CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Bogotá, quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación n.°: 18001 23 31 000 2005 00429 01 (36578)

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN LAS SITUACIONES DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN A LA CIUDADANÍA.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

 

 

 

 

 

 

Bogotá, quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación n.°: 18001 23 31 000 2005 00429 01 (36578)

Actor: Lucila Ramírez Marín y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo

 

 

 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2008 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas acumuladas.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. Síntesis del caso

 

De acuerdo a lo relatado en las demandas presentadas separadamente y luego acumuladas[1], después de que culminara de manera frustrada el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC en el año 2002, el municipio de Puerto Rico (Caquetá) estuvo bajo el terror y boicoteo de este grupo armado al margen de la ley, el cual pretendía mantener el control de la región a través de homicidios selectivos y reiteradas amenazas al personal que integraba la administración municipal, incluidos los miembros del concejo municipal y el secretario de dicha corporación pública. En consecuencia, con el propósito de garantizar su seguridad, la Policía y el Ejército Nacional adoptaron medidas entre las que se incluyó la asignación de escoltas personales y la adopción de protocolos de seguridad en el perímetro urbano del municipio. No obstante, el 24 de mayo de 2005, un día después de que se realizara un simulacro de toma guerrillera, se presentó una incursión subversiva en las instalaciones del concejo municipal cuando se realizaba una sesión ordinaria, produciéndose la muerte del secretario, Hermans Rodríguez Carabalí y de los concejales Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez y Gerardo Collazos Betancourth; en estos hechos también resultó gravemente herida la señora Leibnitz Collazos Betancourth, quien, en su labor de periodista, se encontraba cubriendo la sesión ordinaria del cabildo.

 

  1. Pretensiones

 

En la demanda presentada el 11 de junio de 2005, por Lucila Ramírez Marín y otros[2], en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas (f. 47-62, c. 5):

 

PRIMERA.- Se declare a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA NACIONAL son responsables del daño antijurídico causado con el fallecimiento del señor WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ, quien se desempeñaba como CONCEJAL DE PUERTO RICO-CAQUETÁ, en los hechos ocurridos el día 24 de mayo de 2005, producto del atentado terrorista perpetrado en dicha fecha.

 

SEGUNDA.-  Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad, se condene a LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA NACIONAL, a indemnizar toda clase de perjuicios materiales, daño a la vida en relación y morales ocasionados a LUCILA RAMÍREZ MARÍN, quien actúa en nombre propio, en su calidad de compañera permanente, y en representación de las menores JOHANA ANDREA DÍAZ VILLEGAS y JULIETH GIRALDO VILLEGAS[3]; al igual que JUAN CARLOS, ANA MARÍA, LUZ MYRIAM y ELIZABETH VILLEGAS RAMÍREZ, quienes actúan en su propio nombre y representación, en su calidad de hijos por la muerte del señor WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ.

 

TERCERA.- Que se condene a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-POLICÍA NACIONAL, a pagar a cada uno de los poderdantes perjudicados, las sumas de dinero que a continuación se relacionan, actualizadas al momento en que se haga efectivo el pago, como condena en concreto, de los perjuicios morales ocasionados con el fallecimiento de WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ, condena que se surtirá así:

 

  1. Para la señora LUCILA RAMÍREZ MARÍN, como compañera permanente, la suma equivalente a seiscientos (600) S.M.L.M.V., que a la fecha de la presentación de esta demanda asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($228.900.000) M/CTE.

 

  1. Para la menor nieta JOHANA ANDREA DÍAZ VILLEGAS, como legitima en la causa por la custodia legal asignada en cabeza del fallecido, se le reconocerá como mínimo la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V., que a la fecha de presentación de esta demanda asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($38.150.000) M/CTE.

 

  1. Para la menor nieta JULIETH GIRALDO VILLEGAS, como legitima en la causa por la custodia legal asignada en cabeza del fallecido, se le reconocerá como mínimo la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V., que a la fecha de presentación de esta demanda asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($38.150.000) M/CTE.

 

  1. Para el señor JUAN CARLOS VILLEGAS RAMÍREZ, como hijo legitimo en la causa se le reconocerá como mínimo la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V., que a la fecha de presentación de esta demanda asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($38.150.000) M/CTE.

 

  1. Para la señora ANA MARÍA VILLEGAS RAMÍREZ, como hija legitima en la causa se le reconocerá como mínimo la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V., que a la fecha de presentación de esta demanda asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($38.150.000) M/CTE.

 

  1. Para la señora LUZ MYRIAM VILLEGAS RAMÍREZ, como hija legitima en la causa se le reconocerá como mínimo la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V., que a la fecha de presentación de esta demanda asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($38.150.000) M/CTE.

 

  1. Para la señora ELIZABETH VILLEGAS RAMÍREZ, como hija legitima en la causa se le reconocerá como mínimo la suma equivalente a cien (100) S.M.L.M.V., que a la fecha de presentación de esta demanda asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($38.150.000) M/CTE.

 

CUARTA.- Que como perjuicios materiales o lucro cesante se cancele a favor de nuestras representadas LUCILA RAMÍREZ MARÍN, como compañera permanente; ANA MARÍA VILLEGAS RAMÍREZ, quien no obstante ser mayor de edad, en su calidad de hija legítima discapacitada permanente, dependía económica, social y moralmente de su padre y las menores JOHANA ANDREA DÍAZ VILLEGAS y JULIETH GIRALDO VILLEGAS, como legítimas en la causa por la custodia otorgada por el ICBF al fallecido; las sumas correspondientes a lo devengado por WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ durante el tiempo que le restaba de vida, tomando como promedio los honorarios ordinarios percibidos al momento de su fallecimiento, que eran iguales a la suma de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MCTE ($69.266.66) diarios, que corresponde al valor de un día de salario del alcalde municipal a la fecha de la ocurrencia de los hechos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 617 de 2000; más los incrementos  a que haya lugar, conforme a los decretos que para salarios de los alcaldes expida el Gobierno Nacional y/o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (…).

 

 

QUINTA.- Que como perjuicios al daño en la vida en relación se cancele a favor de cada uno de nuestros representados LUCILA RAMÍREZ,  como compañera permanente y JUAN CARLOS, ANA MARÍA, LUZ MYRIAM y ELIZABETH VILLEGAS RAMÍREZ, como legítimos hijos y JOHANA ANDREA DÍAZ VILLEGAS y JULIETH GIRALDO VILLEGAS, nietas en custodia legítima del fallecido, una suma equivalente como mínimo de quinientos (500) S.M.L.M.V. y máximo de mil (1000) S.M.L.M.V.; es decir máximo a la presentación de esta demanda, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($381.5000.000) M/CTE, para las demandantes.

 

(…)

 

 

Idénticas pretensiones[4] se formularon en las demandas presentadas por (i) Olga Lucía Tovar González y Ximena Alexandra Olarte Tovar, por la muerte del señor Ausencio Olarte Flórez[5] (f. 52-65, c. 1),  (ii) Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos, Waldino Collazos Trujillo, Luis Emidio, Waldino, Dagoberto, Leibnitz y Deiby Johana Collazos Betancourth, por la muerte del señor Gerardo Collazos Betancourth[6] (f. 36-51, c. 6), (iii) Encarnación Perdomo Ramírez, Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo, Ana Julia Carabalí de Rodríguez, Enrique Rodríguez Carabalí y Ceneida Rodríguez de Lucumi, por el deceso del señor Hermans Rodríguez Carabalí[7] (f. 40-55, c. 8), y (iv) Leibnitz Collazos Betancourth, por las lesiones permanentes que le fueron ocasionadas en el atentado terrorista en que su hermano y otros concejales perdieron la vida[8] (f. 149-160, c. 3).

 

  1. Oposición a las demandas

 

3.1. En sendos escritos, la Policía Nacional contestó en el sentido de oponerse a los hechos y pretensiones de las demandas (f. 84-89, c. 5; f. 82-87, c. 1; f. 84-88, c. 6; f. 83-88, c. 8; f. 175-180, c. 3).

 

En síntesis, sostuvo que la fuerza pública, dentro de las limitaciones institucionales, adoptó todas las medidas de seguridad posibles para proteger la vida e integridad del personal que laboraba en el cabildo municipal, esto es, “[s]e estableció zona de seguridad, se restringió la circulación vehicular, se levantaron trincheras defensivas, se les asignaron escoltas; si eso no es cumplir con el deber y velar por la integridad de los funcionarios, no se conoce entonces que más se podría hacer”. En ese orden, esgrimió que la subversión utilizó el elemento sorpresa para perpetrar el ataque, lo cual, aunado a que esta superaba ostensiblemente en número a las unidades policiales y militares acantonadas en el municipio, “fue un hecho humanamente imposible de evitar”.

 

3.2. Por su parte, el Ejército Nacional contestó en el sentido de alegar las siguientes excepciones (f. 98-115, c. 5; f. 96-111, c. 1; f. 71-77, c. 6; f. 96-113, c. 8; f. 189-204, c. 3):

 

(i) Hecho de un tercero. En atención a que los hechos violentos en que perdieron la vida los concejales y el secretario del cabildo municipal tuvieron como únicos autores a miembros de un grupo armado al margen de la ley.

 

(ii) Culpa exclusiva de la víctima. Causal excluyente de responsabilidad a la que se refirió en los siguientes términos:

 

Lo anterior en consideración a que tal y como se manifiesta en la demanda “…para el año 2002 se había terminado el proceso de  paz del gobierno Pastrana y a consecuencia de ello el grupo subversivo FARC empezó a realizar labores de desestabilización institucional, para conservar el control militar de la región del Caquetá y específicamente en el municipio de Puerto Rico, para lo cual trató de evitar realizado en octubre de 2002 mediante amenazas de muerte a los candidatos de cargos de elección popular, sin haber logrado sus cometidos por lo que adelantó tareas de asesinatos selectivos, lográndolo con los alcaldes…durante los meses de enero a mayo de 2005, de manera que existió una amenaza pública y como hecho notorio en contra del concejo municipal y los servidores municipales…”.

 

A pesar de las amenazas existentes, fue convocado el honorable concejo municipal a sesiones ordinarias.

 

De otra parte, y como lo señala la demandante, ya habían asesinado a los alcaldes JOSÉ LIZARDO ROJAS y JHON WILLIAM LOSADA y amenazado a los señores concejales.

 

(…).

 

En el caso específico la actuación de la víctima fue la ÚNICA Y EXCLUSIVA CAUSA DEL DAÑO, ya que a pesar de la situación de supuesta amenaza que existía en contra de los funcionarios públicos, decidieron convocar a sesiones ordinarias.

 

(…).

 

  1. Sentencia recurrida

 

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2008, accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas (f. 197-229, c. ppl.), fundado en que, conforme al material probatorio allegado válidamente al plenario, los daños antijurídicos reclamados quedaron plenamente demostrados, al igual que la grave situación de orden público que se presentaba en parte del departamento del Caquetá que seguía bajo la influencia de las FARC, específicamente en el municipio de Puerto Rico, localidad en la que ya meses antes la subversión había cobrado la vida de otros dos concejales y existían amenazas vigentes con el restante de los cabildantes. En ese orden, consideró que las medidas adoptadas por las demandadas no fueron suficientes para garantizar el ejercicio de la soberanía y la gobernabilidad dentro del ente territorial y, en consecuencia, la vida e integridad personal de los concejales y del secretario del cabildo municipal. Concluyó:

 

En conclusión, del análisis de conjunto de las pruebas documentales y testimoniales que se han mencionado anteriormente, surge para la Sala el convencimiento de la falla del servicio, pues sin lugar a dudas la zona de seguridad sólo simbólicamente producía efectos de ser segura, porque el primer y único ataque que hizo la guerrilla mostró en su plenitud las falencias del plan de acción coordinado: la falta de inteligencia y de acciones preventivas para evidenciar y develar el ataque que se fraguaba, la falta de control en el barrio Puerto Limón como clave en el obrar de la subversión, la falta de acción –reacción al producirse el ataque (el centinela y los escoltas no actuaron tan pronto ingresó el carro con el comando guerrillero); la falta de planeación y prevención en la movilidad del personal militar (no contaba con vehículos para su desplazamiento ni con medios de comunicación para estar en contacto con las autoridades comprometidas en el plan de seguridad) y en concreto no se dio el cumplimiento del plan ni de las obligaciones constitucionales que se analizaron, cuando el Ejército y la Policía no eran superados en hombres ni en armas por el comando subversivo y un exceso de confianza o un defecto del plan, permitió que el hecho se produjera.

 

(…).

 

 

En relación a los perjuicios morales, el a-quo consideró que no solo se tiene acreditado el dolor moral que el deceso de sus parientes le produjo a los demandantes, sino que también lo está que estos debieron desplazarse forzadamente por causa del conflicto armado, en ese orden, reconoció a favor de cada uno[9] la suma equivalente a cien (100) s.m.l.m.v.; no obstante, en lo que tiene que ver con la demandante Leibnitz Collazos Betancourth, sostuvo que “ha recibido una mayor afección de su aspecto psíquico y moral, pues no solo ha padecido los dolores y sufrimientos que las lesiones le causaron y los tratamientos médicos y quirúrgicos que ha debido realizarse para la recuperación de su salud, también ha sufrido por su merma física y a ello se aúna la pérdida de su hermano concejal GERARDO COLLAZOS BETANCOURTH y el desplazamiento de que fuera objeto hacia la república de Canadá, el Tribunal, en equidad, ordena que se le pague por el ente demandado el equivalente en pesos de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo que se produzca su pago”.

 

De otro lado, para la liquidación de los perjuicios materiales utilizó las fórmulas de matemáticas financieras adoptadas por esta Corporación para determinar el monto del lucro cesante, tomando para unos casos –en los que se logró acreditar– los ingresos mensuales de los occisos, y en otros el s.m.l.m.v., de manera que reconoció este perjuicio a favor de las compañeras permanentes y de los causahabientes de los occisos; en relación con estos últimos hasta la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años.

 

En lo que tiene que ver con la demandante Leibnitz Collazos Betancourth, condenó en abstracto por no estar acreditado el monto de la incapacidad laboral de la misma.

 

Finalmente, reconoció a favor de la señora Liz Claudia Puerta Oliveros, y la menor Danika Lizeth Collazos Puerta, la suma de cincuenta (50) s.m.l.m.v. para cada una, y a favor de la señora Leibnitz Collazos Betancourth la suma cien (100) s.m.l.m.v., por concepto de “PERJUICIOS A LA VIDA EN RELACIÓN”, en tanto los consideró demostrados.

 

  1. Recursos de apelación

 

Inconformes con la decisión, el Ejército y la Policía Nacional interpusieron sendos recurso de apelación (f. 231 y 234, c. ppl.). No obstante, por no aportar el respectivo poder que lo autorizara como apoderado judicial, no se tuvo en cuenta el escrito presentado por el abogado Rigoberto Sierra Salas en nombre de la Policía Nacional; de manera que el Tribunal Administrativo del Caquetá solo concedió el recurso interpuesto por el Ejército Nacional (f. 236, c. ppl.), el cual fue sustentado en el sentido de que se revoque la sentencia para que, en su lugar, se denieguen las pretensiones (f. 259-269 c. ppl.).

 

En síntesis, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de oposición a la demanda y adujo que constitucionalmente no corresponde al Ejército Nacional vigilar de manera personalizada a un particular o grupo de civiles, “ni la de establecerse en una parte específica del territorio para garantizar la seguridad exclusiva de un grupo social y de manera indefinida, sino que por el contrario la de proteger todo el conglomerado” y “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

 

  1. Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público

 

7.1. El extremo activo de la litis reiteró los planteamientos de las demandas (f. 283-287, c. ppl.), al tiempo que allegó a la actuación el original de la historia Clínica y “evaluación medico científica realizada a la señorita LEIBNITZ COLLAZOS BETANCOURTH, en el CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TROIS-RIVIERS” (f. 288-310, c. ppl.)[10].

 

7.2. Por su parte, el Ejército y la Policía Nacional insistieron en los planteamientos de su defensa, expuestos durante el iter procesal (f. 311-333 y 334-335, c. ppl.).

 

7.3. El Ministerio Público conceptuó en el sentido de que se confirme la sentencia de primer grado, por encontrarse configurados los presupuestos de la responsabilidad extracontractual de las entidades accionadas, no obstante, puso de presente que “no puede perderse de vista el entorno jurídico dentro del cual debe desenvolverse la segunda instancia, limitada por la circunstancia de que existe apelante único (…), en cuyo exclusivo beneficio habrá de resolverse lo atinente a la condena que le viene impuesta y que son sus argumentos defensivos los que limitan el marco de esta instancia”.

 

 

 

 

 

  1. CONSIDERACIONES

 

  1. Presupuestos procesales de la acción

 

1.1.       Competencia

 

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988[11], para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta Corporación.

 

1.2.       Caducidad

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

 

En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver, de un lado, con la muerte de los señores Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez, Gerardo Collazos Betancourth y Hermans Rodríguez Carabalí, y, de otro, por las lesiones permanentes sufridas por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, en hechos ocurridos el 24 de mayo de 2005. De ahí que las demandas debían presentarse hasta el 25 de mayo de 2007 y como lo fueron los días 11 de octubre de 2005 y 20 de junio de 2006, resulta evidente su oportunidad conforme al término previsto por la ley (art. 136 del C.C.A.).

 

2.- Cuestión previa

 

En consideración a que el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2008, resolvió condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional por los daños alegados en las demandas acumuladas, de manera que solo la parte demandada controvierte; procede la Sala a determinar si en el sub-judice se encuentran estructurados los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de las accionadas por el deceso violento de los señores Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez, Gerardo Collazos Betancourth y Hermans Rodríguez Carabalí, así como por las lesiones permanentes sufridas por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, a manos de un grupo subversivo.

 

Comoquiera que se dirá, en respuesta a la cuestión anterior, que sí se genera la responsabilidad del extremo pasivo de la litis, entonces será necesario determinar si los montos de indemnización fijados por el a-quo le son desfavorables, en la medida en que hayan sido excesivos o, si por el contrario, el fallo recurrido debe ser confirmado en todas sus partes. Ello, dadas las condiciones en que se surte la segunda instancia –garantía del principio de la non reformatio in pejus–.

 

3.- Análisis del caso

 

3.1 El daño antijurídico

 

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho[12]”.

 

En el sub-exámine, se encuentra debidamente acreditado que el señor Willard Villegas González falleció el 24 de mayo de 2005, conforme indica el registro civil de defunción allegado al proceso por la parte demandante (f. 27, c. 5), también da cuenta de ello la copia del acta de levantamiento e inspección al cadáver n.° 046, en la que se indica como causa de su deceso “SHOCK HIPOVOLÉMICO Y NEUROGÉNICO SECUNDARIO A MÚLTIPLES HERIDAS POR ARMA DE FUEGO” (f. 30-33, c. 5).

 

Así mismo, está demostrado que la víctima mencionada, era: (i) padre de Juan Carlos, Ana María, Luz Miryam y Elizabeth Villegas Ramírez, y (ii) compañero estable de Lucila Ramírez Marín (registros civiles de nacimiento y declaración juramentada de compañeros permanentes, rendida en la Notaría Segunda del Círculo de Florencia – f. 13-16, y 8, c. 5).

 

También, se encuentra debidamente acreditado que Ausencio Olarte Flórez falleció en la fecha mencionada, conforme indica el registro civil de defunción (f. 6, c. 1) y la copia del protocolo de necropsia, en la que se concluye: “[a]dulto mayor quien fallece por shock neurogénico secundario de shock hipovolémico secundario a múltiples heridas por arma de fuego” (f. 11-16, c. 1).

 

De otro lado, se probó que Ausencio Olarte Flórez era: (i) compañero estable de Olga Lucía Tovar González y (ii) padre de Ximena Alejandra Olarte Tovar (declaraciones rendidas dentro del trámite contencioso por las señoras Neida Bermeo Betancur y Olga Beatriz Triana Vela y registro civil de nacimiento – f. 52-54, 55-57, c. 2; f. 4, c. 1).

 

En lo que tiene que ver con el señor Gerardo Collazos Betancourth, está demostrado que también falleció el 24 de mayo de 2005, conforme da cuenta el registro civil de defunción y copia del acta de levantamiento e inspección al cadáver n.° 049, donde se indica como circunstancias de la muerte “CON ARMA DE FUEGO, MUERTE VIOLENTA, PRESUNTO HOMICIDIO” (f. 10 y 28-30, c. 6).

 

Gerardo Collazos Betancourth era (i) cónyuge de Liz Claudia Puerta Oliveros, (ii) padre de Danika Lizeth Collazos Puerta, (iii) hijo de Waldino Collazos Trujillo y Elena Betancourth de Collazos, y (iv) hermano de Luis Emidio, Waldino, Dagoberto, Leibnitz y Deiby Johana Collazos Betancourth (registros civiles de matrimonio y nacimiento – f. 5, 6, 8, 12-16 c. 6).

 

Con respecto al señor Hermans Rodríguez Carabalí, se tiene que igualmente su deceso ocurrió el 24 de mayo de 2005. Ello se desprende de la lectura del registro civil de defunción y de la copia del acta de levantamiento e inspección al cadáver, última en la que se indica como causa aparente de muerte “MÚLTIPLES HERIDAS POR ARMA DE FUEGO-FUSIL” (f. 11 y 25-27, c. 8).

 

El señor Hermans Rodríguez Carabalí era: (i) cónyuge de Encarnación Perdomo Ramírez y (ii) padre de Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo (registros civiles de matrimonio y nacimiento –f. 6 y 7-10, c. 8).

 

Vale aclarar que no se logró acreditar la calidad de madre y hermanos de los señores Ana Julia Carabalí de Rodríguez, Enrique Rodríguez Carabalí y Ceneida Rodríguez de Lucumi, respectivamente, en tanto no se aportó el registro civil de nacimiento del occiso. Circunstancia que no fue objeto de prueba de oficio en esta instancia, en atención al principio de non reformatio in pejus previamente referenciado, toda vez que el a-quo denegó las pretensiones en relación con los mencionados actores.

 

Finalmente, se demostró que la señora Leibnitz Collazos Betancourth resultó gravemente herida en los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2005 en las instalaciones del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá), cuando se encontraba grabando la sesión del cabildo; de ello da cuenta el oficio C.M. – 034 suscrito por el presidente de dicha corporación pública, el 15 de marzo de 2007 (f. 46-47, c. 10) y la historia clínica allegada al proceso por la actora (f. 5-148, c. 3), en donde se lee, entre otras lesiones, de las siguientes radiografías que le fueron practicadas en la E.S.E. Hospital El Tunal:

 

(i) Muñeca izquierda (f. 9, c. 3):

 

Secuelas de fractura por arma de fuego que compromete el primer y segundo metacarpiano fractura conminuta de estos ni callo óseo en formación.

 

Amputación proximal del quinto dedo.

 

Osteoporosis por desuso.

 

Hay múltiples fragmentos metálicos en los tejidos blandos carpianos y vecinos a la fractura metacarpiana.

 

(ii) Extremidad superior derecha (f. 10, c. 3):

 

Fractura conminuta con desplazamiento de fragmentos en la diáfisis y base del segundo metacarpiano. Fractura de la base del primer metacarpiano con afrontamiento de segmentos y fractura conminuta del trapecio, reducidas con clavos.

 

Hay fragmentos metálicos en tejidos blandos.

 

(iii) Rodilla izquierda (f. 11, c. 3):

 

Estudio técnicamente deficiente en donde se observa fractura conminuta del cóndilo interno del fémur izquierdo el cual se mantiene en buen eje y buen afrontamiento de los fragmentos mediante tornillos de osteosíntesis.

 

Ahora, sabido es que la muerte de un ser querido, las perdidas anatómicas y las secuelas de violencia en el cuerpo, ocasionan sufrimiento, congoja y aflicción, amén de perjuicios de orden patrimonial.

 

Por tanto, dado que se encuentran demostrados los daños antijurídicos alegados por la parte actora, pasa la Sala a analizar si son imputables a las entidades demandadas y, en consecuencia, a determinar si es menester revocar o no la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones.

 

3.2. Imputación

 

En las demandas se atribuyó el daño a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional por cuanto, se afirma que, pese a la grave situación de orden público que se vivía en el municipio y a las conocidas amenazas que existían en contra de los miembros del concejo municipal, no adoptaron medidas suficientes para garantizar la vida e integridad personal de los cabildantes.

 

En sentido, de acuerdo con el criterio de esta Sala[13], la vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos. De manera que, frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)[14].

 

La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones[15]:

 

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos[16]– ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo[17]. En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta Corporación ha dicho recientemente:

 

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal[18].

 

Además, la Corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, infringieron estándares normativos de orden legal, constitucional y convencional. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, éstas no la protegen[19] o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes[20], o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla[21]. Al respecto, esta Subsección ha señalado[22]:

 

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente[23].

 

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona[24] (Se subraya).

 

En vista de ello, es preciso analizar si las entidades demandadas –Policía Nacional y Ejército Nacional– incurrieron en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo cierto e inmediato de la integridad física de los cabildantes del municipio de Puerto Rico (Caquetá) y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitieron prestar medidas de seguridad eficientes a su favor o las brindaron de forma inadecuada.

 

Sea lo primero señalar que la lectura del plenario no permite concluir que alguna autoridad haya provocado directamente las muertes y lesiones por las que se demanda, pues no se tiene prueba alguna de que miembros de la Policía o del Ejército hayan participado en el ataque del cual fueron víctimas mortales los señores Hermans Rodríguez Carabalí, Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez y Gerardo Collazos Betancourth, y en donde resultó gravemente herida la señora Leibnitz Collazos Betancourth. Circunstancia que, en principio, permitiría eximir de responsabilidad a las entidades, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado.

 

Sin embargo, en vista de que la responsabilidad del Estado puede surgir frente a hechos de terceros cuando es precisamente la infracción a un deber funcional el que contribuyó en la producción del daño antijurídico, debe establecerse, se reitera, si los daños antijurídicos alegados les son imputable a las demandadas por no haber protegido su vida e integridad física.

 

Este propósito exige esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes y las lesiones de autos, la situación de orden público en la zona, la naturaleza de las amenazas en contra de los concejales, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que éstas adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

 

En ese orden, procede la Sala a estudiar los elementos probatorios que reposan en el plenario a efectos de establecer si se está o no en presencia de un evento de responsabilidad extracontractual del Estado. Ahora bien, respecto a las circunstancias en las que acaecieron las muertes y lesiones por las que ahora se demanda, obran en el expediente los siguientes:

 

(i) Constancia del 24 de junio de 2002 suscrita por el personero municipal de Puerto Rico, Caquetá, en la que se consigna (f. 38, c. 5):

 

Que el señor WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ, identificado con la C.C. n.° 4.501.008 de Pereira, en su calidad de presidente del concejo municipal, elegido mediante elección popular el 29 de octubre de 2000, ha recibido amenazas en contra de su vida por su misma condición, razón por la cual debe abandonar el respectivo municipio (…).

 

Que según orden directa de grupos al margen de la ley, debe presentar su respectiva renuncia o de lo contrario será declarado objetivo militar, situación que se presenta en gran parte del territorio nacional.

 

(…).

 

(ii) Declaración juramentada rendida, el 24 de junio de 2002, por el señor Ausencio Olarte Flórez ante la Defensoría del Pueblo Seccional Caquetá (f. 22-23, c. 1):

 

(…) PREGUNTADO: Diga a este despacho los motivos de su declaración. CONTESTÓ: Primero que todo quiero declarar que me he visto obligado a desplazarme del sitio donde tengo mis bienes y ejercía mi actividad por amenazas contra mi vida y la de mi familia, proferidas en mi contra por las FARC. El primero de junio fuimos notificados a través de un panfleto y razones personales de que debimos renunciar a nuestros cargos y teníamos plazo para ello hasta el tres de junio, de lo contrario sería declarado objetivo militar por parte de esa organización. En mi caso muy personal la amenaza fue tomada muy en serio debido a que cuatro años atrás ya había sido secuestrado por la misma columna que esta vez me amenazaba. PREGUNTADO: Ha recibido amenazas o agravios algún otro integrante de su grupo familiar. CONTESTÓ: No, porque al momento de mi desplazamiento lo hago con toda mi familia. PREGUNTADO: De qué grupo al margen de la ley provenían las amenazas. CONTESTÓ: Las amenazas provienen de la columna Teófilo Forero de las FARC. (…). PREGUNTADO: Ha puesto en conocimiento de alguna otra autoridad administrativa o judicial los hechos acaecidos. CONTESTÓ: Sí, el día viernes veintiuno (21) de junio denuncié el hecho ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia que quedó radicada bajo el número 0640, sometida a reparto. Tiene conocimiento del mismo hecho la Personería de Puerto Rico Caquetá, el señor gobernador del departamento, el alcalde municipal de Puerto Rico, mis doce compañeros de corporación y la opinión pública que suficientemente se ha ilustrado a través de los medios de comunicación (…).

 

(iii) Copia de la comunicación del 29 de agosto de 2003 dirigida al comandante encargado del departamento de Policía del Caquetá y suscrita por el señor Ausencio Olarte Flórez (f. 45, c. 1):

 

(…).

 

Como concejal activo del municipio de Puerto Rico y candidato a la relección a esa misma corporación, permítame expresarle mi profunda preocupación por algunos movimientos de constante vigilancia y seguimiento por parte de personas ajenas a mi entorno y algunos comentarios de personas cercanas que expresan su temor por mi seguridad personal porque está “caliente” mi situación al visitar el municipio de Puerto Rico el pasado 16 de agosto, acompañado de dos escoltas privados y dos agentes de policía, estos últimos gracias a la generosidad del mayor MARCO AURELIO SANDOVAL.

 

Me encuentro inscrito en el programa de protección del Ministerio del Interior, el cual me dotó de algunos elementos como chaleco antibalas y celular, los cuales son insuficientes para garantizar mi integridad física, pues no poseo arma, ni escolta y debo movilizarme en esta ciudad (Florencia) donde estoy ejerciendo mi cargo.

 

Solicito se tomen las medidas necesarias que garanticen mi vida, como la asignación de un escolta y un esquema de vigilancia en los lugares que más frecuento, como el sitio en donde me reúno para sesionar, la Alcaldía de Puerto Rico aquí en la ciudad, el restaurante y el lugar donde vivo.

 

(…).

 

(iv) Copia de la comunicación del 8 de septiembre de 2003, dirigida al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y suscrito por el señor Ausencio Olarte Flórez (f. 46, c. 1):

 

Permítame remitir a usted copia del oficio entregado al departamento de Policía Caquetá, agregando al presente que aún no recibo ninguna respuesta a mis inquietudes expresadas en él.

 

A la vez le informo, convencido que este país va a cambiar y me corresponde como colombiano más, ayudar para que eso suceda, puse mi nombre a consideración de mis coterráneos para aspirar de nuevo al cargo de concejal que hoy ejerzo con todas las dificultades y amenazas que usted conoce.

 

Muy comedidamente le solicito coordinación con las autoridades de Caquetá mi regreso al municipio de Puerto Rico, para poder adelantar mi campaña de reelección.

 

(…).

 

(v) Copia del escrito del 8 de septiembre de 2003, dirigido al comandante de la estación de Policía de Puerto Rico (Caquetá) y suscrito por el señor Ausencio Olarte Flórez (f. 47-48, c. 1):

 

Con toda consideración y aprecio me dirijo a usted para poner en conocimiento informaciones recaudadas a través de algunos dirigentes de mi Movimiento de Participación Popular.

 

Los días jueves 2 de septiembre (sic) tuve acceso a una amenaza directa en contra de mi vida y bienes proferida en la alta aguililla por alias IVÁN jefe de la O.N.T. Farc Columna Teófilo Forero que opera en esta región, el cual expresó que la consigna es no de dejarme llegar vivo a diciembre.

 

El 09 de septiembre recibo otra información confirmando la anterior y en donde además me dicen que las FARC están indagando por mis propiedades para atentar contra ellas pretendiendo hacerme daño económicamente.

 

Que el frente 14 está preparando un atentado dinamitero contra alguna presunta propiedad en la cual no tengo ningún vínculo y solo participé en su fundación hace varios años. Estas informaciones fueron confirmadas a través de varios amigos que se dieron a la tarea de investigar con unas fuentes cercanas a esa organización al margen de la ley.

 

(…).

 

De manera comedida le solicito hacer lo pertinente para evitar que esas amenazas se cumplan y pueda seguir desarrollando mi labor al servicio de mi comunidad como concejal de este municipio. Le pido la estudiar la posibilidad de reforzar mi escolta personal y dotarla de armas más eficaces, toda vez que ya cuento con buenos equipos de comunicación para facilitar su labor en procura de preservar mi vida, la cual siento en gran riesgo por mi condición de dirigente de la segunda fuerza política con presencia en corporaciones públicas en mi municipio.

 

Mi vocación de demócrata me obliga a expresarle a usted y al Gobierno Nacional que mientras las condiciones de seguridad se me mantengan, seguiré ofreciendo mis servicios a la patria.

 

(…).

 

(vi) Copia de la denuncia n.° 0826 elevada ante la Fiscalía General de la Nación por el señor Willard Villegas González, el 24 de junio de 2004 (f. 35-37, c. 5):

 

(…)

 

RELATO DE LOS HECHOS: Describir las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos. PREGUNTADO: Haga al despacho un relato claro y conciso sobre los hechos que motivan su denuncia. CONTESTÓ: Yo soy concejal del municipio de Puerto Rico, Caquetá y el motivo de mi denuncia obedece a los siguientes hechos. en el mes de febrero de 2004, en la vereda Cimitarra de Puerto Rico, Caquetá, en la escuela florida n.° 2, la comunidad hizo una reunión y ahí aparecieron unos subversivos, entre ellos alias el pollo y el indio, quienes manifestaron que la comunidad no pidiera nada al gobierno municipal o departamental, y que está bueno era pa’ quemar (ilegible) (…). PREGUNTADO: Diga exactamente a esta Fiscalía como son las amenazas recibidas. CONTESTÓ: Son amenazas verbales por parte de la guerrilla donde nos declaran objetivo militar. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía si con anterioridad había recibido amenazas y por parte de quién. CONTESTÓ: En el año 2002, la misma columna Teófilo Forero me declaró objetivo militar porque no renuncié a mi cargo como concejal. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía por qué motivo usted cree que lo están amenazando. CONTESTÓ: Porque soy concejal del municipio de Puerto Rico, Caquetá. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía qué personas son testigos de los hechos denunciados por usted. CONTESTÓ: Los mismos concejales y la comunidad del municipio. PREGUNTADO: Diga al despacho si tiene algo más que decir, agregar o enmendar a esta diligencia. CONTESTÓ: Que en los últimos días han hecho atentados contra tres compañeros concejales del municipio (…).

 

(vii) Oficio D.A. n.° 0718 del 30 de octubre de 2006, suscrito por el alcalde encargado de Puerto Rico, Caquetá (f. 23-24, c. 4):

 

En atención a lo solicitado en el oficio n.° 1400 de fecha 02 de octubre del año en curso, me permito enviar a ese honorable tribunal la información requerida, en los siguientes términos:

 

1.- CERTIFICO que para el día 24 de mayo de 2005, se llevó a cabo en ese municipio un ataque por parte de la columna móvil Teófilo Forero de la agrupación guerrillera FARC, en la que perdieron la vida los siguientes concejales: JOSÉ AUSENCIO OLARTE FLÓREZ, GERARDO COLLAZOS BETANCOURTH, WILLARD VILLEGAS Y SILVIO MESA, al igual que el secretario de la corporación HERMANS RODRÍGUEZ CARABALÍ.

 

2.- Por información de los mismos concejales, se tuvo amplio conocimiento que habían sido amenazados, razón por la cual se le asignaron escoltas por parte de la Policía y Ejército acantonado en este municipio. Igualmente aún pesa una amenaza por parte de esta organización guerrillera en contra del alcalde titular JORGE HERNANDO CALDERÓN PERDOMO.

 

3.- Para la fecha en que se cometió el ataque contra los concejales, estos se encontraban en sesiones ordinarias en el recinto que había adecuado para ello.

 

(…).

 

(viii) Oficio n.° 2920 del comando del departamento de Policía del Caquetá (f. 25-29, c. 47):

 

En atención a solicitud de la referencia, informó los resultados de la búsqueda en los archivos existentes en este comando.

 

  1. En cuanto a la situación de amenaza que se encontraban (sic) los concejales de Puerto Rico, se logró constatar:

 

En el mes de enero de 2005, desconocidos hicieron llegar a las instalaciones del Concejo del municipio de Puerto Rico un documento en el cual se plasma una amenaza contra el presidente de la corporación, donde se le pide que renuncie a su cargo o de lo contrario sería declarado objetivo de acciones armadas.

 

El 29/05/04, guerrilleros pertenecientes a la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, emitieron un comunicado en el municipio de San Vicente del Caguán, donde señalan que los alcaldes y concejales de los municipios de su área de influencia, han sido declarados objetivo militar.

 

(…).

 

En atención al punto cinco, el folio Nro. 63 del 240505 del LIBRO DE MINUTA DE SERVICIO de la Estación de Policía de Puerto Rico, indica que contaba con 28 policiales laborando y 01 policial en vacaciones así:

 

(…)

 

  1. En atención a los hechos ocurridos desde octubre de 2003, proceso electoral, hasta mayo del 2005 en Puerto Rico Caquetá, donde murieron concejales y alcaldes, este comando fue informado de los siguientes casos por parte del comandante de esa estación de Policía.

 

El día 11 de febrero de 2005 siendo las 11:00 horas aproximadamente, momentos en que se desplazaba en vehículo, a la altura del sitio denominado San José, vía que conduce de Puerto Rico a El Doncello, se hallaba un retén ilegal por parte de subversivos y fue asesinado el señor concejal del municipio de Puerto Rico ARMANDO ANTONIO ZAFRA DUQUE; asimismo ultimaron a su hermano SIGIFREDO ZAFRA DUQUE ex-concejal de la localidad; heridos el señor ARMANDO ZAFRA LONDOÑO, ocupación conductor y el menor VÍCTOR ALFONSO CARABALÍ ZAFRA.

 

El día 09 de abril de 2005 siendo las 10:00 horas, en el salón comunal del barrio Puerto Limón del municipio de Puerto Rico, fue asesinada por dos sujetos desconocidos la concejal de esa localidad MIRIAM MARTÍNEZ HURTADO, quienes la atacaron con arma de fuego, en momentos en que se encontraba en actividad lúdica con la comunidad.

 

  1. Mediante polígama 188 radicado en el LIBRO MINUTA DE POLÍGAMAS SALIDOS, folios 96, 97, 98 de fecha 040505, el comandante de estación Puerto Rico de la época, mayor ORTIZ SANTACRUZ MAURICIO, informa sobre los hechos ocurridos así:

 

El 24/05/05 siendo las 14:30 horas, en momentos en que se encontraban reunidos en el Concejo Municipal los seis concejales del municipio, mientras se encontraban sesionando, llegó una camioneta de color vino tinto sin más características, de la cual se bajaron personal (sic) con armamento de largo alcance, los cuales vestían prendas militares del EJERCOL disparando contra la garita Nro. 2 mientras otro grupo fuertemente armado entraba al concejo disparando contra la humanidad de los señores concejales del municipio y lanzando granadas a los alrededores de las cuales no todas explotaron. Inmediatamente personal de esta unidad activó plan defensa instalaciones (sic) y respondió al ataque del grupo armado. Posteriormente llegó personal de apoyo del EJERCOL. Concejales fallecidos GERARDO COLLAZOS BETANCOURTH, WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ, JOSÉ AUSENCIO OLARTE FLÓREZ, SILVIO MEZA GARCÍA, GERMAN (sic) RODRÍGUEZ CARABALÍ; concejales heridos LUIS ENRIQUE FIERRO IMBACHI y JHON FERNEY ROSALES SÁNCHEZ; LENNIS (sic) COLLAZOS se encontraba grabando la sesión (…).

 

(ix) Copia del “PLAN DE ACCIÓN COORDINADORA CON LA POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE EMITE EL COMANDO DE LA COMPAÑÍA FURIA PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ”, de mayo de 2005 (f. 187-200, c. 4):

 

(…)

 

  1. SITUACIÓN

 

Enemigo

 

La sexta compañía de CMTFC de la ONT FARC –AUI, delincuencia común y organizada, con capacidad de organizar ataques en especial al municipio de Puerto Rico, pretende realizar acciones terroristas contra tropas destacadas, en los puntos neurálgicos, establecidos en el dispositivo de seguridad para el municipio de Puerto Rico, con capacidad además de movilizar los frentes guerrilleros que delinquen en el Caquetá, Meta, Huila y Guaviare.

 

Propias Tropas

 

Compañía Furia

Pelotón de soldados campesinos

Pelotón de Tigre Uno

Policía Nacional del municipio de Puerto Rico

 

(…).

 

  1. MISIÓN

 

EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 36 “CAZADORES” CON LA COMPAÑÍA FURIA EN LA BASE MILITAR DE “PUERTO RICO”, UBICADA EN EL CERRO 100 DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ, ORGANIZA UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SECTOR URBANO Y ALREDEDORES, A FIN DE NEUTRALIZAR LAS PRETENSIONES DE LAS ONT, GARANTIZANDO LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, EVITANDO EL ASALTO A LAS INSTALACIONES, LA PÉRDIDA DE VIDAS Y EL ROBO DE MATERIAL.

 

 

(x) Copia de acta de levantamiento e inspección al cadáver n.° 049, correspondiente a Gerardo Collazos Betancourth, en la que se consigna (f. 28-30, c. 6):

 

INVESTIGACIÓN PREVIA: SE PUDO ESTABLECER QUE SIENDO LAS 2:20 PM, DEL 24 DE MAYO DEL 2005, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO CAQUETÁ, UN GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, INGRESÓ DE FORMA VIOLENTA, MOVILIZÁNDOSE EN UNA CAMIONETA DE COLOR VINO TINTO, DE CARROCERÍA DE ESTACA, HASTA LAS INSTALACIONES DONDE CESIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, ABRIENDO FUEGO DISCRIMINADO, CON ARMAS DE LARGO ALCANCE, TANTO A LOS CONCEJALES QUE SE ENCONTRABAN REUNIDOS COMO AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE SE ENCONTRABA DE ESCOLTA Y EN UNA GARITA QUE SE ENCUENTRA CERCA A LAS INSTALACIONES DONDE OCURRIERON LOS HECHOS.

 

(xi) Copia de acta e inspección al cadáver n.° 049, correspondiente a Willard González Villegas, en la que se consigna (f. 28-30, c. 6):

 

INVESTIGACIÓN PREVIA: SE PRESENTÓ UN ATAQUE POR UN GRUPO DE PERSONAS AL MARGEN DE LA LEY, AL PARECER PERTENECIENTES A LA COLUMNA TEÓFILO FORERO, QUIENES EN UN VEHÍCULO COLOR VINO TINTO TIPO CAMIONETA DE ESTACAS, INGRESARON A ALTA VELOCIDAD, ABRIÉNDOSE PASO CON ARMAS DE FUEGO DE ALTO ALCANCE Y GRANADAS DE FUSIL, DISPARANDO HACIA LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUIENES SE ENCONTRABAN SESIONANDO, PRODUCIENDO LA MUERTE DE ESTE CONCEJAL Y TRES CONCEJALES MÁS, ADEMÁS DEL SECRETARIO DEL CONCEJO. IGUALMENTE DEJANDO GRAVEMENTE HERIDAS A CINCO PERSONAS MÁS.

 

(…)

 

(xii) Copia de la declaración rendida por el teniente del Ejército Nacional, Luis David Benítez Núñez, dentro de la investigación penal militar que se inició por los hechos de la demanda (f. 63-78, c. 4):

 

(…) Ese día entre las nueve y diez de la mañana me encontraba acá en la base militar de Puerto Rico, de acuerdo a lo ordenado por mi capitán VELÁSQUEZ, comandante de la Compañía Furia, para terminar los folios de vida de los suboficiales de mi pelotón, que se tenía plazo al 25 o 26 del mes de mayo, para entregarlos al comando superior. A eso de las 14:30 horas aproximadamente se escucharon unos disparos hacia el sector del pueblo; se me reportó el cabo CASTAÑEDA por radio HT1000, informándome que los disparos eran hacia el sector de Puerto Limón y que él se encontraba en la alcaldía y había asegurado ya al alcalde. De igual forma procedí a informarle a mi capitán VELASQUEZ la ubicación del cabo CASTAÑEDA y que el alcalde se encontraba bien y que el ataque o los disparos eran hacían el sector de Puerto Limón. Procedí de una vez a dirigirme hacia mi dispositivo en el sector del Puente Guayas, porque uno sabe cuándo sucede eso la forma y los sitios como uno debe reaccionar de acuerdo al dispositivo que uno tiene en el municipio de Puerto Rico. De ahí se tomó la seguridad en el dispositivo y le ordené al cabo CASTAÑEDA que no dejara sacar al alcalde hacia ningún lado de acuerdo a lo ordenado por mi capitán VELÁSQUEZ, que él ya se dirigía para los sitios donde se habían presentado los disparos. Llegué al dispositivo y asumí la seguridad de mi dispositivo (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho al cuanto tiempo de que se escuchan los primeros disparos sale usted de la base militar de Puerto Rico y al cuánto tiempo llega a su lugar de destino. Especifique mediante qué medio realizó su desplazamiento y cuál fue la ruta que tomó para este. CONTESTADO: Entre cinco y siete minutos salgo de la base, y llego al dispositivo Puente Guayas aproximadamente a los veinte minutos, este desplazamiento lo hice a pie, el desplazamiento lo hice por la vía principal saliendo de la base hasta el sector de la electrificadora (…). PREGUNTADO: Diga al despacho cómo estaba organizada la unidad bajo su mando para el 24 de mayo de 2005, cuántos hombres la componían y quiénes eran los comandantes, precisando la ubicación de las tropas a tiempo de que sucedieron los hechos. CONTESTÓ: FURIA DOS está compuesta por cuatro escuadras, la primera escuadra a mando mío pero ese día 24 de mayo en horas de la mañana me había desplazado para la base militar de Puerto Rico con cinco hombres, quedando en el dispositivo Río Guayas tres soldados al mando del C3 CASTAÑEDA con siete hombres, se encontraban ubicados al momento de los hechos en la alcaldía, la tercera al mando del SS BLANDON, siete hombres, ubicación al tiempo de los hechos, no me acuerdo, sé que había en la mañana una patrulla en la alcaldía al mando de no me acuerdo de quién y en la tarde estaba la de CASTAÑEDA. La cuarta escuadra al mando del CP. VARGAS, siete hombres, ubicación a tiempo de los hechos no me acuerdo (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si para el momento de los hechos se encontraba personal militar en la localidad de Puerto Rico, diferente al integrante de FURIA DOS. En caso positivo, al mando de quién estaban estos y que ubicación tenían. Precisando en qué momento y mediante qué medio se comunican (sic) con usted. CONTESTADO: Sí había personal, una patrulla de FURIA TRES al mando del C3. REYES sobre el sector del Hospital Local y una patrulla de FURIA CUATRO al mando del C3 QUINTINILLA, si no estoy mal estaba llegando al parque central. La del cabo CASTAÑEDA de FURIA DOS que se encontraba en la alcaldía (…).

 

 

(xiii) Copia de la declaración rendida por el sargento viceprimero del Ejército Nacional, Nilson Marino Marquínez Estupiñán, dentro de la investigación penal militar que se inició por los hechos de la demanda (f. 81-97, c. 4) –se destaca–:

 

(…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si con anterioridad y para el día de los hechos se encontraba montado algún dispositivo en el Barrio Puerto Limón. En caso positivo especifique al mando de quién se encontraban las tropas. CONTESTADO: El día anterior a los hechos tengo conocimiento que se encontraba una seguridad con el grupo Meteoro en ese barrio, pero ellos por la mañana se desplazaron a cumplir una misión a San Vicente, no sé a qué horas se fueron. En ese sector de Puerto Limón no había un puesto fijo desde hace aproximadamente un mes antes de los hechos. Yo fui el último que estuvo cubriendo dispositivo en ese lugar, y me había ido de allí hacía como un mes antes de ocurrir los hechos, allí no quedaron tropas, ahora estoy nuevamente allí desde hace tres días. Siempre se mandaban patrullas para ese sector, por orden del comandante de la base, mi capitán VELÁSQUEZ, estas patrullas no las hacía un pelotón determinado sino que salían de todos los pelotones y consistía en ir a hacer presencia y hablar con la gente. Esta patrulla se hacía con horario también, y el horario se cumplía por orden del comandante de la base. La patrulla se hacía por la mañana, salía a las siete de la mañana, y por la tarde a las trece horas, pero no era tropa permanente en dicho sitio, sino que iban y se devolvían. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si para el día de los hechos se había cumplido con esta patrulla en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. En caso positivo quién la hizo. CONTESTADO: No tengo conocimiento, porque la patrulla de soldados campesinos a los cuales les correspondía hacer esa patrulla en las horas de la tarde, apenas iba para ese lugar cuando sucedieron los hechos. Entonces cuando sucedieron los hechos ellos iban tres cuadras antes del parque y era la patrulla al mando del C3. QUINTANILLA. Por la mañana no sé a qué patrulla le tocaba ni tampoco sé si la hizo, pero las dos siempre cumplían en el mismo horario (…).

 

 

(xiv) Declaración rendida, dentro del trámite contencioso, por el señor Edilmer Castaño Vargas, concejal del municipio de Puerto Rico (Caquetá), para la época de los hechos objeto de controversia (f. 293-300, c. 4) –se destaca–:

 

(…) Antes de ser concejal no fui objeto de amenazas, porque yo fui elegido concejal desde el 26 de octubre de 2003, pero me posesioné el 01 de enero de 2004 y ahí sí empezaron las amenazas con panfletos, en mayo nos llegó el primer panfleto donde nos declaraban objetivo militar (…). PREGUNTADO: Díganos con qué propósito el grupo subversivo pretendía que usted y los demás concejales dejaran el cargo? CONTESTÓ: Lo que pasa en el municipio de Puerto Rico y en todo el país es que es un caso de una zona mucho más roja y allá cuando nosotros llegamos al concejo no había ningún ente de control, ni había fiscalía, ni juzgados, ni alcaldía, nada; era un municipio que todo lo que se pretendía realizar había que venir a Florencia, todas las oficinas se habían trasladado del municipio y entonces lo que se pretendía por las FARC era seguir amedrentando al municipio y que nosotros hiciéramos abandono de los cargos y por eso empezaron a atentar contra los concejales; primero, a unos les tiraron granadas en sus viviendas, también atentaron contra ellos personalmente. PREGUNTADO: Cuéntenos después del mes de mayo de 2004 en que se produjeron las primeras manifestaciones de amenaza en contra de los concejales de Puerto Rico, continuaron las amenazas en forma selectiva o general contra los concejales y de qué manera se dieron? CONTESTÓ. Sí continuaron amenazas de manera general en contra de nosotros, de ahí vinieron los atentados con granadas en ese mismo año, en el 2004, y ahí sí nos asignaron escoltas ese mismo año. Las amenazas continuaron durante ese año y cuando empezaron a matar concejales fue en el 2005, el 16 de febrero/05 mataron al primer concejal en Puerto Rico, que fue el finado ARMANDO ANTONIO ZAFRA DUQUE, a él lo mataron en el tramo Puerto Rico – Doncello, y el 09 de abril/05 mataron otra concejal en el barrio Puerto Limón, MYRIAM MARTÍNEZ HURTADO, y el 24 de mayo/05 fue la masacre que hubo en el municipio. PREGUNTADO: Infórmenos si en forma individual o colectiva se solicitó la protección a los organismos de seguridad del Estado y qué respuesta obtuvieron frente a ello? CONTESTÓ: Cuando recibimos el panfleto lo conoció la fuerza pública, Policía y Ejército, que es lo único que hay allá, ellos automáticamente asignaron protección para los concejales, o sea un escolta para cada uno, como somos trece, seis los escoltaba la Policía y siete el Ejército (…). Nos asignaron un escolta para cada uno con revolver, a la seis de la tarde nos quitaban el escolta, ellos iban a la casa normalmente a las 08 de la mañana, iban y almorzaban y volvían a la casa del concejal. Nos recomendaron que nos saliéramos de los lugares donde estábamos ubicados y que buscáramos casa dentro del anillo de seguridad de la Policía, esa fue la única recomendación que nos hicieron (…). PREGUNTADO: Precísenos en qué consistía el anillo de seguridad a que hizo referencia en una respuesta anterior, señalando el área que comprendía y los dispositivos implementados. CONTESTÓ: La idea de ubicarnos en el anillo de seguridad era estar más cerca de la estación, el anillo de seguridad era una cuadra a la redonda de la Policía, o sea la manzana donde estaba la Policía, porque en las esquinas donde termina esa manzana hay garitas hechas en cemento, con túneles y todo, donde terminan las cuadras, ahí donde están las garitas, hay unas canecas pintadas de amarillo con arena, restringiendo el tráfico (…). PREGUNTADO: Infórmenos la forma como se desarrollaron los acontecimientos del 24 de mayo de 2005. CONTESTÓ: La sesión era a las 02 de la tarde, todos estábamos en el recinto del concejo desarrollando la sesión normalmente, habían sesiones que duraban una hora, dos horas, cuarenta y cinco minutos, pero ese día nosotros ya estábamos por terminar esa sesión. El día anterior, nosotros habíamos asistido a un simulacro que hizo, en ese entonces el mayor de la Policía, de apellido ORTIZ, para evaluar la reacción de los escoltas que teníamos a cargo de nuestra seguridad, más o menos de dos y media a tres de la tarde del día antes, ese simulacro lo hicimos en el parque que está cruzando el concejo, en el parque Los Caucheros, participamos de ese simulacro, todos los concejales que teníamos escolta lo hicimos, se hicieron disparos con pistolas, se estallaron algunas granadas de aturdimiento. Ya el día 24 de mayo, siendo aproximadamente las 02:45 p.m., una camioneta, dicen los que la vieron, porque nosotros estábamos en la parte de adentro y los escoltas estaban en las bancas del parque, o sea cruzando la calle, frente a la sede del concejo, una camioneta estaca llegó al concejo, nosotros escuchamos los primeros disparos y habían unos concejales que estaban en el andén y miraron la camioneta que venía y cuando vieron que entraron disparando a los escoltas y al patrullero que estaba en la garita, que era el patrullero LONDOÑO, y abrieron fuego hacia las instalaciones del concejo. Lo que hicieron duró un promedio de tres a cinco minutos, ellos venían abriendo fuego desde allá, se bajaron, entraron al concejo y masacraron los concejales que vieron. Ahí murió el secretario HERMANS RODRÍGUEZ CARABALÍ, el concejal WILLER (sic) VILLEGAS GONZÁLEZ, quien estaba armado, era el único concejal armado, tenía un revolver que alcanzó a disparar, AUSENCIO OLARTE FLÓREZ, SILVIO MESA GARCÍA, GERARDO COLLAZOS y unos concejales heridos: JHON FERNEY ROSALES, LUIS ENRIQUE FIERRO IMBACHÍ, y una hermana de un concejal: LEIBNIZ (sic) COLLAZOS. Yo me encontraba en la sesión y me arrastré y me escondí con una concejala que se llama MARÍA LUISA CELIS ARAGÓN, en una cocina viejita que había, nos metimos por debajo del mesón, hasta ahí no llegó la guerrilla (…). PREGUNTADO: Cuéntenos si el Ejército participó en las medidas de seguridad que se tomaron frente a los concejales, distinto de los escoltas. CONTESTÓ. No, ellos simplemente cuando sucedió eso, se trasladaron por el mismo lugar por el que huyeron los subversivos, como persiguiéndolos. Ellos antes de esos hechos tenían un puesto de control por ahí por el lado del matadero, que fue por donde ellos huyeron, pero ya para el día de los hechos no había presencia del Ejército en esa zona (…). PREGUNTADO: Cómo logró esa camioneta aproximarse y violar las medidas de seguridad que tenían las instalaciones del concejo? CONTESTÓ: Abriendo fuego y hubo el factor sorpresa que llaman, ellos llegaron abriendo juego en la parte que estábamos ubicados y todo mundo se echó a correr, ellos nunca respondieron a ese caso. ´PREGUNTADO: Precísenos cuál fue el papel que desempeñaron los escoltas frente a ese ataque? CONTESTÓ: El único escolta que hizo frente fue el que yo tenía en esa época, se llama DEIBY JHOANY CHIMPANTACÍ, él recibió dos impactos de fusil en el pecho y esquirlas de granada en la espalda, no murió, los demás sí se espantaron a correr. PREGUNTADO: Infórmenos qué reacción tuvo la Policía Nacional y específicamente las personas que estaban en las garitas, frente al ataque. CONTESTÓ: El patrullero que estaba en la garita frente al concejo, se metió en el bunker, los demás policías no hicieron ninguna reacción (sic), ellos sí corrieron fue al recinto del concejo, pero después, por ahí unos cinco minutos, y los guerrilleros cuando iban huyendo dejaron granadas en el parque. PREGUNTADO: Precísenos si tuvo conocimiento de cuánto personal subversivo actuó en este operativo? CONTESTÓ: Eran de 15 a 20 guerrilleros, pero en las partes externas del municipio se escuchaban disparos por una parte y por otra, o sea sonaba plomo para un lado y para el otro. PREGUNTADO: Díganos si supo con cuánto personal contaba la Policía Nacional para el día de los hechos? CONTESTÓ: No tengo cifra real, pero sé que habían más de 30 policías ahí dentro de la estación. PREGUNTADO: Nos dijo que en las calles de entrada al sector de la estación de Policía y donde se hallaba la casa del concejo existían unas canecas llenas de arena para impedir el acceso de carros. Precísenos si el carro que transportaba los agresores superó ese obstáculo. CONTESTÓ: Me explico, esta es la calle, a lado y lado hay una caneca y en medio de las dos hay una valla con alambre, como cruzada en equis, tiene alambre de púa, y ellos se cruzaron por en medio de esa valla (…). PREGUNTADO: Infórmele al despacho si para la fecha de los acontecimientos todos los funcionarios del Estado y los funcionarios de seguridad que tenían a cargo el concejo municipal, se encontraban enterados de la sesión oficial del honorable concejo municipal? CONTESTÓ: Sí lo sabían, porque cuando se terminaban las sesiones, que eran filmadas para presentarlas por el canal local de televisión que hay en ese municipio, porque esas son sesiones públicas, cuando se terminaba la sesión se decía la fecha y la hora en que se iba a convocar la otra sesión. PREGUNTADO: Recuerda usted o tiene conocimiento del nombre de la persona que como reportera y camarógrafa del Canal 8 local, cubría las sesiones del concejo? CONTESTÓ: Sí claro, se llama LEIBNIZ (sic) COLLAZOS BETANCOURTH, hermana del finado concejal GERARDO COLLAZOS BETANCOURTH. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si para la fecha de los insucesos (sic), el 24 de mayo de 2005, la señorita LEIBNIZ (sic) COLLAZOS BETANCOURTH se encontraba presente en el recinto del concejo? En caso afirmativo detalle daños, perjuicios, lesiones, sufrió la misma? CONTESTÓ: Sí estaba, ella recibió unos impactos de arma de fuego, el conocimiento grosso modo que yo tengo, es que recibió unos impactos que lesionaron una pierna, un riñón o un pulmón, no recuerdo bien, porque ella arrastró al finado, el hermano, porque como él andaba en silla de ruedas, ella lo arrastró, tengo conocimiento que ella vive, no falleció en el atentado (…)[25].

 

 

(xv) Respuesta al oficio n.° 0242 del Tribunal Administrativo del Caquetá, suscrito por el presidente del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) (f. 38-39, c. 7) –se destaca–:

 

En atención al oficio de la referencia me permito certificar lo siguiente:

 

  1. Para el día 24 de mayo de dos mil cinco (2005) el Honorable Concejo Municipal de Puerto Rico Caquetá se encontraba en la sede provisional ejerciendo sus funciones constitucionales cuando ingresó un grupo de personas fuertemente armadas disparando indiscriminadamente contra quienes nos encontrábamos en el recinto, dejando como resultado cinco personas muertas JOSÉ AUSENCIO OLARTE FLÓREZ (concejal), WILLARD VILLEGAS GONZÁLEZ (concejal), GERARDO COLLAZOS BETANCOURTH (concejal), HERMANS RODRÍGUEZ CARABALÍ (secretario); cuatro personas gravemente heridas: LUIS ENRIQUE FIERRO IMBACHÍ (concejal), JHON FERNEY ROSALES SÁNCHEZ (concejal), LEIBNITZ COLLAZOS BETANCOURTH (camarógrafa) y un patrullero de la Policía Nacional, quien ejercía funciones de escolta de un concejal.

 

  1. Sí existían amenazas, contra el Concejo Municipal de Puerto Rico Caquetá, las cuales fueron hechas mediante panfletos que fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia y la Presidencia de la República, ya que habían antecedentes como el asesinato de los honorables concejales ARMANDO ANTONIO ZAFRA DUQUE en febrero de 2005 y MIRYAM MARTÍNEZ HURTADO en abril del mismo año.

 

(…).

 

Los anteriores permiten a esta Sala concluir de manera general que: a). El departamento del Caquetá presentaba una grave situación de orden público, debido a la gran influencia militar que ejercían las FARC en la zona, con ocasión del despeje del Caguán, que tuvo lugar en los diálogos de paz adelantados entre el Gobierno Nacional y esta organización armada al margen de la ley, los cuales resultaron fallidos en el año 2002 cuando se levantaron las negociaciones. Esta circunstancia ubicó en una situación ambigua a la población civil, que se debatía entre la institucionalidad del Estado –que fue nula durante el período de los diálogos y que se pretendía recuperar con el apoyo de la fuerza pública– y la pretensión de continuidad del régimen establecido por el grupo subversivo. b). Dentro de este contexto, se realizaron comicios locales en el año 2003 para elegir alcaldes y miembros de corporaciones públicas –representantes de la institucionalidad estatal–; esto generó como reacción de las FARC, amenazas de muerte a los servidores públicos electos –y en algunos casos, homicidios selectivos–, con el propósito de constreñirlos a abandonar sus cargos de elección popular y, en consecuencia, recuperar el dominio total de la región. c). El municipio de Puerto Rico fue una de las localidades más hostigadas, donde se presentaron amenazas concretas en contra de sus autoridades, al punto que la Policía y el Ejército Nacional coordinaron, en el mes de mayo de 2005, la implementación de un esquema de seguridad en el perímetro urbano, con la finalidad de garantizar, no solo la vida e integridad de los servidores públicos amenazados, sino también la gobernabilidad e institucionalidad del Estado.

 

En ese orden, los elementos de prueba relacionados dan cuenta de que el Estado tuvo pleno conocimiento de la situación real y concreta de peligro en que se encontraban los concejales del municipio de Puerto Rico, tanto así que la Policía y el Ejército Nacional adoptaron medidas tendientes a preservar sus vidas, tales como la asignación de un escolta personal, el establecimiento de un anillo de seguridad en el barrio Puerto Limón –donde quedaba la sede provisional del cabildo y se ubicaba la estación de Policía del municipio–, el traslado de sus residencias a este barrio, la instalación de tropas con cubrimiento permanente en puntos que fueron catalogados como “neurálgicos” por parte de las autoridades militares, entre otras.

 

Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes y precarias, esto es, no respondieron a las exigencias del contexto de orden público. Ello si se considera que en el municipio referido se instaló una base militar conformada por diferentes pelotones, existía una estación de Policía con más de 25 unidades policiales activas, se diseñó un dispositivo de seguridad, no solo en el perímetro urbano, sino también en el área rural de Puerto Rico, que, entre otras, restringían y controlaban el tráfico de vehículos, se instaló una garita así como diferentes trincheras alrededor del parque municipal, donde funcionaba el concejo. Con todo, el 24 de mayo de 2005 a las 2:40 de la tarde, un comando de entre quince y veinte subversivos que se movilizaron en una camioneta, incursionó en la sede del concejo municipal, donde se encontraban sesionando los cabildantes, y, sin ningún obstáculo real, ejecutaron a cuatro concejales y al secretario de dicha corporación, al tiempo que dejaron gravemente heridos a dos concejales más, a la periodista Leibnitz Collazos Betancourth y a un agente de policía que fungía como escolta de uno de los occisos.

 

Circunstancia que sin lugar a dudas revela deficiencias en los dispositivos de seguridad adoptados por las accionadas, quienes no eran superadas en número de unidades activas, pero no contaban con vehículos para movilizarse rápidamente ni con equipos de comunicación que permitieran una reacción coordinada entre las tropas. No se tuvo en cuenta que, pese a los homicidios de dos concejales en meses anteriores, se encontraba el pleno de los cabildantes sesionando y aun así no se aumentó el pie de fuerza dentro del “anillo de seguridad” del barrio Puerto Limón, en el que se ubicaba la sede provisional de la corporación pública.

 

También advierte la Sala deficiencias en las labores de inteligencia, pues, los subversivos hicieron uso del “elemento sorpresa” para perpetrar el atroz atentando y se valieron del hecho de que justo el día anterior se había realizado un simulacro de toma guerrillera en el parque principal, por lo que las explosiones y disparos de proyectiles hicieron creer a la población en general que se trataba de otro ejercicio de prevención.

 

Así las cosas, se advierte una omisión de las entidades demandadas de sus funciones constitucionales. En efecto, el artículo 217 superior en su segundo inciso establece como finalidad primordial de las fuerzas militares “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, soberanía e integridad del territorio que claramente se constituían en el objetivo principal de la guerrilla con el mencionado ataque, y que se tradujo en la muerte de las autoridades municipales, autoridades que, en todo caso, eran ciudadanos comprometidos con el orden constitucional vigente, si se considera que no obstante las amenazas en su contra, resolvieron seguir prestando sus servicios a la comunidad, como expresión de rechazo al terrorismo que representaban dichas intimidaciones.

 

De otro lado, el artículo 218 ibídem prevé como fin primordial de la Policía Nacional –cuerpo armado permanente de naturaleza civil– “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”; supuesto normativo que claramente fue desconocido por la entidad, de donde resultan defraudados sus estándares funcionales constitucionales. Ello es así, en atención a que esta, al igual que el Ejército Nacional, contaban con todas las posibilidades del caso para evitar la ejecución de la masacre del 24 de mayo de 2005, máxime si la estación de Policía se ubicaba a unos escasos 30 metros de donde ocurrió el atroz crimen, tal y como quedó acreditado.

 

En ese orden de ideas, se tiene por demostrada la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, por omisión.

 

Demostrada la responsabilidad, se procederá a revisar la liquidación de perjuicios efectuada por el a-quo, con el propósito de establecer si la indemnización reconocida a favor de los demandantes se ajusta a los parámetros fijados por esta Corporación, siempre y cuando no resulten desfavorable para el extremo pasivo de la litis, en atención a que es apelante único.

 

  1. Liquidación de perjuicios

 

4.1. Expediente 2005-00429

 

Perjuicios morales

 

Con base en las pruebas practicadas dentro del trámite contencioso, se tiene acreditado que los señores Lucila Ramírez Marín, Juan Carlos, Ana María, Luz Miryam y Elizabeth Villegas Ramírez eran, respectivamente, la compañera permanente e hijos del occiso Willard Villegas González, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su compañero estable y padre.

 

Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala Plena de esta Sección –sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente n.° 26.251–, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado –caso de muerte del padre, hijo, cónyuge o compañero sentimental–, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a las relaciones afectivas del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) se reconoce una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

 

Por lo anterior se advierte la suma de cien (100) s.m.l.m.v. a favor de cada uno de estos demandantes, reconocida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, se ajusta a los a los derroteros establecidos en la sentencia de unificación; por tanto será confirmada.

 

Lucro cesante

 

El fallo de primer grado reconoció a favor de la señora Lucila Ramírez Marín, la suma setenta y dos millones quinientos catorce mil doscientos dos pesos ($72.514.202). Para tal efecto, tomó como base el s.m.l.m.v. del año 2008 ($461.500), en tanto no se acreditó la asignación mensual del señor Villegas González, a esta suma se le adicionó el 25% equivalente a prestaciones sociales ($576.875) y se le restó el 25% que la víctima habría destinado sus gastos personales ($432.656).

 

Del periodo consolidado, comprendido entre la fecha del deceso y la de la sentencia de primer grado, resultó el valor de veinte millones trescientos dos mil doscientos setenta y nueve pesos ($20.302.279), y del período futuro, comprendido entre el día siguiente de la sentencia de primera instancia y hasta la expectativa de vida del señor Villegas González, la suma de cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y un mil ciento siete pesos ($47.431.107). De la suma de los valores obtenidos en ambos períodos, resulta la cantidad de sesenta y siete millones setecientos treinta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos ($67.733.386); no obstante el tribunal consideró que esta suma tenía un resultado de setenta y dos millones quinientos catorce mil doscientos dos mil pesos ($72.514.202).

 

En ese orden, se tomará la primera suma mencionada ($67.733.386), en tanto que es el resultado de una operación aritmética y no de una conjetura sin sustento matemático. Suma que será actualizada a la fecha de esta decisión.

 

También se descontará otro 25% que la víctima destinaría para sus propios gastos, en atención a que para el momento de fallecer, sus hijos eran mayores de 25 años[26]. Por tanto en el caso concreto, se estima que el porcentaje de los ingresos que este destinaría para su subsistencia debe ser de un 50%, luego a la suma a actualizar se le descontará otro 25% que no fue advertido por el a-quo. La actualización de la condena se hará con aplicación de la siguiente fórmula:

 

 

Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, $67.733.386
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 136,12 que es el correspondiente a febrero de 2017, a falta del índice del mes de marzo de 2017
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 100,00 que es el que correspondió al mes de diciembre de 2008, fecha de expedición de la sentencia de primera instancia

 

Ra=  $67.733.386          136,12   =    $ 92.198.685

100,00

 

Ahora bien, como ya se anunció, a la anterior suma le será descontado un 25% ($22.230.097,28) que no fue tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo del Caquetá y que tiene lugar, dadas las condiciones familiares del señor Willard Villegas González al momento de su deceso, esto es, que sus hijos eran mayores de 25 años. Operación de la que resulta el valor final de sesenta y nueve millones ciento cuarenta y nueve mil trece pesos con ocho centavos ($69.149.013,8) por concepto de lucro cesante a favor de la señora Lucila Ramírez Marín.

 

4.2. Expediente 2006-00400

 

Perjuicios morales

 

Se tiene acreditado que la señora Olga Lucía Tovar González y la menor Ximena Alexandra Olarte Tovar eran, respectivamente, la cónyuge e hija del occiso Ausencio Olarte Flórez, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su compañero sentimental y padre.

 

Ahora bien, conforme al criterio jurisprudencial antes referenciado, se confirmará la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v., reconocida por el a-quo a favor de las mencionadas demandantes, para cada una.

 

Lucro cesante

 

El Consejo de Estado en materia de indemnización por esta modalidad, tratándose del deceso del padre de familia, ha entendido que aquel contribuye al sostenimiento de sus hijos hasta que estos cumplen los 25 años, pues se presume a que partir de dicha edad forman su propio hogar[27]. No obstante, el Tribunal Administrativo del Caquetá consideró en el fallo recurrido que esta indemnización procede solo hasta que los hijos menores cumplen 18 años de edad, circunstancia que no fue recurrida por la actora. De otro lado, en reciente sentencia de unificación, la Sala Plena de esta Sección sostuvo una vez los hijos cumplan 25 años de edad, la indemnización que de ellos se deja de recibir deberá acrecer a la de la cónyuge y-o compañera supérstite[28].

 

Sin embargo, dadas las condiciones en que se surte esta instancia, no se dará aplicación a la referida decisión de unificación, por cuanto ello implicaría un incremento considerable en la condena impuesta en contra de la Nación, quien es apelante único.

 

En ese orden de ideas se procederá a actualizar la indemnización reconocida por el a-quo a las mencionadas actoras por concepto de lucro cesante.

 

(i) La indemnización a favor de Olga Lucía Tovar González se efectuó por dos períodos, consolidado y futuro. Por el primero se le concedió el valor de $10.151.139 y por el segundo la suma de $36.912.025, para un total de $47.063.164.

 

La actualización se hará con aplicación de la siguiente fórmula:

 

 

Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, $47.063.164
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 136,12 que es el correspondiente a febrero de 2017, a falta del índice del mes de marzo de 2017
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 100,00 que es el que correspondió al mes de diciembre de 2008, fecha de expedición de la sentencia de primera instancia

 

Ra= $47.063.164          136,12   =    $ 64.062.378,84

100,00

 

(ii) La indemnización a favor de Ximena Alexandra Olarte Tovar también se efectuó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $10.151.139 y por el futuro $16.053.761, para un total de $26.204.900, suma que será actualizada:

 

Ra= $26.204.900          136,12   =    $ 35.670.109,88

100,00

 

4.3. Expediente 2005-00431

 

Perjuicios morales

 

Se tiene acreditado que los señores Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos, Waldino Collazos Trujillo, Luis Emidio, Waldino, Dagoberto y Deiby Johana Collazos Betancourth eran, respectivamente, la cónyuge, hija, madre, padre y hermanos del occiso Gerardo Collazos Betancourth[29], así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su cónyuge, padre, hijo y hermano.

 

En ese orden, y en atención al criterio jurisprudencial puesto de presente en páginas precedentes, se confirmará lo reconocido por el tribunal en relación con los señores Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos y Waldino Collazos Trujillo, esto es, la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v., a favor de cada uno; de otro lado, se modificará lo reconocido a los señores Luis Emidio, Waldino, Dagoberto y Deiby Johana Collazos Betancourth (100 s.m.l.m.v.), y se le concederá indemnización por este perjuicio en el equivalente en pesos a cincuenta (50) s.m.l.m.v., para cada uno.

 

Daño a la vida en relación

 

El a-quo también reconoció la suma de cincuenta (50) s.m.l.m.v. a favor de las demandantes Liz Claudia Puerta Oliveros y Danika Lizeth Collazos Puerta, por el perjuicio que consideró demostrado y denominó “daño a la vida en relación”. Al respecto se debe poner de presente la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 28 de agosto de 2014[30]:

 

(…). Se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2001, exp. 19.031 y 38.222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida en relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…).

 

Ahora bien, del análisis del material probatorio que obra en el plenario, la Sala no encuentra demostrada una lesión en la integridad física de las mencionadas actoras, tampoco una afectación psíquica diferente de la dolor moral el deceso de su cónyuge y padre les ocasionó, motivo por el cual la indemnización reconocida en ese sentido por el fallador de primera grado será revocada en esta instancia.

 

Lucro cesante

 

Con las precisiones hechas anteriormente, relativas a la non reformatio in pejus, la no aplicabilidad de la sentencia de unificación sobre acrecimiento en la liquidación del lucro cesante y el reconocimiento de este perjuicio a los hijos menores hasta que cumplan los 18 años de edad, conforme lo consideró el tribunal y no se controvirtió, se procederá a actualizar la indemnización que por este perjuicio se reconoció en favor de las señoras Liz Claudia Puerta Oliveros y Danika Lizeth Collazos Puerta.

 

(i) La indemnización a favor de Liz Claudia Puerta Oliveros se efectuó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $10.151.139 y por el futuro $39.987.962, para un total de $49.987.692, suma que será actualizada:

 

Ra= $49.987.692          136,12   =    $ 68.043.246,36

100,00

 

(ii) La indemnización a favor de Danika Lizeth Collazos Puerta también se efectuó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $10.151.139 y por el futuro $3.215.516, para un total de $13.366.655, suma que será actualizada:

 

Ra= $13.366.655          136,12   =    $ 18.194.690,79

100,00

 

4.4. Expediente 2005-00430

 

Perjuicios morales

 

Se tiene acreditado que Encarnación Perdomo Ramírez, Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo eran, respectivamente, la cónyuge e hijas del occiso Hermans Rodríguez Carabalí[31], así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que padecieron una afección de orden moral por la muerte de su cónyuge y padre.

 

En ese orden, y en atención al criterio jurisprudencial a que se ha hecho referencia reiteradamente, se confirmará lo reconocido por el tribunal, esto es, se concederá a favor de cada una de ellas la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v.

 

Lucro cesante

 

Con las precisiones hechas anteriormente, se actualizarán las sumas reconocidas en favor de las mencionadas actoras en la primera instancia por este concepto. Sin embargo, debe precisarse que el a-quo utilizó como renta base de indemnización el salario que el señor Rodríguez Carabalí devengaba al momento de su muerte, como secretario del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá), esto es, la suma de novecientos cincuenta y tres mil seiscientos veintidós pesos ($953.622)[32] y no el s.m.l.m.v. que actualizada a diciembre de 2008 y restado el 25% que el finado destinaría para los gatos propios, resulta en $1.069.077,82. El 50% ($534.538,91) se asignó a su cónyuge, la señora Encarnación Perdomo Ramírez y el otro 50% entre cada una de sus hijas por partes iguales ($133.634,73).

 

(i) La indemnización a favor de Encarnación Perdomo Ramírez se realizó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $25.083.096 y por el futuro $92.180.098, para un total de $117.263.194, suma que será actualizada:

 

Ra= $117.263.194          136,12   =    $159.618.659,67

100,00

 

(ii) La indemnización a favor de Jannise Lorena Rodríguez Perdomo se hizo solo por un período consolidado en el que se le reconoció el valor de $524.865 y que será actualizado:

 

Ra= $524.865          136,12   =    $714.446.24

100,00

(iii) La indemnización a favor de Yorli Vanessa Rodríguez Perdomo se hizo solo por un período consolidado en el que se le reconoció la suma de $2.804.363 y que será actualizada:

 

Ra= $2.804.363          136,12   =    $3.817.298,92

100,00

 

(iv) La indemnización a favor de Wendy Yolani Rodríguez Perdomo se efectuó por los períodos consolidado y futuro. En el primero se le concedió la suma de $6.270.774 y en el segundo $2.737.805, para un total de $9.008.579, valor que será actualizado:

 

Ra= $9.008.579          136,12   =    $12.262.477.73

100,00

 

(v) La indemnización a favor de Alexandra Rodríguez Perdomo también se llevó a cabo por los períodos consolidado y futuro. En el primero se le concedió la suma de $6.270.774 y en el segundo $15.043.173, para un total de $21.313.946, valor que será actualizado:

 

Ra= $21.313.946          136,12   =    $29.012.543,30

100,00

 

4.5. Expediente 2006-00399

 

Perjuicios morales

 

Se tiene acreditado que la señora Leibnitz Collazos Betancourth sufrió graves lesiones en su cuerpo, inclusive que le fue practicada amputación proximal del quinto dedo de su mano izquierda, al tiempo que tuvo que ver como moría su hermano, el concejal Gerardo Collazos Betancourth, pues, cómo se demostró, esta se encontraba en el lugar de los hechos cubriendo la sesión ordinaria del cabildo; luego, esta demandante acude al proceso como víctima directa y como hermana de una de las víctimas mortales del atentado del 25 de mayo de 2005.

 

Ahora bien, al respecto, el a-quo consideró lo siguiente:

 

(…).

 

Ahora, como la señora LEIBNITZ COLLAZOS BETANCOURTH ha recibido una mayor afección de su aspecto psíquico y moral, pues no solo ha padecido los dolores y sufrimientos que las lesiones le causaron y los tratamientos médicos y quirúrgicos que ha debido realizarse para la recuperación de su salud, también ha sufrido por su merma física y a ello se aúna la pérdida de su hermano el concejal GERARDO COLLAZOS BETANCOURTH y el desplazamiento de que fuera objeto hacia la república del Canadá, el Tribunal en equidad ordena que se le pague por el ente demandado (sic), el equivalente en pesos de trecientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo que se produzca su pago.

 

(…).

 

Sobre el particular, se advierte que la Sala Plena de esta Sección en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, sostuvo:

 

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales (…). Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos (…).Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (primer grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 s.m.l.m.v. en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual al 40%; a 60 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 s.m.l.m.v. en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10% (…).

 

 

Al momento de analizar la configuración del daño[33], se hizo referencia a las lesiones sufridas por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, consistentes en la amputación del quinto dedo de su mano izquierda, fracturas en su mano derecha y fémur de la rodilla izquierda.

 

También puede leerse de la historia clínica procedente del Centro Hospitalario Regional de Trois-Riviére (f. 288-289, c. ppl.), allegada por la parte actora y decretada como prueba oficiosa[34] en esta instancia, al igual que su traducción oficial (f. 387-396, c. ppl.)[35], lo siguiente –se destaca–:

 

(…).

 

PULMONES P.A. Y LATERAL:

 

Presencia de un cuerpo extraño metálico que mide aproximadamente 2 centímetros y está situado en la región torácica posterior izquierda.

Un segundo cuerpo extraño que mide cerca de 6 milímetros y está situado a nivel hemitórax izquierdo.

 

Tanto en la imagen tomada de frente como en la imagen tomada de perfil, estos cuerpos extraños aparecen intraparenquimosos, sin embargo no hay ningún neumotórax asociado lo cual es particular.

 

(…).

 

Por otra parte se nota la presencia de una tercera pequeña imagen de densidad metálica, de alrededor de 2.5 milímetros, visible en la imagen tomada de frente, pero más difícil de ver en la imagen tomada de perfil.

(…).

 

RODILLA IZQUIERDA:

 

Se presenta una modificación importante a nivel del fémur distal, cuyo aspecto sugiere un traumatismo antiguo. Se debe correlacionar con la historia del paciente.

 

(…).

 

MANO Y PUÑO IZQUIERDOS:

 

Flexum a nivel de las articulaciones inter falángicas proximal y distal del segundo dedo. Amputación del quinto (5°) dedo desde el eje proximal del metacarpo.

Reducción abierta con la ayuda de una placa y de un tornillo a nivel del carpo-metacarpo en el primer (1°) y segundo (2°) dedo.

Múltiples pequeños cuerpos extraños metálicos en los tejidos blandos vecinos.

 

(…).

 

RESPUESTA DEL MÉDICO:

 

(…).

 

Esta joven mujer de 24 años presenta, consecuencia de un lamentable accidente ocurrido cuando residía en Colombia, fue víctima de varios balazos que penetraron violentamente en su rodilla izquierda. Todo parece indicar que el proyectil habría fracturado la parte posterior del cóndilo femoral interno para salir del otro lado de la pierna. Afortunadamente, no hubo lesión vascular nerviosa, pero esta paciente presenta actualmente una especie de artrosis de una fractura que está en el sentido coronal de la parte posterior del cóndilo femoral interno. Esta fractura parece móvil y no consolidada y crea un dolor especialmente en la flexión pasiva. Ella puede apoyarse, considerando que la parte portadora del cóndilo parece seguir con la metáfisis. Hay una sinovitis reactiva, mucho dolor y una impotencia funcional significativa.

 

Igualmente noté una lesión a mi parecer aún más grave a nivel de su mano izquierda donde otro proyectil le habría roto varios metacarpos con un alcance irreversible del nervio mediano ya que hay una atrofia severa del eminente tenar con una pérdida mayor a su función, una atrofia y fenómenos de algo distrofia en fase 4 por lo cual, una mano prácticamente impotente con una contractura en flexión irreductible de la inter falange proximal del dedo índice. Desaparición por amputación de todo el quinto (5°) rayo a partir del tercio proximal del quinto (5°) metacarpo. No hubo cirugía en Bogotá y se procedió, parecería ser, a una artrodesis de fractura conminuta intra carpo en la base del primer y segundo metacarpos, pero no creo que esta cirugía pueda ayudar a la función en el caso de esta paciente. Se trata de una mano prácticamente impotente e investigaremos todo más a fondo (…). Se trata de un caso muy complejo que podría requerir una valoración mucho más especializada. Volveré a ver esta paciente en varias citas para determinar el mejor tratamiento que se le deba ofrecer considerando que presenta un caso de minusvalidez muy avanzado para su corta edad[36].

 

(…).

 

Si bien en el anterior documento no se consigna un determinado porcentaje de incapacidad laboral, lo cierto es que de la lectura del mismo resulta evidente concluir que este es superior al 50%. Ello es así, por cuanto es posible advertir que la señora Leibnitz Collazos Betancourth presenta una fractura en el sentido coronal de la parte posterior del cóndilo femoral interno (extremo que bordea el hueso de la rodilla) izquierdo, el cual le genera “un dolor especialmente en la flexión pasiva”, es decir que presenta dificultad al momento de apoyar su extremidad inferior izquierda, lo que se traduce en problemas de movilidad, pues pone de presente el concepto médico en referencia sobre “una impotencia funcional significativa”. Asimismo advierte el documento, decretado como prueba de oficio, algo que resulta “aún más grave a nivel de su mano izquierda donde otro proyectil le habría roto varios metacarpos con un alcance irreversible del nervio mediano ya que hay una atrofia severa del eminente tenar con una pérdida mayor a su función, una atrofia y fenómenos de algo distrofia en fase 4 por lo cual, una mano prácticamente impotente con una contractura en flexión irreductible de la inter falange proximal del dedo índice”, por lo que estamos en presencia, además, de otra pérdida funcional y no sólo de la amputación de una falange (pérdida anatómica), luego, si se considera la profesión de la demandante (periodista), se tiene que las lesiones que le fueron causadas le representan una dificultad de alta consideración en el desarrollo de actividades que le permitan obtener su sustento de vida. Lo anterior, aunado a las molestias que le debe generar la presencia de cuerpos extraños metálicos en sus pulmones, consecuencia del atentado de que fue víctima.

 

De otro lado, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que padeció una afección de orden moral por la muerte de su hermano, la cual ocurrió en su presencia, inclusive, se sabe que la demandante intentó salvar su vida tratando de sacarlo del recinto en que se ejecutó la masacre, toda vez que este se movilizaba en silla de ruedas.

 

También se conoce que, dadas las amenazas en contra de su vida y del atentado sufrido, la demandante se vio en la obligación de trasladarse a Canadá, país en el que actualmente reside; ello necesariamente se traduce en un perjuicio, en la medida en que tuvo que separarse de su familia y dejar a un lado sus proyectos de vida en este país. Perjuicio que también será reparado por la Sala.

 

Corolario de la anterior, la suma de trescientos (300) s.m.l.m.v. reconocida por el a-quo será confirmada, pues se trata de un caso de especial vulneración de los derechos humanos, en el que la víctima, además de haber sufrido graves lesiones en su integridad física y psíquica, tuvo la necesidad de emigrar a otro país, con todo lo que ello implica.

 

Daño a la salud

 

El juez de primer grado reconoció por este concepto, bajo la denominación de daño a la vida en relación, la suma de cien (100) s.m.l.m.v.

 

Como ya se dijo en páginas precedentes, mediante la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 28 de agosto de 2014[37], se indicó que “(…) cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida en relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…).

 

También resulta pertinente traer a colación sentencia de unificación de la misma fecha[38]:

 

(…) la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222 (…), en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 s.m.l.m.v.; sin embargo, en casos de extrema gravedad y excepcionalidad se podrá aumentar hasta 400 s.m.l.m.v., siempre que esté debidamente motivado.

 

En orden a lo anterior y habida cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas, la Sala confirmará la suma de cien (100) s.m.l.m.v. prevista en la decisión de primera instancia.

 

Lucro cesante

 

Por este concepto, la sentencia recurrida resolvió condenar en abstracto, habida cuenta de que no se contaba con un porcentaje de incapacidad laboral establecido. No obstante, en atención a lo considerado para efectos de liquidar el perjuicio moral sufrido por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, esto es, que la incapacidad laboral padecida por la actora es superior al 50% y que, en ese orden, se debe indemnizar como si fuera por un 100%, tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley 100 de 1993[39], la Sala procederá a indemnizar este perjuicio. La renta base de indemnización será la fijada por el a-quo para el trámite incidental:

 

(…) se procederá a liquidar lo dejado de percibir desde que sufrió las lesiones corporales, una vez acredite la incapacidad médica sufrida y la disminución de su capacidad laboral, ya que los ingresos mensuales que percibía para la fecha del atentado se probaron en la suma de $850.000 (f. 2., c. 1, rad. 2006-00399-0[40]) y con base en él, debidamente actualizado y complementado, se hará la correspondiente liquidación del lucro cesante –se destaca-.

 

En ese orden, al salario base de liquidación ($850.000) se le adicionará un 25 por ciento por concepto de prestaciones sociales (1.062.500), cifra que será actualizada sin que ello se traduzca en una vulneración del principio de la non reformatio in pejus; por el contrario, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, tendientes a evitar un trámite incidental que prolongaría innecesariamente el acceso a un recurso judicial efectivo (art. 14 Pacto de Derechos Civiles y Políticos) y a la continuidad de los intereses civiles que se aplican a las fórmulas de matemáticas financieras aplicadas por la jurisprudencia. También en cumplimiento de lo expresamente ordenado por el a-quo en el aparte transcrito anteriormente.

 

La actualización se hará con aplicación de la siguiente fórmula:

 

Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, $1.062.500
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 136,12 que es el correspondiente a febrero de 2017, a falta del índice del mes de marzo de 2017.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 83,36 que es el que correspondió al mes de junio de 2005, fecha de expedición de la certificación de ingresos de la actora, visible a folio a 2 del cuaderno n.° 3.

 

Ra= $1.062.500          136,12   =    $ 1.734.974,81

83,36

 

La indemnización se hará por dos períodos, uno consolidado comprendido entre la fecha de ocurrencia de los hechos y la correspondiente a la fecha de la presente sentencia, y otro futuro, comprendido desde el día siguiente de esta decisión hasta el momento en que se cumpla la expectativa de vida de la actora, teniendo en cuenta para ello la Resolución n.° 0427 de 1997, proferida por la Superintendencia Bancaria, la cual se encontraba vigente al momento de los lamentables hechos. En ese orden de ideas y comoquiera que conforme al registro civil de nacimiento de la demandante (f. 15, c. 6), esta tenía 23 años de vida[41], en aplicación de la Resolución n.° 0427 antes referida, se tiene que para el momento de los hechos que ocupan nuestra atención, la expectativa de vida la actora era de 54.50 años, esto es, 654 meses.

 

Indemnización consolidada

 

La fórmula aplicable para efectos de la liquidación será:

 

S= Ra (1 + i)n – 1

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i= Interés puro o técnico: 0.004867.

n= Número de meses que comprende el período indemnizable.

 

S= $ 1.734.974,81    (1 + 0,004867)141.7 – 1     = $ 352.803.540,60

0,004867

 

Indemnización futura

 

Esta se realizará con aplicación de la siguiente formula:

 

(1+0.004867) n-1

S   =     Ra    _______________

i (1+0.004867)n

 

 

S = Suma a obtener.
Ra = Renta actualizada, es decir $ 1.734.974,81
I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta el cumplimiento de la expectativa de vida (512,3 meses)
1 = Es una constante

 

 

(1.004867) 512.3- 1

S   =     $ 1.734.974,81   _________________

i  (1.004867) 512.3

 

S = $ 326.842.309,40

 

Ahora bien, sumados los períodos consolidado y futuro, resulta la suma de seiscientos setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($679.645.849,99) a favor de Leibnitz Collazos Betancourth, por concepto de lucro cesante.

 

  1. Costas

 

La Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandada dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

 

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

III. F A L L A

 

MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, la cual quedará así:

 

PRIMERO. DECLARAR patrimonial, extracontractual y solidariamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte de los señores Hermans Rodríguez Carabalí, Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez y Gerardo Collazos Betancourth, así como por las lesiones sufridas por Leibnitz Collazos Betancourth.

 

SEGUNDO. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, a pagar, por concepto de reparación de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a trescientos (300) s.m.l.m.v. a favor de la señora Leibnitz Collazos Betancourth, cien (100) s.m.l.m.v. a favor de Lucila Ramírez Marín, Juan Carlos, Ana María, Luz Miryam y Elizabeth Villegas Ramírez, Olga Lucía Tovar González, Ximena Alexandra Olarte Tovar, Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos, Waldino Collazos Trujillo, Encarnación Perdomo Ramírez, Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo, para cada uno y, a cincuenta (50) s.m.l.m.v. a favor de los señores Luis Emidio, Waldino, Dagoberto y Deiby Johana Collazos Betancourth, para cada uno.

 

TERCERO. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, a pagar, por concepto de reparación del daño a la salud, la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v. a favor de la señora Leibnitz Collazos Betancourth.

 

CUARTO. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de: (i) Lucila Ramírez Marín la suma de sesenta y nueve millones ciento cuarenta nueve mil trece pesos con ocho centavos ($69.149.013,8); (ii) Olga Lucía Tovar González la suma de sesenta y cuatro millones sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos ($64.062.378,84); (iii) Ximena Alexandra Olarte Tovar la suma de treinta y cinco millones seiscientos setenta mil ciento nueve pesos con ochenta y ocho centavos ($35.670.109,88); (iv) Liz Claudia Puerta Oliveros la suma de sesenta y ocho millones cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos con treinta y seis centavos ($68.043.246,36); (v) Danika Lizeth Collazos Puerta la suma de dieciocho millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos noventa pesos con setenta y nueve centavos ($18.194.690,79); (vi) Encarnación Perdomo Ramírez la suma de ciento cincuenta y nueve millones seiscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos ($159.618.659,67); (vii) Jannise Lorena Rodríguez Perdomo la suma de setecientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con veinticuatro centavos ($714.446.24); (viii) Yorli Vanessa Rodríguez Perdomo la suma de tres millones ochocientos diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos ($3.817.298,92); (ix) Wendy Yolani Rodríguez Perdomo la suma de doce millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos con setenta y tres centavos ($12.262.477,73); (x) Alexandra Rodríguez Perdomo la suma de veintinueve millones doce mil quinientos cuarenta y tres pesos con treinta centavos ($29.012.543,30) y, (xi) Leibnitz Collazos Betancourth la suma de seiscientos setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($679.645.849,99).

 

QUINTO. Denegar las demás pretensiones formuladas por la parte actora.

 

SEXTO. Sin condena en costas.

 

SÉPTIMO. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

 

OCTAVO. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente de la Sala

 

 

 

 

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Magistrada

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

 

[1] A petición del apoderado de la parte actora, mediante proveído del 8 de marzo de 2007 (f. 124-126, c. 1).

[2] Radicada con el n.° 2005-00429.

[3] Quienes acudieron al proceso en calidad de nietas del occiso, último que tenía a su cargo la patria potestad, otorgada por el ICBF. Las pretensiones relativas a estas menores fueron desistidas, solicitud que fue aceptada por el a-quo en auto del 23 de febrero de 2006 (f. 71-72, c. 5).

[4] Se destaca que todas las demandas fueron presentadas por los mismos apoderados, Liliana María Ramírez Mesa y Noé Santiago Parada Pardo.

[5] Radicada con el n.° 2006-00400.

[6] Radicada con el n.° 2005-00431.

[7] Radicada con el n.° 2005-00430.

[8] Radicada con el n.° 2006-00399.

[9] Vale precisar que el tribunal no reconoció perjuicio alguno en cabeza de los demandantes Ana Julia Carabalí de Rodríguez, Ceneida Rodríguez de Lucumi y Enrique Rodríguez Carabalí, en tanto no allegaron el registro civil de nacimiento del occiso Hermans Rodríguez Carabalí, por lo que no fue posible establecer las relaciones de parentesco alegadas (madre y hermanos).

[10] Documentos sobre los cuales esta Corporación se pronunció en proveído del 7 de mayo de 2010, el sentido de no tenerlos como prueba, por ser extemporáneos y no ajustarse a lo previsto en el artículo 214 del C.C.A. (f. 372-375, c. ppl.).

[11] El 11 de octubre de 2005 y el 20 de junio de 2006, fechas en que se presentaron las demandas acumuladas, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $51.730.000 y $72.430.000, respectivamente -artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988- y la mayor de las pretensiones de la demanda radicada con el n.° 2005-429, fue estimada en la suma de $228.900.000, como perjuicios morales a favor de la señora Lucila Ramírez Marín.

[12] Sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

[13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de julio de 2013, n.° interno 24.496, C.P.: Danilo Rojas Betancourth (E) y del 13 de noviembre de 2014, n.° interno 33.269, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.

[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C n.° 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C n.° 259, párr. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C n.° 252, párr. 145.

[15] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C n.° 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

[16] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda n.° 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda n.° 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda n.° 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

[17] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C n.° 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C n.° 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C n.° 192, párr. 78.

[18] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[19] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.

[20] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

[21] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

[22] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

[23] [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia.  Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

[24] [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero.  En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

[25] En un mismo sentido declaró el señor Luis Enrique Fierro Imbachí, también concejal de la mencionada localidad para la época de los hechos (f. 302-312, c. 4).

[26] Sobre el particular, vale aclarar respecto de la señora Ana María Villegas Ramírez, quien acudió al proceso como hija incapaz del occiso, que no demostró la incapacidad permanente alegada y así lo consideró el a-quo, situación que no fue controvertida.

[27] Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de marzo de 2012, Exp. No. 22632 C.P Olga Mélida Valle de De la Hoz.

[28] Sentencia de unificación de jurisprudencia del 22 de abril de 2015 CE-SUJ-3-001 de 2015, exp No. 19.146, M.P Stella Conto Díaz del Castillo.

[29] En relación con la demandante Leibnitz Collazos Betancourth, quien también acreditó la calidad de hermana del occiso, la Sala se pronunciará al momento de estudiar la liquidación de perjuicios dentro del expediente 2006-00399, de tal manera que se unifiquen los perjuicios sufridos por esta.

[30] Exp. 28.832, C. P.: Danilo Rojas Betancourth.

[31] Se reitera que el tribunal denegó las pretensiones en relación con los demandantes Ana Julia Carabalí de Rodríguez, Enrique Rodríguez Carabalí y Ceneida Rodríguez de Lucumi, quienes acudieron al proceso aduciendo la calidad de madre y hermanos del occiso, respectivamente. Ello en cuanto consideró que al no aportarse el registro civil de nacimiento del mismo, no era posible determinar el vínculo de parentesco.

[32] Conforme se acreditó mediante certificación del 13 de junio de 2005 suscrita por el alcalde municipal de Puerto Rico, Caquetá, en la que se hace constar  “[q]ue el señor HERMANS RODRÍGUEZ CARABALÍ, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 16.375.092 expedida en Jamundí Valle, quien se desempeñaba como secretario general tesorero pagador del Concejo Municipal del municipio de Puerto Rico Caquetá, devengaba un salario mensual por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE ($953.622)” (f. 38, c. 8):

[33] Ver página 15.

[34] Mediante proveído del 29 de septiembre de 2015, visible a 383 que antecede.

[35] A través de auto del 3 de diciembre de 2015 se ordenó poner los referidos documentos en conocimiento de la parte demandada, a efectos de que ejerciera su derecho de contradicción. La Nación guardó silencio.

[36] Este concepto médico fue consignado por el ortopedista Martin Milot.

[37] Exp. 28.832, C. P.: Danilo Rojas Betancourth.

[38] Exp. 31.170, C. P.: Enrique Gil Botero.

[39] “Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

[40] Folio que hace referencia a la certificación expedida por el representante legal de LA Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria de Puerto Rico ASOMECOT, entidad para la que laboraba la demandante en la fecha de los lamentables hechos.

[41] El mencionado registro civil indica como fecha de su nacimiento el 30 de septiembre de 1981.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 15001 23 31 000 2007 00525 01(50642)

PRESUPUESTOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA IMPUTAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR SUS AGENTES.

 

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Por accidente de tránsito con vehículo oficial / ACCIDENTE DE TRANSITO CON VEHÍCULO OFICIAL – Camión de servicio militar invadió carril en el que transitaba buseta intermunicipal / ACCIDENTE DE TRANSITO CON VEHÍCULO OFICIAL – Ocasionó la muerte de conductor y pasajeros de buseta / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL – Existente. Accidente se produjo por actuar imprudente de uniformado que conducía vehículo al servicio del Ejército Nacional / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL -Acreditada como una expresión del servicio y prevalido de función administrativa

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Radicación número: 15001 23 31 000 2007 00525 01(50642)

Actor: WILSON LÓPEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

Referencia: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA – ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

 

 

 

 

 

 

Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia de 25 de julio de 2012[1], proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que resolvió:

 

PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados a los señores WILSON LÓPEZ RODRÍGUEZ y AZUCENA MENDOZA JAIMES, en nombre propio, a la señorita SUSANA CRISTINA LÓPEZ MENDOZA, a TOBÍAS RODRÍGUEZ BUITRAGO, ADRIANA RODRÍGUEZ OSPINA y LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINA, cónyuge supérstite e hijos respectivamente de ANA BEATRIZ OSPINA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) y a la señora SANDRA ABIGAIL OSPINA RODRÍGUEZ cónyuge supérstite de JAMES ALBERTO CAICEDO NOGUERA (q.e.p.d.), progenitora y representante legal de NINI JOHANA y MARÍA TERESA CAICEDO NOGUERA, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 25 de junio de 2005, en el que estuvo involucrado el vehículo oficial camión modelo N-472 AVIR (sic) color verde, servicio oficial EJERCOL de siglas EJC_97015, conducido por el Señor C.S MELÉNDEZ RODRÍGUEZ YUBER C.C. 98.367.362 Policarpa, 28 años soltero alfabeto cabo segundo EJERCOL.

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

 

Para Susana Cristina López Mendoza, la suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 

Para los Señores WILSON LÓPEZ RODRÍGUEZ y AZUCENA MENDOZA JAIMES, el equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos.

 

Para TOBÍAS RODRÍGUEZ BUITRAGO, esposo de la occisa ANA BEATRIZ OSPINA MARTÍNEZ (q.e.p.d.) y para sus hijos ADRIANA RODRÍGUEZ OSPINA y LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINA, el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno.

 

Para SANDRA ABIGAIL ROJAS LÓPEZ, en su calidad de esposa de JAMES ALBERTO CAICEDO NOGUERA (q.e.p.d.) el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada una de ellas.

 

TERCERO: CONDENAR al EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de prejuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

 

A favor de SANDRA ABIGAIL ROJAS, el valor de Setenta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Nueve Pesos (75.242.809).

 

A favor de NINI JOHANA CAICEDO ROJAS, representada legalmente por su progenitora el valor de Treinta y Un Millones Seiscientos Veintitrés Mil Doscientos Treinta Pesos ($31.623.230).

 

Y a favor de MARÍA TERESA CAICEDO ROJAS, el valor Veintiocho (sic) Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Noventa Pesos ($28.394.390).

 

CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

 

QUINTO: De no ser apelada la presente decisión, por la Secretaría del Tribunal dará (sic) cumplimiento al inciso primero del artículo 184 del C.C.A. y remitirá el expediente al Consejo de Estado, para que se surta el grado de Consulta.

 

SEXTO: En firme esta providencia, por Secretaría comuníquese a las partes, en la forma y términos previstos en el artículo 173 del C.C.A. y de ello déjese constancia.

 

SÉPTIMO: Sin costas de instancia.

 

OCTAVO: Una vez en firme esta providencia, procédase al archivo del expediente, dejando las anotaciones y constancias de rigor.

 

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. Síntesis del caso

 

De acuerdo con la demanda[2], el 25 de junio de 2005, en la vía que de Tunja conduce a Duitama, en el departamento de Boyacá, el vehículo de servicio oficial No. 47015, línea M462, Abir, modelo 1997, invadió el carril por el que transitaba el vehículo de placa TWA-176, afiliado a la Cooperativa Especializada de Transportadores Simón Bolívar Ltda. –COOTRANSBOL LTDA.-, ocasionándose la pérdida total del rodante.

 

Como consecuencia de la colisión, fallecieron los señores James Alberto Caicedo Noguera –conductor del vehículo de transporte público-, Ana Beatriz Ospina Martínez y sufrió heridas la menor Susana Cristina López Mendoza.

 

 

1.2. Lo que se pretende

 

1.2.1 En la demanda instaurada por los señores Wilson López Rodríguez, Azucena Mendoza Jaimes –en su nombre y en representación de  Susana Cristina López Mendoza-, Tobías Rodríguez Buitrago, Adriana Rodríguez Ospina, Luis Alberto Rodríguez Ospina, Sandra Abigaíl Rojas López –en su nombre y en representación de Nini Johana y María Teresa Caicedo Rojas- y Perla Bivianne Magni Rodríguez –en su calidad de propietaria del rodante siniestrado-, se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:

 

PRIMERO: Declarar solidariamente responsable a la Nación Colombiana-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, por los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes.

 

SEGUNDO: Como consecuencia condenar a la Nación Colombiana-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional al pago de los perjuicios que a continuación se describen:

 

2-1 Para WILSON LÓPEZ RODRÍGUEZ y AZUCENA MENDOZA JAIMES, padres y Representantes legales de la menor SUSANA CRISTINA LÓPEZ MENDOZA, el equivalente a 500 s.m.l.m.v. para cada uno y cifra similar para la afectada directa menor SUSANA CRISTINA LÓPEZ MENDOZA. Lo anterior, por daño moral.

 

2-2 Para TOBÍAS RODRÍGUEZ BUITRAGO esposo de la occisa ANA BEATRIZ OPINA (sic) MARTÍNEZ el equivalente a 500 s.m.l.m.v. y para cada uno de sus hijos ADRIANA RODRÍGUEZ OSPINA Y LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINA la suma de 500 s.m.l.m.v. Lo anterior, por daño moral.

 

2-3 Para SANDRA ABIGAÍL ROJAS LÓPEZ esposa del occiso JAMES ALBERTO CAICEDO NOGUERA la suma de 500 s.m.l.m.v. por daño moral y 1000 s.m.l.m.v. por daño material pues acarrea la crianza y manutención de sus dos menores hijas hasta los próximos 25 años para la menor NINI JOHANA y los próximos 18 años para la menor MARÍA TERESA, quienes se presumen (sic) estudiarán carreras superiores.

 

2-4 Para PERLA BIVIANNE MAGNI RODRÍGUEZ, propietaria del vehículo TWA-176, de servicio público, afiliado a la Cooperativa Especializada de Transportadores Simón Bolívar Ltda. “COOTRANSBOL LTDA.” las sumas de:

 

  • $96.000.000 millones (sic) de pesos como valor del vehículo de placas TWA-176.
  • $2.503.900.000 millones (sic) de pesos que dejó de producir el vehículo TWA-176 por diez años de vida útil a razón de $686.000 día según certificación que se anexa.

 

1.3. La oposición del extremo demandado

 

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional adujo que el accidente narrado en la demanda se produjo por fuerza mayor, el hecho de la víctima o el hecho de un tercero. Lo anterior, comoquiera que no se demostró la efectiva acción u omisión de la administración en la concreción del daño y, en estos casos, la responsabilidad no se presume, pues no es objetiva.

 

Por otra parte, puso de presente que el vehículo de propiedad de la señora Perla Bivianne sirvió como instrumento para la ejecución del contrato de transporte, cuyas obligaciones para el transportador, que son de resultado, incluyen la de llevar a los pasajeros sanos y salvos a su lugar de destino, así, en caso de incumplimiento, la obligación de indemnizar se encuentra a cargo de este y no de la demandada.

 

Indicó que debe tenerse en cuenta, además, que de acuerdo con las pruebas, el vehículo en el que se transportaban las víctimas transitaba con exceso de velocidad y su conductor iba hablando por teléfono, conductas que se encuentran prohibidas en el Código Nacional de Tránsito y tampoco son imputables a la administración[3].

 

1.4 Alegatos en primera instancia

 

1.4.1 La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional reiteró sus argumentos de la contestación de la demanda, haciendo hincapié en que las pruebas dan cuenta de la ocurrencia del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad de la administración[4].

 

1.4.2 El Ministerio Público sugirió acceder a las pretensiones, comoquiera que el accidente del 25 de junio de 2005 es imputable a la administración. Esto, en consideración a que, de acuerdo con el croquis, el vehículo oficial invadió el carril de la buseta de placas TWA-176 provocando el choque. Además, el conductor del vehículo ABIR no contaba con licencia de conducción, de manera que no podía suponerse su pericia en la conducción de este tipo de rodantes, aunado a que inobservó las normas que regulan el tránsito por no portar este documento[5].

 

1.4.3 La parte demandante guardó silencio.

 

  1. SENTENCIA APELADA

 

Mediante sentencia proferida el 25 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones. Al efecto, tuvo en cuenta que, conforme a los hechos probados, el vehículo oficial, en el despliegue de una actividad peligrosa, invadió el carril por el que transitaba la buseta de placas TWA-176, causando el accidente por cuyos daños se inició este trámite.

 

Así las cosas, en la medida en que no se probó por la demandada que en el presente caso concurrieran el hecho de la víctima o el hecho de un tercero, el tribunal procedió a liquidar la indemnización por perjuicios materiales e inmateriales a favor de los demandantes, negando el acrecimiento.

 

Negó la indemnización solicitada por la propietaria de la buseta accidentada, pues consideró que los documentos allegados no probaban adecuadamente los daños reclamados, por no cumplir con los requisitos previstos en la norma para tal fin (en cuanto al valor del vehículo, no se allegó factura que cumpliera con lo señalado en los artículos 774 del C. de Co. 621 del C.C. y 617 del Estatuto Tributario).

 

Aunado a esto, indicó que las pólizas suscritas por las que se aseguraba el rodante debieron hacerse efectivas para así obtener el valor correspondiente a su avalúo. En cuanto al lucro cesante, se indicó que por la actora no se probó el valor neto de las ganancias, el que no se encuentra en ninguna de las certificaciones allegadas.

 

  • TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

 

No habiéndose interpuesto recurso de apelación por ninguna de las partes, el Tribunal Administrativo de Boyacá remitió a esta Corporación este proceso, con el objeto de que se surta el grado jurisdiccional de consulta. Mediante auto del 2 de mayo de 2014 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

 

Dentro del término, la parte demandante solicita que la sentencia se confirme, comoquiera que de las pruebas arrimadas al infolio se deduce la responsabilidad de la entidad demandada, ya que fue por la invasión del carril por parte del vehículo oficial que se produjo la colisión, con las fatales resultas conocidas[6].

 

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

  1. Competencia

 

Esta Corporación es competente para decidir el grado jurisdiccional de consulta, dentro de este proceso seguido ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, tal como lo dispone el artículo 184 del C.C.A., habida cuenta que (i) la cuantía de la de la condena alcanza la exigida en la norma[7], (ii) el presente proceso tiene vocación de doble instancia[8], y (iii) el fallo no fue apelado.

 

Así mismo, para pronunciarse respecto del fondo de la litis, con base en que la consulta se entiende interpuesta a favor de la entidad condenada y, por consiguiente, no resulta viable hacer más gravosa su situación.

 

  1. Problema jurídico

 

Corresponde a la Sala resolver el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró administrativamente responsable a la entidad demandada por los perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito del 25 de junio de 2005, para lo que deberá esclarecerse la responsabilidad de la administración, en los términos del artículo 90 constitucional.

 

  1. 3. Hechos probados

 

 

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes a la litis:

 

3.1 La menor Susana Cristina López Mendoza, quien resultó herida en el accidente de tránsito del 25 de junio de 2005, es hija de los señores Wilson López Rodríguez y Azucena Mendoza Jaimes[9].

 

La señora Ana Beatriz Ospina Martínez, quien falleció en el mismo accidente, estaba casada con el señor Tobías Rodríguez y de esa unión son fruto Luis Alberto y Adriana[10].

 

El señor James Alberto Caicedo Noguera, quien conducía la buseta de placas TWA-176, estaba casado con la señora Sandra Abigaíl Rojas López y sus hijas eran Nini Johana y María Teresa[11].

 

3.2 La buseta de placas TWA-176[12], de propiedad de la señora Perla Bivianne Magni, se encontraba afiliada a la Cooperativa Especializada de Transportadores Simón Bolívar Ltda. y producía, de acuerdo con la certificación allegada por la cooperativa, en promedio $686.000 brutos diarios, veinticuatro días al mes[13]. Fue adquirida el 10 de noviembre de 2004 por un valor de $96´000.000[14] y el concesionario DaimlerChrysler, mediante comunicación del 5 de octubre de 2005, determinó que los daños derivados del choque del 25 de junio inmediatamente anterior ocasionaron su pérdida total[15].

 

3.3 Con ocasión del accidente del 25 de junio de 2005, la Fiscalía General de la Nación allegó copia del proceso seguido en contra del cabo segundo Yuber María Meléndez Rodríguez. Se resaltan las siguientes piezas del proceso[16]:

 

3.3.1 Reposa el informe del accidente elaborado por el patrullero Juan Pablo Mondragón Piñeros, dirigido a la Fiscalía Local de Duitama, que señala[17]:

 

Comedidamente me permito dejar a disposición de ese despacho, el informe de accidente No. 043968 ocurrido el día 25-06-05 a las 20:25 horas en la vía Tunja-Paipa, kilómetro 34+500 sitio la electrificadora jurisdicción Paipa, donde colisionaron los vehículos buseta marca Mercedez (sic) Benz modelo 2005 color blanco, amarillo y rojo, servicio público afiliado empresa (sic) Concorde No. Interno 576, placas TWA-176, conducido por el señor ALBERTO CAICEDO JAMES (…) quien falleció al ser trasladado al hospital San Antonio de Padua en Paipa, junto con los siguientes pasajeros: AUGUSTO BUSTAMANTE GARCÍA (…) ROSANA GIL TÉLLEZ (…) BLANCA MIRYAM RIAÑO PINEDA (…). Misma forma (sic) resultaron heridos las siguientes personas (sic): SUSANA CRISTINA LÓPEZ (…), EMILIA TÉLLEZ UMAÑA (…), GIOVANNY IBAÑEZ (…), SONIA MARITZA RAMOS RUIZ (…), YEISON ALEXANDER ALFONSO OSPINA (…), CAMILO ANDRÉS VALDERRAMA (…), ANA BEATRIZ OSPINA (…) NANCY LARGO (…). Colisionando con el vehículo camión modelo N-472 AVIR color verde, servicio oficial EJERCOL de siglas EJC-97015, conducido por el señor C.S MELÉNDEZ RODRÍGUEZ YUBER C.C. 98.367.362, Policarpa, 28 años soltero alfabeto cabo segundo EJERCOL (…) sin licencia de conducción, resultando herido junto con los siguientes pasajeros: el señor JONATHAN PULIDO PÉREZ (…), VARGAS SOGAMOSO ALEXANDER (…), TORRES NIÑO HERNÁN CAMILO (…) y el señor PRADA GARCÍA (…). Heridos presentan (sic) laceraciones diferentes partes (sic) del cuerpo (…) móviles VEH 1 (exceso de velocidad) VEH 2 (al parecer invasión de carril al intentar adelantar otro vehículo), vehículos inmovilizados y a su disposición en parqueadero Villa del Río Duitama[18], [19].

 

3.3.2 El croquis del accidente indica que se trataba de una vía recta, de doble sentido, una calzada, seca, en buen estado, con mala iluminación y con demarcación de la línea central y de borde. Se señala, además, que el señor Yuber María Meléndez Rodríguez, quien conducía el vehículo al servicio de la demandada, no contaba con licencia de conducción y, aparentemente, estaba en estado de embriaguez. Se señala, además, que fue el vehículo de servicio militar el que invadió el carril por el que transitaba la buseta de placas TWA-176[20],[21].

 

3.3.3 Dentro de la instrucción se rindieron los siguientes testimonios:

 

El suboficial [Yuber María Meléndez Rodríguez] a esa hora se encontraba como comandante de la sección, tomó la decisión bajo su propio criterio, sin ninguna consulta o autorización cogió un vehículo AIR (sic), al parecer se dirigía a la base de la termo IV, donde está el comandante de la estación, mencionado suboficial (sic) incumplió la orden de conducir vehículos, ya que solo están autorizados para conducir los vehículos son los soldados profesionales que tienen asignados sus carros y el personal de civiles conductores, son las dos únicas personas autorizadas y capacitadas para conducir cualquier vehículo militar (…) los vehículos permanecen en el CLUB MILITAR, con su respectivo conductor y otros tres en la base de la Termo, donde está el comandante directo del suboficial (…) esos vehículos solo se podían mover con autorización del comandante de escuadrón y de batallón (…) él [Yuber María Meléndez Rodríguez] me manifestó que la había embarrado, pero que él no había tenido la culpa de ese accidente, que la culpa era de la buseta quien venía en ecceso (sic) de velocidad e intento pasar otro vehículo en curva, ocacionando (sic) el accidente (Coronel Jhon Jairo Ochoa Pinilla. F. 93 y 94 c. 2).

 

Salimos de una base que se llama canocas, dos carros, el que manejaba mi cabo Meléndez y otro en el que yo iba y yo lo conducía (…) el operador lo sacó hasta Paipa y de ahí lo cogió mi cabo Meléndez porque el operador tenía la esposa enferma (…) él salió adelante, íbamos ya para la base, íbamos como a una distancia de ciento cincuenta doscientos metros, yo le dije que echara despacio para que no hubiera problema, íbamos como a cuarenta porque nos hacen firmar un acta que no se puede ir a más velocidad (…) ya empezando la parte que es de la termo Paipa que hay unos lagos y una curva más arribita como a cien metros fue el accidente (…) vi que un camión venía adelantando de Tunja para acá, cuando él vio el camión echó para la derecha y se alcanzó a salir de la vía al andén, cuando él hizo la maniobra de sacar el carro de nuevo para la carretera fue cuando venía la buseta detrás del camión ya que, fue cuando se estrellaron, el impacto, cuando el impacto yo paré mi carro, cuando se impactaron los dos la buseta salió y el carro de mi cabo dio un giro y quedó casi en el mismo sitio del impacto porque esos carros son muy duros y pesados, la buseta si salió para el otro lado, el carro del Ejército quedó atravesado en la carretera pero en su carril (…) ya después del impacto nos bajamos los del carro mío y recoger a los soldados el armamento que quedó tirado por todos lados, los soldados heridos porque quedaron regados en la carretera del giro que hizo los botó a todos (…) PREGUNTADO: Pudo Usted observar qué clase de vehículo pasaban el camión y la buseta. CONTESTÓ: No no, uno cuando va conduciendo va es mirando su carril (…) Él a veces cuando no había conductor como era el comandante él lo cogía para hacer las patrullas cerca hay unos hoteles alrededor de la base, entonces él hacía esos recorridos cortos (…) no estaba ni tan oscuro, un poquito claro, no estaba lloviendo (Luis Eduardo Hernández Malaver, miembro del Ejército Nacional. F. 184 al 186 c. 2).

 

En igual sentido testificaron los uniformados Carlos Eugenio Rojas Fierro[22], Pedro Facundo Vera Medina[23] y Manuel David Silva (conductor que tenía inicialmente asignado el vehículo ABIR)[24].

 

3.3.4 Los pasajeros de la buseta, por su parte, afirmaron:

 

Yo me dirigía hacia Duitama, el sábado 25 de junio de este año, cogimos un microbús de la CONCORDE, frente a la OLÍMPICA de Tunja, como a las casi siete de la noche, llegando a Paipa en el sector de la TERMO PAIPA, nosotros veníamos en los primeros puestos con LEIDY ANDREA SANGUÑO (sic) y por nuestro carril derecho, el conductor de la CONCORDE en todo el trayecto mantuvo alta velocidad, yo vi el tacómetro y marcaba de 100 a 110 kilómetros por hora y el señor conductor venía hablando por celular, escuchamos que hablaba con una señora creemos que de Duitama, le decía que le trajera unos tarros de aceite, llegando a la TERMO PAIPA, en ese sector aumentó la velocidad, yo le dije a ANDREA que teníamos miedo, venía muy rápido, de repente otro carro invadió nuestro carril intentando pasar a un camión grande, chocaron las esquinas de los carros y fue cuando el accidente, escuchaba cuando le gente (sic) gritaba pidiendo auxilio, después nos transportan en un taxi para el hospital de PAIPA, luego nuestros familiares nos remiten para la clínica Boyacá (…) es un tiempo seco no estaba lloviendo, la visibilidad es buena ya que nosotros venimos en los primeros puestos y todo el sector del accidente tiene amplia iluminación, alumbrado público, a lado y lado de la vía (Jorge Anderson Garzón Moreno, pasajero de la buseta de placas TWA-176. F. 134 c. 2).

 

El día 25 de junio del año en curso, cogimos el autobús en CENTRO NORTE de Tunja, yo venía con tiquete para Paipa, porque JORGE ANDERSON GARZÓN, venía para Duitama, nos subimos en la parte de adelante y yo estaba al lado del conductor, él siempre venía rápido, estaba hablando por celular, en el momento del accidente, por mi intuicción (sic) estaba hablando con una señora de Duitama, porque le dijo que le alistara unos tarros y que la llevaba de paso hasta Sogamoso, en el momento del accidente nosotros veníamos por el carril derecho, adelante no venía nadie, al momento del accidente como tal es que el carro con el que colisionamos se metió en nuestro carril, delante de ese carro iba otro, creo que fue por pasar al otro carro (Leidy Andrea Sanguña Pulido, pasajera de la buseta de placas TWA-176. F. 136 c. 2).

 

Fue el 25 de junio yo tomé la busera en los Nuiscas en Tunja, yo soy estudiante viajo todos los días, todo era normal, pero de pronto comenzó a manejar siempre como rápido, igual como todos que manejan todos como unas locas, yo siempre venía asustado, yo venía en el puesto del lado derecho detrás del conductor al lado de la puerta, venía muy rápido sí, empezó a pasar carros, ese día yo sentía como más miedo de lo común porque los buses por lo general no piensan en la vida de uno, ya habíamos llegado al peaje, empezó a bajarle un poquito a la velocidad, íbamos llegando a Termo Paipa me tranquilicé porque ya íbamos como llegando, yo dije pasó todo bien, como que cerré los ojos por un instante y cuando los abrí el señor pegó el cabrillazo para la derecha, él iba por su carril bien, creo que  fue que se le apareció un carro, el conductor giró el carro a la derecha y ahí fue el golpe, del golpe se voltió (sic) el carro quedó de medio lado, ahí quedé inconsciente por un rato, desperté ya estaban levantando el carro para poder salir (…) Estaba oscuro, pero no llovía, estaba seco y ahí había una lámpara de la Termopaipa (Camilo Andrés Valderrama Amado, pasajero de la buseta de placas TWA-176. F.182 y 183 c. 2).

 

Yo tomé ese bus a las siete de la noche en el puente de Santa Isabel en Tunja, veníamos normal, habíamos pasado Termopaipa y fue el momento del impacto (…) no vi contra qué impactamos, solo sentí la frenada, el golpe y el estruendo del accidente, lo que sé es que la buseta iba por nuestro carril, no íbamos pasando ningún carro, íbamos normal, no vi nada más especial, veníamos bien común y corriente (…) no recuerdo llovizna ni niebla, un poco de oscuridad sí en ese pedazo, lo digo porque en ese momento estaba mirando a la ventana y se veía oscuro (Sonia Maritza Ramos Ruiz, pasajera de la buseta de placas TWA-176. F. 231 y 232 c. 2).

 

…en realidad los culpables fueron los soldados, desgraciadamente el que está en la tumba no puede defenderse, él venía bien, echó pito no le prestaron atención (…) yo no vi ningún otro carro, yo no vi ningún dicho carro, la buseta venía solita por su carril (Emilia Téllez de Gil, pasajera de la buseta de placas TWA-176. F. 284 al 287 c. 2).

 

3.3.5 En el escrito nominado “relato espontáneo de los hechos” recaudado por el uniformado que elaboró el croquis, el señor Yuber María Meléndez Rodríguez, quien conducía el vehículo ABIR, de su puño y letra, manifestó[25]:

 

Me encontraba en desplazamiento por la vía que de Paipa conduce a la ciudad de Tunja, conduciendo el vehículo ABIR Nº 97015 Llevaba a soldados conducía a una velocidad de 40 k por hora cuando por mi carril venía un camión a alta velocidad por instinto de supervivencia y la responsabilidad por mis hombres me vi obligado a hacer una maniobra evasiva cuando volví a tomar el curso de la vía se aproximó a alta velocidad una colectiva de la empresa Concorde la cual venía invadiendo mi carril con la cual nos estrellamos.

 

Posteriormente, en indagatoria, manifestó[26]:

 

Ese día el veinticinco yo me quedé con la patrulla en la vereda Canucas, del municipio de Paipa, que donde me encontraba con una seción (sic) del pelotón, duré en ese sector hasta la hora que salí hacer (sic) el registro, es decir, antes uno forma a la gente le reviza (sic) las armas y luego se procede a embarcar en el vehículo y salimos hacia la Termo Tres, que era donde íbamos a tanquear el vehículo para efectuar registro militar de área, y yo salí como a las siete y cuarenta donde (sic) me encontraba ubicado y pase por el municipio de Paipa y ahí fue donde se presentó una situación con el soldado profesional SILVA MANUEL DAVID, él me solicitó una autorización para ir a la casa ya que la esposa se encontraba en embarazo y ella estaba grave y entonces yo le dije que verificara la situación y que volviera, entonces en Paipa él me entregó el vehículo, porque él es el conductor asignado y entonces me fui despacio porque lo permitido de esos vehículos es 40 kms máximo, esa es la orden que ahí (sic), porque son de doble tracción, son vehículos de fuerza, y ahí fue donde llegué al sitio donde ocurrieron los hechos e iba por mi carril derecho, sobre la semicurva que existe ahí, venía un camión por mi vía, entonces yo maniobré el vehículo hacia la derecha, para no estrellarme contra el sardinel, entonces volví el vehículo a mi carril y ahí fue donde la colectiva me impactó, porque ella venía invadiendo mi carril y ella venía detrás del camión y alta (sic) velocidad y me impactó y en ese momento quedé como aturdido y los soldados solo quedó uno dentro del carro, los otros salieron del camión y yo quedé dentro de la cabina del camión y resulté lesionado en las costillas, como trauma tejidos (sic) blandos, un esguince en rodilla derecha y una herida en el labio inferior costado izquierdo (…) Sí yo me encontraba de servicio y el área donde sucedió el accidente no me corresponde, lo que sucede es que nosotros tanqueamos los vehículos del ejército en la Termo Tres (…) la visibilidad era buena, no existía ningún obstáculo sobre la vía (…) yo tomé el vehículo como por ser corazoncito y como un acto de humanidad, para con mi compañero (…) [conduzco] hace com (sic) cinco años, tengo licencia de quinta categoría, yo no conduzco con frecuencia (…) Sí yo he conducido esos vehículos, cuando estuve en el grupo Cabal, yo lo había conducido a otros pueblos, yo lo hacía por reemplazar al conductor, como para no perder la práctica de conducir (f. 123 al 125 c. 2).

 

3.3.6 El comandante de la base termo Paipa, DT. Nixon Rolando Salamanca Rojas, en informe dirigido al Coronel Jhon Jairo Ochoa Pinilla, señaló[27]:

 

Siendo aproximadamente las 17:30 horas mi teniente DAZA BARAJAS EDUARDO Comandante del escuadrón me da la orden de mover el vehículo No. 97016 (sic) que es el vehículo de la base de termo Paipa hacia la vereda de canocas para hacer el traspaso de el (sic) personal y material de guerra que iba a pasar de dominante1 a dominante 2, siendo las 20:00 horas recibí una llamada del C3 Rojas Fierro y me comentó sobre el accidente que había ocurrido, yo le pregunté que si era el vehículo de la base de la termo y que cómo se encontraban los soldados a lo cual me contestó que no, que era el vehículo de la base de canocas y que lo venía operando el cabo Meléndez el cual no había informado sobre el movimiento ya que este está obligado a informar cualquier movimiento ya que dichos movimientos son autorizados por el Comandante y tampoco informó que iba a operar el vehículo inmediatamente procedí a informar la situación a mi Coronel para informar la situación del accidente.

 

Enterándome por las informaciones de los soldados del vehículo que se había enviado a la entrega de la base, el CP Meléndez había movido el vehículo para ir a tanquearlo el cabo no informó el movimiento teniendo él los medios y el conocimiento de que todos los movimientos son autorizados por el Comandante y que en un principio el soldado operador de abir llevó el vehículo hasta la ciudad de Paipa y que de Paipa lo había operado CP Meléndez porque le había dado permiso al soldado operador del vehículo porque tenía la mujer enferma.

 

Son testigos de los hechos el C3 HURTADO BENAVIDEZ comandante de la primera Sección Dominante 2 y el SLR BARRERA CORREA NELSON radio operador de la unidad SLR MENESES VELANDIA ALBERTO.

 

3.3.7 En inspección judicial hecha al vehículo al servicio del Ejército Nacional EJ-97015, línea M-462, se estableció con relación al posible punto de impacto[28]:

 

Parte anterior lado izquierdo que compromete todo lo que corresponde a la cabina, la cual se encuentra corrida hacia la derecha del vehículo; de igual forma se observa las (sic) latas del capó, guardafangos frontal y puerta lateral abolladas, timón abollado y columna de la dirección espinada, billare (sic) donde van incrustados los tableros de instrumentos destruidos, parabrisas roto, no presenta el troque delantero, chasis parte anterior destruido, unidades principales destruidas.

 

(…)

 

Llantas delanteras: No tiene, pero se encuentra el troque delantero en la parte de atrás del vehículo, en buen estado.

 

3.3.8 La inspección judicial realizada al vehículo de placas TWA-176 arrojó como resultado[29]:

 

POSIBLE PUNTO DE IMPACTO: Parte anterior lado izquierdo completamente destruido, tanto externa como internamente.

 

(…)

 

RASTROS DE SANGRE: SI:  X   NO: ___ parte interna del vehículo.

 

RASTROS DE PINTURA: SI:  X   NO: ___ color verde en la parte frontal lado izquierdo del vehículo.

 

OTROS DAÑOS: En todo su conjunto las latas completamente abolladas, en la parte interna anterior completamente destruida la dirección, villare (sic) o torpedo donde van los sistemas de tacómetro, no se puede comprobar sistema mecánico, eléctrico, ni de funcionamiento por el estado del vehículo.

 

3.4 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama remitió copia de la decisión adoptada el 28 de abril de 2008 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Rosa de Viterbo y Yopal, mediante la que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de acusación proferida en contra del señor Yuber María Meléndez Rodríguez, miembro del Ejército Nacional, quien conducía el vehículo de servicio militar involucrado en el accidente del 25 de junio de 2005, confirmando la proferida por el a quo[30]. Señala la providencia[31]:

 

…Ha quedado claro que los hechos tuvieron ocurrencia el 25 de junio de 2005 en la vía que conduce de Paipa a Tunja, sector termo en el cual se presentó la colisión entre la camioneta de servicio público, marca mercedes Benz de placas TWA-176 y el vehículo tipo camión militar, choque en el cual perdieron la vida varias personas y sufrieron lesiones personales otro sin número de pasajeros de la camioneta; lo cual se encuentra demostrado con prueba documental.

 

El estado climático era bueno, pavimento asfaltado seco, iluminación buena, la no existencia de obstáculos en la vía, permitiendo buena visibilidad, situaciones demostradas a través de prueba testimonial.

 

El accidente se produjo luego de que el camión militar pretendió adelantar y por falta de experiencia del conductor no regreso a su carril, a contrario (sic) invade el carril contrario y produce la colisión.

 

Es así como del material probatorio allegado al plenario, tal como lo dejó sentado el a quo, cuando emitió la resolución hoy atacada, la causa generadora del accidente consistió en la maniobra imprudente realizada por el conductor del camión militar cuando pretendió sobrepasar a otro rodante, invadiendo la vía de la buseta de servicio público, causando el fatídico accidente.

 

De la prueba allegada a las sumarias se desprende que el conductor del camión no contaba con la experiencia para maniobrar realidades de este talante, desestimando por completo lo expuesto por la defensa quien pretende hacer ver a Yober (sic) Meléndez como un conductor versado en esta labor, cuando no contaba con licencia de conducción, no había sido autorizado por ejército (sic) para operar este tipo de vehículos, sumado a no ejecutar esta labor con frecuencia que permitiera obtener la experiencia, demostrando con ello la imprudencia con la cual actuó Yober (sic) Meléndez al maniobrar este vehículo en la vía pública con flujo vehicular permanente, sin contar con la ausencia práctica y experiencia (sic) para enfrentar una situación de riesgo como en efecto ocurrió.

 

No cuanta (sic) con validez probatorio (sic) lo pretendido por la defensa, insistiendo en la hipótesis de que el accidente se originó por imprudencia del conductor de la buseta de servicio público, que lo hacía a exceso de velocidad, halando por teléfono e invadiendo el carril del camión militar, hipótesis que no se sostiene siquiera con los testimonios de los uniformados (soldados) los cuales son amañados en decir el cabo Meléndez iba despacio, maniobra el carro a la derecha al verse enfrentado a un camión que estaba aventajando a otro rodante, no se observa la buseta porque esta venía detrás del camión y, por eso al recuperar el carril Meléndez Rodríguez; la buseta lo estrella, recordando con lujo de detalles esos apartes pero no las características del rodante infractor y causante de este infortunado resultado.

 

3.5 Dentro de este asunto se recaudaron interrogatorios, que serán valorados en lo que constituya confesión, de conformidad con el artículo 195 del C. de P.C.[32]. Así las cosas, se transcribe el que cumple con los requisitos de la norma:

 

…nos casamos el 8 de diciembre de 1979, un matrimonio católico y registrado en Notaría y duramos viviendo 15 años y después puespor (sic) problemas que se presentan en un hogar entonces nos separamo (sic), pero no tuvimos ninguna separación legal ni de cuerpos ni de nada, pues seguimos con una amistad muy íntima, dependiendo juntos econocmicos (sic), para el cuidado de nuestros hijos y nuestroas (sic) dis (sic) nietos… a pesar de nuestra pequeña separación, ella economcamente (sic) me colaboraba en esos momentos (Tobías Rodríguez Buitrago, cónyuge de Beatriz Ospina de Rodríguez. F. 129 al 131 c. 1).

 

3.6 La menor Susana Cristina López Mendoza resultó herida en el accidente. El Hospital Regional de Duitama, Boyacá, la atendió[33]:

 

ANAMNESIS: PACIENTE QUIEN INGRESA POSTERIOR A POLITRAUMATISMO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON POSTERIOR TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO Y EN HEMICUERPO IZQUIERDO DOLOR, EDEMA, DEFORMIDAD Y LIMITACIÓN FUNCIONAL HOMBRO MUSLO RODILLA IZQUIERDOS [ilegible] DE CONTENIDO ALIMENTARIO.

 

HALLAZGOS DEL EXAMEN FÍSICO: ALERTA, HIDRATADA, AFEBRIL, PALIDEZ MUCOCUTÁNEA, ÁLGICA, AFEBRIL (sic), NO SDR GLASGOW 14/15, ABRASIONES MÚLTIPLES EN CARA, EDEMA, DOLOR, DEFORMIDAD Y LIMITACIÓN FUNCIONAL MANDÍBULA Y ARCO CIGOMÁTICO IZQUIERDO, COLUMNA CERVICAL SIN DOLOR [ilegible] RÍTMICOS [ilegible] CAMPOS PULMONARES VENTILADOS SIN AGREGADOS, ABD BLANDO DEPRESIBLE DOLOROSA SIN SIGNOS IRRITACIÓN PERITONEAL ext limitación funcional hombro y brazo izquierdo, dolor región inguinal derecha, dolor edema deformidad equimosis en 1/3 próximo y medio muslo izquierdo no déficit [ilegible]  ni neurovascular.

 

(…)

 

DIAGNÓSTICOS PRESUNTIVOS:

 

  1. POLITRAUMATISMO
  2. TCE LEVE GLASGOW 15/15
  3. TRAUMA FASCIAL (sic)
  4. TRAUMA MS-PELVIS-MII-FRACTURA PELVIS, FRACTURA FÉMUR

 

JUSTIFICACION O RAZONES: PACIENTE QUIEN REQUIERE MANEJO POR CIRUJANO MAXILO FACIAL (NO HAY EN DUITAMA) Y ORTOPEDIA.

 

 

Posteriormente, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en examen del 7 de abril de 2007, indicó:

 

PASAJERO EN BUS INTERMUNICIPAL AL COLISIONAR CONTRA VEHÍCULO MILITAR. EL HECHO OCURRIÓ HACE 22 MESES.

 

AL EXAMEN PRESENTA: CICATRIZ MACULAR ANTIGUA, CON LÍNEAS PARALELAS HIPERTRÓFICAS Y VETEADO LINEAL AZULOSO, OSTENSIBLE Y DEFORMANTE QUE COMPROMETE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LA HEMICARA Y EL MENTÓN IZQUIERDOS.

 

CINCO CICATRICES VERTICALES ANTIGUAS, CON LONGITUD VARIABLE ENTRE 2 Y 10 CMS, LOCALIZADAS EN CARA EXTERNA DEL MUSLO IZQUIERDO. TRES CICATRICES POLIFORMES ANTIGUAS, LOCALIZADAS EN TERCIO DISTAL CARA ANTERIOR DE LA PIERNA IZQUIERDA. TODAS LAS CICATRICES SON OSTENSIBLES EN ESTE MOMENTO. LA MARCHA Y LOS ARCOS DE MOVILIDAD EN EL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SON NORMALES.

 

(…)

 

SE DICTAMINA:

  1. MECANISMO CAUSAL: CONTUNDENTE.
  2. INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL DEFINITIVA DE NOVENTA (90) DÍAS.
  3. SECUELAS MÉDICO LEGALES DE CARÁCTER PERMANENTE: -DEFORMIDAD FÍSICA QUE AFECTA EL ROSTRO Y QUE AFECTA EL CUERPO.
  4. SE SUGIERE VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA FORENSE PARA CALIFICAR EVENTUALES SECUELAS A ESE NIVEL (…)

 

Con relación a su salud mental, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en valoración psiquiátrica forense hecha el 7 de junio de 2011, concluyó[34],[35]:

 

La entrevistada SUSANA CRISTINA LÓPEZ MENDOZA, presenta criterios diagnósticos para la entidad clínica conocida como Episodio depresivo Mayor, tal como lo establece el Manual diagnóstico y estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Esta patología guarda relación directa con las manifestaciones físicas, sociales, académicas y familiares desencadenadas por el trauma cráneo-encefálico ocurrido en junio del año 2005.

 

Antes de los hechos materia de investigación (junio de 2005), no presentaba alteraciones o Enfermedades mentales tomando en cuenta las anteriores clasificaciones.

 

Se recomienda iniciar tratamiento médico especializado (Psiquiátrico) con lo cual se podrán reducir algunos de los síntomas evidenciados en la actual entrevista y se evitarán complicaciones futuras.

 

  1. Juicio de responsabilidad

 

4.1 El daño

 

Se encuentra debidamente probada la ocurrencia del daño, ya que con ocasión del accidente del 25 de junio de 2005, en el que chocaron la buseta de placas TWA-176 y el vehículo ABIR al servicio del Ejército Nacional, fallecieron los señores James Alberto Caicedo Noguera –conductor del vehículo de transporte público-, Ana Beatriz Ospina Martínez y sufrió heridas la menor Susana Cristina López Mendoza.

 

4.2 La imputación

 

La parte demandante imputa el accidente de tránsito del 25 de junio de 2005 al Ejército Nacional, por cuanto, de acuerdo con las pruebas allegadas, el vehículo conducido por el cabo Yuber María Meléndez –quien no se encontraba autorizado para ello- invadió el carril por el que transitaba la buseta de placas TWA-176, en el que se movilizaban las víctimas mortales y la lesionada demandante.

 

Pues bien, analizadas las pruebas por esta Sala, se encuentra que hay dos versiones opuestas sobre la ocurrencia del choque, cuyas pruebas se analizan a continuación.

 

De un lado, el croquis del accidente muestra claramente que el vehículo al servicio de la demandada invadió el carril de la buseta que se movilizaba en la ruta Tunja-Paipa, chocando los rodantes por sus esquinas anteriores izquierdas, es decir, en la correspondiente a la posición del conductor.

 

Se resalta, además, lo afirmado por el uniformado que elaboró el croquis y el informe del accidente, pues indicó que el cabo Meléndez, inmediatamente después del accidente, le dijo que intentó pasar a otro rodante y, como no pudo lograrlo, se produjo la colisión (ver párr. 3.3.2, pie de página).

 

Los testigos pasajeros de la buseta TWA-176 coinciden con lo afirmado anteriormente, pues indicaron que, aun cuando el conductor de la buseta iba a gran velocidad y hablando por teléfono, la colisión se produjo porque el camión al servicio de la demandada invadió el carril por el que transitaba la buseta.

 

Estas afirmaciones se oponen a lo afirmado en el “relato espontáneo de los hechos” y en la indagatoria del cabo Meléndez, pues sus manifestaciones, obrantes en el numeral 3.3.5 de esta providencia, indican que la invasión del carril se produjo por la buseta y no por él, de manera que el accidente no sería imputable a la administración.

 

Los uniformados, cuyas declaraciones se hallan en el numeral 3.3.3, coinciden con lo afirmado por el cabo Meléndez en sede de indagatoria, en el sentido de que fue la buseta la que invadió el carril por el que se transportaban, sin embargo, sus dichos no cuentan con otro sustento probatorio y tienen falencias descriptivas, en cuanto al vehículo que, supuestamente, venía delante de la buseta accidentada antes del choque, del que nadie más da cuenta de su existencia.

 

Ni siquiera los pasajeros que iban al lado del conductor indicaron que la buseta en la que se movilizaban intentaba pasar un camión, sino que fueron contestes en afirmar que “de repente otro carro invadió nuestro carril intentando pasar a un camión grande, chocaron las esquinas de los carros y fue cuando el accidente” (Jorge Anderson Garzón Moreno) y que “en el momento del accidente nosotros veníamos por el carril derecho, adelante no venía nadie, al momento del accidente como tal es que el carro con el que colisionamos se metió en nuestro carril, delante de ese carro iba otro, creo que fue por pasar al otro carro” (Leidy Andrea Sanguña Pulido).

 

Tampoco se entiende cómo pudieron los uniformados ver el camión que aparentemente invadía el carril por el que transitaban, pero no la buseta que venía inmediatamente después del camión, si se supone que ambos invadían su carril.

 

Las fotografías obrantes en el proceso penal, tomadas en la inspección judicial hecha al vehículo de placas TWA-176, muestran su nivel de destrucción, siendo el punto de impacto la punta delantera del lado del conductor, registrándose las averías que conllevaron a su pérdida total, de acuerdo con las resultas de su revisión por los técnicos de la Fiscalía que lo inspeccionaron.

 

Dadas las anteriores circunstancias y pruebas, que son contestes y coincidentes entre sí, concluye la Sala que el accidente es imputable a la administración, pues la invasión del carril contrario se dio por parte del camión ABIR al servicio del Ejército Nacional, conducido por el cabo Meléndez. Los únicos que apoyaron la hipótesis opuesta fueron los soldados, al servicio de la demandada, quedando estos supuestos huérfanos de elementos que tendieran a su demostración.

 

En este punto es relevante indicar que, aun cuando el cabo Meléndez no contaba con licencia de conducción, lo cual corresponde a una infracción de las normas de tránsito, ello no se constituye como la causa eficiente que produjo el daño, sino su falta de pericia en la conducción del automotor. No obstante, sí tiene relación el que se le haya permitido manipular el vehículo transportando soldados y armamento, a sabiendas de que ello no estaba permitido para suboficiales y mucho menos, sin el entrenamiento debido.

 

Es así que se concluye que la actuación del uniformado tuvo plena relación con el servicio y no es posible afirmar que se trató de un acto personal. Se acoge así la jurisprudencia acorde con la cual para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que ésta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. Para establecer dicho vínculo, la Sección ha considerado apropiado cuestionarse si advino el daño en horas laborales, en el lugar o con instrumento del mismo[36] y en todo caso en orden a satisfacer el servicio. Sobre el particular, se tiene dicho[37]:

 

Como se observa, para que surja responsabilidad a cargo de las entidades, no es suficiente con evidenciar que cierto daño ha sido causado por un agente de la administración, o con la utilización de algún elemento de los que usan los organismos del Estado para el desempeño de sus funciones, sino que además es necesario demostrar que las actividades del agente estuvieron relacionadas con el servicio, labor en la cual habrá de observarse, en cada caso concreto, si el agente estatal actuó prevalido de su función administrativa, lo cual se determina, a su vez, evaluando si el daño ocurrió en horas en que se prestaba o debía prestarse el servicio, o si devino con ocasión del mismo, y/o si acaeció en el lugar donde éste se prestaba. Igualmente, debe estudiarse si el agente actuó –u omitió actuar– impulsado por el cumplimiento del servicio bajo su responsabilidad, y si el particular percibió la encarnación del servicio público en el agente estatal directamente generador del daño[38] (…). Del acervo probatorio allegado al proceso se tiene que en la madrugada del 23 de agosto de 1998, en la ciudad de Bogotá D.C., el entonces agente del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– José Robinson Bohórquez Perdomo –quien en ese momento no estaba en servicio– se encontraba en su apartamento y decidió accionar el arma de dotación oficial a él asignada, de tal manera que los fragmentos de los proyectiles le causaron heridas mortales a Álvaro González Moreno. // En este caso concreto, si bien el agresor se desempeñaba como funcionario público y ocasionó el daño con un instrumento propio de su oficio –arma de dotación oficial–, lo cierto es que los hechos se desarrollaron dentro del ámbito privado del agente quien se encontraba disfrutando de una jornada de descanso[39].

 

Bajo este entendido, se tiene que el daño es imputable a la administración, dado que el accidente se produjo por la invasión que del carril hizo el uniformado que conducía el vehículo al servicio del Ejército Nacional, como una expresión del servicio y prevalido de la función administrativa, en reemplazo del uniformado que sí se encontraba autorizado para conducir el vehículo y, además, llevaba el rodante a tanquear, transportando soldados y armamento, es decir, no se trataba de la ejecución de actos propios de su esfera personal, por lo que se concluye que la sentencia proferida por el a quo se confirmará.

 

No se pronunciará la Sala respecto de las pretensiones de la señora Perla Bivianne Magni Rodríguez (dueña de la buseta accidentada), ya que ello no cambiaría las circunstancias indemnizatorias planteadas por el a quo, dada la competencia de la Corporación en sede de consulta, en la que se encuentra vedada la posibilidad de desmejorar la situación de la administración.

 

Se procede, en consecuencia, a actualizar las sumas correspondientes a la condena impuesta por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, contemplados en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia objeto de consulta.

 

Las sumas concedidas por concepto de perjuicios morales  serán confirmadas, en consideración a que la consulta se instituyó como un mecanismo a favor del Estado y la condena en su contra no puede hacerse más gravosa, aun cuando se advierte que la lesión sufrida por Susana Cristina López Mendoza habría sido objeto de una mayor indemnización e, incluso, de una suma por daño a la salud, en la medida en que las secuelas físicas en su cara y piernas afectarán de manera definitiva su interacción social y el desarrollo de las relaciones socioafectivas permanentemente.

 

Actualización de la renta:

 

Se tiene en cuenta que la liquidación se hizo con base en el salario mínimo vigente para el momento en que se profirió el fallo por el a quo, de manera que es procedente su actualización, en lugar de liquidar con el salario actual, en aras de no hacer más lesiva la condena para la Nación.

 

La condena se hizo con base en el salario mínimo, en consideración a que no se acreditó el monto de los ingresos del señor James Alberto y aplicando las fórmulas jurisprudenciales, criterios con los que coincide esta Corporación.

 

Se actualiza la condena así:

 

  1. SANDRA ABIGAÍL ROJAS LÓPEZ

 

Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, $75´242.809
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 132,71 que es el correspondiente a agosto de 2016, a falta del mes de septiembre de 2016.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 111,32 que es el que correspondió al mes de julio de 2012, mes en el que fue proferida la sentencia del a quo.

 

 

Ra= $ 75´242.809       132,71   =    $ 89´700.621,47

111,32

 

  1. NINI JOHANA CAICEDO ROJAS

 

Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, $31´623.230
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 132,71 que es el correspondiente a agosto de 2016, a falta del mes de septiembre de 2016.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 111,32 que es el que correspondió al mes de julio de 2012, mes en el que fue proferida la sentencia del a quo.

 

 

Ra= $ 31´623.230       132,71   =    $ 37´699.594,44

111,32

 

  1. MARÍA TERESA CAICEDO ROJAS

 

Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, $28´394.390
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 132,71 que es el correspondiente a agosto de 2016, a falta del mes de septiembre de 2016.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 111,32 que es el que correspondió al mes de julio de 2012, mes en el que fue proferida la sentencia del a quo.

 

 

Ra= $ 28´394.390       132,71   =    $ 33´850.336,84

111,32

 

  1. Costas

 

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

  1. R E S U E L V E

 

MODIFICAR la sentencia de 25 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que quedará así:

 

PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados a los señores WILSON LÓPEZ RODRÍGUEZ y AZUCENA MENDOZA JAIMES, en nombre propio, a la señorita SUSANA CRISTINA LÓPEZ MENDOZA, a TOBÍAS RODRÍGUEZ BUITRAGO, ADRIANA RODRÍGUEZ OSPINA y LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINA, cónyuge supérstite e hijos respectivamente de ANA BEATRIZ OSPINA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) y a la señora SANDRA ABIGAIL OSPINA RODRÍGUEZ cónyuge supérstite de JAMES ALBERTO CAICEDO NOGUERA (q.e.p.d.), progenitora y representante legal de NINI JOHANA y MARÍA TERESA CAICEDO NOGUERA, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 25 de junio de 2005, en el que estuvo involucrado el vehículo oficial camión modelo N-472 ABIR color verde, servicio oficial EJERCOL de siglas EJC_97015, conducido por el Señor C.S MELÉNDEZ RODRÍGUEZ YUBER C.C. 98.367.362 Policarpa, 28 años soltero alfabeto cabo segundo EJERCOL.

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

 

Para Susana Cristina López Mendoza, la suma equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 

Para los Señores WILSON LÓPEZ RODRÍGUEZ y AZUCENA MENDOZA JAIMES, el equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos.

 

Para TOBÍAS RODRÍGUEZ BUITRAGO, esposo de la occisa ANA BEATRIZ OSPINA MARTÍNEZ (q.e.p.d.) y para sus hijos ADRIANA RODRÍGUEZ OSPINA y LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINA, el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno.

 

Para SANDRA ABIGAIL ROJAS LÓPEZ, en su calidad de esposa de JAMES ALBERTO CAICEDO NOGUERA (q.e.p.d.) el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada una de ellas.

 

TERCERO: CONDENAR al EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por concepto de prejuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

 

A favor de SANDRA ABIGAIL ROJAS, el valor de $89´700.621,47.

 

A favor de NINI JOHANA CAICEDO ROJAS, representada legalmente por su progenitora el valor de $37´699.594,44.

 

Y a favor de MARÍA TERESA CAICEDO ROJAS, el valor de $33´850.336,84.

 

CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

 

QUINTO: Las demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

 

SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

 

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

 

 

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
 

 

 

 

 

 

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Presidenta de la Sala

 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH                           RAMIRO PAZOS GUERRERO

               Magistrado                                                                Magistrado

 

 

 

 

 

 

[1] Folios 297 al 327 c. ppal. 2.

[2] Folios 1 al 4 c. 1, presentada el 25 de junio de 2007.

[3] Folios 58 al 66 c. 1.

[4] Folios 284-287 c. 1.

[5] Folios 288 al 293 c. 1.

[6] Folios 357 al 360 c. ppal. 2.

[7]“ARTÍCULO 184. Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.

Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.

En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.

(…)La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”.

 

De conformidad con la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de julio de 2012, la cuantía necesaria para que se surta el grado jurisdiccional de consulta asciende a $170´010.000, cuantía que es alcanzada en el caso de autos, dado que, sumadas las cantidades a las que fue condenada la Nación, se obtiene la suma de $382´522.500, sin contar lo atinente a los perjuicios materiales, es decir, supera ampliamente la suma determinada en la norma.

[8] Para la época en la que se interpuso la demanda –25 de junio de 2007-, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $216´850.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la suma de $1.951´650.000, por concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes.

[9] Folio 10 c. 1. Certificado de registro civil de nacimiento.

[10] Folios 11 al 14, 21 y 39 c. 1. Registros civiles de defunción, nacimiento y de matrimonio. El protocolo de necropsia obra a folios 216 al 221 del c. 2.

[11] Folios 15 al 18 c. 1, Registros civiles de defunción, nacimiento y de matrimonio. Folios 3 al 10 c. 2, acta de inspección al cadáver.

[12] Folios 141 al 144 c. 1. Copia del SOAT y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual expedida el 6 de diciembre de 2004, con destino al Ministerio de Transporte.

[13] Folios 23 y 24, 26 al 33 al 38,  c. 1, certificación de la cooperativa y certificado expedido por el Instituto de Tránsito de Boyacá. Contrato de vinculación del vehículo a la cooperativa. Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo. Folios 155 al 208 c. 1, copia de los balances del dinero producido por la buseta de enero a junio de 2005, certificación del valor pagado por el fondo de ayuda mutua, contrato de trabajo del señor James Alberto Caicedo Noguera

[14] Folio 25 c. 1. Factura de venta.

[15] Folio 22 c. 1.

[16] El proceso penal fue trasladado al plenario por solicitud de la parte actora. Con relación a la apreciación de las declaraciones allí rendidas, la jurisprudencia tiene dicho: “…la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada –la Nación- es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria ‘… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…’” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia de 11 de septiembre de 2013, exp. 20.601, C.P.: Danilo Rojas Betancourth. Este precedente es aplicable, en la medida en que la sede judicial y la demandada hacen parte de la Nación.

[17] Folios 37 al 40A c. 2. Reiteró su dicho mediante testimonio obrante a folios 112 al 114 c. 2.

[18] Folios 42A y 43 c. 2, actas de inventario de los vehículos involucrados en el accidente. Folios 52 al 54 c. 2, acta de entrega de pertenencias encontradas en el vehículo de placas TWA-176.

[19] Luego de realizada la búsqueda en el sistema de gestión judicial, no se encontraron procesos susceptibles de acumulación.

[20] Folio 41 al 42 c. 2.

[21] Folios 237 al 239 c. 2. Testimonio del patrullero Juan Pablo Mondragón Piñeros, quien elaboró el croquis y reiteró lo expuesto en este y en el informe de accidente. Afirmó en el testimonio: “El cabo me dijo que él iba detrás de un camión y que fue a tratar de adelantarlo y también hay dos pasajeros que los mencioné en otro informe (…) y manifestaron que el camión ABIR del ejército venía invadiendo la vía…”.

[22] Folios 189 al 191 c. 2.

[23] Folios 192 al 193 c. 2.

[24] Folios 265 al 266 c. 2. Manifestó que permitió que el cabo Meléndez condujera el vehículo ABIR, pues este le dijo que estaba en capacidad de hacerlo y por cuanto su esposa se encontraba enferma y le urgía ir a verla.

[25] Folio 46 c. 2

[26] Con relación a la valoración de la indagatoria, téngase en cuenta que, comoquiera que se trata de un medio de prueba distinto al testimonio, ya que en este se requiere que su deponente declare bajo la gravedad de juramento, en los términos del inciso final del artículo 175 del C. de P.C., la versión libre y la indagatoria se tienen en cuenta y son analizadas por su relevancia y en conjunto, a fin de crear convencimiento sobre los hechos acaecidos de los que trata este asunto. Sobre la valoración de las indagatorias, véase Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia P.I. 11001-03-15-000-2011-00125-00(PI), demandado: Néstor Iván Moreno Rojas. En sentido contrario, Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010, expediente 18109, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez y Subsección A sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 22943, consejero ponente: Hernán Andrade Rincón.

[27] Folios 95 y 96 c. 2.

[28] Folios 104 y 105 c. 2. Realizada el 29 de junio de 2005.

[29] Folios 106 y 107 c. 2. Realizada el 29 de junio de 2005. Las fotografías de la inspección, obrantes a folios 157 al 167 c. 2, dan cuenta de la destrucción del vehículo como consecuencia de la colisión, sumiéndose principalmente el lado del conductor, además de otras abolladuras laterales y en el techo.

[30] Folios 388 al 395 c. 2.

[31] Folios 243 al 248 c. 1.

[32] En consideración a ello, no es posible valorar el interrogatorio rendido por los señores Azucena Mendoza Jaimes (f. 104 al 108 c. 1), Wilson López Rodríguez (f. 109 al 112 c. 1), Adriana Rodríguez Ospina (f. 126 al 129 c. 1), Luis Alberto Rodríguez Ospina (f. 135 al 137 c. 1), Sandra Abigaíl Rojas López (f. 137 al 140 c. 1), Susana Cristina López Mendoza (f.269 al 273 c. 1).

[33] Folios 40 y 41 c. 1.

[34] Folios 274 al 280 c. 1.

[35] Se llegó a la misma conclusión por parte de la sicóloga del Centro de Estimulación de la Inteligencia Pallana, en valoración realizada el 27 de marzo de 2007. C. 3.

[36] Sobre el ‘test de conexidad con el servicio’, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1990.  Exp. 5998; y Consejo de Estado, sentencia de 2 de mayo de 2007, C. P.: Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 16743: “Antes de decidir si la Nación es responsable del daño sufrido por los demandantes por haber intervenido en su causación un agente estatal, cabe precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala, las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública. En doctrina que la Sala ha acogido en reiterada jurisprudencia, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que ésta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. Para establecer cuándo un hecho cometido por un agente estatal tiene vínculo con el servicio, la Sala, en sentencia del 17 de julio de 1990, expediente: 5998, formuló el siguiente test de conexidad, con fundamento en la doctrina extranjera: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo?; ¿el agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión? En la misma providencia se advirtió que ‘ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad de la administración pero si resultara que el Juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla en el servicio’. En providencias más recientes se señaló que ‘en las decisiones en las que se ha acudido al referido test éste no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, ya que se deberán analizar, en cada caso, las circunstancias especiales que rodearon el hecho para poder determinar si el daño es atribuible o no atribuible al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con la conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia’”.

[37] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2012, rad. 23412, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

[38] [15] En los términos expuestos en la sentencia del 14 de junio de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación n.° 13303, actor: Manuel José Bohórquez Viana y otros: “…Para establecer cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública…”.

[39] [22] En términos de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, rad. n.° 19976, C.P. Jaime Orlando Santofimio: “No obstante lo anterior debe resaltarse que esta Sala ha considerado que las actuaciones de los agentes del Estado sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando aquellas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público, de modo que la simple calidad de funcionario público que funja el autor del hecho o el uso de algún instrumento del servicio ─como el arma de dotación oficial─ no vincula al Estado, como quiera que el servidor público pudo haber obrado dentro de su ámbito privado, desligado por completo del desempeño de actividad alguna conectada con la función normativamente asignada a la entidad demandada (…)”.