CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación: 05001 23 31 000 2008 00054 01 (47892)

EJERCITO NACIONAL ES CONDENADO AL PAGO DE PERJUICIOS POR INCURRIR EN EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Condena / SENTENCIA DE CONVENCIONALIDAD

 

SÍNTESIS DEL CASO: Muerte de ciudadano a manos de miembros de la fuerza pública quienes lo hicieron pasar como paramilitar dado de baja. Falso positivo. Ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida

 

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA – Factor cuantía

 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Término. Cómputo

 

RESPONSABILIDAD AGRAVADA DEL ESTADO POR VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO / FALLA DEL SERVICIO DE LA FUERZA PÚBLICA – Procedencia / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CIUDADANO O FALSO POSITIVO

 

[E]l homicidio injustificado del joven Jhon Fredy Arias Mejía configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trataba de un humilde campesino de escasos 18 años que se encontraba desarmado y que fue vilmente asesinado con un disparo en la espalda. Resulta evidente que los militares que participaron en los hechos en que perdió la vida el citado joven desconocieron sus obligaciones, desviaron y pervirtieron de manera deliberada y voluntaria el servicio que les fuera encomendado por la Constitución y la ley, ya que, como se vio, ejecutaron extrajudicialmente a un humilde campesino, lo vistieron con prendas militares y pusieron descaradamente junto al cuerpo equipos de campaña, con el único propósito de mostrar que se trataba de un paramilitar dado de baja en combate, hecho que no admite justificación alguna y que, sin duda, merece el máximo de los reproches, pues el daño irrogado no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, sino en desarrollo de una operación militar en la que participaron uniformados en servicio activo. La muerte infame del citado joven se enmarca dentro del fenómeno conocido como “falso positivo” y que, desde el punto de vista jurídico, corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como “ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida” constitutiva de una muy grave violación de derechos humanos, pues se trató de la muerte de un civil que no era partícipe de hostilidad alguna y que se hallaba, como se dejó dicho, en situación de indefensión e inferioridad. (…) Comportamientos como los asumidos por los uniformados que participaron en la muerte del joven Arias Mejía no se acompasa de ninguna manera con la finalidad del Ejército Nacional, pues éste fue instituido para proteger la vida, bienes y honra de los habitantes del territorio nacional y para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación. Es obvio que casos como el acá debatido no sólo configuran una falta totalmente reprochable y lamentable, en la medida en que soslayan el ordenamiento jurídico y vulneran derechos constitucionalmente protegidos, generando desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía, sino que, además, ponen en entredicho y tela de juicio la imagen y credibilidad del Ejército Nacional y la condición humana de sus miembros, pues tales conductas evidencian una absoluta ignorancia sobre las disposiciones de orden convencional, constitucional y legal que consagran el respeto por la vida..

 

RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS MORALES

RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES – Actualización del lucro cesante

 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS

 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑO A LA SALUD

 

SIN CONDENA EN COSTAS

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

 

 

 

 

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación: 05001 23 31 000 2008 00054 01 (47892)

Actores: MARTHA[1] LUCÍA MEJÍA USME Y OTRO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

 

 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 29 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

 

 

I  ANTECEDENTES

 

1.1 La demanda

 

 

El 19 de diciembre de 2007, en ejercicio de la acción de reparación directa y mediante apoderado judicial, los actores[2] solicitaron que se declarara la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del joven Jhon Fredy Arias Mejía, en hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2005 en la vereda Vega Seca, jurisdicción del municipio de San Francisco, departamento de Antioquia.

 

Señalaron que el hoy occiso y un acompañante, quienes se encontraban desarrollando actividades agrícolas, fueron ajusticiados por miembros del Ejército Nacional, adscritos a la Unidad de Contraguerrilla “AlazónUno”, del Grupo  Mecanizado Juan del Corral de la Cuarta Brigada.

 

Afirmaron que, para justificar lo ocurrido, los uniformados vistieron a las víctimas con prendas militares y pusieron junto a los cuerpos artefactos bélicos, a fin de hacer creer que eran paramilitares dados de baja en combate.

 

Dijeron que el acto criminal quedó al descubierto cuando un menor de edad, quien resultó herido en los hechos, acudió al Hospital del municipio de San Francisco pidiendo ayuda y manifestó que las víctimas eran humildes campesinos que fueron acribillados mientras desarrollaban actividades agrícolas.

 

Sostuvieron que los uniformados intentaron sacar los cadáveres del municipio alegando que eran personas sin identificar, pero que los pobladores lo impidieron manifestando que las víctimas eran humildes campesinos de la región.

 

Relataron que no era cierto que el señor Arias Mejía y su acompañante hubieran sido dados de baja en combate, pues ni siquiera se encontraron armas en su poder, sólo algunas “municiones y material de intendencia” que los uniformados pusieron abusivamente junto a los cuerpos.

 

Tales hechos, según dijeron, configuraron una falla en la prestación del servicio, imputable al demandado, por cuanto el joven Arias Mejía y su acompañante fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, quienes utilizaron armas de dotación; en consecuencia, solicitaron que se le condenara a pagar: i) 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por perjuicios morales, 800 salarios mínimos legales mensuales, por daño a la vida de relación y 300 de esos mismos salarios, por menoscabo “al buen nombre, la honra y la fama”, para cada uno de los demandantes y ii) $100’942.499, por lucro cesante y $45’256.161, por la pérdida de la capacidad laboral de la señora Marta Lucía Mejía Usme, a favor de esta última (folios 1 a 50, cuaderno 1).

 

1.2. La contestación de la demanda

 

El 22 de enero de 2008, el Tribunal admitió la demanda y ordenó que el auto admisorio fuera notificado a la accionada y al Ministerio Público (folios 91 y 92, cuaderno 1).

 

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones y alegó como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el señor Jhon Fredy Arias Mejía era miembro de un grupo al margen de la ley y fue dado de baja durante un combate con tropas del Ejército Nacional. Alegó que no se trató de una ejecución extrajudicial como infundadamente lo manifestaron los demandantes y que, si bien no se encontraron armas en poder de las personas dadas de baja, ello se debió a que los compañeros de éstas se las llevaron después del enfrentamiento.

 

Dijo que los actores no demostraron las imputaciones formuladas en su contra y que se atendría a los resultados de las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes (folios 97 a 108, cuaderno 1).

 

1.3 Alegatos de conclusión en primera instancia

 

Vencido el período probatorio, el 1 de octubre de 2012 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (folio 530, cuaderno 1).

 

1.3.1 La parte actora solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, por cuanto estaba acreditado que el joven Arias Mejía fue ejecutado extrajudicialmente y que el Ejército, para justificar el hecho, le puso prendas privativas de las Fuerzas Militares y material bélico. Adujo que no existía prueba alguna en el plenario que demostrara que la muerte de aquél se produjo durante un enfrentamiento armado con las fuerzas del orden; además, la prueba testimonial que milita en el expediente mostró que la víctima era un humilde campesino de la región y que se dedicaba a la agricultura. Sostuvo que, según la Personería Municipal de San Francisco, el joven Arias Mejía fue “victima de muerte selectiva, por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno” (folios 531 a 551, cuaderno 1).

 

1.3.2 El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dijo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 177 del C. de P.C., los actores tenían la carga de demostrar los hechos alegados en la demanda, cosa que no ocurrió y, por tanto, debían despacharse negativamente sus pretensiones (folios 552 a 556, cuaderno 1).

 

 

1.4 La sentencia recurrida

 

Mediante sentencia del 29 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto se demostró en el plenario que la muerte del señor Jhon Fredy  Arias Mejía obedeció a su propia culpa, toda vez que pertenecía a un grupo al margen de la ley que agredió con arma de fuego a una patrulla del Ejército Nacional, lo que desató un combate en el que se produjo su deceso (folios 563 a 590, cuaderno principal).

 

1.5 El recurso de apelación

 

Dentro del término legal, la parte actora formuló recurso de apelación contra la sentencia anterior, a fin de que se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda, en consideración a que se demostró que el señor Arias Mejía fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, quienes, para justificar el hecho, vistieron el cadáver con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y pusieron a su lado artefactos bélicos, para que pareciera que su deceso se produjo durante un enfrentamiento armado, el cual nunca existió.

 

Cuestionó que la decisión del Tribunal se basara únicamente en las declaraciones de los militares involucrados en los hechos y en el material bélico supuestamente incautado a las víctimas, pues a partir de allí el juez a quo concluyó erróneamente que la muerte del citado señor se produjo en un combate que habría durado 90 minutos, aproximadamente, y que, por tanto, se había configurado la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Añadió que lo dicho por el Tribunal era contrario a lo manifestado por los testigos presenciales de los hechos, quienes descartaron de plano la existencia del supuesto enfrentamiento armado.

 

Dijo que, en casos de ejecuciones extrajudiciales en que estaban involucrados miembros de la Fuerza Pública, resultaba muy difícil recaudar pruebas directas de lo ocurrido, pues casi siempre la escena de los hechos era alterada y, por tanto, el juez debía echar mano de la prueba indiciaria, a fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodeaban los hechos investigados.

 

Sostuvo que se demostró en el proceso que la víctima era un humilde campesino de la región y que nada tenía que ver con grupos al margen de la ley, al punto que las autoridades ni siquiera encontraron pendientes ni antecedentes judiciales.

 

Afirmó que el Tribunal concluyó erradamente que, dado que el cuerpo del señor Arias Mejía no presentaba tatuaje, por cuanto los disparos fueron realizados a más de un metro y medio de distancia, éste no había sido ejecutado extrajudicialmente.

 

Enfatizó que no se demostró en el proceso penal que el hoy occiso hubiera disparado un arma de fuego, pues lo cierto es que ni siquiera se  practicó una prueba de absorción atómica, lo cual, a juicio del recurrente, ponía en tela de juicio la existencia del supuesto combate (folios 592 a 602, cuaderno principal).

 

1.6 Los alegatos de conclusión en segunda instancia

 

1.6.1 Por auto del 13 de junio de 2013, el Tribunal concedió el recurso de apelación (folio 603, cuaderno principal) y, mediante auto del 21 de agosto de ese mismo año, el Consejo de Estado lo admitió (folio 607, cuaderno principal).

 

1.6.2 El 25 de septiembre de 2013 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público, para que rindiera concepto (folio 609, cuaderno principal).

 

1.6.3 La parte actora reiteró lo dicho a lo largo del proceso (folios 614 a 618, cuaderno principal)

 

1.6.4 El demandado guardó silencio (folio 627, cuaderno principal).

 

1.6.5 El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, en consideración a que se demostró en el plenario que la muerte del señor Arias Mejía obedeció a su propia culpa, pues hacía parte de un grupo armado ilegal que atacó a una patrulla del Ejército Nacional, la cual se defendió accionando sus armas y le dio de baja (folios 619 a 628, cuaderno principal).

 

  1. CONSIDERACIONES

 

 

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de abril de 2013, proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, no sin antes advertir que, de conformidad con lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera del 26 de enero de 2017, el presente asunto tiene prelación de fallo.

 

2.1 Competencia de la Sala

 

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que las pretensiones de la demanda ascienden a $2.574’918.661.

 

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” (folios 324 a 329, cuaderno principal).

 

El artículo 3 de la citada ley modificó el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y dispuso que la cuantía del proceso se determina “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda”.

 

Según la Ley 446 de 1998, los Tribunales conocen, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso[3].

 

2.2 Caducidad de la acción

 

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos[4], la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

 

En el presente asunto, la muerte del señor Jhon Fredy Arias Mejía ocurrió el 28 de diciembre de 2005 (folio 51, cuaderno 1) y la demanda fue instaurada el 19 de diciembre de 2007, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal.

 

2.3 Traslado de pruebas

 

Además de las pruebas solicitadas en la demanda, la parte actora pidió el traslado de los procesos penal militar y disciplinario seguidos por el homicidio del señor Arias Mejía (folio 42 y 43, cuaderno 1), petición que, al ser coadyuvada[5] por el accionado (folio 108, cuaderno 1), el cual, además, tuvo a su cargo el adelantamiento del primero de ellos, permite que la Sala pueda valorar las pruebas que allí militan[6].

 

Frente a lo anterior, es indispensable aclarar, sin embargo, que no se tendrá en cuenta “la entrevista” del menor Juan Gabriel Aguirre, sostenida el 29 de diciembre de 2005 en la Comisión Especial de Policía Judicial de la Estación de Policía de San Francisco (folios 87 y 88, cuaderno 2), toda vez que no se practicó con audiencia de la parte contraria y menos aún se realizó bajo la formalidad del juramento y, por tanto, no puede asimilarse a una declaración, conforme a los lineamientos del Código de Procedimiento Civil (artículos 211 y siguientes); además, dicha “entrevista” no fue ratificada en este proceso, de modo que no cumplió con lo dispuesto por el artículo 229 ibídem.

 

En relación con la indagatoria o versión libre, es indispensable señalar que la jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a tales diligencias, con el único propósito de alcanzar la verdad material; al respecto, ha sostenido:

 

“Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, (sic) ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica” (texto original subrayado)[7].

 

Así las cosas, las diligencias de indagatoria rendidas por los uniformados que participaron en los hechos en que perdió la vida el joven Arias Mejía serán valoradas junto con los demás medios de prueba que militan en el plenario, con el único propósito de alcanzar la verdad material de lo ocurrido.

 

2.4 El caso y su análisis

 

Se encuentra acreditado en el plenario que el señor Jhon Fredy Arias Mejía falleció el 28 de diciembre de 2005. Así lo indican el registro civil de defunción (folio 51, cuaderno 1), el acta de inspección del cadáver (folios 21 y 22,  cuaderno 2) y la necropsia practicada por el Hospital San Francisco de Asís del municipio de San Francisco (Antioquia), según la cual el citado señor murió como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por un disparo con arma de fuego (folios 23 a 27, cuaderno 2).

 

En torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en que falleció el citado señor, el informe del 28 de diciembre de 2005, suscrito por el Comandante del Grupo Caballería 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, indica que ese día, a eso de las 3:30 p.m., en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de San Francisco (Antioquia), personal del grupo de contraguerrilla “Alazán 1” sostuvo un enfrentamiento armado con miembros de las autodefensas pertenecientes al Frente José Luis Zuluaga, que dejó un saldo de 2 personas fallecidas de este grupo al margen de la ley, entre ellas el señor Jhon Fredy Arias Mejía, y la incautación, entre otras cosas, de carpas y uniformes camuflados, colchones, chalecos multipropósito, equipos de campaña, 2 proveedores AK 45 y AK 47, 304 cartuchos calibre 7.62 m.m. y 30 cartuchos calibre 5.56 m.m. (folios 7 a 10, cuaderno 2).

 

Según el testimonio del Soldado Profesional Wilder Andrey Alzate Marín, rendido el 10 de enero de 2006 ante el Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar de la Base Militar La Piñuela, en Cocorná (Antioquia), el día de los hechos, a eso de las 10:00 a.m., él y siete soldados más, al mando del Teniente Botero, se encontraban practicando un registro en la vereda San Isidro, del municipio de San Francisco, cuando un civil les informó que a las afueras del citado municipio se encontraban dos hombres armados, vestidos de camuflaje, razón por la cual decidieron hacer un procedimiento de infiltración en la zona.

 

Relató el citado uniformado que ese mismo día, en horas de la tarde, a eso de las 2:00 p.m., cuando llegaron a una casa abandonada, fueron atacados con arma de fuego, lo que produjo la reacción de la tropa y se inició un enfrentamiento armado que dejó un saldo de 2 personas al margen de la ley dadas de baja y un civil herido, quien fue trasladado al hospital municipal. Agregó que el grupo de delincuentes estaba conformado por 30 personas, aproximadamente, quienes vestían prendas militares y portaban granadas, ametralladoras y fusiles AK 47.

 

Adicionalmente, el testigo dijo que el combate se prolongó por espacio de hora y media, aproximadamente, y que la tropa portaba fusil galill calibre 5.56 m.m., ametralladora y “MGL”, y “todo lo usamos”. Afirmó que los delincuentes huyeron en una camioneta y que en el lugar de los hechos encontraron proveedores para fusil AK 47 y AK 45, munición calibre 7.62 m.m. y 5.56 m.m., equipos de intendencia y camuflados y que el levantamiento de los cadáveres los practicó la Sijín de la Policía Nacional (folios 48 a 50, cuaderno 2).

 

En sentido similar y ante el mismo juzgado declararon los Soldados Profesionales Carlos Mario Ortiz Agudelo (folios 51 a 53, cuaderno 2), Albey Galvis Ocampo (folios 54 a 56, cuaderno 2) y Nicolás Alberto Céspedes Pino (folios 57 a 59, cuaderno 2)[8], quienes ratificaron lo dicho en las respectivas diligencias de indagatoria que rindieron ante la justicia penal militar (folios 240 a 244, 298 a 391, 309 a 311, cuaderno 2).

 

La necropsia practicada al señor Jhon Fredy Arias Mejía reveló que éste falleció como consecuencia de un disparo con arma de fuego de largo alcance, que lesionó “vasos de gran calibre” (folios 206 y 207, cuaderno 2). Según el acta de levantamiento del cadáver, el disparo que hirió mortalmente al citado señor provino de un fusil (folio 21, cuaderno 2); al respecto, es indispensable señalar que, según lo dicho por los soldados que participaron en los hechos, la tropa que se enfrentó con el grupo al margen de la ley utilizó todo el armamento que portaba (folios 48 a 59, cuaderno 2). Entre dicho armamento, como se vio, había fusiles.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que la muerte del señor Arias Mejía fue causada con arma de dotación, lo cual, por lo demás, jamás fue puesto en tela de juicio por el Ejército Nacional.

 

Es importante recordar que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, el manejo de armas de fuego comporta una actividad peligrosa, razón por la cual el demandante está obligado a demostrar el daño sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la Administración, supuestos que en el presente caso se encuentran acreditados en el plenario, pues, como se dejó dicho, la víctima falleció por un disparo con arma de dotación, accionada por uno de los miembros del Ejército Nacional que participó en los hechos del 28 de diciembre de 2005, en jurisdicción del municipio de San Francisco, departamento de Antioquia.

 

La misma jurisprudencia también ha señalado que, para exonerarse de responsabilidad, el demandado debe acreditar la presencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa también exclusiva y determinante de la víctima, es decir, la entidad estatal puede ser declarada no responsable de los hechos imputados, cuando el daño causado se origine en la actuación de la propia víctima.

 

El demandado alegó a lo largo del proceso que la muerte del joven Arias Mejía obedeció a su propia culpa, por cuanto éste hacía parte de un grupo paramilitar que atacó con arma de fuego a un contingente de soldados, quienes se defendieron de la agresión utilizando sus armas de dotación y le dieron de baja, afirmaciones éstas que fueron desmentidas por los acá demandantes, al señalar que nunca hubo combate y que la víctima era un humilde campesino que fue ajusticiado extrajudicialmente por los uniformados.

 

En cuanto se refiere al hecho de la víctima, debe decirse que no toda conducta asumida por ella constituye un factor que rompa el nexo de causalidad entre el hecho del demandado y el daño, toda vez que, para que la conducta de la víctima releve de responsabilidad a la Administración, debe acreditarse, por una parte, la existencia de una relación de causalidad adecuada entre ella y el daño, esto es, debe probarse que el hecho de la víctima hacía previsible la conducta del demandado, de acuerdo con las reglas de la experiencia, en un curso normal de los acontecimientos; por otra parte, debe acreditarse que el hecho del afectado fue la causa única y exclusiva del daño. En este último caso, la exoneración será total; por el contrario, si la actuación de la víctima concurre con el hecho del demandado, en cuanto éste constituye igualmente causa adecuada del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2357 del Código Civil[9].

 

Si bien los miembros del Ejército Nacional que rindieron testimonio e indagatoria en el proceso penal militar manifestaron enfáticamente que el señor Jhon Fredy Arias Mejía fue dado de baja en combate, pues, según su dicho, aquél hacía parte de un grupo de paramilitares, conformado aproximadamente por 30 hombres, que atacó a los uniformados, quienes se defendieron utilizando sus armas de dotación y le dieron de baja, para la Sala lo dicho por ellos resulta poco creíble, pues sus testimonios no son para nada espontáneos y se caracterizan, más bien, por su gran similitud, al punto que narran con lujo de detalles y total precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, como si se hubieran puesto de acuerdo para decir lo mismo; así, por ejemplo, aspectos como la hora en que ocurrieron los hechos, la descripción precisa del lugar, el tiempo que duró el combate, el número de personas que integraban el supuesto grupo paramilitar que los atacó, el sitio donde fueron dados de baja el señor Arias Mejía y su acompañante, el armamento que éstos portaban, los elementos y prendas que les fueron incautados, entre otros, son idénticos en esas declaraciones.

 

Además, debe tenerse en cuenta que a los citados uniformados les asistía un interés en el resultado del proceso penal militar, teniendo en cuenta que fueron vinculados al mismo, como se desprende de las indagatorias visibles a folios 240 a 244, 286 a 290, 298 a 301, 309 a 311 y 403 a 407 del cuaderno 2[10], por cuanto participaron en los hechos en que perdió la vida el señor Arias Mejía, lo cual, como es obvio, afectó su imparcialidad y, por tanto, a la luz del artículo 217 del C. de P.C[11]., la Sala los considera testigos sospechosos.

 

Adicionalmente, lo dicho por ellos no está respaldado con otro medio de prueba que permita llegar al convencimiento de que la muerte del citado señor se produjo durante un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y un grupo de paramilitares al que supuestamente aquél pertenecía.

 

Llama la atención, por ejemplo, que no se hubieran encontrado armas en poder de la víctima, no obstante que, según el demandado, ésta fue dada de baja en combate; al respecto, el informe suscrito por el Comandante Contraguerrilla Alazán 1 del Ejército Nacional sostuvo que, en el lugar de los hechos, se incautaron, entre otros, equipos de campaña, 2 proveedores AK 45 y AK 47, cartuchos calibre 7.62 m.m. y  5.5.6 m.m., pero dicho informe nada dijo sobre la presencia de armas en el lugar de los hechos (folio 275, cuaderno 2).

 

Para justificar la ausencia de armamento en poder del señor Arias Mejía, el Ejército Nacional sostuvo que los paramilitares que lo acompañaban se llevaron el arma que él portaba; sin embargo, nadie distinto a los uniformados advirtió la presencia de tales sujetos en el lugar de los hechos.

 

En efecto, a pesar de que en este proceso rindieron declaración Lucila Zuleta Jiménez (folios 187 a 194, cuaderno 1), Nancy Arelis García (folios 190 a 194, cuaderno 1), Francisco Luis González Henao (folios 194 a 196, cuaderno 1), Celmira del Rosario Toro Giraldo (folios 197 a 199, cuaderno 1) y Nancy Patricia González Toro (folios 200 a 202, cuaderno 1)[12], quienes para la época de los hechos residían en la zona donde fue dado de baja el joven Arias Mejía y relataron aspectos relacionados con lo ocurrido el 28 de diciembre de 2005, ninguno de ellos aseveró haber visto ese día paramilitares o personas al margen de la ley.

 

Por ejemplo, la testigo Lucila Zuleta Jiménez aseguró que, el día de los hechos, el señor Arias Mejía se encontraba laborando en la finca de ella recogiendo pasto, en compañía de 2 de los hijos de la citada señora, quienes le manifestaron a ésta que el ejército rodeó la casa y empezó a disparar, dando muerte al mencionado joven. Agregó que la víctima portaba siempre un machete, pues trabajaba en el campo, y que jamás le vio un arma distinta a esa (folios 87 a 190, cuaderno 1).

 

Por su parte, la testigo Celmira del Rosario Toro Giraldo manifestó: “Jhon Fredy estaba trabajando en la finca de propiedad del señor Abelardo Caro (…), el ejército llegó disparando porque la casa estaba sola y supuestamente era muy sospechosa de que habitara (…) la guerrilla (…). No hubo enfrentamiento del ejercito (sic) con nadie” (se resalta) (folio 198, cuaderno 1).

 

A su turno, la testigo Nancy Patricia González Toro dijo: “Cuando llegamos a la casa al rato se calmo (sic) todo y nos dimos cuenta que era Jhon Fredy, no me acuerdo que fue lo que paso (sic), porque el ejercito (sic) lo quería hacer pasar como miembro de un grupo armado, pero la gente y la familia, (sic) lo impidió (sic), creo que hablaron con el alcalde y luego lo entregaron. Incluso el día 29 de diciembre, al otro día de la muerte de Jhon Fredy (sic) pidieron disculpas por lo que habían hecho el día anterior (…)” (se resalta) (folio 200, cuaderno 1).

 

Adicionalmente, la citada testigo afirmó que jamás vio a Jhon Fredy uniformado, pues “siempre vestía con jean y camiseta”, por lo que el camuflado que portaba el día de su muerte se lo “colocaron para hacerlo pasar como guerrillero” (folio 198, cuaderno 1).

 

Cabe resaltar que los testigos citados manifestaron que la víctima era una persona de bien, pues se trataba de un campesino de la región que trabajaba en actividades agrícolas; al respecto, la Fiscalía General de la Nación y el DAS manifestaron que el joven Arias Mejía no tenía antecedentes penales (folios 128 y 136, cuaderno 2).

 

Como puede verse, mientras los soldados que participaron en los hechos en los que murió el joven Arias Mejía manifestaron en el proceso penal militar que fueron atacados por un grupo de al menos 30 paramilitares, los testigos acabados de referir sostuvieron que los uniformados llegaron disparando a la casa donde aquél se encontraba y le dieron de baja.

 

Para la Sala las declaraciones de los recién mencionados testigos no militares merecen plena credibilidad, por su claridad, coherencia y espontaneidad y porque se trata de personas ajenas a las partes, sin interés alguno en el resultado del proceso, pues no se ve en su dicho la intención de favorecer o perjudicar a alguien en particular; además, son habitantes de la región en la que ocurrieron los hechos y, por tanto, conocedores de lo que sucedió realmente el 28 de diciembre de 2005 en jurisdicción del municipio de San Francisco, Antioquia.

 

A lo anterior se suma, por una parte, que en poder de la víctima no fueron encontradas armas de fuego, lo cual resulta cuando menos extraño, pues se supone que aquélla fue dada de baja en combate, según lo aseguró el Ejército Nacional y, por otra parte, que no se practicó en el proceso penal militar una prueba técnica, como aquella, por ejemplo, que permite constatar residuos de pólvora en las manos o en la ropa, lo cual, sin duda, hubiera sido de gran ayuda a la hora de establecer si los militares actuaron o no en legítima defensa, prueba que, por cierto, fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación (folios 131 y 132, cuaderno 2); al respecto, es dable señalar que la obligación de practicar dicha prueba estaba en cabeza del demandado, toda vez que fue éste el que adelantó el proceso penal militar contra los uniformados sindicados de dar muerte al joven Arias Mejía y, por lo mismo, era el más interesado en establecer si aquéllos actuaron o no  conforme a derecho y con mayor razón para salvar su responsabilidad por dicha muerte.

 

Lo acabado de afirmar hace dudar a la Sala sobre la real existencia del supuesto enfrentamiento armado y, por consiguiente, sobre la muerte de aquél en combate, a lo cual se suma que ni siquiera se tiene certeza sobre la presencia de paramilitares en la zona para el día de los hechos, conforme a lo manifestado por el Segundo Comandante del Grupo Mecanizado 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, quien dijo que las autoridades no tenían información sobre la presencia en la zona de grupos al margen de la ley (folio 329, cuaderno 2).

 

Ahora, si bien en el proceso penal militar obra la declaración del señor Jorge Elías Caro Zuleta, quien el 16 de diciembre de 2010 manifestó ante el Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar de Rionegro que, en días previos a los hechos, observó en el pueblo a las 2 personas fallecidas, en algunas ocasiones vestidas de civil y, en otras, de camuflado y portando armas (folio 480, cuaderno 2), ese mismo testigo nada dijo al respecto en la declaración que rindió el 9 de noviembre de 2007 ante el Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar de Medellín, ya que en dicha oportunidad se limitó a señalar que observó a las citadas personas por separado en el pueblo, pero que no sabía quiénes eran (folios 167 a 169, cuaderno 2).

 

Así, resulta extraño que el citado testigo, en la declaración del 16 de diciembre de 2010, casi que 5 años después de lo ocurrido, recordara con lujo de detalles aspectos de suma importancia para el curso de la investigación penal que pasó por alto en la declaración del 9 de noviembre de 2007, esto es, 2 años después de lo sucedido.

 

Ahora, aceptando en gracia de discusión que lo que ocurrió realmente el 28 de diciembre de 2005, en jurisdicción del municipio de San Francisco, fue un enfrentamiento armado entre una tropa del Ejército Nacional, conformada por 9 uniformados, y un grupo de paramilitares, integrado por no menos de 30 hombres, quienes portaban toda clase de armamento, según lo manifestado por los soldados que declararon en el proceso penal militar, no deja de llamar la atención que el Ejército no haya sufrido bajas ni reportado heridos en sus filas, máxime teniendo en cuenta que el enfrentamiento se prolongó, según se dijo, durante hora y media, aproximadamente, y que los paramilitares triplicaban en número a los uniformados.

 

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que no se demostró en el plenario la existencia del enfrentamiento armado que dijo sostener el Ejército Nacional con paramilitares, de los que supuestamente hacía parte el señor Arias Mejía y menos aún que éste hubiera muerto durante dicho combate.

 

Si bien lo anterior resulta suficiente para declarar la responsabilidad del demandado con fundamento en el título jurídico de riesgo excepcional, lo cierto es que, a juicio de la Sala, el comportamiento de los miembros del Ejército Nacional que participaron en los hechos en el que perdió la vida el señor Arias Mejía denota una falla en la prestación del servicio, por cuanto aquéllos hicieron uso injustificado de sus armas de dotación.

 

En el presente asunto, no hay pruebas creíbles que demuestren que la víctima utilizó armas de fuego contra miembros del Ejército Nacional y menos aún que aquélla murió en combate y, por consiguiente, es obvio que el disparo que sufrió en la espalda, como lo indicó la necropsia del cadáver (folio 205 a 207, cuaderno 1), fue injustificado, pues tal proceder vulnera las obligaciones constitucionales y legales atribuidas a las autoridades públicas, como quiera que éstas fueron instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y, por lo mismo, las autoridades públicas que incumplan las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, atenten contra los derechos de las personas comprometen su responsabilidad y están obligadas a resarcir los perjuicios que causen con su comportamiento irregular.

 

Como se vio, la demandada asumió y desarrolló un comportamiento que sobrepasó el normal cumplimiento de sus deberes, pues sólo en casos extremos y por excepción la Fuerza Pública está autorizada para hacer uso de las armas de dotación y, si lo hace, debe tomar todas la precauciones que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

 

Ahora, si se aceptara en gracia de discusión que la víctima era miembro de un grupo armado al margen de la ley, el Ejército tenía la obligación de capturarla, respetarle y garantizarle la vida y su integridad personal y dejarla a disposición de las autoridades competentes, ya que se trataba de una persona desarmada e indefensa; sin embargo, como se vio, el Ejército omitió tales obligaciones y, por el contrario, decidió hacer justicia por sus propias manos, ya que le disparó por la espalda causándole la muerte, lo cual denota un actuar abusivo, arbitrario, ilegítimo y violatorio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

 

El respeto a la vida y a la integridad personal como derechos fundamentales de primer orden son responsabilidad esencial del Estado y, por lo mismo, su deber es garantizarlos y protegerlos, sin hacer distinciones de índole alguna. Tales derechos encuentran protección especial en el ámbito interno y también en el contexto internacional, como en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que Colombia es parte.

 

Sobre el compromiso del Estado Colombiano con la comunidad internacional de velar por la protección y garantía de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 8 de marzo de 2007 (expediente 15.739), dejó claro que:

 

“…estos derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P., prevalecen en el orden interno. (sic) Por lo tanto, si son quebrantados por el Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las conductas infractoras constituyen per se un incumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad internacional y (sic) por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.

 

“Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte desde el 31 de julio de 1973 y que consagra la obligación de los estados miembros de respetar los derechos humanos consagrados en ella y en los demás instrumentos que la complementen, reformen o adicionen.

 

(…)

 

“Se debe poner de presente que estos derechos están protegidos también por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte y que consagra la obligación de los estados miembros de respetar el derecho a la vida –art. 4 C.A.D.H.-, el derecho a la integridad personal –art. 5 Ibídem- (…)”.

 

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-225 del 18 de mayo de 1995, sostuvo:

 

“En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º (sic) de la Constitución dispone que ‘en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario’. Esto  significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo ‘al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el  ius cogens’. Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera algunadesconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas ‘consideraciones elementales de humanidad’, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su  sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto” (se resalta)[13].

 

Para la Sala, el homicidio injustificado del joven Jhon Fredy Arias Mejía configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trataba de un humilde campesino de escasos 18 años que se encontraba desarmado y que fue vilmente asesinado con un disparo en la espalda.

 

Resulta evidente que los militares que participaron en los hechos en que perdió la vida el citado joven desconocieron sus obligaciones, desviaron y pervirtieron de manera deliberada y voluntaria el servicio que les fuera encomendado por la Constitución y la ley, ya que, como se vio, ejecutaron extrajudicialmente a un humilde campesino, lo vistieron con prendas militares y pusieron descaradamente junto al cuerpo equipos de campaña, con el único propósito de mostrar que se trataba de un paramilitar dado de baja en combate, hecho que no admite justificación alguna y que, sin duda, merece el máximo de los reproches, pues el daño irrogado no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, sino en desarrollo de una operación militar en la que participaron uniformados en servicio activo.

 

La muerte infame del citado joven se enmarca dentro del fenómeno conocido como “falso positivo” y que, desde el punto de vista jurídico, corresponde a lo que técnicamente se denomina o conoce como “ejecución extrajudicial u homicidio en persona protegida” constitutiva de una muy grave violación de derechos humanos, pues se trató de la muerte de un civil que no era partícipe de hostilidad alguna y que se hallaba, como se dejó dicho, en situación de indefensión e inferioridad. Tal conducta delictual es sancionada punitivamente por el artículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), según el cual, “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida[14] conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificado por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

 

Comportamientos como los asumidos por los uniformados que participaron en la muerte del joven Arias Mejía no se acompasa de ninguna manera con la finalidad del Ejército Nacional, pues éste fue instituido para proteger la vida, bienes y honra de los habitantes del territorio nacional y para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garanticen el orden constitucional de la nación.

 

Es obvio que casos como el acá debatido no sólo configuran una falta totalmente reprochable y lamentable, en la medida en que soslayan el ordenamiento jurídico y vulneran derechos constitucionalmente protegidos, generando desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía, sino que, además, ponen en entredicho y tela de juicio la imagen y credibilidad del Ejército Nacional y la condición humana de sus miembros, pues tales conductas evidencian una absoluta ignorancia sobre las disposiciones de orden convencional, constitucional y legal que consagran el respeto por la vida.

 

Desafortunadamente casos como éste se volvieron reiterados en nuestro territorio, al punto que son numerosas las condenas penales contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en ellos, así como también son numerosas las condenas patrimoniales contra el Estado Colombiano, con ocasión de fallas en la prestación del servicio por las actuaciones irregulares de los servidores encargados de proteger y defender los derechos y las libertades públicas, circunstancia que pone de presente una falla sistemática y estructural en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de dicha Institución, falencias éstas que, sin duda,  debilitan la institución militar y dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio, con lo cual, de paso, ésta pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad[15].

 

En un Estado Social de Derecho como el nuestro no son admisibles bajo ningún punto de vista las muertes selectivas, extrajudiciales o arbitrarias, pues la vida es un derecho fundamental de primer orden y, por tanto, nadie puede ser privado de ella, salvo que ocurra bajo causales de justificación, como en casos de legítima defensa o estado de necesidad, pues el uso de la fuerza y, concretamente, la posibilidad de atentar contra la integridad física de una persona se establece como un criterio de ultima ratio, esto es, como último recurso al que debe acudir la Fuerza Pública para neutralizar o repeler un delito o agresión, para lo cual deberán evaluarse las condiciones reales de amenaza, a fin de que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo imponen, pueda llegarse a esa situación extrema, pues la Constitución Política asigna a las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, sin distinciones de ninguna clase.

 

Pues bien, teniendo en cuenta que no se demostró que la vida de los uniformados involucrados en los hechos corriera peligro, el uso que éstos hicieron de sus armas de fuego contra el señor Jhon Fredy Arias Mejía fue excesivo y desproporcionado, toda vez que le dispararon por la espalda cuando éste estaba desarmado, lo cual denota la presencia de una falla grave en la prestación del servicio, imputable al demandado, el cual debe responder por los daños y perjuicios causados a los actores; en consecuencia, se revocará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

 

III. INDEMNIZACIÓN DE PERJUCIOS

 

3.1 Perjuicios morales

 

Los actores solicitaron 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos (folio  2, cuaderno 1).

 

Se encuentra acreditado, según los registros civiles de nacimiento visibles a folios 52 a 57 del cuaderno 1, que Marta Lucía Mejía Usme es la madre de Jhon Fredy Arias Mejía y que Nelson Gabriel, Olga Nelly, Javier Alonso y María Camila Arias Mejía son sus hermanos.

 

Pues bien, acreditado el parentesco de las personas citadas con el hoy occiso, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que aquéllas tenían un nexo afectivo importante con la víctima, lo cual determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, sufrieron un profundo dolor y pesar con su muerte trágica; así, las pruebas del parentesco aportadas al proceso son suficientes para tener por demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.

 

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta Corporación en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte[16], la Sala condenará al  demandado a pagar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Marta Lucía Mejía Usme y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Nelson Gabriel Arias Mejía, Olga Nelly Arias Mejía, Javier Alonso Arias Mejía y María Camila Arias Mejía.

 

3.2 Perjuicios materiales

 

– Lucro cesante

 

Los actores solicitaron $100’942.499, para la señora Marta Lucía Mejía Usme, correspondientes a la ayuda económica que dejó de recibir como consecuencia de la muerte de su hijo  (folio 3, cuaderno 1).

 

En relación con el pago de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, solicitados con ocasión de la muerte de un hijo, la Sala reconoce dicha indemnización y calcula su monto hasta que la víctima directa del daño hubiera alcanzado 25 años, pues se infiere que a partir de ese momento las personas deciden formar su propio hogar; no obstante, si el padre o la madre acreditan que dependían económicamente de su hijo, por la imposibilidad de solventarse o valerse por sí mismos, dicha indemnización podrá calcularse hasta la vida probable de aquéllos[17].

 

Para la época de su muerte -28 de diciembre de 2005- (folio51, cuaderno 1), Jhon Fredy Arias Mejía tenía 18 años y 6 meses, pues nació el 24 de junio de 1987, según lo indica el registro civil de nacimiento visible a folio 52 del cuaderno 1, de modo que la indemnización reclamada por la señora Marta Lucía Mejía Usme se liquidará hasta cuando Jhon Fredy hubiera cumplido 25 años, esto es, hasta el 24 de junio de 2012, teniendo en cuenta que, si bien se acreditó que éste ayudaba económicamente en su casa[18], no se demostró que su madre dependiera exclusivamente de él; al respecto, Nancy Arelis García Mejía sostuvo que Jhon Fredy y sus hermanos ayudaban económicamente a su madre (folio 223, cuaderno 1); además, no se acreditó que la madre del hoy occiso estuviera imposibilitaba para trabajar y, por ende, que dependiera exclusivamente de sus hijos.

 

Si bien se demostró con los testimonios citados en el pie de página 15 que la víctima trabajaba en el campo, no se acreditó el monto de sus ingresos mensuales, de modo que, para calcular la indemnización reclamada por la señora Mejía Usme, la Sala tendrá en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente en el año en que se produjo la muerte de aquél -2005-, esto es, $381.500[19].

 

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma mensual devengada por la víctima) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de los hechos.

 

 

índice final –  enero / 2017 (134,76)

Ra = R ($381.500)         ——————————————————– =

índice inicial – diciembre/ 2005  ( 84,10 )

 

 

Ra = $611.307,25

 

Como esta suma es inferior al valor del salario mínimo mensual legal vigente de este año, se tendrá en cuenta este último, esto es, $737.717, suma que será incrementada en un 25% ($184.429,25), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $922.146,25. La suma anterior será deducida en un 50%, porcentaje que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, lo cual arroja un total de $461.073,12, a tener en cuenta para liquidar los perjuicios reclamados por la señora Mejía Usme.

 

– Indemnización debida o consolidada

 

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos (28 de diciembre de 2005), hasta cuando Jhon Fredy hubiera cumplido 25 años, esto es, 24 de junio de 2012, para un total de 77,86 meses.

 

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, esto es, 77,86 meses, así:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

 

S = $461.073,12 (1+ 0.004867)77,86– 1

0.004867

 

S= $43’521.064,94

 

 

3.3 Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por los actores como “daño a la vida de relación” y “menoscabo al buen nombre, la honra y la fama”

 

La parte actora solicitó 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por daño a la vida de relación, y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el menoscabo al buen nombre, la honra y la fama, para cada uno de los miembros del grupo demandante (folios 4 y 5, cuaderno 1).

 

Sobre el particular, es indispensable manifestar que este tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 (expediente 11.842) se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por la de daño a la vida de relación y allí se precisó que éste “corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico”, de modo que “debe la Sala desechar definitivamente su utilización”.

 

Posteriormente, la Sala abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, bajo el entendido de que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, por lo que aquél no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas[20].

 

Luego, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala dijo:

 

“(…) que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la     siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación”[21].

 

Por último, en sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014 (expediente 32.988), la Sala dijo que se trata de un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales, que (se trascribe textualmente):

 

“… se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV…” (se resalta).

 

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada línea jurisprudencial, es claro que la indemnización pedida por “daño a la vida de relación” y “menoscabo al buen nombre, la honra y la fama” encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos.

 

En este caso, los testigos citados a folios 187 a 202 del cuaderno 1 manifestaron que, con ocasión de la muerte de Jhon Fredy Arias Mejía, los demandantes sufrieron un profundo dolor y tristeza, lo cual corresponde a un daño moral, el cual ya fue indemnizado en este fallo; por lo tanto, como no obra prueba alguna en el plenario que demuestre que con la muerte del citado joven los acá demandantes resultaron afectados en alguno de sus bienes constitucionalmente protegidos, dicho perjuicio será negado.

 

No obstante, dada la gravedad de los hechos, la Sala, de oficio y a título de medida de reparación integral, ordenará al Ejército Nacional que ofrezca disculpas a los demandantes, por escrito y dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Jhon Fredy Arias Mejía.

 

Adicionalmente, a título de medidas de no repetición, se ordenará a al Ejército Nacional divulgar la presente sentencia en la página web de la entidad, donde  deberá permanecer por lo menos durante seis meses.

 

3.4 Daño a la salud

 

Los actores solicitaron $45’256.161, por la pérdida de la capacidad laboral de la señora Marta Lucía Mejía Usme (folio 5, cuaderno 1); sin embargo, no obra prueba alguna en el plenario que acredite que la citada señora hubiera sufrido quebrantos de salud y menos aún que éstos obedecieran a la muerte de su hijo, por lo que la Sala negará el perjuicio solicitado.

 

  1. CONDENA EN COSTAS

 

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA:

 

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 29 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión y, en su lugar:

 

  1. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por la muerte del señor Jhon Fredy Arias Mejía, ocurrida el 28 de diciembre de 2005.

 

  1. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Marta Lucía Mejía Usme, así como 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Nelson Gabriel Arias Mejía, Olga Nelly Arias Mejía, Javier Alonso Arias Mejía y María Camila Arias Mejía.

 

  1. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, cuarenta y tres millones quinientos veintiún mil sesenta y cuatro pesos con noventa y cuatro centavos ($43’521.064,94).

 

  1. Como medidas de justicia restaurativa, ORDÉNASE a la  Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que realice las siguientes actuaciones: i) que ofrezca a los demandantes disculpas, por escrito y dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Jhon Fredy Arias Mejía y ii) que, una vez ejecutoriada, publique la presente sentencia en la página web del Ejército Nacional, donde deberá permanecer por lo menos durante seis meses.

 

  1. NIÉGANSE las demás pretensiones.

 

SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.

 

TERCERO: Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C. de P.C.

 

CUARTO: Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

 

 

 

 

 

 

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA