CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016) Radicación: 76001 23 31 000 2006 03603 01 (40700)

RESPONSABILIDAD DEL INPEC ANTE LOS DAÑOS QUE SUFREN LOS RECLUSOS SOMETIDOS A CUSTODIA.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación: 76001 23 31 000 2006 03603 01 (40700)

Actor: CARLOS ALFONSO SALAZAR SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC–

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

 

 

 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por las partes contra la sentencia del 28 de mayo de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

 

 

A N T E C E D E N T E S

 

  1. El 21 de noviembre de 2006[1], los señores Carlos Alfonzo Salazar Sánchez, su hija Aura Nayibe Salazar Restrepo y su esposa Amanda Restrepo Rodríguez, en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, demandaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, con el fin de que se le declarara responsable de los perjuicios causados al primero de ellos, cuando se encontraba recluido en las instalaciones de la Cárcel del Distrito Judicial de Cali (Villa Hermosa).

 

Según los hechos de la demanda, el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez se encontraba recluido en la cárcel “Villa Hermosa”, por el delito de homicidio, establecimiento en el cual otro recluso le propinó una golpiza que le produjo graves lesiones que no le permiten llevar una vida normal. Se afirma que la demandada está llamada a responder, dado que la víctima directa se encontraba bajo su cuidado y custodia; por tanto, debía garantizar su seguridad y protección (fl. 117 a 139, c. 1).

 

Como pretensiones de condena, se pidieron 600 SMLMV, por concepto de “PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN”[2], teniendo en cuenta las lesiones físicas y psíquicas de que fue objeto el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, y 200 SMLMV, por perjuicios morales, en favor del mismo lesionado. En favor de su esposa y de su hija se solicitaron 100 SMLMV, de manera individual, por cada uno de dichos conceptos.

 

También se pidió el daño emergente futuro (servicios de enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, neurología, medicamentos y demás que requiera el paciente), así como el lucro cesante causado en favor de la víctima directa; para el efecto, se solicitó aplicar los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por esta Corporación.

 

2 El INPEC contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones formuladas en ella, con el argumento de que actuó diligente y prudentemente en el desarrollo de los hechos, sin que se observe irregularidad alguna que permita endilgarle el daño alegado por los actores. Agregó que el estado de salud del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez se vio afectado por causas naturales –convulsionador crónico– y no, como lo indica la parte actora, por lesiones que haya sufrido en el establecimiento carcelario; en este sentido, indicó que no está probado que haya sufrido “… heridas o lesión (sic) física por algún tipo de arma ya sea cortopunzante o de fuego que le haya causado afectación a su estado físico” (fl. 162, c. 1).

 

3 Vencido el período probatorio, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al representante del Ministerio Público, para que rindiera su respectivo concepto (auto de 28 de mayo de 2009, fl. 271 cdno.1).

 

La parte demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda vez que las lesiones se produjeron como consecuencia una riña que se presentó entre la víctima y otro interno conocido con el alias de “cachetes”[3]; en este sentido, alegó el hecho exclusivo y determinante de un tercero, como eximente de responsabilidad (fls. 289 a 302, c . 1).

 

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, al tiempo que analizó algunas piezas probatorias obrantes en el expediente, para concluir que estaban probados los perjuicios alegados por la parte demandante (fls. 272 a 285, c. 1).

 

El Ministerio Público guardó silencio.

  1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
  • Mediante sentencia de 28 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto las lesiones de que fue objeto el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez se produjeron dentro del establecimiento carcelario, “… como consecuencia de una golpiza propinada por otro interno mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia … del INPEC”[4], circunstancia que, en su criterio, configura la responsabilidad del Estado, en tanto no garantizó la seguridad y protección del mencionado señor.
  • En cuanto a la indemnización, el Tribunal reconoció el monto equivalente a 50 S.M.L.M.V., en favor de la víctima directa y 30 S.M.L.M.V., para su esposa y su hija, por concepto de perjuicios morales; además, reconoció el monto de 50 SMLMV, por concepto de “daño a la vida de relación”[5] y la suma de $57’201.863, por concepto de lucro cesante, en favor de la víctima directa.
  • Por otro lado, condenó al INPEC –por concepto de daño emergente futuro– “… a garantizarle al señor CARLOS ALFONSO SALAZAR SÁNCHEZ, (sic) la atención hospitalaria y médico – quirúrgica que éste requiera, así como los medicamentos que necesite, (sic) para mantener o recuperar la salud …” (fl. 360, c. 1).
  1. RECURSO DE APELACIÓN

 

5.1 La parte actora formuló recurso de apelación, con el fin de que se modificara la decisión anterior en lo atinente a la indemnización de perjuicios. Indicó que la cuantificación de los perjuicios morales no se ajustaba a los parámetros jurisprudenciales dispuestos por esta Corporación, teniendo en cuenta que, según ella, el daño se exteriorizó en su máxima intensidad, razón por la cual se debía reconocer la condena solicitada en la demanda, esto es, 200 SMLMV, en favor del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez y, 100 SMLMV, para su esposa e hija.

 

También aseveró que se debía incrementar la indemnización por concepto de lucro cesante, toda vez que no se reconoció el 25% correspondiente “… a las prestaciones sociales del Sr. Carlos Alfonso Salazar …”[6]; adicionalmente, en cuanto al daño emergente futuro, expresó que la condena no tuvo en cuenta los servicios de enfermería, fisioterapia, fonoaudiología y tratamiento especializado en neurología que requiere la víctima directa, lo cual, en su criterio, resultada violatorio de la congruencia que debe gobernar en todas las providencias judiciales, dado que, en su criterio, dichos aspectos fueron solicitados en la demanda y desconocidos por el Tribunal en la sentencia apelada.

 

Finalmente, el extremo demandante pidió que se reconocieran los “PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN”, como se solicitó en la demanda, esto es, 600 SMLMV para la víctima directa y 200 SMLMV, para su esposa e hijos, dada la intensidad de las lesiones que sufrió el mencionado señor Salazar Sánchez (fls. 364 a 400, c. ppal).

 

5.2 El INPEC también formuló recurso de apelación, toda vez que, en su criterio, no está obligado a indemnizar los perjuicios a los que fue condenado en primera instancia; para el efecto, indicó que “… No se probó que (sic) actividad laboral desempeñaba el interno CARLOS ALFONSO SALAZAR SANCHEZ, durante el tiempo que permaneció privado de la libertad …”[7]. Alegó la improcedencia del daño emergente futuro al que fue condenado, teniendo en cuenta que, en su criterio, “… NO cuenta con dependencia de SALUD, en ninguno de los Centros Penitenciario ni carcelario del país, como tampoco … cuenta con asignación presupuestal para suministro de medicamentos, tratamientos médicos ni especializados para el personal de Reclusos a nivel Nacional”[8].

 

 

En cuanto a los perjuicios morales, dicho recurrente advirtió la “… notable ausencia …”[9] por parte de los familiares de la víctima directa, quienes, en su criterio, no le han brindado un “… debido acompañamiento …”[10] al señor Salazar Sánchez, teniendo en cuenta que no lo atendieron durante su hospitalización y, una vez fue dejado en libertad, lo trasladaron al ancianato “San Miguel”[11].

 

 

 

  1. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

 

El recurso de apelación se admitió por esta Corporación el 1 de abril de 2011 (fl. 482, c. ppal).

 

 

Posteriormente, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (auto del 27 de mayo de 2011, fl 484 c. ppal); sin embargo, todos guardaron silencio (fl. 485, c. ppal).

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S

 

 

  1. Competencia

 

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia del 28 de mayo de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como quiera que se trata de un proceso de doble instancia de conformidad con la cuantía[12].

 

  1. Prelación de fallo

 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

 

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

 

En la demanda se afirma que el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez se encontraba detenido preventivamente en la cárcel “Villa Hermosa” de Cali; por tanto, ostentaba la calidad de recluso. Esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones en relación con la muerte o lesiones de reclusos, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, razón más que suficiente para que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, se resuelva el presente asunto de manera anticipada[13].

 

III. Valoración probatoria y conclusiones

 

  1. Con el material probatorio aportado válidamente al plenario, la Sala encuentra acreditado que el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez fue condenado a 156 meses de prisión por el delito de homicidio simple y se encontraba recluido en la cárcel “Villa Hermosa” del Distrito Judicial de Cali. Lo anterior se corrobora con la sentencia 066 del 20 de junio de 2002, dictada por el Juzgado 12 Penal de Circuito (fls. 66 a 110 c. 1), la boleta de encarcelación del 9 de mayo de 2001 (fl. 174 c. 1) y la reseña efectuada por el INPEC en la misma fecha –9 de mayo de 2001– (fl. 176 a 179 c. 1).

 

También se encuentra acreditado que, el 16 de diciembre de 2004, el señor Salazar Sánchez sufrió varias lesiones en dicho establecimiento carcelario, producto de una golpiza que le propinó uno de sus compañeros, las cuales implicaron las siguientes secuelas de carácter permanente (se transcribe conforme obra, inclusive con erorres):

 

“Perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central …, que causa: perturbación funcional del órgano de la fonación, … perturbación funcional de los miembros superior e inferior derechos, … perturbación funcional del órgano de la prensión, … perturbación funcional del órgano de la marcha” (dictamen médico legal del 17 de noviembre de 2006, obrante a folios 110 y 111 del cuaderno 1).

 

Lo anterior se encuentra corroborado con la historia clínica 1543364, en la cual se consignó que, en la misma fecha –16 de diciembre de 2004–, el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez ingresó al Hospital Universitario del Valle en muy mal estado, con “… trastorno confusional, … hematoma occipital, … compromiso neurológico importante, estuporoso, sialorreico …” y con traumas en “… codo y rodilla izquierda” (fl. 10 y 11 c. 1); adicionalmente, en las notas de enfermería se indicó que el paciente ingresó en “estado postictal” o inconsciente, luego de sufrir una crisis convulsiva, a lo cual se añadió que fue remitido de la cárcel con una “… pésima información …”, teniendo en cuenta que no se dieron a “… conocer los antecedentes ni datos claros del episodio” [se refiere a la crisis convulsiva] (fl. 16, c. 1).

 

A su turno, la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca diagnosticó: “ENFERMEDAD CEREBROBASCULAR – NO ESPECIFICADA”[14] y “HEMIPLEJIA DERECHA ESPÁTICA”[15]; además, indicó que la misma se produjo como “… SECUELAS POSTRAUMÁTICAS POR ACV [accidente cerebrovascular] HEMORRÁGICO”[16] y determinó una pérdida de capacidad laboral del 76.70%, discriminada así:

 

 

CONCEPTO %
DEFICIENCIA 40.00%
DISCAPACIDAD 10.20%
MINUSVALÍA 26.50%

 

 

Ahora, en el oficio 365 del 14 de noviembre de 2007 (obrante a folio 272 del cuaderno 2) la demandada es enfática en sostener que el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez presentaba un “… síndrome convulsivo …”[17]; no obstante, tal afirmación se encuentra desmentida por el dictamen del 28 de marzo de 2008, rendido por personal de neurología de la Clínica Santillana al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el cual se consignó que el paciente presentaba “…. secuelas Neurológicas (sic) definitivas y severas, secundarias a una injuria cerebral causada por traumatismo craneoencefálico …”[18]; adicionalmente, en dicho dictamen se dijo:

 

“El paciente presenta secuelas neurológicas irreversibles, sin embargo su calidad de vida se puede mejorar con terapia física, del lenguaje y ocupacional las cuales se deben realizar mínimo tres veces por semana durante tiempo indefinido … El paciente debe tener controles médicos cada tres meses por tiempo indeterminado debido al tiempo de evolución y la gravedad de las secuelas.

 

“… El paciente presenta secuelas neurológicas graves que lo hacen completamente dependiente de la ayuda de los demás. Ante la imposibilidad de la familia de cuidar al paciente, debe hacerlo personal de enfermería durante las 24 horas del día durante su espectativa (sic) de vida … su calidad de vida se puede mejorar con un programa completo de rehabilitación.

 

“Un programa completo o multidisciplinario de rehabilitación le brinda al paciente la posibilidad de recuperar la función neurológica comprometida y por lo tanto mejorar su calidad de vida en lo personal, social y familiar a pesar de que sus secuelas son de carácter irreversible” (se subraya y resalta, fls. 274 y y 275, c. 2).

 

Dicho dictamen fue objeto de aclaración, en la cual se indicó –respecto de la causa de las secuelas– lo siguiente (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

 

“… En la historia clínica … se anota ‘AP’ lo cual en el lenguaje medico significa antecedentes patoloficos o enfermedades previas y se consigna que ‘no se conocen, al parecer convulsionador cronico’ se destaca que este paciente no tiene antecedentes de epilesia o convulsiones antes de su ingreso al Hospital ni los ha tenido durante su permanencia en el Ancianato San Miguel de acuerdo a concepto que aparece en el expediente suscrito por la Dra. PAULA VILLAREAL. Mas abajo en la misma pagina se consigna que el paciente presentaba ‘extremedidas: escoriación (lesiones superficiales en piel) en rodilla izquierda y herida en codo izquierdo’. En el ultimo renglón aparece consignado ‘hematoma en region occipital’. Todo lo anterior demuestra que el paciente recibió golpes en la cabeza y en sus extremidades produciéndole incluso una herida que requirió ser suturada en el codo izquierdo lo cual significa que le dieron golpes por todas las partes de su cuerpo. Un paciente epiléptico o convulsionador cronico debe recibir anticonvulsionantes para evitar los ataques. No hay historia de que los estuviera recibiendo antes y durante su permanencia en el centro de reclusión” (se resalta, fls. 286 y 287, c. 2).

 

 

La anterior conclusión se encuentra corroborada con la constancia médica expedida el 27 de septiembre de 2007 por el hospital geriátrico ancianato “San Miguel”, donde se encuentra recluido el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, en la cual se consignó: “En revisión de Historia (sic) clínica del señor Carlos Alfonso Salazar. (sic) No hay documentación de eventos de síndrome convulsivo agudos o crónicos durante su permanencia en esta institución” (fl. 270, c. 2).

 

En cuanto a las circunstancias en que se produjeron las lesiones, el señor Javier García Londoño, en declaración que rindió ante la Fiscalía 41 Secional de Cali[19], expresó (se transcribe conforme obra, inclusive con errores y omisión de palabras):

 

“… CARLOS ALONSO SALAZAR y alias CACHETES empezaron a alegar, CACHETES le pegó una patada al viejo CARLOS ALONSO en la espalda, el señor CARLOS ALFONSO no pudo reaccionar se dobló quedó tirado, con dolores, … lo pateó duro, eso fue un patadón serio y en la espalda y como el viejito estaba descuidado lo tumbó de una sola pata CACHETES hace ejercicio y es muy fuerte … esa fue una patada muy grave, el viejito ya estaba muy catano y recibió una patada de kilos, si me di cuenta que esta en silla de ruedas porque antes de irse lo vi. PREGUNTADO/ dentro de las diligencias existe constancia que fueron varias personas que agredieron al señor CARLOS ALFONSO SALAZAR con tablas y patadas en la cabeza. Qué tiene para decir al respecto. CONTESTO/ Yo solo vi que fue CACHETES, yo estaba lavando mi ropa vi que CACHETES le dio una patada y segui lavando mi ropa” (fl. 186 y 187,c . 2).

 

La afirmación de que fue una sola “patada” la que recibió el señor Salazar Sánchez no se encuentra corrobada con ningún otro medio probatorio que obre en el expediente; por el contrario, se encuentra desmentida con las declaraciones de los señores Luis Fernando Sánchez Mosquera (rendida en la misma fiscalía) y Miguel Ángel Cruz Sánchez (rendida en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca), quienes son contestes en afirmar que fueron varios golpes los que aquel recibió (especialmente en la cara) y que, antes de la golpiza, jamás se le vio convulsionando; al respecto, expresaron (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

 

– “… CARLOS ALFONSO que se le dice PONCHO estaba lavando cuando empezó a alegar con un pelado que le dicen CACHETES que no le se el nombre porque el viejito le había hechado agua sucia a la ropa de CACHETES, entonces el pelado CACHETES le diró una patada al señor CARLOS ALFONSO en el pecho, CARLOS se cayó de pa atrás y se dio contra un muro que hay ahí en la pileta, se golpeó la parte de atras de la cabeza, luego CACHETES le dio otras dos patadas en la cara a PONCHO estando en el suelo, más de uno le decía que no le diera así … fueron tres patadas, la primera en el pecho, y las otras dos en la cara cuando estaba en piso y ahí el viejito empezó a botar una baba por la boca y le quedó un chichón en la frente de ahí lo llevaron para el médico” (declaración del señor Luis Fernando Sánchez Mosquera, folios 190 y 191 c. 2).

 

– “… cuando yo vengo por la mitad el mesón yo veo que CACHETES está agrediendo a PONCHO, entonces llego hacia el lado de los que están peleando, en ese momento CACHETES le mete un traquetazo con la pata al viejo en el pecho, el viejo cae y con el muro de la piscina se da en esta parte (el declarante señala occipital), allí es que iniciamos varios internos con mi persona a la cabeza a tratar mal a CACHETES mientras otros auxiliaban a PONCHO y lo sacaban hacia la reja para que lo llevaran a enfermería … CACHETES le propinó patadas a CARLOS ALFONSO … cuando hay una pelea en el patio y cuando es a mano limpia la persona que cae al suelo hay que darle pata, puño y lo que tenga uno para darle al contrincante, pero en este sentido no fue sino pata lo que le dio en varias partes del cuerpo, especialmente en la cara. PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que usted trataba al señor CARLOS ALFONSO SALAZAR SÁNCHEZ, manifieste al Despacho si en algún momento antes de la lesión usted lo vio convulsionando o con ataques de epilepsia dentro del establecimiento carcelario. CONTESTO: No, en ningún momento lo vi como lo observo ahora …” (declaración del señor Miguel Ángel Cruz Sánchez, fl. 237 c. 2).

 

 

Esta última versión que refieren los señores Luis Fernando Sánchez Mosquera y Miguel Ángel Cruz Sánchez merece plena credibilidad para la Sala, dada su coherencia, claridad y espontaneidad; además, porque se encuentra respaldada con otros medios de prueba que obran en el proceso, como el mencionado dictamen del 28 de marzo de 2008 (incluyendo aclaración) y la constancia médica expedida por el hospital geriátrico ancianato “San Miguel” [ver, pág. 10 supra].

 

En el expediente también obran las declaraciones de los señores Cayo Antonio Otero Vidal, César Tulio Ramírez, Larry Alexander Labrada Villegas y Fabián Orozco, rendidas en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en las que se refiere la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre el lesionado y su núcleo familiar, al tiempo que se da cuenta de la congoja y tristeza que produjo el daño alegado en la demanda (declaraciones que obran a folios 227 a 228, 229 a 230, 232 a 234 y 249 a 252 del cuaderno 2).

 

De otra parte, es de anotar que los hechos en que se produjeron las lesiones del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez fueron denunciados por su hija Aura Nayibe Salazar Restrepo (fl. 61, c. 1) y sus compañeros de reclusión los señores Fabián Orozco, Luis Fernando Sánchez Mosquera y Javier García Londoño (fl. 62, c. 1); adicionalmente, se encuentra probado que, por los mismos hechos, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali decretó la suspensión de la pena y ordenó la libertad inmediata del mencionado señor, previa caución prendaria, toda vez que la enfermedad no era “… compatible con la reclusión por la carencia de estructura carcelaria óptima para garantizar a un minusválido de la calidad del precitado … una vida digna y a la que tiene derecho todo ser humano, aún los privados de la libertad” (fl. 59, c. 1).

 

Finalmente, con la demanda se aportaron dos fotografías (folios 116 del cuaderno 1), las cuales no se valorarán, como quiera que la Sala desconoce su origen, cuándo y en qué lugar fueron tomadas[20].

 

  1. Pues bien, en relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, la Sala ha señalado que el Estado debe garantizar por completo su seguridad y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual se ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es el objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política; así, pues, ha puesto de presente que, en estos casos, entre las personas detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”[21].

 

Al respecto, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha definido el contenido y alcance de tales relaciones, así:

 

“… las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. (sic) Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; (sic) el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesta, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; (sic) es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

 

“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad, puede concluirse que aquél es imputable al Estado”[22].

 

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que, al respecto, ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

 

“En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

 

“Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

 

“(…).

 

“En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

 

“Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado”[23] (negrillas adicionales).

 

Con fundamento en lo expuesto, puede concluirse, entonces, que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria, una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales, como la vida y la integridad personal, no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues su seguridad depende, por completo, de la administración.

 

Así, pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la vida o integridad psicofísica del recluso o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad. En estos eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de las relaciones de especial sujeción, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad[24].

 

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez resultó lesionado, mientras se encontraba bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, se concluye que el daño es jurídicamente imputable a éste, pues en ese momento tenía la obligación de garantizar el cuidado y la seguridad del mencionado señor; por tanto, debió protegerlo contra los ataques que pusieran en riesgo su vida e integridad, con miras a reintegrarlo a la sociedad en condiciones similares a las que tenía al momento de su detención[25].

 

Ahora, la demandada alegó la existencia del hecho de un tercero, como eximente de responsabilidad, argumento que no es de recibo para la Sala, por cuanto la existencia de una relación especial de sujeción, como se dijo, obliga indefectiblemente al Estado a garantizar la seguridad, la vida y otros derechos fundamentales de los reclusos; al respecto, la Sala expresó:

 

 

“En efecto, tal como se consideró anteriormente, en virtud de la relación de especial sujeción, el Estado debe garantizar completamente la seguridad de los internos, esto es impedir que otros reclusos o terceros particulares, así como el propio personal estatal –sea personal penitenciario o de otra naturaleza– amenacen la vida de los internos …”[26].

 

 

Así las cosas, aun cuando las lesiones que sufrió el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez hayan sido causadas por una persona ajena al INPEC, no es menos cierto que éste tenía la obligación constitucional y legal de protegerlo frente a posibles agresiones por parte de terceros –reclusos o no–; por tanto, las secuelas de carácter permanente que actualmente padece son responsabilidad de la misma entidad, en tanto no garantizó dicho contenido obligacional a su cargo.

 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que las lesiones que padece el señor Salazar Sánchez no se pueden considerar un efecto esperado de la relación especial de sujeción a la que estaba sometido, la Sala confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada.

 

 

  1. Indemnización de perjuicios

 

Morales

 

Respecto de la indemnización de perjuicios, se tiene que el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez es padre de la señora Aura Nayibe Salazar Restrepo y esposo de la señora Amanda Restrepo Rodríguez, parentescos que se encuentran acreditados con los registros civiles de nacimiento y matrimonio, respectivamente, obrantes a folios 7 y 8 del cuaderno 1.

 

Así, entonces, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que existe un lazo afectivo entre ellos y, por consiguiente, que las demandantes sufrieron pena, aflicción y dolor a causa de las lesiones que sufrió su padre y esposo, respectivamente, lo cual las legitima para reclamar la reparación de los perjuicios causados.

 

Ahora, si bien el extremo demandado es enfático en alegar una “… notable ausencia …” por parte de los familiares del señor Salazar Sánchez, quienes –en su criterio– no le han brindado un “… debido acompañamiento …”, teniendo en cuenta que se encuentra recluido en el ancianato “San Miguel” [ver, recurso de apelación –pág. 5–], lo cierto es que esa circunstancia ­–per se– no es suficiente para concluir que existe un “abandono” por parte de ellos ni, mucho menos, es demostrativa de una relación disfuncional entre la víctima y su núcleo familiar; por el contrario, dadas las condiciones físicas y psíquicas en que quedó el lesionado (que no puede valerse por sí solo) y ante la imposibilidad de la familia de cuidarlo las 24 horas del día [como se advierte en el dictamen del 28 de marzo de 2008 –ver, pág. 8–], dable es concluir que su permanencia en el mencionado ancianato no es constitutiva de un abandono, sino que corresponde a una decisión tendiente a garantizar su debida atención y cuidado, habida consideración de su total dependencia de la ayuda de los demás.

 

Puestas así las cosas, para la Sala no existe ninguna razón que impida reconocer la indemnización por perjuicios morales en favor de los familiares del lesionado, máxime si se tiene en cuenta que se trata de la esposa y de la hija, pariente esta última en primer grado de consanguinidad, respecto de quienes se presume los lazos de afecto con aquel.

 

Bajo este escenario, dada la gravedad de las lesiones (70.76%) y teniendo en cuenta que en sentencia de unificación se fijaron los topes para efectos de indemnizar los perjuicios morales[27], se reconocerá la suma equivalente a 100 SMLMV, de manera individual, para cada uno de los señores Carlos Alfonso Salazar Sánchez, Aura Nayibe Salazar Restrepo y Amanda Restrepo Rodríguez.

 

Daño a la salud

 

En la demanda se pidió que se condenara a la parte demandada a pagar el equivalente a 600 SMLMV, por concepto de “PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN”, teniendo en cuenta la afectación psicofísica de que fue objeto el mencionado Carlos Alfonso Salazar Sánchez.

 

Al respecto, esta Corporación, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, puntualizó:

 

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.

 

“Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes …”[28] (se resalta).

 

Al realizar la adaptación correspondiente a la comentada jurisprudencia, debe entenderse que lo solicitado por la parte actora encuadra perfectamente en lo que la Sala reconoce o identifica como daño a la salud, como quiera que está dirigido a resarcir económicamente las lesiones físicas y psíquicas que sufrió el mencionado señor Salazar Sánchez.

 

Bajo esta perspectiva y en consideración a que en la referida sentencia se fijó como tope máximo el monto de 100 SMLMV, en los casos de mayor intensidad, la Sala reconocerá la misma cantidad en favor de la víctima directa, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones de que fue objeto y que se produjeron, como se vio, en 76.70% de pérdida de su capacidad laboral.

 

Materiales

 

Se solicitó el daño emergente futuro a favor del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, pues requiere servicios especializados de enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, así como el suministro de medicamentos. Al respecto, la Sala advierte que, si bien se tiene certeza del daño, consistente en las lesiones sufridas por el mencionado señor, lo cierto es que no hay ninguna prueba que permita obtener su cuantificación; por consiguiente, se condenará en abstracto y se ordenará la liquidación mediante el trámite incidental previsto en el artículo 172 del C.C.A. (modificado por el artículo 193, Ley 1437 de 2011), el cual será tramitado por el a quo, con sujeción a las siguientes reglas:

 

1). Se deberá ordenar la práctica de un dictamen pericial, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objeto de que a través de sus médicos fisiatras, fonoaudiólogos, psiquiatras y demás que dicho instituto considere necesarios, y con base en el examen físico del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, de su historia clínica y demás antecedentes obrantes en el proceso, relacionados con las lesiones que padece, conceptúe sobre:

 

  1. El estado actual del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, en cuanto a las limitaciones físicas y psíquicas derivadas de las lesiones que sufrió en los hechos origen de este litigio y su proceso de recuperación.

 

  1. El cuidado, tratamientos o terapias a que debe ser sometido el señor Salazar Sánchez, con ocasión de las lesiones referidas en esta providencia y si para ello se requiere de personal especializado o no.

 

  1. De concluirse que requiere de personal especializado para su cuidado, tratamientos o terapias, deberá expresarse, con claridad, qué clases de profesionales o especialistas deben proporcionarlos, así como su duración en el tiempo y, dado el caso, la intensidad horaria.

 

  1. Si, para el tratamiento de las secuelas que padece, el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez requiere el consumo futuro de medicamentos o cualquier otro tipo de insumo, deberá señalar qué clase, cantidad y por cuánto tiempo se deben suministrar.

 

2) Con base en el informe anterior, a través de perito avaluador, se deberá establecer los costos del cuidado, tratamientos, terapias o medicamentos que requiera el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez. El Tribunal deberá advertir que cada una de las conclusiones a las que llegue el perito deberán estar fundamentadas y debidamente soportadas, por lo menos, en tres (3) cotizaciones de distintas droguerías o farmacias respecto de las drogas que, según el dictamen, deba consumir el demandante. Otro tanto deberá hacerse con los demás insumos, distintos a medicamentos, que puedan llegar a requerirse para la atención del mencionado señor. Lo anterior, con el fin de obtener el precio promedio del mercado.

 

3) Con base en la anterior información, se deberá calcular el daño emergente futuro[29], según la fórmula establecida por esta Corporación para el efecto[30].

 

4) El costo de los tratamientos, medicamentos e insumos que requiera el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez será suministrado por el INPEC.

 

Finalmente, se revocará la indemnización reconocida en primera instancia por concepto de lucro cesante, como quiera que, al momento de los hechos, el señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez no desarrollaba ninguna actividad productiva, pues –como quedó demostrado– se encontraba recluido en la Cárcel Distrital “Villa Hermosa” de Cali.

 

  1. Costas

 

Teniendo en cuenta que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de efectuar condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

 

 

F A L L A :

 

 

MODIFÍCASE la sentencia de 28 de mayo de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

 

PRIMERO: DECLÁRASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– patrimonialmente responsable por las lesiones del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, ocurridas el 16 de diciembre de 2004, en la Cárcel Distrital “Villa Hermosa” de Cali.

 

SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– a pagar las siguientes sumas de dinero:

 

  1. Por concepto de perjuicios morales, a favor de:

 

Carlos Alfonso Salazar Sánchez (lesionado)      100 S.M.L.M.V[31].

Aura Nayibe Salazar Restrepo (hija)                   100 S.M.L.M.V.

Amanda Restrepo Rodríguez (esposa)               100 S.M.L.M.V.

 

  1. Por concepto de daño a la salud, a favor de Carlos Alfonso Salazar Sánchez, 100 S.M.L.M.V.

 

  1. Por concepto de perjuicios materiales, se condena en abstracto al pago de los perjuicios irrogados a título de daño emergente futuro, en favor del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, los cuales se liquidarán mediante incidente, bajo los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.

 

TERCERO: Sin condena en costas.

 

CUARTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

 

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

 

 

HERNÁN ANDRADE RINCÓN                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

 

 

 

[1] La demanda se presentó dentro del término de caducidad, toda vez que los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2004.

[2] Fl. 125, c. 1.

[3] Fl. 298, c. 1.

[4] Fl. 344, c. 1.

[5] Fl. 359, c. ppal.

[6] Fl. 383, c. ppal.

[7] Fl. 462, c. ppal.

[8] Fl. 463, c. ppal.

[9] Fl. 457, c. ppal.

[10] Ibídem.

[11] Ibídem.

[12] La pretensión mayor de la demanda corresponde a 600 SMLMV, solicitados por “perjuicios a la vida de relación” en favor del señor Carlos Alfonso Salazar Sánchez, monto que supera los 500 SMLMV requeridos para que el proceso tenga vocación de doble instancia (art. 40, Ley 446 de 1998).

[13] Al respecto, consultar, el acta No. 9, del 25 de abril de 2013, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

[14] Folio 260 del cuaderno 2.

[15] Fl. 262 del cuaderno 2.

[16] Ibídem.

[17] Fl. 272, c. 2.

[18] Fl. 273, c. 2.

[19] Prueba trasladada que fue solicitada por ambas partes, como se observa a folios 137 y 165 del cuaderno 1.

[20] Al respecto consultar, entre otras, la sentencia de 5 de diciembre de 2006, exp. 28459.

[21] Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de dos 2010, expediente 18.886, actor Eduardo Rojas Quinche y otros.

[22] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006 (exp. 20.125) y sentencia de 20 de febrero de 2008 (exp. 16996), posición jurisprudencial reiterada en sentencia del 29 de enero del 2009 (exp. 16975).

[23] Consejo de Estado, Sala  de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004 (exp.14.955). En igual sentido, se pueden consultar las sentencias del 24 de junio de 2004 (exp 14.950), 24 de junio de 1998 (exp. 14.406) y del 20 de febrero de 2008 (exp. 16.996).

 

[24] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 19.849, C.P. Enrique Gil Botero.

[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de abril de 2006, radicado: 50422-23-31-000-15604-01, expediente 16.406.

[26] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente18800.

[27] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36.149.

[28] Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011 (expediente 19031).

[29] Al respecto, se puede consultar la sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842. M.P.: Alier E. Hernández.

[30] S = Ra (1+ i)n – 1

i (1+ i) n

 

[31] Salarios mínimos legales mensuales vigentes.