CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 25000 23 42 000 2016 02600 01

LA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA NO ES PLENA PRUEBA PARA COMPROBAR LA EXISTENCIA DE UN DELITO.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 25000 23 42 000 2016 02600 01

Demandante: TIBERIO MOSQUERA MANCILLA

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: Acción de Tutela

Impugnación contra la providencia de 16 de junio de 2016, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Consejera Ponente (E): MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

 

 

 

 

 

 

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la providencia de 16 de junio de 2016, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que resolvió:

 

“PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Tiberio Mosquera Mancilla contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por las razones expuestas (…)”.

 

 

ANTECEDENTES

 

  1. Hechos

 

El actor indicó que desde hace unos años fue diagnosticado con esquizofrenia, epilepsia e hipertensión esencial primaria.

 

Afirmó que estuvo recluido en el Hospital Siquiátrico Universitario del Valle y la cárcel de Buenaventura por un episodio de violencia intrafamiliar con sus padres, situación que derivó en un hostigamiento por parte de la Policía de Buenaventura para con él, que lo llevó a trasladarse como desplazado a la ciudad de Bogotá D.C.

 

Señaló desde octubre de 2014 hace parte del Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

 

Relató que mediante fallo de 4 de abril de 2016, el Juzgado 23 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá negó una tutela que interpuso contra el Banco AV Villas y la Policía Nacional, por la presunta agresión física y espiritual que le infligieron el día 8 de febrero del año en curso mientras se encontraba en las instalaciones del banco.

 

Sostuvo que el 18 de abril de 2016 solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigación disciplinaria contra los funcionarios de la policía involucrados en los hechos arriba descritos (no identificados), por haberle supuestamente quitado su documento de identidad y carné de egresado.

 

Adujo que el 27 de abril reiteró su petición a la Procuraduría y agregó una denuncia por agresión en contra de alias “pipo”, en el barrio Santa Fe, en hechos por los que también denunció a miembros de la policía por abuso de autoridad y por la retención de sus documentos.

 

  1. Oposición

 

La Secretaría General de la Policía Nacional contestó la demanda y manifestó su oposición a las pretensiones de la misma, ante la incoherencia y falta de certeza de los hechos enunciados y de los derechos supuestamente vulnerados.

 

Sostuvo que en el asunto se configuraba el hecho superado, refiriéndose a la respuesta dada al demandante ante una primera petición  que elevó a la institución, respecto de los mismos hechos que refiere en esta acción.

 

  1. Fallo impugnado

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia de 16 de junio de 2016,  negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, por cuanto no encontró prueba alguna de los hechos narrados en la acción.

 

Señaló que, no obstante se observan solicitudes de intervención y/o investigación elevadas a varias autoridades por parte del demandante, consideró que tales solicitudes no son prueba de la retención de documentos alegada ni de la ocurrencia de ninguna otra situación que conllevara a inferir la violación de derechos del actor.

 

Finalmente, aclaró que el amparo se negaría, ya que no se advertía ninguna situación que debiera declararse superada, como lo pretendía la demandada.

 

  1. Impugnación

 

El demandante impugnó la anterior decisión con el fin de que se revocara, en escrito en el que volvió a relacionar los hechos descritos en la solicitud de tutela y agregó algunos nuevos como el robo de un giro a su nombre.

 

Sostuvo que debido al fallo en contra “”me veo obligado a impuna (sic) y dar pruebas como la información de la procuraduría y el denuncio en cuanto al robo y mas luego a aportar las otras pruebas…” (sic).

 

Por último, informó que anexaba “información de la procuraduría en cuanto al pago de la ayuda y el denuncio del robo con la fiscalía”.

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,  reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera (sic) que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

 

Esta acción procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

 

Caso concreto

 

En primer lugar, la Sala advierte que el actor es sujeto de especial protección por parte del Estado, dadas las desafortunadas condiciones que reúne, entre las que se cuentan su situación de desplazamiento, las graves enfermedades siquiátricas que lo aquejan y su bajo nivel socio-económico, evidenciado en los múltiples relatos que adjuntó al escrito de impugnación, los cuales dan cuenta de sus difíciles condiciones de vida en uno de los sectores más deprimidos de la capital de la república.

 

Infortunadamente, el actor acude a la jurisdicción constitucional sin pruebas que sustenten los hechos que describe en la acción de tutela, exigiendo del aparato judicial una labor investigativa que no le es natural y es por este motivo que ha visto denegadas sus pretensiones en varias ocasiones.

 

Ante tal situación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó en primera instancia el amparo solicitado, pues, contrario a lo que pretende el actor, las denuncias en la Fiscalía, solicitudes a la Procuraduría y certificaciones bancarias no constituyen pruebas de los delitos que pretende exponer, pues en ellos se encuentran únicamente sus declaraciones, las cuales, para convertirse en pruebas, deben ser contrastadas, primero con otros elementos de convicción por un organismo investigador como la Fiscalía, para que, a partir de ellas sea posible inferir la comisión de un acto delictivo en las circunstancias que allí se describen.

En tal sentido, ante la absoluta falta de pruebas de las afirmaciones del actor, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, no sin antes recordar al mismo que no es a los jueces constitucionales a quienes debe acudir para obtener pruebas de los hechos descritos en la demanda, sino que para este fin cuenta, además de la Fiscalía General de la Nación, como ente investigador de los hechos que revistan las características de un delito, con el derecho de petición, el cual puede ser dirigido a entidades privadas y públicas, con el fin obtener respuestas claras y concretas sobre situaciones en las que dichas entidades se encuentren relacionadas.

 

En suma, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, ante la falta de prueba de vulneración o amenaza de derechos fundamentales del demandante, o la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional.

 

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

 

F A L L A:

 

  1. CONFÍRMASE el fallo de tutela impugnado, proferido el 16 de junio de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
  2. ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

 

  1. NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz que asegure su cumplimiento.

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

 

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA          

Presidenta de la Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS                                                

              

 

 

 

 

 

 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ