamente o de su AGRUPACIÓN MUSICAL VALLENATA KALET MORALES, a la fecha del fallecimiento, de conformidad con la documentación que deberá recibir de las empresas SONY MUSIC ENTERTAIMENT (COLOMBIA) S.A., PRODEMUS, SAMP COLOMBIA LTDA., DISCOS FUENTES EDIMUSICA, SAYCO.
  2. Los ingresos percibidos reales y potenciales relacionados con las presentaciones musicales de KALET MORALES y de su AGRUPACIÓN VALLENATA (valor, cantidad de presentaciones mensuales, ingresos netos o libres mensuales), bien con la mánager o representantes musicales de KALET MORALES: VERÓNICA OROZCO RODRÍGUEZ, en el medio musical o en las compañías referidas; de los contratos aportados y que llegare a conseguir en las empresas referidas, de los ingresos o regalías pagados por SAYCO (por regalías, presentaciones, derechos y otros conceptos);
  3. Los ingresos futuros por todo concepto, entre otros, venta de CDS (ingreso total y neto, anual y mensual), contratos de derechos de autor, cesión de derechos, contratos de intérprete, presentaciones nacionales o extranjeras, indicando ingresos por presentación y mensual; proyección y crecimiento anual de ingresos hasta su vida probable (para lo cual hará las investigaciones en el sector musical y en las empresas antes referidas), por publicidad, etc, INCREMENTOS DE LOS INGRESOS con base en el crecimiento de ventas, presentaciones, regalías, etc.
  4. El valor obtenido como INGRESO PROMEDIO MENSUAL o LUCRO CESANTE MENSUAL se indexará con base en el IPC certificado por el DANE, aplicándolo en las formulaciones de matemáticas financieras a las liquidaciones de la indemnización debida, futura y acrecimiento de la misma; incluyendo el efecto del crecimiento en las ventas, regalías, presentaciones, etc., tal como se acredita pericialmente con la demanda, sin perjuicio de que se reconozca un mayor valor al establecido en el estudio económico anexo en la presente demanda, si llega a ser demostrado dentro del proceso.
  5. Por una indemnización equivalente a las sumas que recibiría KALET MORALES TROYA, dos años después de su muerte, oportunidad esta en la que obtendría su grado de médico luego de hacer el internado, hasta la fecha en que de acuerdo con sus condiciones personales, trabajaría la profesión de médico alternativamente a sus actividades artísticas, es decir, tomando en cuenta su vida probable, conforme a lo devengado por un médico general en la región, según se determine pericialmente o por las organizaciones médicas de la zona o por un centro hospitalario, liquidando el lucro cesante futuro a la fecha del dictamen.

Tal como lo ha establecido la jurisprudencia, el hombre ya mejor dotado con mayores conocimiento (sic), provisto de los elementos de lucha que le da una carrera profesional, está por ello solo en aptitud esencial de producir en proporción a su capacidad aplazada únicamente por un tiempo breve necesario para el establecimiento del profesional (…)

  1. Por una indemnización a NEBIS TROYA PÉREZ equivalente tanto al valor reposición del vehículo camioneta Land Cruiser, marca Toyota, modelo 1997, color gris palmera, de placa, BXE-447, toda vez que al haber quedado totalmente destruido aquel, el propietario no puede ser condicionado a utilizarlo reconstruido, por no quedar en las mismas condiciones que el original (…)
  2. Por las sumas invertidas en la consecución de asistencia jurídica que han de entenderse como un hecho objetivo de disminución patrimonial constitutivo de un perjuicio y no como una condena en costas (…)

 

En subsidio:

 

Dado el caso de que no existan en el proceso bases suficientes para hacer la liquidación matemática de los perjuicios materiales que se deben a los demandantes, el Tribunal, por razones de equidad, los fijará en equivalente en pesos de la fecha de ejecutoria de la sentencia, de cuanto menos (sic) 1.000 salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de los artículos 4 y 8 de la Ley 153 de 1887 y 97 del Código Penal.

 

En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios de la falta de uso del capital representativo de la indemnización, según el artículo 1615 del Código Civil, que se están debiendo desde el momento en que murió KALET MIGUEL MORALES TROYA, y se cancelarán, al igual que el capital, en pesos actualizados a la fecha de pago de lo dispuesto en la respectiva sentencia.

 

  1. Que se condene a la parte demandada, a que pague sobre las sumas a que resultare condenada según la petición anterior, en favor de la parte actora o a quien represente sus derechos, los índices de devaluación monetaria registrados por el Banco de la República y/o el Departamento  Administrativo de Estadística Dane, durante el curso del proceso y hasta cuando se verifique el pago a título de indemnización monetaria de conformidad con lo previsto por el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

 

  1. Que se ordene a la parte demandada, cumplir el fallo que desate la litis dentro del término ordenado por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y 72 de la Ley 446 de 1998.  En caso de que no se dé cumplimiento al fallo dentro del término legal, la parte demandada cancelará a la parte actora o a quien represente sus derechos, intereses moratorios hasta el momento de su pago.

 

  1. Que se condene a la parte demandada, a reconocer y pagar las agencias en derecho que genere el presente proceso.

 

1.2.         Fundamento fáctico

 

Como fundamento de hecho de las pretensiones indicaron que Kalet Miguel Morales Troya, quien tenía con los demandantes los vínculos afectivos y de parentesco ya referidos, inició desde muy joven su carrera artística, compuso su primera canción a los 13 años de edad, llegó a convertirse en ídolo de moda del vallenato moderno y creó su propia agrupación musical, gozaba de éxito y reconocimiento en la industria musical, al tiempo que cursó estudios de medicina en la Universidad del Sinú, los que concluyó en el año 2004 y no le impidieron dedicarse a la actividad de cantautor, en la que ya se perfilaba internacionalmente y le demandada múltiples compromisos.

 

El 22 de agosto de 2005, Kalet Morales viajó desde Valledupar a Montería a atender asuntos personales y al día siguiente emprendió el viaje de regreso, en compañía de su hermano Keiner, en la camioneta Toyota Land Cruiser de placas BXE447 de propiedad de su progenitora, se detuvieron al cruzar el peaje de Plato (Magdalena) y en el kilómetro 43 de la vía Plato – Bosconia, con llanta delantera derecha del vehículo impactaron un hueco de 2.20 metros de diámetro que se encontraba sobre la vía y lleno de agua, situación que hizo perder el control del rodante que posteriormente se volcó y dio varias vueltas antes de detenerse.

 

Como resultado del accidente, Kalet Morales sufrió graves heridas que finalmente acabaron con su vida el 24 de agosto de 2005, cuando falleció a las 8.15 horas, registrándose como causa del deceso el trauma craneoencefálico severo sufrido en accidente de tránsito.

 

El 26 de agosto de 2005 la Universidad del Sinú le otorgó el título póstumo de Médico, al tiempo que Sayco entregó a sus padres el “Pentagrama de Oro Sayco”, como distinción por la gran trascendencia internacional de su hijo y el volumen de ventas en el mercado discográfico.  En la época de su deceso, Kalet Morales “ya era una de las figuras cimeras del folclor vallenato.  Cantautor con grandes proyecciones artísticas dentro del ámbito de este género musical, donde había cosechado innumerables triunfos y reconocimientos (…) había sido elegido como el artista del año de la compañía Sony Music, que le entregaría un disco de oro por la venta de más de 10 mil copias de su compacto “La Hora de la Verdad”.

 

En efecto la carrera de la víctima era de tal éxito que se encontraba preparando distintas giras internacionales a EEUU, México y Centroamérica para presentar el referido álbum, al tiempo que realizaba presentaciones como mínimo dos veces por semana y había suscrito numerosos contratos en los últimos años de vida que le generaban importantes ingresos, así como recibía el pago de derechos de autor y regalías por sus obras artísticas.

 

Era tan importante Kalet Miguel y evidente el reconocimiento por parte del país musical, que los medios de comunicación le dieron enorme trascendencia a su accidente y posterior fallecimiento, a sus honras fúnebres, siendo objeto de varios homenajes de las principales cadenas de televisión nacional, de la radio nacional, local y regional.  Inclusive con pronunciamientos de pesar, condolencia y reconocimiento presidencial.

 

El accidente y posterior fallecimiento de KALET MIGUEL MORALES TROYA, ocasionó en su núcleo familiar dolor, angustia y demás perjuicios de tipo económico y material.  Es así, como dejó a su compañera e hija sin su cariño, ayuda económica y protección; igual que a su otro hijo; afectando moralmente también a sus padres, hermanos, abuelos y demás familia.

 

1.3.  Sustento jurídico

 

Los actores consideran que el INVÍAS es el llamado a responder por los graves perjuicios que padecieron, por cuanto omitió el deber que le asistía de mantener en buen estado de conservación el corredor vial en el que tuvieron lugar los lamentables hechos, pues fue el mal estado del corredor el que ocasionó el accidente.

 

Era un deber estatal desplegar su actividad para mantener el corredor vial en buen estado y señalizarla debidamente, de modo que fuera posible para los conductores advertir la presencia de baches de las dimensiones del que ocasionó el accidente y siendo claro que la hipótesis de causa probable del accidente por exceso de velocidad que se plasmó en el informe del accidente no fue demostrada, siendo claro que cualquier en condiciones normales pudo padecer el accidente y a una velocidad reglamentaria pudo sufrir similares consecuencias, en razón del mal estado de la vía.

 

  1. Contestación de la demanda

 

En la oportunidad procesal prevista para el efecto, el Instituto Nacional de Vías se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fl. 307, c. 1), luego de estimar que de acuerdo con el informe del accidente de tránsito, el vehículo en el que se movilizaba la víctima invadía el carril contrario, que era en el que se encontraba el bache, de 1.40 metros, por 0,12 de profundidad, deterioro incipiente que no tenía la virtualidad de producir por sí solo tan graves consecuencias, al tiempo que podía ser advertido si se circulaba a una velocidad permitida.

 

Reconoció como cierto el hecho de que el rodante se salió de la vía y sufrió volcamiento lateral, lo que ocurrió debido a la gran velocidad a la que se movilizaba, lo que generó las graves lesiones que acabaron con la vida del artista.

 

Dijo que ninguna de las evidencias del proceso permite inferir el presunto mal estado del corredor vial, ni la existencia de daños estructurales; por el contrario, existían suficientes señales de tránsito en la zona y correspondía al conductor tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y provocar daños a terceros, en razón de que la conducción de vehículos es una actividad que por sí misma genera riesgos.

 

También consideró que la cuantía del asunto fue estimada en una cifra incomprensible que no permite determinar la competencia para conocerlo.

 

Solicitó que se llame en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. (fl. 326, c. 1) para que se analice su eventual responsabilidad frente a INVÍAS, derivada de la póliza de seguros No. 12010000169, cuyo objeto es amparar la responsabilidad civil extracontractual de INVÍAS derivada de lesiones o muerte de quienes transiten en las carreteras del territorio nacional a su cargo.

 

  1. Adición de la demanda

 

El 28 de noviembre de 2007 (fl. 336, c. 1), se presentó escrito de adición de la demanda, en la que se incluyó a otro hijo de la víctima, el menor Samuel Miguel Morales Castilla como accionante, para quien se solicitó reparación por daños inmateriales en la modalidad de daño moral y perjuicios a la vida de relación en los mismos términos que para los demás actores; también se pidió indemnización por perjuicios materiales en los mismos términos de la que correspondería a su hija Katrinalieth Morales.  No obstante, tal petición fue negada por extemporánea por el Tribunal a quo.

 

  1. Contestación del llamamiento

 

Mediante auto de 25 de enero de 2007 se dispuso citar en calidad de llamada en garantía a la Compañía Central de Seguros S.A. (fl. 344, c. 1), hoy QBE Seguros S.A., la que una vez notificada se opuso a las pretensiones de la demanda y del llamamiento (fl. 382, c. 1).  Frente a las primeras, por considerar que la víctima se movilizaba a una velocidad más alta que la legalmente permitida e invadió el carril contrario, al tiempo que el lugar estaba debidamente señalizado.

 

La conducta del conductor del vehículo fue contraria a los reglamentos de tránsito, por lo que consideró que la culpa de la víctima fue la causa exclusiva y determinante del accidente, al tiempo que la humedad del corredor contribuyó a la causación del daño.

 

Dijo que la pretendida indemnización por daño a la vida de relación no podría reconocerse en ningún caso, por cuanto las sumas que la jurisprudencia ha reconocido bajo esa denominación tienden a reparar las pérdidas de capacidad de la víctima, lo que no ocurrió en este caso, en el que además fueron estimadas en forma excesiva.

 

Consideró que en caso de una eventual condena debe tenerse en cuenta que los ingresos de un artista varían de forma desproporcionada en las distintas etapas de la vida, que sus herederos continúan gozando de todos los derechos que surgen de la propiedad intelectual de la víctima, que siempre será necesario descontar los gastos propios de la víctima de cualquier indemnización a reconocer y que los ingresos dejados de percibir como médico que se reclaman a título de lucro cesante son inciertos y no pueden indemnizarse.

 

En cuanto al llamamiento indicó que la póliza suscrita entre esa compañía y el llamante no cubre la reparación de perjuicios extra patrimoniales, al tiempo que en ella se pactó un deducible que debe ser atendido al decidir lo atinente a su responsabilidad.

 

  1. La sentencia apelada

 

El 29 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Magdalena (fl. 882, c. ppal) dictó sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.  Dispuso:

 

  1. DECLÁRESE al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE por la muerte de KALETH (sic) MIGUEL MORALES TROYA (Q.E.P.D), por los hechos ocurridos el pasado 24 de agosto de 2005.

 

  1. EN CONSECUENCIA, CONDENASE (sic) AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS), A PAGAR:

 

En cuanto a perjuicios morales:

 

(40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los padres, 24 para cada uno de los hermanos menores, 32 para cada uno de los hermanos mayores y 24 para cada uno de los abuelos).

 

En cuando (sic) a los perjuicios del daño de vida en relación (sic):

 

Para Keiner Miguel Morales Troya en calidad de hermano veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivale a diez millones trescientos mil pesos $10.300.000.

 

En cuanto a perjuicios materiales.

 

Daño emergente

 

Para Nevis Troya la suma de $21.129.261,1 veintiún millones ciento veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos con dos centavos.

 

  1. Condenar en abstracto a la entidad demandada (Instituto Nacional de Vías) a pagar el lucro cesante por lo dejado de percibir como artista y como médico por parte del señor Kalet Miguel Morales Troya (Q.E.P.D.), que se determinara (sic) por liquidación incidental en los términos previstos en los artículos 172 y 178 del C.C.A. y 137 del C.P.C. según lo indicado en la parte motiva del fallo.

 

  1. CONDENASE (sic) la compañía de seguros QBE SEGUROS S.A. a pagar el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) la suma de $183.869.261, o hasta agotar el tope máximo asegurado, si este es menor.

 

  1. La sumas (sic) líquidas correspondientes a las anteriores condenas devengarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoriada la sentencia hasta el día del pago total.  Según los artículos 176 y 177 del C.C.A.

 

  1. Niéguense las demás pretensiones.

 

  1. Si la sentencia no fuere apelada y si cumple con el presupuesto del artículo 184 del C.C.A., consúltese con el H. Consejo de Estado.

 

  1. Sin costas para la parte vencida.

 

  1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1394 de 2010, impóngase a la parte demandante la obligación de cancelar el arancel judicial equivalente al 2% del valor total efectivamente recaudado conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley 1394 de 2010.

9.1.         La parte demandante deberá reajustar el pago de arancel a la fecha en que se efectúe el pago definitivo.

9.2.         Por Secretaría, désele cumplimiento al artículo 10º de la Ley 1394 de 2010.

 

Como fundamento de la referida decisión consideró el Tribunal que la verificación de la responsabilidad de la demandada debía tener lugar a la luz del contenido obligacional que el orden jurídico le impone, su grado de observancia por parte de la demandada y los medios con que contaba para ello.  Sobre el particular verificó que corresponde a INVÍAS la señalización y mantenimiento de la red vial nacional, en los términos de la Ley 769 de 2002 y de los Decretos 2053 de 2003 y 1735 de 2001.

 

En cuanto a la falla en la atención de las referidas obligaciones, tuvo en cuenta la declaración del señor Keiner Miguel Morales Troya, hermano de la víctima, quien afirmó que la vía por la que se movilizaban tenía muchos huecos y resaltos y dijo no recordar la presencia de señales de tránsito.  De igual manera, se fundó en la declaración del representante legal de Ingeconsultas, firma que fungía como interventora de las reparaciones viales,  quien declaró saber que la vía se encontraba en observación y particularmente el sitio de los hechos, en el que se presentaba una pequeña falla.  También tuvo en cuenta el testimonio del representante legal del Consorcio Vicoco 037 que ejecutaba dichas reparaciones, quien también dio cuenta de la existencia del hueco  en el lugar del accidente, con la afirmación de que no lo habían reparado por cuanto su aparición había sido reciente y valoró la declaración del supervisor de dicho contrato, funcionario de INVÍAS, quien refirió que la vía presentaba fisuras y desprendimientos en el lugar del accidente.  También encontró acreditado que en el lugar se instaló una señal de peligro a 100 metros del sitio, la que afirmó se refería a la curva siguiente y no al bache ya referido.

 

En consonancia con lo anterior, señaló que las fotografías del lugar del accidente muestran un amplio bache en la mitad de la vía, de acuerdo con lo cual se anotó en el informe como posible causa del accidente. Dicha irregularidad del terreno también fue descrita en el croquis correspondiente, por lo que consideró plenamente acreditada la existencia del bache en la mitad del corredor vial, lo que contrasta con la obligación que le asistía a la entidad de realizar el mantenimiento de la red vial nacional.  Tampoco existía en el lugar de los hechos una señalización adecuada, pues no se demarcó el lugar con el signo previsto para anunciar a los conductores la existencia del mencionado bache, en los términos del manual de señalización vial contenido en la Resolución No. 1050 de 2004.

 

Consideró el Tribunal que lo expuesto da cuenta de una evidente omisión de la demandada, lo que compromete su responsabilidad en la muerte del señor Morales a título de falla en el servicio.  También estimó que no hay duda del carácter cierto del daño, por cuanto está plenamente acreditado el deceso de la referida víctima.

 

Afirmó que la referida falla tuvo incidencia directa en el deceso de la víctima, por cuanto “si el hueco no hubiese existido o si hubiese señales de tránsito adecuadas tendientes a dar aviso del bache no se hubiera presentado el accidente, pues estas condiciones fueron la causa eficiente y determinante del infortunio”.  Seguidamente señaló que de acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la víctima no había ingerido ninguna sustancia extraña, ni presentaba falla alguna en su salud capaz de incidir en el fatal resultado, por lo que coligió que perdió el control del rodante al pasar por el hueco tantas veces referido, pues en condiciones normales dicho volcamiento no pudo ocurrir, por lo que “debió existir algún inconveniente o estorbo en la vía para que el infortunio se pudiera presentar”, de tal suerte que el bache fue la causa que originó el fatal accidente”.

 

Indicó que no hay ninguna evidencia de que el vehículo era conducido a una velocidad mayor a la permitida, carga probatoria que le correspondía a la accionada si pretendía acreditar la existencia de la eximente de responsabilidad de culpa de la víctima que alegó en su defensa.  Por el contrario, se demostró que el señor Morales tenía licencia de conducción vigente y su cadáver no presentaba rastros de consumo de fármacos.

 

Sin embargo, señaló que “si el conductor del vehículo hubiese mantenido la velocidad establecida para transitar en la vía, las consecuencias no habrían sido tan nefastas, es decir el vehículo no hubiese quedado tan destruido y mucho menos se estaría lamentando un deceso”.  En efecto, afirmó que del estado en el quedó el rodante se puede colegir que este se desplazaba “a alta velocidad establecida para el tránsito en esa vía”, lo que constituyó una concausa del accidente, de modo tal que encontró acreditada una concurrencia de culpas entre la víctima y la demandada, lo que consideró amerita una reducción de la condena a imponer del 60%.

 

Consideró que el daño moral padecido por los demandantes es evidente y deben presumirse respecto de los familiares cercanos que acreditaron su parentesco, a quienes reconoció las sumas señaladas en la parte resolutiva antes transcrita, al tiempo que lo negó a la señora Ivonne Armenta Maestre quien no acreditó el alegado vínculo de compañera permanente de la víctima, pues se limitó a aportar dos declaraciones extrajudiciales que no tiene valor probatorio por cuanto no fueron ratificadas en el proceso.  También lo negó a la señora Evelti Polo, quien ninguna evidencia allegó de la alegada condición de tía del fallecido, ni las condiciones de afecto y convivencia necesarias para reconocer indemnización a su favor.

 

En cuanto al daño a la vida de relación reclamado indicó que este solo se acreditó respecto del hermano del fallecido Keiner Morales, quien demostró que hacía parte del coro del grupo musical de Kalet, con quien tenía una relación tan cercana que “ha rebosado los límites del daño moral”, pues este último era su amigo y confidente, a quien acompañaba a todo lugar, por lo que el deceso de la víctima modificó de manera drástica sus normales condiciones de vida.

 

En lo que respecta al daño emergente, consideró necesario reconocer, a título de daño emergente, el valor de la reparación del vehículo Toyota en el que se movilizaba la víctima, de propiedad de su progenitora Nebis Troya Pérez.  Así procedió previa actualización de las sumas y descuento del 60% por razón de la concausa que encontró acreditada.   Negó lo reclamado por concepto de gastos funerarios por cuanto no fueron debidamente acreditados.

 

Por su parte, consideró demostrada la existencia de la actividad económica realizada por el artista, en razón de los diversos contratos y certificaciones aportadas, por lo que consideró procedente disponer la reparación de dichos perjuicios, sin precisar a favor de qué demandantes; sin embargo, lo hizo en abstracto y señaló que “estos valores se liquidarán para cada actor, conforme las reglas legales y jurisprudenciales, según dependencia del fallecido Kaleth (sic) Morales Troya (Q.E.P.D.) y la edad hasta la cual corresponda”.

 

Finalmente, consideró que en aplicación de las previsiones de la Ley 1394 de 2010, los accionantes son sujetos del arancel judicial por razón de la condena dispuesta a su favor, en el equivalente al 2% de lo “recaudado”.

 

  1. Los recursos de apelación

 

Inconformes con la decisión de primera instancia, los demandantes y la llamada en garantía apelaron[2].  Su inconformidad con el fallo recurrido la expresaron así:

 

6.1.  Parte actora

 

En primer lugar, su inconformidad radica con la conclusión de la sentencia relativa a la existencia de una concausa del accidente, derivada de la alta velocidad del rodante, pese a que la misma sentencia reconoció que ninguna prueba se presentó en relación con el alegado exceso de velocidad.  Agregó que ninguna prueba técnica se aportó para establecer cuál era la velocidad del vehículo, para determinarla como posible causa del accidente.

 

En esas condiciones, el Tribunal tuvo por demostrada la presunta alta velocidad del vehículo, sin señalar el medio de prueba del que se valió para arribar a esa conclusión.  Consideran que el estado del vehículo no permite estructurar la inferencia del juzgador respecto de la velocidad.  Como la carga de la prueba de ese hecho externo le correspondía a la accionada, la ausencia de evidencias debe dar lugar a la modificación de la decisión impugnada,  para declarar que no existió la referida concausa, siendo claro que la decisión judicial solo puede fundarse en las evidencias legalmente allegadas a la actuación.  Para este caso, la existencia de una concausa se estructuró bajo suposiciones y el conocimiento privado del juez, no así en razón de las pruebas legalmente recaudadas.

 

Con respecto a la indemnización del daño moral, la inconformidad de los actores se fundó en la negativa de su reconocimiento a favor de las señoras Ivonne Armenta Maestre y Evelti Polo, compañera y tía de la víctima, respectivamente.

 

En cuanto a la primera consideró que las declaraciones extrajudiciales fueron puestas en conocimiento de la contraparte, que ningún reparo formuló frente a estas, por lo que con independencia de la finalidad para la cual fueron rendidas conservan su mérito demostrativo.  En todo caso, la testigo Eneida Isabel Pérez Ospino la reconoció como la compañera de la víctima, al tiempo que también se omitió valorar el vínculo nacido entre ellos por ser padres en común de la menor Katrinalieth Morales Armenta, indicativo de la relación sentimental entre la víctima y la señor Armenta Maestre.

 

En lo que respecta a la señora Polo, también consideró que el vínculo afectivo quedó demostrado con el testimonio de la señora Pérez Ospino, quien dijo que “para Kaleth (ella) era la tía universal, que se dedicaba por él, atendiéndolo cuando el (sic) estaba en la universidad y eso la ha afectado bastante, desvivía por su sobrino”.

 

Dijo que también se desconoció la declaración de Alcedis Ortiz Macías, que en similares términos dio cuenta de la relación afectiva entre la víctima y el referido demandante.

 

Por otra parte, consideró que la alteración o modificación de las relaciones de existencia de todos los actores varió con ocasión de la muerte de Kalet Morales, de lo que dan cuenta las testimoniales recaudadas, por lo que consideró que debe reconocerse indemnización por tal concepto a favor de todos los actores.

 

También consideró que la cuantía de lucro cesante padecido por los actores se acreditó con suficiencia en el proceso, en el que inclusive se practicó un dictamen pericial sobre el particular, que ha debido servir para dictar sentencia en concreto.

 

Finalmente, en lo que respecta al arancel judicial estimó que la Ley 1394 de 2010 solo hace referencia a la procedencia de ese gravamen en los eventos particularmente señalados en ella, que se refieren de manera específica a los procesos de ejecución adelantados en las distintas jurisdicciones.  En todo caso, por tratarse de normas fiscales solo podrían tener aplicación a partir de la vigencia siguiente a aquella en que fueron dictadas, de modo tal que no resulta aplicable la referida ley al presente caso.

 

6.2. QBE Seguros S.A.

 

Para la llamada en garantía, en el presente proceso quedó acreditado que INVÍAS no es responsable del accidente en el que perdió la vida el señor Kalet Morales, pues, por el contrario, lo demostrado es que la referida víctima conducía su vehículo automotor a una velocidad superior a la permitida, pues, en efecto, su hermano, que lo acompañaba en el vehículo afirmó que transitaban a una velocidad de 80 kilómetros por hora y que invadieron el carril contrario, lo que se demuestra con la afirmación consistente en que la llanta delantera derecha del vehículo tocó el bache, atendida la ubicación de este en el corredor.

 

En efecto, en el informe técnico de reconstrucción del accidente realizado por Cesvi Colombia, frente al que nada dijo el a quo, permite corroborar que para la materialización del accidente tal como ocurrió fue necesario que el vehículo saliera de la vía en algún punto, por exceso de velocidad o por una maniobra realizada a alta velocidad.  Destacó la conclusión del informe según la cual la velocidad del rodante era de 73,7 kilómetros por hora en una zona de 40.  También se determinó que el hueco permitía la circulación de un vehículo, al tiempo que no encontró evidencia de que el rodante hubiera caído en este.

 

Insistió en que la velocidad máxima autorizada para el sitio del accidente era de 40 kilómetros por hora, la que fue sobrepasada por el rodante accidentado, que además incumplió la obligación de transitar por los carriles demarcados y por su derecha.  Así las cosas, se configuró la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad y, por ende, no puede existir responsabilidad de INVÍAS en el presente evento, pues fue aquel quien incumplió los reglamentos que rigen la actividad peligrosa que desplegaba.

 

De la misma manera lo concluyó la Fiscalía 29 Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Plato, al inhibirse de abrir investigación, al considerar que el causante del accidente fue la propia víctima, por lo que la existencia del hueco en la vía no puede considerarse como la causa eficiente del daño.

 

Por otra parte, estimó que la indemnización de perjuicios a título de lucro cesante no puede concederse, pues debió quedar acreditada en el curso del proceso, de manera que no es el incidente de liquidación el escenario para demostrar la existencia del perjuicio, sino únicamente su cuantía.  En este caso, no hay certeza de la causación del referido daño, por lo que debió denegarse la pretensión sobre su reconocimiento en lugar de imponer condena en abstracto sobre ese particular punto, comoquiera que el estudio del tribunal se limitó a señalar las actividades que la víctima desarrollaba en vida, sin verificar la factibilidad de que pudiera continuar acometiéndolas en el futuro en idéntica forma.  Las apreciaciones sobre el posible desarrollo de la carrera musical de la víctima, así como del posible ejercicio de la medicina son solo conjeturas que no pasaron del plano de la especulación, pues en la época de la muerte, la víctima aún no alcanzaba el título que le permitiera lucrarse de la referida profesión.  Aunado a ello, nada impide que los causahabientes del cantautor puedan beneficiarse de los derechos patrimoniales derivados de las creaciones artísticas del señor Morales, en los términos de la Ley 23 de 1982.

 

En todo caso, se mostró inconforme con la forma en que se dictó la condena en abstracto, por cuanto nada se dijo sobre la reducción que habría de hacerse conforme a la concausa establecida en el fallo impugnado, ni se determinó que la señora Ivonne Maestre no podía recibir dicha indemnización, ni se indicó que el período de la liquidación a favor de la hija solo podía prolongarse hasta que cumpliera 25 años de edad, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de esta jurisdicción, al tiempo que era necesario pronunciarse sobre el descuento en el cálculo de la indemnización de los gastos personales de la víctima, ni se tuvo en cuenta que no es posible establecer los ingresos de un artista fundándose para ello en comparaciones, pues estos “son completamente divergentes dependiendo de cada artista en particular, y (…) están dotad[o]s de un alto grado de azar e incertidumbre que impide conocer o preveer (sic) su desempeño futuro”.

 

De otro lado, consideró que en el curso del proceso no quedó establecida la titularidad del dominio del vehículo de placas BXE447 y ninguna prueba sobre ello se mencionó en la decisión cuestionada, por lo que no podía reconocerse el valor de sus reparaciones.

 

En tales condiciones, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones.

 

En lo tocante a su responsabilidad como llamado en garantía consideró que deben tenerse en cuenta los límites del amparo pactado en la póliza, esto es el monto asegurado, la exclusión expresa de los perjuicios extrapatrimoniales y el deducible pactado en la póliza, por lo que no compartió la suma que en concreto le impuso la sentencia impugnada.

 

6.3. Instituto Nacional de Vías INVÍAS

 

El 8 de octubre de 2010 el INVÍAS presentó recurso (fl. 921, c. ppal); no obstante, no lo sustentó, por lo que no se le dio trámite, en atención a lo previsto en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, reformado por la Ley 1395 de 2010 que dispuso que la apelación debía interponerse y sustentarse dentro de los diez días siguientes.  Así lo decidió el a quo en providencia de 2 de diciembre de 2010 (fl. 968, c. 1), dictada en audiencia y que no fue objeto de recursos.  En la misma fecha, INVÍAS presentó un escrito contentivo de las razones de su inconformidad, al que no se le dio trámite.

 

  1. Alegatos de conclusión

 

En la oportunidad procesal para presentar alegaciones finales, INVÍAS destacó que conforme a las evidencias aportadas es claro que sí adelantaba labores de mantenimiento en el corredor vial de los hechos, por lo que no puede afirmarse que desconoció dicho deber funcional.  También refirió que el bache que se encontraba en la vía no revestía ningún riesgo para los transeúntes, tal como quedó evidenciado con los testimonios técnicos recaudados (fl. 991, c. ppal).

 

Hizo énfasis en el informe del accidente de tránsito que como causa probable del accidente refirió, además de la presencia del hueco, el exceso de velocidad y el hecho de que la superficie se encontraba lisa debido a la humedad, lo que impone escudriñar más a fondo sobre la verdadera causa del siniestro. También se refirió a la prueba técnica adelantada por Cesvi Colombia, de acuerdo con la cual considera quedó en evidencia el exceso de velocidad del automotor.

 

Por otro lado, señaló que la estimación pericial del lucro cesante se fundó en este caso en simples conjeturas que no pueden ser atendidas en el caso de una eventual condena.

 

Por su parte, la llamada en garantía (fl. 1009, c. ppal)  reiteró lo planteado en la impugnación, dijo que no se probó la calidad de compañera de la víctima de la señora Maestre, ni la de tía de la señora Polo, quienes acudieron al proceso invocando los referidos vínculos, por lo que no es posible reconocerles indemnización.

 

En cuanto al daño a la vida de relación estimó que este debe aparecer plenamente demostrado y que las evidencias del proceso no permiten establecer que los actores quedaron privados de las facultades plenas para el ejercicio de sus normales actividades.

 

La actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

  1. Presupuestos procesales de la acción

 

1.1. Jurisdicción y competencia

 

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada[3].

 

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia, en consideración a que la pretensión mayor, correspondiente al lucro cesante reclamado a favor de Ivonne Armenta Maestre, se estimó en la demanda en la suma de $1.424.236.000.000 (fl. 286, c. 1)., ampliamente superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2007, cuando fue promovida la demanda (fl. 293, c. 1).

 

1.2.         Acción procedente

 

El Código Contencioso Administrativo prevé diferentes mecanismos procesales a los que pueden acudir los administrados, con el fin de llevar ante los jueces los conflictos que se suscitan entre ellos y la administración pública.

 

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

 

Por ende, como en el presente caso se pretende obtener la reparación de un daño presuntamente causado por una omisión de la administración, es la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 ibídem la idónea reclamar la indemnización de perjuicios derivados de esta.

 

1.3.         Legitimación en la causa de los extremos de la litis

 

1.3.1  Parte activa

 

El legítimo interés de los accionantes para integrar el extremo activo de la controversia deviene del vínculo de consanguinidad y sentimental que acreditaron con la víctima, así:

 

Consta en el expediente que Nebis Troya Pérez y Miguel Antonio Morales Campos eran sus padres, según se verifica en el registro civil de nacimiento de Kalet Miguel Morales Troya (fl. 15, c. 1).  Por su parte, Kanner Miguel Morales Troya (fl. 16, c. 1) y Keiner Miguel Morales Troya (fl. 17, c. 1) probaron ser hijos de los mismos padres y, por ende, hermanos del fallecido, al igual que se demostró respecto de la menor Eva Sandrith Morales Troya (fl. 18, c. 1).  También probaron su calidad de hermanos, por ser hijos del mismo padre que la víctima: Katy Julieth Morales Guzmán (fl. 19, c. 1) y Fayder Miguel Morales Zapata.

 

De otro lado, el registro civil de nacimiento de la progenitora de la víctima permite verificar que sus abuelos maternos eran los demandantes Petrona Pérez Martínez y Román Troya Galvis (fl. 21, c. 1).

 

En lo que respecta a Katrinalieth Morales Armenta, se demostró que es hija de la víctima (fl. 23, c. 1) y de la señora Ivonne Marieth Armenta Maestre, hecho que tal como lo alegó la parte actora en la impugnación es indicativo de la existencia de una relación sentimental entre ella y el fallecido.  Aunque la menor nació en el año 2000, por lo que ese hecho no da cuenta efectiva de la actualidad de esa relación en la época de los hechos, lo cierto es que la Sala mayoritariamente ha reconocido que en casos de muerte es posible tener al padre o madre en común de los hijos, cuando menos como damnificado, bajo el entendido de la pérdida del otro lo privará de contar con su concurso en la crianza y formación de su descendencia[4].

 

De igual manera, se aprecia que le asiste razón a los actores cuando en la apelación manifiestan que la decisión de primera instancia desconoció la testimonial rendida por Eneida Isabel Pérez Ospino (fl. 613, c. 2), quien dijo haber laborado al servicio doméstico de la familia Morales Troya durante 10 años, de acuerdo con cuyo dichos la señora Ivonne Armenta era la compañera de la víctima.

 

De igual manera, la referida testigo refirió sobre la señora Evelti Polo y su relación con la víctima :

 

  1. Bueno para KALETH (sic) era la tía universal, que se dedicaba por él, atendiéndolo cuando el (sic) estaba en la universidad, y eso lo ha afectado bastante a ella (sic), desvivía por su sobrino y a raíz de eso, ha tenido bastantes problemas físicos, lo recuerda mucho como era él con ella, osea (sic) que él pensaba ayudarla pero como le sucedió a prometerle lo que le dijo (sic). (…) cunando KALETH existía de otros medios, osea cuando KALETH vivía decía que era el sobrino que era el que la iba a ayudar económicamente.

 

En similares términos declaró el testigo Alcedis Ortíz Macías (fl. 615, c. 2), al referir:

 

  1. PREGUNTADO.  Conoce a la señora Ebelti (sic) Polo? Y en caso afirmativo que (sic) relación de parentesco tenía esta con KALETH MORALES y por razón de qué circunstancia la señora EBLETI llevaba el apellido POLO y no MORALES y como (sic) la apodaba KALETH, afectuosamente?.  CONTESTO (sic): Afirmativo, el parentesco que hay entre MIGUEL MORALES CAMPO y la señora EBELTI POLO, son hermanos pero de madre.  Pero en el caso de ser hermano de madre, pero en la vida de KALETH esa señora fue tan importante porque de ser tía era algo tan especial para él que dentro de su juventud desarrolló su profesionalismo al lado de esa señora y el (sic) cariñosamente por las afectos que lo unía entre su familia y él, cariñosamente le decía “LA TÍA UNIVERSAL”, inclusive en uno de sus éxitos le hizo un nombramiento.  Era tan grande el afecto que había entre esas personas, esa señora, digo la tía universal, ha quedado sufriendo después de la muerte de su sobrino que era KALETH MORALES.  (…) como le comenté anteriormente esa señora el trauma que ella ha sufrido por la muerte de su sobrino es bastante grande, sobretodo porque esos momentos en que el (sic) estaba con ella, ella dependía totalmente de él, y después de la muerte se le nota sufrimiento intenso, deprimida, malestar permanente, que anteriormente no lo demostrada, se le nota un vacío que a pesar de tener sus hijos, como madre no ha podido llenar, y probablemente económicos porque ella dependía de él, del señor KALETH MORALES.

 

En esas condiciones probatorias, para la Sala es claro que aunque no se acreditó el vínculo de parentesco de la señora Polo con la víctima, sí es patente la estrecha relación sentimental entre ellos, de modo que se advierte acreditado su legítimo interés para acudir como demandante, al igual que el de los demás actores, según se señaló supra.

 

1.3.2 Pasiva

 

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, los demandantes le atribuyen al Instituto Nacional de Vías presuntas omisiones en el mantenimiento del corredor vial en el que ocurrió el accidente, hechos por los cuales está llamada a comparecer al presente proceso, siendo claro que el juicio sobre su responsabilidad tendrá lugar al analizar el fondo del asunto.

 

1.4  La caducidad de la acción

 

La muerte del señor Morales Troya tuvo lugar el 24 de agosto de 2005, según consta en su registro civil de defunción (fl. 25, c. 1), mientras que la demanda se promovió el 22 de agosto de 2007 (fl. 293 vto, c. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes, por lo que es preciso concluir que lo fue en forma oportuna, de acuerdo con las previsiones del artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

 

  1. Problema jurídico

 

Los recursos promovidos plantean la necesidad de establecer, en primer término, si como lo determinó la sentencia impugnada, existió una omisión de la demandada, determinante en la causación del daño antijurídico, que permita endilgarle responsabilidad en los hechos en que resultó muerto el señor Kalet Morales, así como la verificación de la conducta de la víctima para establecer si de ella se desprende una actuación dolosa o gravemente culposa que pueda exonerar de responsabilidad a la administración.

 

Superado lo anterior y si se mantiene la decisión de declarar responsable a la administración, será preciso analizar los argumentos de los actores relativos a la forma y cuantía en que fue liquidada la condena.

 

Finalmente, será del caso, si hay lugar a ello, analizar la posible responsabilidad del llamado en garantía y los términos en que estaría llamado a responder frente a INVÍAS por la condena que eventualmente se le imponga.

 

  1. Análisis probatorio

 

Sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar y consecuencias del accidente de tránsito materia de la litis, se tiene:

 

3.1.  El 24 de agosto de 2005 (fl. 55, c. 1), la Dirección Operativa de la Policía de Carreteras informó a la Fiscalía Seccional sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito, en el que falleció una persona y otra resultó lesionada.  Indicó que los hechos ocurrieron el 23 del mismo mes y año, hacia las 15.00 horas en la vía Plato – Bosconia, kilómetro 43, en el que el vehículo Toyota de placas BXW447 conducido por KaletMiguel  Morales Troya salió de la vía “sufriendo volcamiento lateral”.

 

En el referido informe también se consignó que el señor Kalet Morales sufrió heridas de consideración, consistentes en un trauma craneoencefálico severo, como consecuencia del cual falleció.  También se señaló que en los hechos resultó herido el señor Keiler (sic) Morales Troya.  El informe fue ratificado por sus autores, bajo juramento, ante la Fiscalía (fl. 73, c. 1).

 

3.2.  Se adjunto al oficio en mención el informe de accidente de tránsito No. 24-030684 (fl. 57, c. 1), en el que agentes de la Policía de Carreteras dejaron constancia de que el vehículo antes mencionado se salió de la vía en el kilómetro 43 de la carretera Plato – Bosconia y sufrió impactos en la totalidad de su carrocería, que el vehículo era conducido por el señor Kalet Morales, quien resultó herido y fue trasladado el Hospital Nueva Granada.

 

Sobre el estado de la vía en el sitio del accidente se anotó que esta era recta, plana, de doble sentido, con una calzada, dos carriles, en asfalto, con huecos, húmeda, sin iluminación artificial, con líneas de borde y de carril.

 

El croquis del accidente evidencia la presencia de un hueco  en la parte central de la vía y señala que se encontraba 3,50 metros del costado izquierdo de la vía, atendido el sentido de circulación del vehículo.

 

Las causas probables anotadas corresponden a (i) exceso de velocidad, (iii) superficie lisa y (iii) huecos.

 

3.3.  Por su parte, INVÍAS allegó un plano del sitio de los hechos, en el que indicó que en el PR42+400 se señalizó la vía con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y el PR42+789 la señal reglamentaria de velocidad indica 40 (fl. 318, c. 1), al tiempo que el bache en la vía está ubicado en el PR42+974.  En el PR+502 existe una señala que indica peligro.  Se señaló en el informe que las dimensiones del hueco eran 1.40m x 0.40m x 0.12m, medición esta última que corresponde a la profundidad, y que desde su parte final hacia el carril de circulación del vehículo, quedaba un espacio libre de 2.90 metros.

 

3.4.  La firma Ingeconsulta que intervenía la ejecución de obras en la vía de los hechos informó que el ancho de la calzada en el sitio es de 7,80 metros (fl. 593, c. 1) e indicó que la señalización existente en el sitio, así como el estado del pavimento para el 24 de agosto de 2005 era el siguiente:

 

PR42+502 señal de peligro a 100 m

PR42+674 curva pronunciada a la izquierda

PR42+789 velocidad máxima 40km/hora

Entre el PR42+800 y el PR42+960, dos (2) delineadores de curva horizontal

PR43+000 poste de referencia

Se encuentran líneas de demarcación amarilla a lo largo de la vía

Existe baranda de protección en el costado derecho de la vía en la dirección de Plato a Bosconia

En el sentido inverso al recorrido se tienen de igual manera señales de peligro a 100m., curva derecha, velocidad máxima de 60 y 40 km/hora.

 

CONDICIÓN DEL PAVIMENTO

 

El pavimento se encuentra en general en buen estado, con agrietamientos longitudinales y un bache en forma rectangular ubicado en el PR+42+974, a una distancia de 2,90 m del borde derecho de la calzada, con un ancho de 0.40 m y 1.40 de largo, el cual se produjo por el desprendimiento de material asfáltico en un área afectada por fallas tipo piel de cocodrilo.

 

3.5.  El representante legal de la firma Ingeconsulta (fl. 582, c. 1) que ejercía la interventoría en las reparaciones viales del corredor involucrado, indicó que de acuerdo con la programación realizada al iniciarse las labores de mantenimiento de la vía, el Km42+900 a 43+000 no presentaba ninguna falla, según el inventario “actual” de la vía que aportó en su declaración, que la vía estaba pavimentada y en observación , para priorizar la ejecución de trabajos.  Agregó:

 

[E]l sitio del accidente no tenía una mayor afectación y por ello estaba en observación debido a que el bache allí presente era de poca magnitud, bache es una pequeña falla que se presenta en la carpeta de los pavimentos, en la última capa, era el caso del Km42+974 sitio exacto del accidente. (…) toda la vía materia del contrato estaba señalizada, sin embargo en los comités de obrase enfatizaba que la señalización estuviera al día y efectivamente en la zona del accidente hay documentos en que indican cuál era la señalización y podría comunicarles que a 472 metros antes del sitio del accidente estaba la primera señal que decía peligro a 100 metros, estamos hablando de la dirección sentido Plato Bosconia, luego existe otra señalización visible que decía curva a la izquierda, esta se encontraba a 162 metros delante de la anterior, posteriormente existe la mas (sic) importante en mi concepto que es la que señala velocidad máx. 40 km. por hora esta señal está a una distancia 185 metros del sitio del accidente, es decir que no se podía sobrepasar esa velocidad, para lo cual allego 12 folios.   (…)  INVÍAS es preventivo en las curvas, sobretodo en esta que es de alto radio y se presta para una velocidad mayor de los vehículos, por eso se considera una medida preventiva para que los carros vayan desacelerando y la valla a 185 metros es la confirmación de lo anterior que los vehículos no pueden sobrepasar esta velocidad.

 

También dijo que la irregularidad de la vía era considerada como bache y no como un hueco, por cuanto solo afectaba la carpeta asfáltica debido a su poca profundidad, que no afectaba el pavimento y que la consideraba que no era de la entidad suficiente para hacer perder el control de un vehículo de doble transmisión siempre que este circulara a una velocidad menor a 100 kilómetros por hora.

 

3.6.  El representante legal del Consorcio Vicoco 037, que adelantaba los trabajos de mantenimiento, indicó que al realizar el inventario de la vía en el inicio de la ejecución del contrato, el sitio de los hechos estaba en buen estado, que según sus cálculos el hueco encontrado se debió producir de cinco a seis días antes del accidente, por lo que no estaba incluido en el inventario levantado sobre el estado del corredor.  Dijo que la velocidad máxima en el sitio de los hechos era de 40 kilómetros por hora, restricción que estaba señalizada, al tiempo que reconoció la existencia del daño en la vía, pero conceptuó que no tenía la virtualidad de generar un accidente a la velocidad permitida en el sector.

 

3.7.  El supervisor del contrato, profesional especializado de INVÍAS dijo que el contrato con Vicoco comprendía actividades de conservación y mantenimiento de la vía Plato – Pueblo Nuevo y que su ejecución inició con la atención de los sectores más críticos según el inventario realizado.  Dijo que en visita realizada el día siguiente al de la ocurrencia del accidente verificaron  que el sitio tenía una señal de peligro y otra reglamentaria que indicaba que la velocidad máxima en ese tramo era de 40 km/h.  También conceptuó que era imposible que un vehículo tipo camioneta perdiera el control a esa velocidad con ocasión del referido bache, cuya existencia reconoció, pero que dijo era “avistable y esquivable en condiciones normales de velocidad”.  Dijo que el peralte de la vía no permite que el agua se deposite a lo largo de la calzada, por lo que no era probable que el bache estuviera completamente cubierto por agua.

 

3.8.  El Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI Colombia (fl. 777, c. 2) realizó la reconstrucción del accidente de tránsito, sobre lo cual elaboró un dictamen que fue allegado por el representante legal de la llamada en garantía al rendir su testimonio en el proceso (fl. 772, c. 1)[5].  Por tratarse de evidencia técnica determinante para la resolución del caso, de oficio, la Sala decretó la incorporación de dicha prueba pericial y la dio en traslado a las partes, sin que presentaran objeción.  Solo INVÍAS se pronunció dentro del traslado (fl. 1032, c. ppal) y pidió que se le otorgue credibilidad a dicha evidencia.

 

El experto analizó los siguientes puntos:

 

La vía tiene en el sitio de los hechos un ancho total de calzada de 7,2 metros, su velocidad máxima es de 40km/h y el rodante accidentado se desplazaba en el sentido vial Plato – Bosconia.  Consideró que no es posible obtener información relevante para el caso por razón de las deformaciones sufridas por el vehículo, por cuanto este se volcó y los daños en las llantas pudieron ser consecuencia de dicho volcamiento.

 

Afirmó que es posible determinar la velocidad de circulación del vehículo estimando un recorrido total de desaceleración desde el evento hasta su posición final, mediciones que le permitieron establecer que, como mínimo, el rodante se desplazaba a 73,7km/h.  Dijo que esa sería la velocidad mínima, pero que siempre la velocidad real será mayor por cuanto es imposible establecer técnicamente “la energía disipada en deformaciones”.

 

Por ende, planteó como hipótesis de los hechos, (i) que el vehículo hubiera atravesado el hueco a exceso de velocidad, por lo cual se perdió el control y salió de la vía o (ii) que el vehículo salió de la vía por alguna maniobra del conductor mientras circulaba en exceso de velocidad.

 

Indicó que la deformación en la vía dejaba un espacio libre de 2,9 metros en el costado derecho, por el que debía circular el rodante, que tenía un ancho total de 1,83 metros y que no existe evidencia de si el rodante se vio o no afectado por el hueco, ni huellas que confirmen o refuten alguna de las dos tesis.

 

También analizó que si el vehículo hubiera circulado a la velocidad máxima permitida, debió detenerse a 33,3 metros del hueco, siendo la posición final mucho mayor.

 

Las conclusiones de la referida verificación técnica fueron :

 

Las conclusiones de este informe, se basan completamente en el análisis realizado por Cesvi Colombia y la información objetiva con que se contó para la realización del caso.

 

No existe evidencia técnica que indique que el vehículo coge el hueco.

 

No es posible establecer técnicamente la causa por la cual el conductor del vehículo involucrado pierde el control del automotor, debido a la inexistencia de pruebas.

 

De acuerdo a los cálculos se establece que el vehículo circula a exceso de velocidad con respecto a la señalización de la zona.

 

De acuerdo a los cálculos realizados se establece que si el vehículo circula a velocidad reglamentaria, su conductor podría detenerse con un frenado normal si (sic) salir de la vía a una cuando (sic) el vehículo se viera afectado por el hueco.

 

La existencia del hueco en la vía representa un peligro para los usuarios.

 

La presencia de agua en la vía puede disminuir la visibilidad de obstáculos, como el hueco analizado, por tal razón la velocidad debe ser disminuida con un temporal de lluvia y terreno mojado.

 

El obstáculo presente (hueco) en el día del accidente se encuentra sobre el carril de circulación del vehículo involucrado, sin embargo existía suficiente espacio en el carril de circulación para evitar el sobrepaso por dicho hueco si el vehículo circula por su carril.

 

3.9.  El interrogatorio que a instancia de parte rindió el señor Keiner Miguel Morales Troya (fl. 565, c. 1), quien viajaba en compañía de la víctima el día de los hechos, no arrojó, a juicio de la Sala, confesión de hecho adverso alguno, pues se limitó a narrar las particularidades previas al viaje que emprendió con su hermano, sin precisar las horas exactas y dijo no recordar nada del accidente, pues cuando se dio cuenta ya estaba en el Hospital, declaración que se acompasa con la que rindió ante la Fiscalía, en la que señaló que estaba dormido en el momento de los hechos, por lo su afirmación relativa a que el vehículo se movilizaba a 80km/h no puede tenerse como una confesión, por cuanto es claro que en el momento mismo del impacto no pudo tener conocimiento de la velocidad del rodante[6].

 

3.10.  Sometido a experticio técnico el rodante se estableció que el impacto lo sufrió en la parte delantera y comprometió toda la estructura, por lo que quedó destruido en forma total (fl. 66, c. 1), al tiempo que se verificaron su sistemas de identificación, sobre los que se conceptuó eran originales.

 

3.11.  El protocolo de necropsia practicado al cadáver de Kalet Morales permite apreciar que falleció por trauma craneoencefálico severo en accidente de tránsito (fl. 72, c. 1).  La historia clínica del Hospital Bocagrande S.A. (fl. 81, c. 1) da cuenta de que el señor Kalet Morales fue atendido allí el 24 de agosto de 2005, por cuanto presentaba politraumatismo en accidente automovilístico y trauma craneoencefálico severo.  También se acreditó que la víctima contaba con licencia de conducción vigente para vehículos automotores de servicio particular (fl. 607, c. 1).

 

3.12.  El 20 de enero de 2006 la Fiscalía 29 Delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Plato (fl. 98, c. 1) se abstuvo de abrir investigación formal por los hechos al considerar que “de bulto se vislumbra que el causante de ellos lo fuera la propia víctima, por lo que con esto no se pudo aclarar el asunto, como identificar o individualizar a los posibles responsables de los hechos”.

 

3.13.  El laboratorio de química forense del Instituto Nacional de Medicina Legal (fl. 101, c. 1) realizó pruebas químicas, cromatografías de capa fina y cromatografía de gases-masas en los que no se encontraron trazas de sustancias psicoactivas en el cadáver del señor Morales Troya.

 

3.14.  El levantamiento del cadáver del señor Kalet Morales tuvo lugar en la Clínica Bocagrande, el 24 de agosto de 2005 a las 8.15 horas (fl. 60, c. 1) y su deceso se registró en la misma fecha, según consta en el registro civil de defunción que se aportó como prueba al expediente (fl. 25, c. 1).

 

  1. Análisis de la Sala

 

El deceso del señor Kalet Miguel Morales Troya constituye para este caso particular un daño antijurídico que los actores no estaban en el deber jurídico de soportar y que quedó plenamente acreditado en el plenario conforme se analizó.

 

En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, en reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro de cada proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación[7]:

 

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

 

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que  rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

 

Así las cosas, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas con otro está llamado a resolverse de la misma forma; es labor del juez, en cada caso particular, considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

 

Sobre la forma en que ocurrieron los hechos consta que tuvieron lugar en la vía Plato – Bosconia, kilómetro 43, donde el rodante en el que se movilizaba el artista, en compañía de su hermano, se salió de la vía cerca de un lugar donde había un bache en la carretera.

 

En efecto, la existencia de la referida irregularidad en la carretera está plenamente demostrada, por cuanto (i) así consta en el informe del accidente de tránsito, (ii) en la verificación posterior del lugar realizada por la demandada, (iii) en las declaraciones de quienes por razón de su responsabilidad en los trabajos de la vía la verificaron en forma inmediatamente posterior al accidente, (iv) así como que no es un hecho discutido por INVÍAS, que al contestar la demanda reconoció su existencia.

 

Sin embargo, la sola existencia del hueco en el lugar de los hechos no se constituye, a juicio de la Sala, en elemento de juicio suficiente para imputar responsabilidad a la administración, pues debe tenerse en cuenta que si bien a INVÍAS le asiste la obligación de realizar el mantenimiento de las vías del orden nacional y dicha obligación estaba a su cargo desde la época de los hechos[8], no existe evidencia cierta del desconocimiento de esa obligación, pues también consta en el plenario que sí se ejecutaban labores de mantenimiento en el sector, esto es, no puede afirmarse que la entidad accionada omitió totalmente el ejercicio de dicha competencia en detrimento de los asociados; por el contrario, se insiste, está probado que sí se adelantaban trabajos de mantenimiento y reparación en la zona por parte de contratistas del INVÍAS, que eran supervisados por un funcionario de la entidad y por un interventor externo, de lo que dieron cuenta las testimoniales recaudadas, así como el informe rendido por el interventor del contrato.

 

Ahora bien, lo cierto es que con independencia de la mayor o menor diligencia de la entidad, el hueco en la vía existía; sin embargo, tampoco se acreditó que hubiera tenido incidencia directa en el accidente y, por el contrario, las pruebas recaudadas controvierten dicha hipótesis, como pasa a verse:

 

Los levantamientos topográficos realizados al sitio de los hechos al intentar reconstruirlos dieron cuenta de que el hueco tantas veces mencionado se encontraba situado hacia la parte central de la calzada, por lo que pese a tener una dimensión de 1,40m x 0.40m, dejaba un espacio libre en el carril de circulación derecho (atendido el sentido vial en el que se desplazaba la víctima), de 2,90 metros, suficiente para que transitara sin hesitación la camioneta Toyota de tan solo 1,83 metros de ancho.

 

Aunado a ello se tiene que no hay evidencia de ninguna naturaleza de que el rodante hubiera golpeado o no dicha irregularidad del terreno; por el contrario, lo que sí está demostrado con suficiencia es que antes de llegar a este, se insiste, en el sentido de circulación que llevaba el vehículo en el que se desplazaba el señor Kalet Morales, se encontraba una señal de peligro que hacía referencia a la cercanía de una curva y una señal de tránsito reglamentaria que indicaba una velocidad máxima para la zona de 40km/h, advertencias que imponían al conductor extremar las precauciones, deber que se acrecentaba bajo la también demostrada circunstancia consistente en que la vía estaba húmeda en el momento de los hechos.

 

Ahora bien, desde el punto de vista técnico lograron demostrarse hechos de amplia relevancia, pues pese a que no fue posible establecer las causas ciertas e irrefutables del accidente, el dictamen rendido por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI Colombia, que no fue refutado por ninguna de las partes, es conclusivo de que (i) el vehículo excedía la velocidad máxima permitida en la zona del accidente y (ii) de que a una velocidad reglamentaria el vehículo pudo detenerse sin salirse de la vía aunque hubiera caído al hueco.  Estas conclusiones no aparecen desvirtuadas probatoriamente con otras evidencias, por lo que desde el punto de vista técnico, el panorama probatorio permite concluir (i) que el bache no tenía la virtualidad de causar un accidente a velocidad normal y (ii) que la víctima circulaba a una velocidad mayor a la permitida, de cuando menos 73,7Km/h, cuando el máximo permitido era de 40Km/h.

 

Así, aunque los testigos que afirmaron que el hueco era incipiente y tales dichos no ofrecen credibilidad por provenir de quienes tenían interés en la ejecución de las obras de mantenimiento y por tratarse de simples especulaciones de su parte, pues carecían en el momento en que fueron hechas de respaldo técnico o científico, lo cierto es que la referida evidencia proveniente de una entidad especializada, en la que se valoraron las condiciones objetivas del accidente, así como las características particulares del vehículo, permite establecer la única hipótesis comprobable del accidente, cual fue el exceso de velocidad.

 

Aunado a ello, existía señalización suficiente en el sitio que demarcaba la velocidad máxima permitida y una situación de peligro en la aproximación a la curva inmediatamente anterior, las que para la Sala advertían con suficiencia las condiciones de manejo que se requerían en el sector para una desplazamiento seguro, por lo que se considera que no era exigible a la entidad señalizar de manera particular la existencia del hueco, que pese a tratarse de un obstáculo indeseable en la carretera, no tenía la entidad de generar por sí mismo tan fatal accidente, por cuanto su profundidad era de escasos 0,12 metros y dejaba espacio suficiente para el tránsito, de modo que pudo ser evitado a una baja velocidad como la regulada para la zona, pues, se insiste, no se trataba de un obstáculo insalvable.

 

La conducción de vehículos es una conducta regulada en forma intensa por el orden jurídico, que impone a quienes la acometen múltiples cargas, deberes y prohibiciones, en razón del alto riesgo que genera para quien la despliega y los demás asociados, por cuanto el ejercicio idóneo de esa competencia se constituye en un insumo fundamental en la garantía de la seguridad pública, por lo que no es despreciable la conducta antijurídica de la víctima al desconocer los límites de velocidad máximos permitidos, sino que, por el contrario, se constituye en una actuación gravemente culposa, máxime cuando lo hizo en una superficie húmeda, que exigía de su parte el mayor celo en la actividad.

 

En consecuencia, no encuentra la Sala acreditada la incidencia de la existencia del hueco en la causación del accidente, en cambio sí una conducta del conductor desconocedora de una señal de tránsito reglamentaria, que permite exonerar de responsabilidad al Instituto Nacional de Vías.

 

 

  1. Costas

 

No hay lugar a la imposición de costas en la instancia, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

 

FALLA

 

REVOCAR la sentencia de 29 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.  En su lugar se dispone:

 

PRIMERO.  NEGAR las pretensiones de la demanda.

 

SEGUNDO. Sin costas.

 

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO           

Magistrada                                                               

 

 

 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH   

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente