CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001 03 15 000 2017 00272 00 (AC)

LA CORTE ESTABLECIÓ UN PERIODO DE SEIS MESES PARA IMPONER LA TUTELA EN CONTRA DE SENTENCIA DICTADAS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedente por incumplir el requisito de inmediatez / INMEDIATEZ – Seis (6) meses es el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencia judicial

 

[E]n el sub lite se observa que no se colma el requisito de inmediatez en razón a que la sentencia objeto de controversia constitucional quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2015 y la solicitud de amparo se interpuso el 27 de enero de 2017, es decir, un (1) año, un (1) mes y once (11) días después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario solicitar su protección oportunamente. (…) Así las cosas, comoquiera que el término de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa comporta una regla jurisprudencial y en el sub lite la demandante no justificó su omisión de interponer el amparo constitucional dentro de ese lapso, la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se colma. A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las circunstancias propias del amparo deprecado no satisfacen los presupuestos legales ni jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia.

 

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1382 DE 2000 / DECRETO 306 DE 1992 / DECRETO 1382 DE 2000

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp: 2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 31 de julio de 2012, exp: 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre el principio de inmediatez en la acción de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia T-519 de 5 de julio de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, sentencia T-158 de 2 de marzo de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001 03 15 000 2017 00272 00 (AC)

Actor: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) HOSPITAL DE ENGATIVÁ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

 

 

 

 

 

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la ESE Hospital de Engativá, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

 

  1. ANTECEDENTES

 

1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 14 c. 1). La ESE Hospital de Engativá, por intermedio de apoderada, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita se deje sin efectos la sentencia de 5 de noviembre de 2015, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección tercera, subsección B) confirmó el fallo de 25 de junio de 2013, mediante el cual el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la acción de reparación directa 11001-33-31-033-2009-00018-00 incoada por el señor Wilson Rojas Achury y, en su lugar, se ordene proferir una nueva providencia en la que se nieguen las súplicas de la mencionada demanda.

 

1.2 Hechos. Relata la demandante que el 14 de marzo de 2006, la señora Claudia Patricia Escobar ingresó al centro asistencial, porque presentaba un retraso menstrual de cinco (5) semanas, donde luego de realizarle una ecografía se determinó que estaba embarazada, pero presentaba síntomas de amenaza de aborto, por lo que se le suministró «misotropol», con lo que se efectuó un «legrado por vía química».

 

Que catorce (14) días después acudió nuevamente, ya que tenía fiebre y dolor en las piernas, por lo que se le practicaron algunos exámenes que arrojaron como resultado un estado óptimo de su sistema reproductor, por lo que fue dada de alta.

 

Dice que el 13 de abril de 2006, la paciente regresó al hospital debido a que padecía complicaciones en su estado de salud, las cuales, pese a la asistencia médica prestada, provocaron su muerte.

 

Que el señor Wilson Rojas Achury, por intermedio de apoderado, interpuso acción de reparación directa en la que pidió declarar administrativamente responsable al centro asistencial por el fallecimiento de su esposa y ordenarle resarcir los correspondientes perjuicios, a lo que accedió el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 25 de junio de 2013.

 

Agrega que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección tercera, subsección B), a través de fallo de 5 de noviembre de 2015, en el sentido de confirmarla.

 

Que las autoridades accionadas, en la sentencia acusada, no valoraron integralmente las pruebas obrantes en el expediente contencioso-administrativo, las cuales daban cuenta de que la muerte de la señora Claudia Patricia Escobar se produjo por causas no atribuibles a los médicos que le practicaron el aborto, sino que aconteció por complicaciones inherentes a los procedimientos a los que fue sometida, situación que configura la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico.

 

  1. TRÁMITE PROCESAL

 

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 1.º de febrero de 2017 (ff. 42 y 43 c. 1), admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dispuso vincular al señor Wilson Rojas Achury en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.1 Contestación de la acción. Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca piden negar el amparo deprecado, toda vez que en esa providencia se valoraron las pruebas de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica.

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la ESE Hospital de Engativá, que aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

 

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

 

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 5 de noviembre de 2015, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección tercera, subsección B) confirmó el fallo de 25 de junio de 2013, mediante el cual el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la acción de reparación directa 11001-33-31-033-2009-00018-00 incoada por el señor Wilson Rojas Achury; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

 

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

 

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

 

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

 

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

 

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

 

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

 

Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

 

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii)  Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

 

Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

 

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)  decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

 

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

 

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

 

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

 

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

 

Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales[1], rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012[2], en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos[3].

 

3.5 Caso concreto. Frente a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que no se colma el requisito de inmediatez en razón a que la sentencia objeto de controversia constitucional quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2015[4] (f. 541 c. 4) y la solicitud de amparo se interpuso el 27 de enero de 2017 (f. 1 c. 1), es decir, un (1) año, un (1) mes y once (11) días después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario solicitar su protección oportunamente. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010[5], sostuvo:

 

[…] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable”[6]. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. (…) Incluso, la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó[7]”.

 

Asimismo, el alto Tribunal Constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico no establece expresamente un término dentro del cual se deba incoar la solicitud de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar en atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó lo siguiente:

 

La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración, cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los derechos.

 

La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna improcedente.[8]

 

 

En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria. En ese fallo esta Corporación discurrió así:

 

Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable.

 

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.

 

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto[9].

 

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

 

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

 

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.

 

Así las cosas, comoquiera que el término de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa comporta una regla jurisprudencial y en el sub lite la demandante no justificó su omisión de interponer el amparo constitucional dentro de ese lapso, la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se colma.

 

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las circunstancias propias del amparo deprecado no satisfacen los presupuestos legales ni jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

 

FALLA:

 

1.º Recházase por improcedente la acción de tutela interpuesta por la ESE Hospital de Engativá contra los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la parte motiva.

 

2.º Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto ley 2591 de 1991.

 

3.º Si este fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

Notifíquese y cúmplase,

 

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

 

 

 

 

 

 

CARMELO PERDOMO CUÉTER

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001 03 15 000 2016 02280 01 (AC)

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE AMPARO EN CONTRA DE SENTENCIAS JUDICIALES

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / DAÑO – Ausencia de prueba

 

[No] se configuran los defectos alegados en el presente caso, toda vez que la autoridad judicial que profirió la providencia judicial de segunda instancia, sí realizó un análisis de los argumentos dados por la tutelante en su recurso de apelación (que denominó como defecto procedimental) y analizó en conjunto todo el material probatorio allegado al proceso (defecto fáctico) y, del cual, concluyó que no estaba demostrado uno de los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado, como fue el daño, motivo que lo llevó a no revisar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni el nexo causal (…) en este caso, la sociedad SACH reclamó como perjuicios lo dejado de producir por el comiso de una aeronave marcha Beechcraft modelo B300 (350) Súper King Air., lucro cesante que no se podía generar, pues se demostró tanto en el proceso ordinario, que la empresa demandante, nunca cumplió con los requisitos necesarios para que la AEROCIVIL le otorgara el certificado de operación aérea, es decir, legalmente dicho avión no podía emprender ninguna actividad económica lícita, que pudiera ser indemnizada en el proceso ordinario (…) los defectos alegados en la presente tutela no se configuran, pues la la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa, resolvió con las pruebas, normas y jurisprudencia aplicable al caso concreto y, finalmente, al no estar demostrado el daño reclamado era inane pronunciarse sobre los demás elementos de responsabilidad, como lo pretende la tutelante.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001 03 15 000 2016 02280 01 (AC)

Actor: SERVICIO AÉREO DEL CHOCÓ LTDA, SACH

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA Y OTRO

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

 

 

 

 

 

 

Decide la Sala la impugnación[1] presentada por el apoderado judicial de la sociedad SERVICIO AÉREO DEL CHOCÓ LTDA (en adelante SACH), contra el fallo del 7 de diciembre de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual «negó por improcedente» el amparo deprecado, por no existir vulneración de derechos.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. La tutela

 

Mediante apoderado judicial, la sociedad SACH solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia,[2] que consideró vulnerados con la decisión adoptada en segunda instancia por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2005-00793-01; por medio de la cual confirmó la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B con la que negó las pretensiones indemnizatorias.

 

1.2. Hechos de la acción

 

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

 

  1. a) Mediante apoderado la sociedad SACH presentó demanda de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa y en Ministerio del Interior y de Justicia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que conllevó a los daños y perjuicios ocasionados por la aprehensión de una aeronave marcha «Beechcraft modelo B300 (350) Super King Air…», por lo que solicitó como indemnización el valor de USD $25.128.500, por lo dejado de percibir entre el 12 de junio de 1996 hasta el 18 de marzo de 2003.[3]

 

  1. b) La Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con sentencia del 30 de enero de 2008, resolvió la primera instancia negando las pretensiones de la demanda, pues al examinar en conjunto del material probatorio, concluyó que:

 

«De esta forma, el elemento daño no se encuentra probado frente a este hecho reprochado por la parte actora pues dentro del expediente reposan numerosos documentos que dan fe de la legal utilización de la aeronave efectuada por la Armada Nacional y del buen estado de conservación en el que se entregó al depositario provisional Lloyd’s Claims Office Non Marine and Aviaton Limited, designado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, no en cambio documentos que demostraran la mala gestión en la administración de la aeronave efectuada por la Dirección Nacional de Estupefacientes o la mala utilización por la Armada Nacional.

 

En conclusión, en vista que en el presente caso la parte actora no probó el daño, la Sala no procederá a realizar el análisis de los demás elementos que conforman la Responsabilidad Extracontractual del Estado, pues en ausencia del primero ésta no se configura».[4]

 

  1. c) Inconforme con la anterior decisión la sociedad SACH la apelo.

 

  1. d) La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado con providencia del 27 de enero de 2016,[5]resolvió el recurso, confirmando la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, pues al revisar los argumentos de la apelación y del análisis en conjunto del material probatoria, concluyó que en el caso concreto, el daño alegado no se encuentra configurado, para lo cual indicó que está demostrado «…que la sociedad Servicios Aéreos del Chocó no tenía permiso de operación, por lo tanto, no podía prestar el servicio aéreo de aviación civil».

 

La Sección Tercera explicó que, como daños y perjuicios, la tutelante reclamó lo dejado de recibir por la aprehensión de la aeronave desde el 12 de junio de 1996 hasta el 18 de marzo de 2003, pero dicha autoridad judicial al revisar el material probatorio, concluyó que el daño no fue demostrado, por lo siguiente:

 

«…el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, mediante resolución 06008 del 26 de septiembre de 1995[6], negó el permiso de operación a la sociedad accionante, debido al incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad señalada ad supra, como lo era el deber de presentar la segunda aeronave para efectuar la inspección dentro de plazo otorgado, y si bien dicho acto administrativo fue revocado mediante resolución 02122 del 3 de abril de 1996[7], mediante el cual se concedió un plazo irrevocable y único con el fin de realizar las diligencias tendientes a obtener el permiso de operación, se observa que obra informe del veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996)[8], de la Aeronáutica Civil, donde se consignó que la aeronave Beechcraft modelo B300 (350) serie FL-98, “NO LA PUEDE EXPLOTAR (No tiene Permiso de Operación)”; situación que es confirmada por el oficio suscrito por el Jefe de Oficina de Transporte Aéreo, del dieciséis (16) de mayo de dos mil seis (2006)[9], en donde se manifestó que “la empresa SERVICIO AÉREO DEL CHOCHÓ no ostenta ante este Despacho un permiso de operación en alguna de las diversas modalidades previstas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. (…)” (Subrayado fuera del texto); de contera mediante oficio 4101-0207-06[10], autoridad aeronáutica anexó copia de los registros de la aeronave HK 4043-X, con la anotación de matrícula suspendida desde el 5 de febrero de 1997».[11]

 

1.3. Pretensión constitucional

 

La tutelante con la presente acción busca lo siguiente:[12]

 

«9.1. Con fundamento en los hechos narrados solicito, al H. Consejo de Estado, garantizar el amparo constitucional de los derechos fundamentales vulnerados de mi procurado – los derechos al debido proceso, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia.

 

9.2. Se ordene, como amparo efectivo de los derechos conculcados, que el Consejo de Estado, Sección Tercera, corrija la sentencia, para que esta vez, la dicte ajustada a derecho. Esto con fundamento, en que el control constitucional no usurpa la competencia del juez natural, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional:

 

“Se ha establecido que el juez constitucional no puede suplantar o desplazar al juez ordinario en el estudio de un caso que, por su naturaleza jurídica, le compete. Este solo puede vigilar si la providencia conlleva la vulneración de los derechos constitucionales del tutelante, el en especial, el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

 

De allí se infiere que la tutela no es un mecanismo que permita al juez constitucional anular decisiones no comparte o remplazar al juez ordinario en su tarea de interpretar las normas conforme al material probatorio del caso, sino que le permite determinar si la actividad judicial estuvo conforme al ordenamiento constitucional.” (10)

 

9.3. Consecuentemente, solicito que ordene al Consejo de Estado que, en la nueva providencia:

 

9.3.1. Se garantice el derecho al acceso al debido proceso, a la legalidad, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, aplicando las normas del derecho vigente y aplicable al caso concreto de la responsabilidad. Art 90 C.P.

 

9.3.2. Por ello, ha de ordenarse a la H. Sala de conocimiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en su decisión efectúe a cabalidad el análisis probatorio que corresponde, y haga referencia explícita en su estudio a:

 

9.3.2.1. A las pretensiones de la demanda, indemnización integra de perjuicios por tres factores de daño: a) La explotación del contrato, b) el monto pagado como cuota inicial y cánones de arrendamiento y c) el valor de las horas de vuelo por utilización de la administración, de una aeronave retenida injustamente y de la cual se dio orden judicial mediante sentencia, de devolverla por no estar vinculada a actividades ilícitas.

 

9.3.2.2. Se garantice el derecho al debido proceso, ciñendo su competencia a las pretensiones presentadas en las impugnaciones».

 

1.4. Fundamentos de la tutela

 

Revisado el escrito de tutela, la sociedad SACH planteó como causales especiales de procedibilidad las siguientes:

 

1.4.1. Alegó que existió un defecto fáctico, por incongruencia del fallo respecto de las pruebas, al indicar que «… la única motivación que tuvo el Consejo de Estado, Sección Tercera, para confirmar la sentencia de primera instancia y despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, sin reconocer los perjuicios causados a la sociedad SERVICIO AÉREO DEL CHOCÓ LTDA, con ocasión de la privación de la tenencia de la aeronave, fue la supuesta ausencia de permiso de operación de esta empresa por parte de la UAE AERONÁUTICA CIVIL COLOMBIANA (en adelante: AEROCIVIL), lo que es completamente falso, pero especialmente contrario a los hechos y lleva a afirmar que en fallo hay una grosera y abierta contradicción entre los hecho y la decisión…»; luego procedió a dar su argumentos por los cuales se debió acceder a su solicitud indemnizatoria, pues en su consideración están plenamente demostrados los elementos de responsabilidad extracontractual y el perjuicio sufrido para su reconocimiento.

 

1.4.2. También puso de presente que en la providencia cuestionada se configuró un defecto procedimental, bajo el argumento que la decisión de segunda instancia cuestionada no resolvió todos los aspectos planteados en el recurso de apelación, lo que conlleva a la violación del debido proceso.

 

  1. Trámite de instancia

 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 10 de agosto de 2016, admitió la tutela y ordenó notificar como demandados a los Magistrados integrantes de la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. [13]

 

De igual manera, ordenó comunicar como terceros con interés a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho (sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes) y a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil.

 

Finalmente, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 

Remitidas las misivas del caso, se dieron las siguientes intervenciones.[14]

 

  1. Intervenciones

 

3.1. El Ministerio del Interior

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad allegó escrito en el que solicitó «…declarar probada la Excepción de Falta de Legitimación Material en la Causa por Pasiva, de este Ministerio en el presente asunto, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la violación o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y el Ministerio del Interior, como quiera que no es la autoridad pública que presuntamente violó o amenazó los derechos fundamentales invocados».[15]

 

3.2. El Ministerio de Justicia

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de este ministerio aportó memorial, en el que solicitó su desvinculación, toda vez que «…por la acción de esta entidad no se afectó derecho fundamental del accionante…».[16]

 

3.3. La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil

 

El Jefe del Grupo de Acciones Constitucionales, Tributarias, Ambientales y Vías Gubernativa de la AEROCIVIL, intervino solicitando denegar el amparo deprecado por ausencia de violación de derechos fundamentales y por no darse los presupuestos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales de conformidad con la sentencia C-590 de 2005.

Sobre el aspecto que el tutelante alegó que si tenía certificado de operación, fue enfática en indicar que «Desde ya se aclara que NUNCA se le otorgó dicho certificado a la empresa, de manera que no puede sostener que hubo perjuicios al no poderla operar, pues esta condición estaba sujeta al cumplimiento de dos trámite SINE QUA NOM…», luego explicó estos y como la tutelante no cumplió con lo requerido para poder operar la aeronave, pese a las prórrogas que le otorgaron, nunca se le «…concedió permiso de operación a SACH».[17]

 

3.4. La Fiscalía General de la Nación

 

La Directora Jurídica la entidad remitió escrito en el que solicitó «…declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Oscar Mauricio Buitrago Rico, apoderado especial de la sociedad Servicio Aéreo del Chocó LTDA., por cuanto no acreditó el cumplimiento de las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en atención a que el asunto carece de relevancia constitucional».[18]

 

3.5. La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado

 

La autoridad judicial cuestionada al contestar la tutela solicitó negar su amparo, quien luego de explicar los supuestos fácticos y las razones de la providencia judicial cuestionada, con ella no se vulneró derecho fundamental alguno. Indicó que respecto «… de los vicios específicos de procedibilidad, también puede decirse que no se configura ninguno de ellos, comoquiera que i) está Subsección, en atención al criterio funcional, era competente para conocer del caso, ii) la decisión adoptada se ajustó a las normas jurídicas y jurisprudenciales aplicables, iii) fácticamente la decisión se amparó en las cuestiones que estaban sustentadas con el debido respaldo probatorio en el expediente, valoradas conforme a la sana crítica; v) la decisión judicial atacada contó con la motivación fáctica y jurídica necesaria, como para que la misma se entienda suficientemente en derecho; vi) y, por último, sobra decir, que los demás defectos específicos de procedibilidad tampoco se configuran».[19]

 

3.6. La Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y el Ministerio de Defensa

 

Las anteriores autoridades a pesar de haber sido debidamente notificadas no intervinieron en el trámite de la presente acción constitucional.

 

  1. Fallo de primera instancia

 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado «denegó por improcedente» el amparo requerido por la sociedad SACH, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2016, pues al estudiar las pruebas allegadas a la acción constitucional y la providencia judicial cuestionada, manifestó:[20]

 

«Previo a cualquier consideración, la Sala advierte que de la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación y los argumentos de la solicitud de amparo, se evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una simple reiteración, con la que la sociedad actora pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela.

{Luego transcribió los argumentos dados por la autoridad judicial en la sentencia cuestionada}.

 

A juicio de la Sala, el hecho de que la parte actora no esté de acuerdo con los anteriores argumentos, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales, mas no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural.

 

De todas maneras, hay que dejar en claro que la providencia no desconoce derechos fundamentales, toda vez que, como se vio, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la aquí demandante, porque no se acreditaron los perjuicios ocasionados, en virtud de que la aeronave objeto de discusión en el proceso ordinario no contaba con el permiso correspondiente».

 

  1. Impugnación

 

La sociedad SACH inconforme con la anterior decisión la impugnó.[21]

 

Para solicitar su revocatoria expresó que el anterior fallo es contradictorio, pues en una primera parte, expresó que la acción constitucional era improcedente, en razón a que se plantearon los mismos argumentos que en el recurso de apelación del proceso ordinario, pero, finalmente, se negó el amparo bajo el razonamiento que la decisión judicial cuestionada no vulneró ningún derecho fundamental; para afirmar que en virtud de tal «…incongruencia en sus argumentos, por lo que consideramos debe ser revocada para dar paso al amparo de los derechos fundamentales de la sociedad SACH, en la forma que fueron planteados en el escrito de tutela».

 

Finalmente, volvió a reiterar los argumentos dados en su acción por los cuales consideró que la sentencia cuestionada se dieron los defectos alegados y otros para explicar, porque no se puede considera en este caso la acción constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario.

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

  1. Competencia

 

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991,[22] el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015[23] y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003[24] de la Sala Plena del Consejo de Estado.

 

  1. Asunto bajo análisis

 

De acuerdo con los antecedentes de la acción de tutela, las intervenciones durante su trámite y la impugnación presentada, corresponde a la Sala determinar:

 

  1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; superado lo anterior;

 

  1. Se debe establecer si el fallo de tutela de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar, a partir de los argumentos dados en la impugnación por el apoderado judicial de la sociedad SACH y a partir de la providencia cuestionada, determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la tutelante.

 

  1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,[25] unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,[26] y en ella concluyó:

 

«… si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente…».[27]

 

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

 

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

 

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia[28] a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva.

 

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

 

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

 

  1. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

 

La Sala ha establecido que cuando el a quo de la tutela ha estudiado el fondo de asunto, es porque realizó el debido análisis de los requisitos de procedibilidad y sí los mismos no fueron objeto de impugnación esta Sección entiende que, aquellos se dieron por superados.

 

  1. Estudio de fondo

 

Para la Sala una vez estudiadas las pruebas obrantes en el proceso, las intervenciones de instancia, la providencia judicial cuestionada, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación a esta, se evidencia que se debe confirmar, al no configurarse los defectos alegados, como pasa a explicarse.

 

Para la Sala no existe la supuesta incongruencia que el apoderado de la sociedad SACH le imputa a la fallo de tutela de primera instancia, ello por cuanto, al analizar esta, se evidencia que la Sección Cuarta le reprocha al tutelante, que su escrito introductorio de la acción constitucional es un réplica de los argumentos dados en el recurso de apelación del proceso ordinario; luego explicó que este medio sumario establecido para la protección de derechos fundamentales, no se puede convertir en una tercera instancia para cuestionar decisiones legítimamente adoptadas. Finalmente, revisó la actuación de la autoridad judicial acá cuestionada y determinó que no vulneró ningún derecho fundamental.

 

En cuanto a lo anterior, la Sala pone de presente que la improcedencia de una acción de tutela, solamente se declara cuando esta no cumpla con los requisitos de procedibilidad adjetiva, a saber: i) que no sea tutela contra decisión de tutela; ii) que la misma no se presente dentro de un término razonable (inmediatez) y iii) que cuente con otros mecanismos judiciales de defensa (subsidiaridad).

 

Para este juez constitucional, tampoco se configuran los defectos alegados en el presente caso, toda vez que la autoridad judicial que profirió la providencia judicial de segunda instancia, sí realizó un análisis de los argumentos dados por la tutelante en su recurso de apelación (que denominó como «defecto procedimental») y analizó en conjunto todo el material probatorio allegado al proceso (defecto fáctico) y, del cual, concluyó que no estaba demostrado una de los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado, como fue el daño, motivo que lo llevó a no revisar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni el nexo causal.

 

Se recuerda que cuando se reclama la responsabilidad extracontractual del Estado, quien demanda debe probar tres elementos, a saber: i) el daño antijurídico soportado y su perjuicio; ii) la falla del servicio (en este caso el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) y, finalmente, iii) la relación causal entre el primero y en segundo.

En el caso que ahora ocupa la Sala, como se indicó en los antecedentes la la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia que negó la pretensiones de la reparación directa de marras, porqué no se demostró el daño alegado, en este caso, la sociedad SACH reclamó como perjuicios lo dejado de producir por el comiso de una aeronave marcha «Beechcraft modelo B300 (350) Super King Air…», lucro cesante que no se podía generar, pues se demostró tanto en el proceso ordinario, que la empresa demandante, nunca cumplió con los requisitos necesarios para que la AEROCIVIL le otorgara el certificado de operación aérea, es decir, legalmente dicho avión no podía emprender ninguna actividad económica lícita, que pudiera ser indemnizada en el proceso ordinario.

 

Lo anterior fue, ampliamente desarrollado por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2005-00793-01, con fundamento en las pruebas aportadas, al desarrollar el caso concreto a folios 988 a 993 del cuaderno No. 3 del expediente ordinario allegado en calidad de préstamo.

 

La sociedad SACH tanto en la tutela como en la impugnación, firmemente, sostuvo que tenía una licencia temporal de la AEROCIVIL para operar, lo cual fue desvirtuado en el proceso ordinario con las resoluciones allegadas por dicha autoridad administrativa al proceso ordinario y al intervenir en la presente acción constitucional, contundentemente, explicó:

 

«Desde ya se aclara que NUNCA se le otorgó dicho certificado a la empresa, de manera que no puede sostenerse que hubo perjuicios al no poderla operar, pues esta condición estaba sujeta al cumplimiento de dos trámites SINE QUA NOM, que son:

 

“(i) La obtención del Certificado de Matrícula que legitima la inscripción en el RAN {Registro Aeronáutico Nacional} y reconoce la calidad de explotador. Entre estos requisito estaba la exigencia de acreditar la constancia de cancelación del registro extranjero N8302N, que pertenece a la autoridad aeronáutica americana FAA. Para el caso del avión que pretendía explotar SACH LTDA., la Oficina de Registro le asignó la matrícula HK4043-X con carácter provisional, condicionada a la acreditación de los requisitos contemplados en los RAC {Reglamentos Aeronáuticos de Colombia}, para lo cual se le otorgaron unos plazos con la finalidad de cumplir. De conformidad con la resolución 07474 del 30/12/1996 se canceló la matrícula provisional HK4043-X, por no cumplir con esta última exigencia…

 

(ii) La expedición del Certificado de Aeronavegabilidad (Aptitud para volar) que emite la Secretaría de Seguridad Aérea una vez que el avión ya tiene Certificado de Matricula, y

 

(iii) El permiso de Operación que habilita a la empresa SACH LTDA., como aerotaxi. Sobre este particular se advierte que a esta empresa la Oficina de Transporte Aéreo OTA, solamente le concedió unos plazos para que acreditara la totalidad de los requisitos RAC que la hicieran merecedora de dicho permiso; plazos que fueron sucesivamente prorrogados sin que la empresa cumpliera. Por ello se expidieron las resoluciones 6008 del 26/09/95, 2122 del 03/04/96 y 0512 del 06/02/96, que son la prueba que la OTA nunca le concedió permiso de operación a SACH”».[29]

 

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia impugnada, toda vez que los defectos alegados en la presente tutela no se configuran, pues la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-26-000-2005-00793-01, resolvió el proceso con las pruebas, normas y jurisprudencia aplicable al caso concreto y, finalmente, al no estar demostrado el daño reclamado era inane pronunciarse sobre los demás elementos de responsabilidad, como lo pretende la tutelante.

 

Finalmente, es importante precisar que se confirma la negativa de amparo porque se demostró en el trámite constitucional que la autoridad judicial controvertida no vulneró derecho fundamental alguno, como también lo concluyó el a quo de tutela, razón por la cual, es una imprecisión fijar en parte resolutiva «Negar por improcedente la acción de tutela», como se hizo en el fallo acá impugnado.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

FALLA:

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016 por la Sección Cuarta del Consejo del Estado, por medio del cual negó el amparo solicitado por la sociedad SERVICIO AÉREO DEL CHOCÓ LTDA – SACH, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

 

SEGUNDO: Devolver el expediente ordinario allegado en calidad de préstamo, de conformidad con el oficio visible a folio 239.

 

TERCERO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera

 

 

 

 

 

 

 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete 2017 Radicación número: 11001 03 15 000 2016 03094 00 (AC)

EL ACCIONANTE DEBE ACUDIR ANTE EL JUEZ CONSTITUCIONAL EN UN PLAZO RAZONABLE PARA EXIGIR LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS

 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

 

El [actor] no ejerció la acción de tutela en un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales (…) La supuesta afectación de los derechos fundamentales, provienen de la decisión de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la que se confirmó y adicionó la decisión adoptada por el a quo en el proceso ordinario – acción popular, providencia dictada por el mencionado Tribunal el día 24 de abril de 2013, notificada por edicto fijado el día 9 de mayo del mismo año y quedó ejecutoriada el día 14 de mayo de 2013. (…) la tutela se recibió en la Secretaría General del Consejo de Estado el día 10 de octubre de 2016, con fecha de radicación del 5 del mismo mes y año es decir, luego de transcurridos más de 3 años y 4 meses de ejecutoriada la decisión judicial de la cual la parte actora considera una presunta violación de sus derechos fundamentales, término que para este juez constitucional no es razonable conforme a los argumentos expuestos en líneas precedentes. Ahora bien, encuentra este juez constitucional que el actor hace referencia en su escrito de tutela, al auto de 19 de septiembre de 2016, mediante el cual el Tribunal accionado modificó la sanción dictada por el Juzgado 30 Administrativo de Medellín en el sentido de disminuir el valor de la multa de 20 SMMLV a 10 SMMLV. A este punto es preciso aclarar que la fecha en que se expidió este auto no puede ser la que sirva de referencia para determinar la inmediatez, toda vez que dicha providencia se ocupa de estudiar el cumplimiento o no de la orden dictada dentro de la acción popular, que dicho sea de paso, es esta la decisión judicial de la cual el actor alega el desconocimiento de sus derechos fundamentales.

 

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-01063-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro, de la Sección Quinta de esta Corporación.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete 2017

Radicación número: 11001 03 15 000 2016 03094 00 (AC)

Actor: FRANK CÓRDOBA VILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

 

 

 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud que formuló el accionante contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado 30 Administrativo de Medellín, el municipio de Caldas (Antioquia), y CORANTIOQUIA[1],en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. Solicitud

 

Mediante escrito radicado en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal en Oralidad con Función de Garantías y Conocimiento de Caldas – Antioquia[2], el señor FRANK CÓRDOBA VILLA, en nombre propio, presentó tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Juzgado 30 Administrativo de Medellín, el municipio de Caldas (Antioquia), y CORANTIOQUIA, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la dignidad humana y al ambiente sano.

 

  1. Hechos

 

La petición de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que la Sala sintetiza, así:

 

1.2.1. El actor es residente del municipio de Caldas, vereda el Cano. Actualmente su vivienda no cuenta con el acceso al servicio público formal de agua potable, ni de alcantarillado.

 

1.2.2. El señor Orlando de Jesús Maya Echeverri inició acción popular en contra de la Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de la vereda el Cano y otros, la misma se siguió con el radicado No. 2011-00603-02.

 

1.2.3. De la referida acción popular conoció en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, que con sentencia de 24 de abril de 2013, decidió confirmar el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado 30 Administrativo de Medellín el 8 de noviembre de 2012, disponiendo modificar algunas de las órdenes dadas.

 

1.2.4. Del trámite incidental conoció el Juzgado 30 Administrativo de Medellín, que con auto de 25 de agosto de 2016 resolvió sancionar a los incidentados, por el incumplimiento de la orden para cesar la vulneración de los derechos colectivos conculcados.

 

1.2.5. La anterior providencia surtió el grado jurisdiccional de consulta, el cual fue de conocimiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que con providencia de 19 de septiembre de 2016[3]modificó el auto consultado, pero solo en lo relativo al monto económico de la sanción; y lo adicionó en el sentido de instar a CORANTIOQUIA como autoridad competente para verificar el cumplimiento del fallo.

 

1.2.6. Informó el tutelante que mediante Resolución No. 160AS – 10102 del 31 de agosto de 2016 CORANTIOQUIA, dentro del trámite administrativo adelantado, encontró responsable al señor Maya Echeverri de haber dispuesto inadecuadamente los escombros “en las áreas de retiro y cause de un caño sin nombre, afluente al Río Medellín, generando alternación nociva del flujo de las aguas por represamiento (…)”.

Alegó el tutelante que de acuerdo a lo anterior, ordenó imponer como medida de restauración a cargo del sancionado “levantar el relleno de escombros depositados sobre la quebrada que pasa por su propiedad, entre otras sanciones”.

 

  1. Fundamentos de la solicitud

 

La parte accionante argumentó que:

 

“… de llevarse a cabo esa orden, mi familia y yo quedaríamos expuestos al paso de las aguas residuales que están entubadas en el sector, lo que va en contravía de la defensa de los derechos fundamentales invocados en esta acción de tutela (…) si se extrae el lleno hecho sobre la quebrada sin nombre, se genera contra la comunidad circundante una amenaza de contaminación y deterioro paisajístico además del riesgo para la movilidad por la desestabilización de los gaviones que soportan la vía y del riesgo a la salubridad que genera un caño de aguas negras abierto”.

 

Adicionalmente, expuso que la falta de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado formales en la vereda donde habita es una violación al derecho fundamental a la salud que les asistea él y a su familia.

 

  1. Pretensiones

 

La parte  accionante elevó las siguientes pretensiones:

 

“1. Ordenar a quien corresponda suspender la orden de destapar el caño de aguas negras aledaño a mi residencia, hasta que se verifique que por él no corren  aguas residuales.

 

  1. ordenar a quien corresponda, que inicien en la mayor brevedad de tiempo posible, el estudio previo y posterior ejecución de la instalación de un acueducto y un alcantarillado de acuerdo a la normatividad nacional existente.”

 

  1. Contestación

 

Con auto de 12 de enero de 2017[4], la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó notificar esta decisión a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, al Juez 30 Administrativo de Medellín, y al Director de CORANTIOQUIA; así mismo ofició al Tribunal para que por intermedio de este notificara a todos los sujetos procesales dentro de la acción popular seguida con el radicado No. 2011-00603.

 

1.5.1.      Juzgado 30 Administrativo de Medellín

 

Mediante documento suscrito por el titular del despacho[5], expuso que en el sub examine no existió vulneración de los derechos fundamentales del actor.

 

Posterior a realizar un recuento de las actuaciones adelantadas por ese Despacho judicial dentro del trámite de la acción popular, como del incidente de desacato, concluyó que contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, la sentencia judicial enjuiciada garantizó los derechos colectivos de los habitantes de la vereda el Cano en el municipio de Caldas.

 

Expuso que la tutela debe negarse, toda vez que con la misma se pretende cuestionar una orden judicial, sin embargo, el actor no expuso ningún defecto o vía de hecho en la cual hubiesen incurrido los operadores judiciales.

 

Solicitó por último que este expediente sea acumulado a las diferentes acciones de tutela que han presentado con los mismos supuestos fácticos que los expuestos en esta petición.

 

1.5.2.      CORANTIOQUIA

 

Allegó escrito, mediante Liliana María Taborda González, Jefe de la Oficina Territorial Aburrá de esta entidad, donde expuso que contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela, la Resolución emitida por dicha corporación, y de la cual el tutelante alega que transgrede sus derechos fundamentales “no ordenó al señor Maya Echeverri que levantara un lleno hecho sobre la quebrada sin nombre”.

 

Informó que de igual manera, la Resolución No. 160AS-1608-10102 del 31 de agosto de 2016, notificada el 5 de septiembre del mismo año no se encuentra en firme, por cuanto en su contra se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, “mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2016 sin que se haya decidido el mismo”. Por lo que se opuso a todas las pretensiones de la demanda.

 

1.5.3.      Orlando de Jesús Maya Echeverri

 

Mediante escrito que alegó a la Oficina de Correspondencia de esta Corporación[6], anexó documento emanado por el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, “en el cual, como podrá constatar, es evidente que la obra existente de alcantarillado, fue construida por esa entidad, por lo que es presumible, que se trate de una obra hecha con todas las normas técnicas y los estudios necesarios al caso”.

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

  1. Competencia

 

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991[7], el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015[8] y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003[9] de la Sala Plena del Consejo de Estado.

 

  1. Problema Jurídico

 

De acuerdo con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala establecer si la presente acción de tutela, se debe negar porque las autoridades judiciales y administrativas tuteladas no incurrieron en los defectos alegados; o si, por el contrario, los derechos fundamentales alegados como trasgredidos por la parte accionante fueron vulnerados por cuenta de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 30 Administrativo de Medellín, dentro del trámite de la acción popular que inició el señor Orlando de Jesús Maya Echeverri en contra de la Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y otros servicios públicos de la Vereda el Cano

 

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; y en caso de superarse lo anterior (ii) el fondo del reclamo.

 

  1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012[10], unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[11], y en ella concluyó:

 

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”[12] (Negrilla fuera de texto).

 

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

 

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

 

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

 

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia[13] a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

 

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez; cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

 

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

 

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

 

  1. Asunto bajo análisis

 

De acuerdo con el escrito de tutela, advierte la Sala que, sin entrar a analizar el fondo de la Resolución No. 160AS – 10102 del 31 de agosto de 2016, expedida por CORANTIOQUIA, se tiene que ésta en su parte resolutiva, contrario a lo que afirmó el accionante en su escrito de tutela, no ordenó que “se levantara el lleno hecho en la quebrada sin nombre”, por el contrario, la autoridad administrativa dispuso:

 

“Artículo 1º: Declarar responsable al señor Orlando de Jesús Maya (…) al demostrarse que realizó disposición inadecuada de escombros en las áreas de retiro y cause de un caño sin nombre, afluente al Río Medellín, generando alternación nociva del flujo de las aguas por represamiento (…).

 

Artículo 2º: Sancionar al señor Orlando de Jesús Maya (…) con la sanción principal de multa en una cantidad de $85.433.968.

 

(…)

 

Artículo 4º: Imponer como medidas de restauración a cargo del señor Orlando de Jesús Maya las siguientes:

 

Realizar una propuesta técnica detallada con cronograma de cumplimiento, soportada en los estudios requeridos para el efecto que permita la implementación de acciones efectivas para atender la situación generada, toda vez que no existe certeza sobre la capacidad hidráulica de la tubería instalada para conducir la fuente hídrica hasta el Río Medellín, para el cumplimiento de esta obligación se proporciona el término de un mes (…)”

 

A este punto, encuentra la Sala que la orden que pretende cuestionar por el accionante mediante la presente solicitud de amparo no fue dictada en la Resolución No. 160AS – 10102 del 31 de agosto de 2016, con la cual CORANTIOQUIA puso fin al procedimiento sancionatorio que dicha entidad adelantó en contra del señor Maya Echeverri.

 

No obstante, es preciso recordar, que de acuerdo con la respuesta allegada al presente trámite constitucional por CORANTIOQUIA, se tiene que esta informó que el mencionado acto administrativo no se encuentra en firme, toda vez que fue objeto de los recursos de ley y los cuales no habían sido resueltos hasta la fecha en que se profirió la respuesta a la tutela.

 

4.3.  Examen de los requisitos:

 

4.3.1. Legitimación en la causa

 

Encuentra la Sala que, conforme a los argumentos expuestos en el escrito de tutela, el accionante se encuentra legitimado para interponer la solicitud de amparo, toda vez que, (i) afirma ser residente de la vereda el Cano, lugar donde se presentaron los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción; (ii) revisado el lugar de notificaciones se encuentra que el actor estableció para tal fin su lugar de residencia, ubicado en la mencionada vereda.

 

Así pues, se tiene que el accionante es titular de los derechos fundamentales de los cuales alega una presunta vulneración por cuenta de las actuaciones judiciales dentro del trámite de la acción popular que censura mediante el presente mecanismo de tutela.

 

4.3.2. Del requisito de la inmediatez.

 

Para la Sala el presente requisito no se cumple en la tutela promovida por el señor Frank Córdoba Villa, como pasará a explicarse.

 

Frente a esta exigencia la Corte Constitucional en sentencia T-033 del 26 de enero del 2015, como criterio auxiliar, al reiterar la jurisprudencia, indicó:

 

«4.1. De conformidad con el denominado requisito de la inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[14].

4.2. Desde la sentencia SU-961 de 1999[15] esta Corte determinó, a partir de la interpretación del artículo 86 de la Constitución Política, que pese a que según esta norma la acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, de lo que se deriva que no posee ningún término de prescripción o caducidad, ello no significa que no deba interponerse en un plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de acuerdo con el mismo artículo constitucional, es un mecanismo para reclamar “la protección inmediata” de los derechos fundamentales.

A partir de allí, la jurisprudencia constitucional ha sostenido invariablemente que la ausencia de un término de caducidad o prescripción en la acción de tutela implica que el juez no puede simplemente rechazarla en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo[16]. No obstante, de la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía judicial de protección inmediata de derechos fundamentales obliga a la autoridad judicial a tomar en cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que se reclama no se requiere con prontitud, que es precisamente el caso para el cual el mecanismo preferente y sumario de la tutela está reservado[17].

Frente al tema, la Corporación ha señalado que “[…] la acción de tutela es una acción ágil y apremiante, diseñada sobre un procedimiento urgente y célere, que permite la protección rápida de derechos fundamentales enfrentados a afectaciones reales y actuales de magnitud tal que el aparato jurisdiccional se ve obligado a hacer a un lado sus tareas ordinarias, a desplazar los procedimientos regulares que se someten a su consideración, para abordar de manera preferente el análisis del caso planteado”[18].  Por lo anterior, la orden del juez de tutela “debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo”[19], condiciones estas que podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar un tiempo irrazonable para reclamar sus derechos». Negrilla no es del texto.

 

 

La Sala Plena de esta Corporación se pronunció en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 respecto de los alcances del requisito de inmediatez. En esa oportunidad consideró que el amparo constitucional, como garante de protección de los derechos fundamentales, debe interponerse en un lapso razonable y proporcional, que definió en el lapso de 6 meses contados a partir de la notificación o la ejecutoria de la providencia judicial correspondiente:

 

“Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable. (…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.

 

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.  Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.  Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

 

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional”. (Negrillas fuera de texto)

 

Consecuentemente, la Sala advierte que en el caso concreto, el señor Frank Córdoba Villa no ejerció la acción de tutela en un «plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales».

 

Es así porque la supuesta afectación de los derechos fundamentales indicados por este, proviene de la decisión de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la que se confirmó y adicionó la decisión adoptada por el a quo en el proceso ordinario – acción popular – providencia dictada por el mencionado Tribunal el día 24 de abril de 2013, notificada por edicto, el día 9 de mayo del mismo año y ejecutoriada el día 14 de mayo de 2013.

 

Así las cosas, se encuentra que la tutela se recibió en la Secretaría General del Consejo de Estado el día 10 de octubre de 2016, con fecha de radicación de 5 de octubre de 2016[20], es decir, luego de transcurridos más de 3 años y 4 meses de ejecutoriada la decisión judicial de la cual la parte actora considera que hubo una presunta violación de sus derechos fundamentales; término que para este juez constitucional no es razonable conforme a los argumentos expuestos en líneas precedentes.

 

Ahora bien, encuentra este juez constitucional que el actor hace referencia en su escrito de tutela, al auto de 19 de septiembre de 2016, mediante el cual el Tribunal accionado modificó la sanción dictada por el Juzgado 30 Administrativo de Medellín en el sentido de disminuir el valor de la multa de 20 SMMLV a 10 SMMLV.

 

A este punto es preciso aclarar que la fecha en que se expidió este auto no puede ser la que sirva de referencia para determinar la inmediatez, toda vez que dicha providencia se ocupa de estudiar el cumplimiento o no de la orden dictada dentro de la acción popular, que dicho sea de paso, es esta la decisión judicial de la cual el actor alega el desconocimiento de sus derechos fundamentales.

 

Ahora bien, advierte la Sala que del estudio del trámite adelantado en la acción popular, se encuentra lo siguiente.

 

Mediante auto de 7 de febrero de 2012, el Juzgado 30 Administrativo de Medellín dispuso, conforme a lo dispuesto en el artículo 21[21] la Ley 472 de 1998, fijar aviso en lugar público dentro de las oficinas de la Personería del municipio de Caldas por el término de 8 días hábiles, lo anterior con la finalidad de informarle a la comunidad de la existencia y admisión de la acción popular seguida con el radicado No. 2011-00603.

 

Pues bien, se tiene que el accionante, pese haber contado con la oportunidad y haber sido puesto en conocimiento de la acción judicial, de la cual alega en este trámite constitucional se trasgredieron sus derechos fundamentales, no intervino en ningún momento.

 

Así pues, este juez constitucional no encuentra lugar para decretar el amparo de los derechos fundamentales alegados como desconocidos por la parte accionante, cuando el mismo, aún contando con la oportunidad de intervenir en el proceso ordinario y ventilar durante dicho trámite su desacuerdo o no con las pretensiones de la acción popular, no lo hizo.

 

A este punto, se tiene que una de las pretensiones del actor está dirigida a la protección de derechos colectivos, esto respecto de la solicitud de ordenar a “quien corresponda el inició de estudios técnicos para la instalación de acueducto y alcantarillado de acuerdo a la normatividad vigente”.

 

De conformidad con lo anterior, se advierte que esta pretensión fue objeto de debate dentro del trámite de la acción popular, en la cual, tanto el Tribunal como CORANTIOQUIA emitieron las órdenes pertinentes con la finalidad de garantizar el efectivo goce de dichos derechos.

 

Por último, informa la Sala que el Despacho sustanciador mediante auto de 9 de diciembre de 2016, dictado dentro del radicado No. 2016-03075-00, dispuso por Secretaría oficiar a los demás despachos de esta Corporación para que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1384 de 2015, ordenara la remisión de los expedientes que guarden identidad fáctica con este asunto, para que en virtud de este precepto legal[22] sean decididas por el mismo ponente. Advirtiendo en todo caso, que no fue posible adelantar su acumulación toda vez que las acciones de tutela que guardan identidad fáctica con el sub examine, no se encontraban en la misma instancia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

FALLA:

 

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la presente solicitud de amparo presentada por el señor Frank Córdoba Villa de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

 

TERCERO.- En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria, de conformidad con lo establecido por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera

 

 

 

 

 

 

 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001 03 15 000 2016 03090 00 (AC)

REQUISITOS PARA ADMISIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – La providencia cuestionada no vulneró los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia / DEFECTO SUSTANTIVO – No se configura ya que eran competentes para rechazar la demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno de la caducidad

 

Al respecto, se evidencia que frente a esta providencia no se cumple el requisito de la relevancia constitucional porque el Consejo de Estado ya resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor con base en los mismos argumentos que expone en esta vía de amparo, mediante la providencia del 8 de julio de 2016, de forma que el actor trata de convertir esta acción de tutela en un instancia adicional al proceso ordinario. (…). [S]e evidencia que el actor no cumplió su carga argumentativa porque no expuso racionalmente cuales fueron los elementos probatorios pretermitidos, supuestos o indebidamente valorados por el juez ordinario. En consecuencia, este cargo tampoco tiene relevancia constitucional. (…). [E]l actor afirmó que el Consejo de Estado no debió contabilizar la caducidad desde la providencia que declaró improcedente el grado de consulta porque el expediente debió volver al Tribunal de origen para liquidar los honorarios, lo cual ocurrió con una providencia que quedó en firme el 17 de marzo de 2010. Este cargo no fue alegado en el recurso de apelación interpuesto por el actor en el proceso ordinario contra el auto del 1 de septiembre de 2015, mediante el cual había sido rechazada su demanda de reparación directa. De esta manera, se evidencia que este hecho pudo ser alegado durante el proceso ordinario, por lo que el carácter residual de la acción de tutela impide examinarlo de fondo. (…). La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo puesto que era competente para rechazar de plano la demanda y, al no tener dudas frente a las fechas en que ocurrieron los hechos narrados en la demanda de reparación directa, no era necesario que practicara pruebas o solicitara aclaraciones para resolver el recurso de apelación.

 

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 143

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp: 2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre el principio de subsidiariedad, ver: Corte Constitucional, sentencia T-054 de 30 de enero de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre el defecto sustantivo, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001 03 15 000 2016 03090 00 (AC)

Actor: OSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Y OTRO

Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

 

 

 

 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por OSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

 

ANTECEDENTES

 

El 10 de octubre de 2016[1], OSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

 

  1. Pretensiones

 

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

 

“Con fundamento en todo lo expuesto, respetuosamente solicito a la Jurisdicción Constitucional se digne dejar sin efecto las providencias del Tribunal Administrativo de Santander y de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado aquí referenciadas, por medio de las cuales fue RECHAZADA mi demanda contra la Rama Judicial por supuesta caducidad de la acción de reparación directa –término vencido, según el Tribunal Administrativo de Santander cuando se aceptó la revocatoria del poder por parte de algunos demandantes a su apoderado, y según la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado cuando el superior declaró que el proceso en el cual se aceptó la revocatoria era de única instancia-, por cuanto el actor no circunscribió su demanda a la aislada providencia que aceptó la revocatoria del poder, ni al contenido del proceso ordinario donde dicha revocatoria se produjo, sino, en primer lugar, a la totalidad de lo actuado en el expediente, lo que comprendió también el trámite posterior de regulación de honorarios; en segundo lugar, a la compulsa de copias ordenada para que se le investigara disciplinariamente en el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander; en tercer lugar, a todos los daños y prejuicios que le significó el haberse tenido que someter a dicho proceso disciplinario hasta que fue ABSUELTO; y, en cuarto lugar, al daño moral que le causó el que, en cambio, el magistrado del Tribunal Administrativo de Santander señalado por él como el causante de todo su calvario no hubiese sido debidamente investigado por el Consejo Superior de la Judicatura, según hizo constar su consejero que, por tal razón, salvó el voto.

 

Consecuencialmente, solicito que se impartan al Tribunal Administrativo de Santander las órdenes consiguientes y acordes con lo expresado en esta demanda de tutela, esto es, que se admita la demanda contra la Rama Judicial, o se me inadmita y se me dé la oportunidad legal de corregirla, pero que, en todo caso, si se me admite, se me garantice el derecho que tengo de corregirla, aclararla y adicionarla posteriormente”[2].

 

  1. Hechos

 

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

 

2.1.      El actor presentó demanda de reparación directa contra el INPEC como apoderado judicial de Gloria Elisa Díaz de Gómez y otros, la cual fue repartida al Tribunal Administrativo de Santander con el radicado 1997-12958.

 

2.2.      El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 24 de abril de 2002 e impuso al INPEC una condena en concreto por 550 SMLMV por daños inmateriales y una en abstracto por lucro cesante.

 

2.3.      La parte representada por el actor formuló incidente de liquidación en el que fue determinada la condena por lucro cesante en $50.656.410.

 

2.4.      Desde el año 2005 el actor solicitó la primera copia de la sentencia para presentar la cuenta de cobro, pero el Tribunal no se la entregó.

 

2.5.      Algunos integrantes de la parte demandante, mediante escrito del 29 de mayo de 2007, solicitaron directamente al Tribunal que expidiera la primera copia de la sentencia y autorizaron al abogado Rodolfo Rincón Mejía para recibirla.

 

2.6.      El Tribunal ordenó la entrega de la primera copia a la persona autorizada mediante providencia del 13 de junio de 2007.

 

2.7.      El actor interpuso recurso de reposición el 21 de junio de 2007 en donde expuso que esta decisión permitiría evadir el pago de sus honorarios y pretermitía el grado jurisdiccional de consulta que debía adelantarse ante el Consejo de Estado.

 

2.8.      El mismo día en que fue interpuesto el recurso por el actor, algunos miembros de la parte demandante le revocaron el poder y designaron como apoderado a Rodolfo Rincón Mejía.

 

2.9.      Mediante auto del 21 de septiembre de 2007, el Tribunal aceptó la revocatoria del poder, rechazó el recurso de reposición interpuesto por el actor debido a que fue irrespetuoso y dejó sin efectos el auto del 13 de junio por haber pretermitido el grado jurisdiccional de consulta.

 

2.10.     La Sección Tercera del Consejo de Estado negó el trámite del grado jurisdiccional de consulta porque la pretensión mayor no superaba los 300 SMLMV establecidos en la ley.

 

2.11.     El Tribunal Administrativo de Santander remitió copias del asunto al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara disciplinariamente al actor, proceso que finalizó con sentencia absolutoria.

 

2.12.     El actor presentó demanda de reparación directa en nombre propio contra la Nación – Rama Judicial el 7 de junio de 2012, el con el fin de ser indemnizado por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados “con ocasión”[3] del proceso 1997-12958.

 

2.13.     El asunto fue repartido con el radicado 2012-00552 al Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, que en auto del 1 de septiembre de 2015 rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad contabilizándolo desde el auto que aceptó la revocatoria del poder conferido  por algunos integrantes de la parte demandante.

2.14.     La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión mediante auto del 8 de julio de 2016 al contabilizar el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que declaró improcedente el grado jurisdiccional de consulta.

 

  1. Fundamentos de la acción

 

El actor asegura que el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado incurrieron en “vía de hecho” por la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, al proferir los autos del 1 de septiembre de 2015 y 8 de julio de 2016, respectivamente, y como consecuencia de esto, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Para sustentar sus cargos afirmó que:

 

3.1.      El Tribunal Administrativo de Santander no tuvo en cuenta que la demanda de reparación directa 2012-00552 no fue presentada con base en el título de imputación de error judicial, sino por haber sufrido una persecución dentro y fuera del proceso 1997-12958, de modo que debió contabilizar la caducidad desde la sentencia absolutoria del proceso disciplinario iniciado en su contra.

 

3.2.      El Consejo de Estado se equivocó al indicar que la demanda de reparación directa estaba circunscrita al proceso ordinario en el que actuó como apoderado, pues los hechos dañinos ocurrieron dentro y fuera del expediente al iniciarse un proceso disciplinario en su contra.

 

3.3.      Señaló que si bien el proceso terminó con el auto que declaró improcedente el grado jurisdiccional de consulta, el expediente debió regresar al Tribunal de origen para iniciarse el incidente de liquidación de honorarios, motivo por el que no conoció la verdadera dimensión del daño sino hasta su culminación en el año 2010.

 

3.4.      El Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo porque, al tener dudas sobre la fecha en que ocurrieron los hechos, no debió rechazar de plano la demanda, sino inadmitirla para que el actor pueda hacer las precisiones correspondientes.

 

  1. Trámite impartido e intervenciones

 

4.1.      Una vez avocado el conocimiento de la presente acción por parte del Despacho Sustanciador, mediante providencia del 24 de octubre de 2016, se ordenó notificar a las partes, y se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en adelante ANDJE), como tercero con interés  (fls. 39).

 

4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado informó que (fls. 44 a 49):

 

4.2.1.      El actor tenía la carga de la prueba de demostrar los hechos en los que sustenta sus pretensiones, lo cual no ocurrió, por lo que la decisión tomada en segunda instancia se limitó a verificar los cargos del recurso de apelación..

 

4.2.2.      Los hechos expuestos en la demanda de reparación directa y el recurso de apelación del proceso ordinario no coinciden con las circunstancias alegadas en la tutela de la referencia.

 

4.2.3.      No hay defecto fáctico porque no se dejaron de analizar ninguno de los elementos probatorios allegados al expediente ordinario.

 

4.2.4.      El actor  afirma que no debió analizarse el caso desde la perspectiva del error judicial como título de imputación sino desde una persecución, lo cual no fue expuesto en la demanda ni en la apelación del auto que rechazó el asunto por haber operado la caducidad.

 

4.2.5.      No hubo un defecto sustantivo porque la decisión no fue fundamentada en normas derogadas, inconstitucionales o inexistentes, sino de acuerdo a la jurisprudencia vigente.

 

4.3. El Tribunal Administrativo de Santander y la ANDJE no rindieron sus informes aunque fueron informadas de la existencia de la tutela de la referencia (fls. 41 a 42).

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

  1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

 

  1. La acción de tutela contra providencias judiciales

 

La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional.

 

Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales[4] y especiales[5] que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

 

El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

  1. Análisis del caso

 

3.1.      Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo por haber rechazado la demanda de reparación directa presentada por haber operado el fenómeno de la caducidad.

 

3.2.    El requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

 

De esta forma, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos[6]:

 

Ø     El primero consistente en que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello “[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”.

 

Ø     El segundo consiste en que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

 

3.3.    El actor aseguró que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en el defecto fáctico al proferir el auto del 1 de septiembre de 2015 porque contabilizó la caducidad desde la revocatoria del poder que le fue otorgado en el proceso 1997-12.958 al no tener en cuenta el contexto de los hechos narrados en la demanda.

 

Al respecto, se evidencia que frente a esta providencia no se cumple el requisito de la relevancia constitucional porque el Consejo de Estado ya resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor con base en los mismos argumentos que expone en esta vía de amparo, mediante la providencia del 8 de julio de 2016, de forma que el actor trata de convertir esta acción de tutela en un instancia adicional al proceso ordinario.

 

3.4.      De otro lado, se aseguró que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado también incurrió en este defecto porque limitó el análisis del origen del daño a los hechos ocurridos dentro del proceso 1997-12.958 y no a la investigación disciplinaria iniciada con ocasión de él.

 

En esta ocasión, se evidencia que el actor no cumplió su carga argumentativa porque no expuso racionalmente cuales fueron los elementos probatorios pretermitidos, supuestos o indebidamente valorados por el juez ordinario. En consecuencia, este cargo tampoco tiene relevancia constitucional.

 

3.5.    De otro lado, la jurisprudencia ha establecido como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales identificar los hechos vulneradores de derechos fundamentales y alegarlos durante el proceso ordinario de haber sido posible[7].

 

El primer aspecto de este requisito consiste en la identificación por parte del interesado de las circunstancias por las cuales considera que la providencia judicial vulnera sus derechos fundamentales, salvo que sean hechos evidentes.

 

Pese al carácter informal de la tutela, esta exigencia salvaguarda los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial en la medida en que el debate procesal  ya fue finalizado ante el juez natural. Así mismo, resulta desproporcionado y contrario al carácter residual de esta acción constitucional exigir al juez de tutela examinar detalladamente el trámite ordinario para verificar si hubo alguna vulneración de derechos fundamentales[8].

 

De otro lado, la exigencia de alegar la presunta vulneración de derechos durante el trámite ordinario, siempre y cuando ello fuera posible, también tiene sustento en el carácter subsidiario de la acción de tutela[9].

 

Comoquiera que el primer llamado a proteger los derechos fundamentales en el marco de un proceso judicial es el juez ordinario[10], es necesario delimitar el campo de conocimiento del juez de tutela a los aspectos que no pudieron ser controvertidos por la estructura del proceso o que, pese a ser alegados, se mantuvo la vulneración de derechos fundamentales.

 

3.6.      En la demanda de tutela, el actor afirmó que el Consejo de Estado no debió contabilizar la caducidad desde la providencia que declaró improcedente el grado de consulta porque el expediente debió volver al Tribunal de origen para liquidar los honorarios, lo cual ocurrió con una providencia que quedó en firme el 17 de marzo de 2010.

 

Este cargo no fue alegado en el recurso de apelación interpuesto por el actor en el proceso ordinario contra el auto del 1 de septiembre de 2015, mediante el cual había sido rechazada su demanda de reparación directa.

 

De esta manera, se evidencia que este hecho pudo ser alegado durante el proceso ordinario, por lo que el carácter residual de la acción de tutela impide examinarlo de fondo.

 

3.7.    El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.

 

De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado este defecto se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión[11].

 

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

 

En atención a lo anterior, si bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso.

 

3.8.      El actor consideró que el Consejo de Estado incurrió en este defecto porque debió inadmitir la demanda para aclarar los puntos oscuros en vez de inadmitirla por haber operado el fenómeno de la caducidad.

 

El inciso tercero del artículo 143 del CCA[12] dispone que “[s]e rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción”. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado estaban facultadas para rechazar la demanda una vez comprobaron que operó la caducidad de la acción de reparación directa sin que previamente fuera necesario admitirla.

 

Al respecto, el actor afirmó que, comoquiera que el Consejo de Estado tuvo dudas sobre la fecha de ocurrencia de los hechos y del contenido de sus pretensiones, debió darle la oportunidad de aclarar los puntos oscuros. Sin embargo, la lectura de la providencia acusada permite concluir que la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación no tenía dudas respecto a la fecha a partir de la cual contabilizó la caducidad al considerar lo siguiente:

 

“28. Igualmente conviene aclarar que la aplicación del principio pro actione y pro damato resulta pertinente y necesario cuando, en casos excepcionales, aportados elementos fácticos y probatorios del caso, se presentan diversas posibilidades para realizar el conteo de la caducidad, frente a lo que se suscitan dudas razonables para determinar si la demanda fue promovida en tiempo, lo cual no ocurre dentro del sub júdice, toda vez que los elementos de hecho disponibles no dan pie a que exista dicha ambivalencia para efectos de la admisibilidad de la acción, todo lo contrario, es claro para la Sala que aun cuando la parte recurrente omitió aportar todas las fechas relevantes o, en su defecto, las piezas documentales que le permitieran al juzgador realizar el conteo de caducidad, ello no repercute en la conclusión a la que aquí se ha llegado”.

En este orden de ideas, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo puesto que era competente para rechazar de plano la demanda y, al no tener dudas frente a las fechas en que ocurrieron los hechos narrados en la demanda de reparación directa, no era necesario que practicara pruebas o solicitara aclaraciones para resolver el recurso de apelación.

 

3.9.      Como consecuencia de  anterior, la Sala niega el amparo.

 

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

  1. NEGAR las pretensiones formuladas por OSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ,  por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

  1. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

 

  1. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

 

 

 

 

 

 

 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

Presidente de la Sección

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Bogotá, 10 de octubre de 2016 Ref.: Expediente N° 11001 03 15 000 2016 01309 01

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA PRETENDER REANUDAR DEBATES QUE FUERON DECIDIDOS DE MANERA CORRECTA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

 

 

 

 

 

Bogotá, 10 de octubre  de 2016

Ref.:   Expediente N° 11001 03 15 000 2016 01309 01

Demandante:   Ruby Stella Sandoval Navia

Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión No. 4, y otro

Sentencia de tutela de segunda instancia

Magistrado ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

 

 

 

 

 

 

La Sala decide la impugnación interpuesta por Ruby Stella Sandoval Navia contra la providencia del 23 de junio de 2016, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo de tutela.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. Pretensiones

 

La señora Ruby Stella Sandoval Navia, mediante apoderado judicial, solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, y de los principios de buena fe y confianza legítima, que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión No. 4, y el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Popayán. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

 

Sírvase dejar sin efectos jurídicos las sentencias proferidas por los jueces de instancia por los motivos expuestos, y en su lugar se ordene fallar en debida forma con observancia de los precedentes jurisprudenciales al respecto.

De manera subsidiaria sírvase conminar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que cuando profiera la nueva sentencia se atenga estrictamente a los lineamientos expuestos en el precedente vertical de la H. Corte Suprema de Justicia[1].

  1. Hechos

 

Del expediente, la Sala destaca la siguiente información:

 

Que Ruby Stella Sandoval Navia (que ocupaba en propiedad el cargo de escribiente del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán) y Liliana Teresa Escobar Ballesteros (que laboraba en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán) fueron trasladadas al Centro de Servicios Judiciales del Área Penal, en virtud del Acuerdo PSAA06-3658 de 2006.

 

Que Ruby Stella Sandoval Navia pidió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Cauca que le pagara un salario justo y equitativo como escribiente nominado en el Centro de Servicios, pues, a su juicio, a pesar de que realizaba las mismas labores de la señora Escobar Ballesteros, no tenían el mismo salario.

 

Que, por Resoluciones 514 del 14 de junio y 3189 del 4 de septiembre, ambas de 2007, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Cauca y la Sala Administrativa del Consejo Superior, respectivamente, negaron la solicitud de la señora Sandoval Navia.

 

Que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la demandante pidió que se declarara la nulidad de las Resoluciones 514 y 3189 de 2007 y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se nivelara el salario de los escribientes que laboraban en el Centro de Servicios Judiciales, esto es, sin distinguir entre los que provenían de juzgados penales del circuito y los de juzgados penales municipales.

 

Que la demanda le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Popayán que, mediante sentencia del 28 de octubre de 2013, negó las pretensiones de la demanda. A juicio de la autoridad judicial, el acuerdo que ordenó el traslado de ciertos empleados al Centro de Servicios Judiciales del Área Penal no ordenó la nivelación salarial. Que, por eso, los cargos de las señoras Sandoval Navia y Escobar Ballesteros, que provenían de juzgados pertenecientes a distintas categorías, eran diferentes y, de contera, estaba justificado que tuvieran una remuneración distinta.

 

Que, inconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación, pero  el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión No. 4, por sentencia del 22 de octubre de 2015, la confirmó, básicamente por las mismas razones del juez de primera instancia.

 

  1. Argumentos de la tutela

 

La señora Ruby Stella Sandoval Navia adujo que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así: I) que la cuestión que se discute es de relevancia constitucional, pues se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; II) que no cuenta con otros mecanismos de defensa y trata de evitar un perjuicio irremediable; III) que no se trata de tutela contra sentencia de tutela, y IV) que cumple con el requisito de inmediatez, porque interpuso la acción de tutela en un término razonable, si se tiene en cuenta que la providencia acusada quedó ejecutoriada el 27 de noviembre de 2015.

 

Respecto del fondo del asunto, la señora Sandoval Navia sostuvo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico, pues no valoraron el Acuerdo PSAA06-3560 de 2006, que fijó de manera independiente los requisitos para acceder a los cargos de Juzgados, Tribunales y Centro de Servicios y que, según la actora, demuestra que cumple las mismas funciones de los escribientes de Centros de Servicios y, por ende, debe tener la misma remuneración.

 

Que, por ejemplo, la actora y la señora Escobar Ballesteros ocupan el mismo cargo: escribiente nominado en el Centro de Servicios y que, incluso, desempeñan las mismas funciones. Que, por lo tanto, deben tener la misma remuneración.

 

Que, además, las autoridades judiciales demandadas desconocieron el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional[2], que ha determinado que a trabajo igual le corresponde salario igual y que si existe alguna diferencia salarial entre trabajadores que se encuentran en similares condiciones, debe estar debidamente justificada.

 

  1. Intervenciones

Los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión No. 4, y la directora ejecutiva de Administración Judicial, a pesar de haber sido notificados[3], no se pronunciaron sobre la demanda de tutela. Por su parte, el juez Noveno Administrativo de Popayán se limitó a allegar el expediente ordinario en calidad de préstamo, pero tampoco se pronunció frente al amparo solicitado.

 

  1. Sentencia impugnada

 

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de junio de 2016, negó el amparo pedido por la señora Ruby Stella Sandoval Navia.

 

En concreto, dijo que, conforme con las pruebas del proceso, el tribunal demandado determinó que los requisitos del cargo en el que se vinculó la actora a la rama judicial diferían respecto de los de su compañera de trabajo y que no obraba prueba en el proceso de la que se pudiera establecer que las tareas ejecutadas por la actora fueran las mismas del cargo al que pretendía ser nivelada.

 

Que, por lo anterior, la decisión cuestionada no fue arbitraria, sino que, por el contrario, se dictó después de un estudio juicioso y detallado del caso sometido a consideración.

 

Adicionalmente, manifestó que lo pretendido por la actora era debatir los mismos hechos que fueron objeto de análisis en el trámite del proceso ordinario y que la tutela no era una tercera instancia para el efecto.

 

  1. Impugnación

 

La actora impugnó[4] la sentencia de tutela primera instancia. Para el efecto, precisó lo siguiente:

 

Que ocupa el cargo de escribiente nominada de centro de servicios y que, según el Acuerdo PSAA06-3560 de 2006, los requisitos de ese cargo son: haber aprobado 2 años de estudios en derecho, sistemas o administración y tener 2 años de experiencia relacionada.

 

Que, por su parte, las funciones de ese cargo están previstas en el artículo 40 del Decreto 52 de 1987 y debió ser consultada por parte de las autoridades judiciales demandadas.

 

Que las autoridades judiciales demandadas no valoraron ni el Acuerdo PSAA06-3560 de 2006 ni el Decreto 52 de 1987 y que, de haberlo hecho, habrían concluido que los escribientes de los centros de servicios cumplen las mismas funciones, sin que interese de qué juzgado fueron trasladados.

 

Que, por ejemplo, la señora Liliana Teresa Escobar Ballesteros ocupa el mismo cargo y cumple las mismas funciones de la demandante, pero recibe un mayor salario. Que la razón de la diferencia salarial es únicamente que la demandante proviene de un juzgado municipal, mientras que la señora Escobar Ballesteros, antes del traslado a los centros de servicio, ocupaba ese cargo en un juzgado de circuito.

 

Que, sin embargo, ese trato discriminatorio no está justificado, pues lo cierto es que cumplen las mismas funciones y, por ende, las autoridades judiciales demandadas debieron acceder a la nivelación salarial.

 

Que, en todo caso, la demandante no pretende nivelarse al cargo de escribiente de juzgado de circuito, como lo entendió el a quo, sino que los funcionarios que desempeñen el mismo cargo reciban igual remuneración.

 

  1. CONSIDERACIONES

 

  1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

 

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

 

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.

 

A partir del año 2012[5], la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014[6], se precisó que la acción de tutela es procedente, incluso, para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

 

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales. No son suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales.

 

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto procedimental absoluto; (iv) defecto orgánico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

 

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

 

La tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales

 

Es de esa manera que se estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela.

 

  1. Problema jurídico

 

Conviene decir que la Sala coincide con el a quo en que la solicitud de amparo presentada por Ruby Stella Sandoval Navia cumple los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por ende, pasa la Sala a resolver el asunto de fondo.

 

En los términos de la impugnación, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a amparar los derechos invocados por la señora Ruby Stella Sandoval Navia o si, como lo estimó el juez de tutela de primera instancia, las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en ningún defecto al denegar la nivelación salarial de la actora y, por ende, el amparo solicitado no es procedente.

 

 

 

  • Solución del caso

 

La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, pues, como se verá, es cierto que las autoridades judiciales demandadas no vulneraron los derechos fundamentales invocados por la demandante, cuando concluyeron que no se desconoció el principio de a trabajo igual, salario igual y que, por ende, no era procedente la nivelación salarial solicitada.

 

Conviene decir que el principio de a trabajo igual, salario igual, impone un trato igual entre los trabajadores que se encuentran en las mismas condiciones. Es decir, este principio exige que los trabajadores que cumplen la misma labor y tienen la misma responsabilidad, tengan la misma remuneración.

 

Por supuesto, para determinar la vulneración de este principio, se requiere de un término de referencia, pues el juicio de igualdad únicamente se hace sobre la comparación entre casos sustancialmente iguales. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha explicado:

 

El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad.  Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración diferente.  Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación[7]. (Resalta la Sala).

 

Ahora, el trato diferente puede estar justificado porque, por ejemplo, los trabajadores se encuentran en distintas condiciones. La Corte Constitucional ha aceptado «como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (…) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos»[8].

 

En el caso concreto, la señora Ruby Stella Sandoval Navia sostiene que las autoridades judiciales demandadas desconocieron el principio de a trabajo igual, salario igual, porque no tuvieron en cuenta que el cargo que ocupa es el mismo de la señora Liliana Teresa Escobar Ballesteros, que, además, ejecutan las mismas funciones y que, por lo tanto, debían recibir igual remuneración.

 

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión No. 4, mediante sentencia del 22 de octubre de 2015 (que confirmó la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo de Popayán), estimó:

 

Respecto de los cargos que desempeñaba la actora como la señora ESCOBAR BALLESTEROS esto es, ESCRIBIENTE DE JUZGADO MUNICIPAL Y ESCRIBIENTE NOMINADO DE JUZGADO DE CIRCUITO respectivamente, ambas cumplieron con las distintas exigencias para su acceso a dichos cargos y el hecho de su traslado al Centro de Servicios Área Penal de Popayán, no le otorga automáticamente el derecho a una nivelación salarial toda vez si se tienen de presente que en el recorrido del proceso no se corroboró fehacientemente que ambas servidoras desde el principio ostentaran iguales calidades laborales y menos aún que la actora en algún momento haya concursado para el cargo de escribiente de juzgado de circuito que es al que pretende ser nivelada. Ahora bien, si quedó demostrado en el plenario que cada trabajadora concursó para un cargo totalmente diferente con requisitos disímiles para su acceso en razón a las responsabilidades inherentes de cada cargo para ese entonces estaban determinados específicamente por el artículo 8 del Acuerdo 25 de 1997, del Consejo Superior de la Judicatura[9].

 

Para la Sala, la anterior decisión no es arbitraria ni desconoce el principio de a trabajo igual, salario igual. Por el contrario, es razonable que se hubiese denegado la nivelación salarial, por las siguientes razones:

 

El Decreto Ley 52 de 1987 «Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial» en el artículo 40 estableció que las funciones para el cargo de escribiente son: ejecución de diversos trabajos como mecanografía, registro, manejo de archivo, revisión de expedientes, elaboración y clasificación de oficios y documentos, elaboración de estadísticas y atención al público.

 

Por su parte, el artículo 41 del Decreto Ley 52 de 1987 fijó los requisitos mínimos para el ejercicio de cargos de empleados de la rama judicial, dependiendo del grado de cada cargo.

 

No obstante, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C 308 de 2004, se inhibió para conocer del asunto porque el artículo 41 del Decreto Ley 52 de 1987 (que era la norma demandada) fue derogado tácitamente por los artículos 127, 128, 160 y 161 de la Ley 270 de 1990 «Estatutaria de la Administración de Justicia», que facultó al Consejo Superior de la Judicatura para determinar los requisitos de experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en la Rama Judicial.

 

Con fundamento en esas facultades, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, profirió el Acuerdo No. PSAA 25 de 1997, que clasificó y definió los niveles de los cargos de carrera de la rama judicial y los requisitos para proveerlos, entre los que se encuentra el de escribiente de juzgado municipal, que es el que ocupado en propiedad la demandante antes del traslado a los centros de servicios. Específicamente, la demandante fue nombrada en propiedad en el cargo de escribiente, grado 6, del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán[10].

 

Posteriormente, mediante Acuerdo Nº PSAA06-3658 de 2006[11], «por el cual se trasladan unos cargos en el Distrito Judicial de Popayán» la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, resolvió:

 

ARTÍCULO PRIMERO: Trasladar a partir del día primero (1º) de enero del año dos mil siete (2007), en el Distrito Judicial de Popayán los siguientes cargos, actualmente provistos en propiedad:

(…)

  1. El cargo de Escribiente grado 6 del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán, al Centro de Servicios del área penal de Popayán.

(…)

  1. El cargo de Escribiente nominado del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, al Centro de Servicios del área penal de Popayán.

 

En concordancia con lo anterior, mediante Acuerdo No. PSAA06-3769 de 2006[12], se crearon los Centros de Servicios Judiciales para los Juzgado Penales de Popayán y frente a la planta de personal, se determinó lo siguiente:

 

ARTÍCULO 2º.- PLANTA DE PERSONAL. El nuevo Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Popayán tendrá inicialmente la siguiente planta de personal:

 

No. de cargos DENOMINACIÓN DEL CARGO

1                                  Juez Coordinador del Centro

2                                  Escribiente Nominado de Juzgado de Circuito

2                                  Citadores Grado 03 de Juzgado de Circuito

3                                  Escribientes Nominado de Juzgado Municipal

3                                  Escribientes Grado 06 de Juzgado Municipal

5                                  Citadores Grado 03 de Juzgado Municipal

 

Parágrafo: La planta de personal que integra el Centro de Servicios se conformará con el traslado de cargos de los Juzgados Penales que ingresan al Sistema en la ciudad de Popayán, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA06-3658 del 06 de octubre de 2006, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (Resalta la Sala).

 

Como se ve, la actora fue trasladada al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para que siguiera desempeñando el cargo de escribiente, grado 6, que ocupaba en el juzgado municipal.

 

Ahora, según las pruebas del proceso, la señora Escobar Ballesteros (que es la persona con quien la actora pretendió la nivelación salarial en el proceso ordinario) ocupaba el cargo de escribiente nominada de juzgado de circuito y también fue trasladada al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para que continuara ejerciendo el mismo cargo de escribiente nominado.

 

La anterior demuestra que, tal como lo concluyeron las autoridades judiciales demandadas, el supuesto trato diferente entre las señoras Sandoval Navia y Escobar Ballesteros está justificado, pues la diferencia salarial entre una y otra se debe a que ocupan cargos que tienen distinta clasificación, cuyos requisitos también son diferentes. En efecto, el artículo 8 del Acuerdo 25 de 1997, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, especificó los requisitos para los cargos de escribiente, dependiendo del grado y despacho en el que se desempeñara. En lo que interesa al sub lite, contempló:

 

Escribiente de Juzgado de Circuito y equivalentes Nominado Tener diploma en educación media y un (1) año de experiencia como oficinista.
Escribiente de Juzgado de Juzgado Municipal 06 Haber aprobado (4) años de estudios en educación media y tener dos (2) años de experiencia como Oficinista.

 

Ahora, contrario a lo manifestado por la actora, en el proceso ordinario, tenía el deber de probar que desempeña las mismas funciones y que asumía iguales responsabilidades que Liliana Teresa Escobar Ballesteros, pues el fundamento de las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicaba precisamente en el presunto trato discriminatorio por recibir una menor remuneración que la señora Escobar Ballesteros.

 

Entonces, como la demandante y la señora Escobar Ballesteros ocupan cargos diferentes y no se demostró que tuvieran las mismas funciones, bien pudieron las autoridades judiciales demandadas denegar la nivelación solicitada.

 

Por lo tanto, no hay lugar a amparar los derechos invocados por la señora Ruby Stella Sandoval Navia y, por ende, se confirmará la sentencia de tutela de primera instancia, que denegó el amparo porque las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en ningún defecto al no acceder a la nivelación salarial de la actora.

 

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

  • FALLA

 

  1. Confirmar la sentencia impugnada.
  2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo y devolver el expediente en préstamo.
  3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

 

 

 

 

 

 

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Presidente de la Sección

 

 

 

 

 

 

 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

 

 

 

 

 

 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

 

[1] Folio 72 del expediente de tutela.

[2] Sentencia T 245 de 1999

[3] Folios 79, 81, 82, 86, 87 y 89.

[4] Folios 110 a 113.

[5] Ver sentencia del 31 de julio de 2012.

[6] Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. La Sala Plena precisó:

 

2.1.11.- Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela sí procede contra las providencias del Consejo de Estado, materializadas en autos y sentencias, en la medida en que la Corporación hace parte de una de las ramas del poder público –Rama Judicial-, conforme con los artículos 113 y 116 de la Constitución y, por tanto, es una autoridad pública.

Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra las providencias del Consejo de Estado, no es otra cosa que aceptar la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, desarrollar los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 1, 2, 4, 6, 121 y 230 Constitucionales.

2.1.12.- No puede perderse de vista que los autos y sentencias que profieren los jueces de las distintas jurisdicciones, incluidos los órganos que se encuentran en la cúspide de la estructura judicial, pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas.

 

 

[7] Sentencia T 833 de 2012.

[8] Ibídem.

[9] Folio 174

[10] Mediante Resolución 234 de 2003, que inicialmente recibía la denominación de Escribiente Grado 6.

[11] Folios 26 a 29 del proceso ordinario.

[12] Folios 31 y 31 del proceso ordinario.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001 03 15 000 2016 02609 01 (AC)

LOS JUECES SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A MOTIVAR LAS DECISIONES QUE ADOPTAN.

 

DEFECTO SUSTANTIVO / INDEBIDA APLICACIÓN NORMATIVA / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

Lo primero en lo que debe prestarse atención es que el deber del gerente liquidador de obtener el visto bueno del presidente de la Junta Directiva de la empresa fue fijado por el numeral 6 del artículo 11 del Acuerdo 022 de 1992, el cual en relación con la supresión de cargos fue derogado tácitamente por el Decreto 0431 de 2007. Ciertamente, el artículo 9 del mencionado Decreto dispuso que se suprimirían todos los cargos y empleos de la entidad de conformidad con las leyes laborales aplicables y de acuerdo con el Programa de Supresión de Empleados que para tal efecto la Junta Liquidadora establezca dentro de los treinta (30) días siguientes a su vigencia. En esa medida, se advierte que el Acuerdo 022 de 1992 no era la norma aplicable, sino el Decreto 0431 de 2007, como efectivamente la Sección Primera de esta corporación lo concluyó en la sentencia de primera instancia. Así las cosas, el requisito de obtener el visto bueno del presidente de la Junta Directiva no estaba vigente y, por ende, no podía exigirse.

 

FUENTE FORMAL: DECRETO 0431 DE 2007 – ARTÍCULO 9

 

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el defecto sustantivo, consultar las sentencias SU-159 de 2002, T-205 de 2004, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-364 de 2009 y T-781 de 2011, todas de la Corte Constitucional.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001 03 15 000 2016 02609 01 (AC)

Actor: CENTRAL DE TRANSPORTES, ESTACIÓN CÚCUTA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

 

 

 

 

 

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la impugnación presentada por la señora Gladys Nubia Rodríguez Rojas, contra la sentencia del 1º de diciembre de 2016 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

 

HECHOS RELEVANTES

 

  1. a) Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

 

El Concejo Municipal de San José de Cúcuta ordenó la liquidación del establecimiento público Central de Transportes, estación Cúcuta, mediante el Acuerdo Municipal 010 de 2007. En consecuencia, la empresa entraría en proceso de liquidación a partir de la vigencia del acuerdo y debería concluir en un plazo no superior a 18 meses.

 

El gerente liquidador de la sociedad declaró insubsistente el nombramiento de la señora Gladys Nubia Rodríguez Rojas en el cargo de almacenista. Por lo anterior, la referida señora instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

 

El 13 de diciembre de 2013, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta accedió a las pretensiones. La anterior decisión fue apelada por la entidad. El 19 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó la sentencia de primera instancia.

  1. b) Inconformidad

 

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneró su derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, al decidir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Gladis Nubia Rodríguez Rojas con fundamento en normas inaplicables para el asunto bajo estudio.

 

PRETENSIONES

 

Solicitó se amparen los referidos derechos fundamentales. En consecuencia, se dejen sin efectos las providencias del 5 de diciembre de 2013 y 19 de junio de 2015, por medio de las cuales se accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2008-00283, promovido por la señora Gladys Nubia Rodríguez.

 

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

 

Tribunal Administrativo del Norte de Santander (ff. 71 y vto.)

 

El magistrado Robiel Amed Vargas González solicitó tener en cuenta las razones fácticas y jurídicas que se expusieron para proferir la sentencia de 19 de junio de 2015 que llevó a confirmar la decisión de declarar la nulidad de la Resolución 121 del 2 de abril de 2008, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Gladys Nubia Rodríguez.

 

Agregó que la accionante pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia, pues lo que busca es que se estudie nuevamente la legalidad del acto administrativo que fue declarado nulo, a pesar de que ya fue debidamente estudiado.

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

 

El 1º de diciembre de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante, en los siguientes términos:

 

 

“PRIMERO. AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la CENTRAL DE TRANSPORTE – ESTACIÓN CÚCUTA, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.

 

SEGUNDO. ORDÉNASE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia teniendo las consideraciones consignadas en la parte motiva […]”

 

Para el efecto, determinó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al considerar que en el caso bajo estudio era aplicable el numeral 6º del artículo 11 del Acuerdo 022 de 1992, pues el Decreto 0431 de 2007 creó un nuevo procedimiento para la supresión de los cargos de la entidad, esto es, el Programa de Supresión de Empleados que fijaría la Junta Liquidadora.

 

Adicionalmente, sostuvo que la conclusión a la que llegó el Tribunal de que el gerente liquidador debía obtener el visto bueno de la Junta Directiva para realizar la desvinculación es equivocado, pues al conformarse la Junta Liquidadora, de conformidad con el artículo 3º del Decreto 0431 de 2007 cesaron las funciones de los miembros de la Junta Directiva que había sido creada en vigencia del Acuerdo 022 de 1992.

 

Coligió que el Acuerdo 122 de 1992 perdió vigencia de manera tácita con la expedición del Decreto 0431 de 2007, pues aquel era incompatible con el procedimiento fijado para desvincular a los trabajadores.

 

Igualmente, consideró que las autoridades judiciales incurrieron en el defecto de decisión sin motivación, pues no manifestaron las razones por las cuales en su criterio el Decreto referido no derogó el Acuerdo 122 de 1992.

 

Por otra parte, indicó que el Tribunal debería analizar si la Resolución mediante la cual se declaró insubsistente el cargo ocupado por la señora Rodríguez Rojas adolece de algún vicio de nulidad conforme al Decreto aplicable al caso bajo estudio.

 

IMPUGNACIÓN

 

El 11 de enero de 2017, la señora Gladys Nubia Rodríguez Rojas impugnó la sentencia de tutela dictada en primera instancia. Para fundamentar su inconformidad expuso que la acción de tutela es una forma para dilatar el cumplimiento de las decisiones expedidas legalmente.

 

Sostuvo que no se configuran los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ni se demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Sin embargo, con la orden se le está causando un grave daño, pues tiene 57 años, ha tenido que esperar 8 años para que se reconozca su derecho, es madre cabeza de hogar y ha tenido que incurrir en gastos con ocasión de la tutela instaurada.

 

Manifestó que en primera instancia de la acción de la referencia se realizó un análisis que lleva a concluir que las pretensiones de la demanda debían prosperar.

 

Afirmó que el artículo 9 del Decreto 431 del 30 de octubre de 2007 dispuso que la supresión de los cargos debía adelantarse de conformidad con el Programa de Supresión de Empleados que la Junta Liquidadora fijara, situación que no se presentó al desvincularla.

 

Advirtió que el proyecto para la supresión de cargos fue debatido y aprobado en reunión del 28 de abril de 2008, esto es, después de la Resolución que declaró la insubsistencia. Por lo tanto, la desvinculación no se produjo soportada en la liquidación ordenada por el Acuerdo 0010 de 5 de junio de 2007.

 

Agregó que las decisiones proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron debidamente motivadas y que si bien es cierto que el Decreto 0431 del 30 de octubre de 2007 derogó tácitamente algunos apartes del Acuerdo 022 del 7 de octubre de 1992, su aplicación quedó debidamente justificada en dichas providencias.

 

CONSIDERACIONES

 

–                      Competencia

 

La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 2 del Acuerdo 55 de 2003[1], en cuanto estipula que “Las impugnaciones contra providencias expedidas en los procesos de qué trata el inciso primero del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, serán repartidas a la sección o subsección que siga en orden a aquélla que dictó la providencia, teniendo en cuenta las secciones o subsecciones que conocen de este tipo de acciones en los términos del presente acuerdo”.

 

–               Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

 

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional[2] y el Consejo de Estado[3] ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

 

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

 

Por su parte el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.  Veamos:

 

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada.  Ello son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

 

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes[4]:  a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

 

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en una cualesquiera de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

 

Problema Jurídico

 

El problema jurídico en esta instancia se puede resumir en la siguiente pregunta:

 

  1. ¿El Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió con fundamento en las normas aplicables que debía tener en cuenta el liquidador de la Central de Transportes, Estación Cúcuta, para efectuar la declaratoria de insubsistencia de la señora Gladis Nubia Rodríguez Rojas y/o dejó de motivar su decisión?

 

Para resolver el problema así planteado se abordará la siguiente temática: (I) defecto sustantivo, (II) decisión sin motivación y (III) análisis de los argumentos expuestos por el Tribunal y del proceso de liquidación. Veamos:

 

  1. Defecto sustantivo

 

En diferentes pronunciamientos[5], la Corte ha denominado el defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las siguientes razones[6]:

 

  1. La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

 

  1. La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.

 

  1. Se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

 

  1. La norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada.

 

  1. Se aplica una norma que a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

 

  1. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

 

  1. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos fundamentales.

 

  1. Decisión sin motivación

 

Los jueces se encuentran obligados a motivar las decisiones que adoptan, con ello se busca garantizar que las providencias estén fundamentadas en la ley. Igualmente, se pretende que las partes puedan conocer los motivos que llegaron a la concesión o no de sus pretensiones y puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa.

 

Así mismo, la justificación que plasman los jueces en las sentencias y autos implica una protección del derecho fundamental al debido proceso e impide la toma de decisiones arbitrarias.

 

De allí que la Corte Constitucional haya establecido “la decisión sin motivación” como una causal autónoma para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y haya reiterado su importancia en el ordenamiento jurídico.

 

–                      Análisis de los argumentos expuestos por el Tribunal y del proceso de liquidación

 

La Central de Transportes, Estación Cúcuta, solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues consideró que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, al decidir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Gladis Nubia Rodríguez Rojas con fundamento en normas inaplicables para el asunto bajo estudio.

 

Pues bien, para analizar la inconformidad planteada es necesario estudiar los argumentos expuestos el 19 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander para confirmar la sentencia del 5 de diciembre de 2013, mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta accedió a las pretensiones de la demanda.

 

El referido Tribunal planteó como problema jurídico establecer si había lugar o no a declarar la nulidad de la Resolución 121 del 2 de abril de 2008, por la cual el gerente liquidador de la Central de Transportes, Estación Cúcuta, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Rodríguez Rojas, por haberse expedido sin el visto bueno del presidente de la Junta Directiva y haber incurrido en abuso y desviación de poder.

 

La citada corporación decidió confirmar la providencia por dos razones principales: 1. El gerente liquidador no obtuvo el visto bueno del presidente de la junta antes de expedir el acto demandado, como lo exigía el Acuerdo 022 de 1992 y 2. La Resolución de insubsistencia no se expidió por razones del buen servicio. En relación con el primer argumento, textualmente sostuvo (ff. 51 y 52):

 

“[…] la demandante afirma que la Resolución No. 121 del 02 de abril de 2008, por la cual se declaró insubsistente su cargo de Almacenista debió sujetarse al procedimiento dispuesto en el Acuerdo No. 022 de 1992, que entre otras cosas, contemplaba que se debía contar con el visto bueno del Presidente de la Junta Directiva para nombrar y remover a los funcionarios de la Central de Transportes, requisito que no fue cumplido por la demandada […]

 

En este caso, como se observa, en efecto el Gerente Liquidador estaba facultado para adelantar los trámites pertinentes tendientes a la liquidación de la Central de Transporte Estación Cúcuta y dentro de ellos se encontraba la facultad de suprimir empleos, no obstante, debió obtener el visto bueno del Presidente de la Junta, en este caso el Alcalde […]”

 

Lo primero en lo que debe prestarse atención es que el deber del gerente liquidador de obtener el visto bueno del presidente de la Junta Directiva de la empresa fue fijado por el numeral 6º del artículo 11 del Acuerdo 022 de 1992, el cual en relación con la supresión de cargos fue derogado tácitamente por el Decreto 0431 de 2007.

 

Ciertamente, el artículo 9 del mencionado Decreto dispuso que se suprimirían todos los cargos y empleos de la entidad de conformidad con las leyes laborales aplicables y de acuerdo con el Programa de Supresión de Empleados que para tal efecto la Junta Liquidadora establezca dentro de los treinta (30) días siguientes a su vigencia.

 

En esa medida, se advierte que el Acuerdo 022 de 1992 no era la norma aplicable, sino el Decreto 0431 de 2007, como efectivamente la Sección Primera de esta corporación lo concluyó en la sentencia de primera instancia.

 

Así las cosas, el requisito de obtener el visto bueno del presidente de la Junta Directiva no estaba vigente y, por ende, no podía exigirse. Al respecto, se aclara que esto implica que en principio debía realizarse el procedimiento descrito en el artículo 9 del Decreto 0431 de 2007.

 

Sin embargo, se observa que el Programa de Supresión de Empleados fue aprobado el 28 de abril de 2008 (ff. 107-116 anexo 1), esto es, con posterioridad a la Resolución 121 que declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Gladis Nubia Rodríguez Rojas, la cual fue proferida el 2 del mismo mes y año.

 

En ese orden de ideas, se concluye que al no haberse expedido el Programa con fundamento en el cual podían suprimirse los cargos, el gerente liquidador no estaba legalmente facultado para proferir la Resolución 121 del 2 de abril de 2008.

 

Lo anterior si se tiene en cuenta que el acto de insubsistencia fue proferido para cumplir “una de las funciones para las cuales fue designado el gerente liquidador: terminar con la existencia jurídica del establecimiento público” (f. 239).

 

Por lo tanto, se colige que el Tribunal Administrativo de Norte Santander debió estudiar el asunto concreto a la luz del Decreto 0431 de 2007.

 

Igualmente, se repara en que si la autoridad judicial consideraba que era procedente aplicar el Acuerdo 022 de 1992, debió explicar las razones por las cuales ello era así, por lo que con dicha omisión se configuró la causal de procedencia de decisión sin motivación.

 

Ahora, en relación con la segunda justificación expuesta por el Tribunal para acceder a las pretensiones, consistente en que el acto administrativo demandado no fue expedido en aras del buen servicio, se hace notar que dicha corporación llegó a esa conclusión porque consideró que no existían verdaderos motivos para declarar insubsistente el nombramiento, máxime cuando la liquidación nunca se llevó a cabo. Al respecto, indicó (ff. 50 y 51):

 

 

“[…] La Sala observa que el Gerente Liquidador, pese a que no existían estudios técnicos que justificaran el proceso de dicha liquidación ni disponibilidad presupuestal suficiente, declaró insubsistente el cargo de Almacenista que desempeñaba la demandante.

 

Ahora, revisadas las pruebas obrantes en el proceso se tiene que la liquidación de la mencionada Central de Transportes nunca se adelantó, y en últimas los cargos no fueron suprimidos, tan es así que el cargo desempeñado por la demandante continuó y con los mismos requisitos. Sumado a ello, luego de la declaratoria de insubsistencia inicialmente no hubo quien la reemplazara, designándose luego a una persona que había estado vinculada mediante contrato de prestación de servicios. De acuerdo con lo anterior, y en atención a que durante el tiempo que la demandante ejerció el cargo de almacenista cumplió plenamente con sus funciones, para la Sala es claro que la declaratoria de insubsistencia no se dio con el propósito o finalidad que aduce la entidad, porque como ya se hizo alusión en párrafos anteriores la liquidación de la entidad no se llevó a cabo, ni la finalidad de la desvinculación de la actora fue en razón al buen servicio […]”

 

Sobre este aspecto, es necesario precisar que si bien es cierto el Tribunal no tuvo en cuenta la normativa aplicable para realizar el estudio sobre el procedimiento que debía efectuar el agente liquidador para declarar la insubsistencia del nombramiento de la señora Rodríguez Rojas, también lo es que ello no influye de forma directa en el análisis realizado por el Tribunal sobre la motivación del acto administrativo, puesto que se limitó a estudiar las razones que llevaron a la expedición del acto administrativo.

 

Por lo tanto, se advierte que si bien es cierto el accionado incurrió en defecto sustantivo y decisión sin motivación en relación con la facultad del agente liquidador para expedir el acto administrativo demandado. Contrario a lo afirmado en primera instancia, no ocurre lo mismo con el examen sobre la motivación de la Resolución 121 del 2 de abril de 2008.

 

En esa línea de pensamiento, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en ninguna causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en relación con el estudio efectuado sobre la motivación del acto administrativo que lo llevó a determinar que se presentó una desviación de poder.

 

Por último, en cuanto al argumento de la señora Rodríguez Rojas sobre el daño causado con ocasión de la interposición de la tutela y el correspondiente fallo de primera instancia, se aclara que a pesar de que la presente acción implica un trámite adicional, no por ello puede pasarse por alto las causales de procedencia contra providencias judiciales en que incurrió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 1º de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en cuanto amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por las razones aquí expuestas.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

F A L L A

 

Primero: Confirmar la sentencia del 1º de diciembre de 2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en cuanto amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por las razones aquí expuestas.

 

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

 

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

 

Cuarto: Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

 

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001 03 15 000 2016 03372 00 (AC)

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE ACTUACIONES JUDICIALES.

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – La providencia cuestionada no vulneró el derecho al debido proceso y a elegir y ser elegido / VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN – No se configura, el tercero interesado en las resultas del proceso fue debidamente notificado

 

Así, se tiene en el expediente a folio 101 el reporte del proceso con número de radicación 50001233300020150063900, en el cual se relaciona como documento asociado el que ordena vincular a [H.Y.C.] y [A.Y.] (…); en las actuaciones del proceso se registra como fecha de esta actuación el 28 de abril de 2016; el 4 de mayo de 2016 se recibió memorial [del actor], vía correo electrónico, recibido 07:21; el 3 de mayo de 2016 se registró el proyecto de fallo y se profirió sentencia y el 4 de mayo le fue notificado el fallo al [actor], NOT. 1960; el 10 de mayo de 2016 impugnó CORMACARENA; el 13 de mayo de 2016 se remitió el expediente al Consejo de Estado para resolver la impugnación y el 31 de mayo de 2016 se recibió memorial de incidente de desacato; el 13 de junio de 2016 se profiere auto de trámite al incidente; el 8 de julio de 2016 se profiere auto que se abstiene de proferir sanción de desacato y el 11 de julio de 2016 se notifica esta decisión al [actor]. (…). De acuerdo con estas pruebas documentales, no asiste razón al tutelante al pretender vía acción de tutela suplir su falta de intervención en la acción de tutela inicial. Así las cosas y en tanto las decisiones adoptadas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su condición de juez constitucional, el actor no demostró una situación de fraude que afectara las sentencias controvertidas, la acción instaurada ha de ser denegada.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp: 2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 31 de julio de 2012, exp: 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 1 de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, sentencia T-225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo, sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y sentencia SU-1219 de 21 de noviembre de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001 03 15 000 2016 03372 00 (AC)

Actor: HIPÓLITO YANDI CAMPO

Demandado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

 

 

 

 

 

 

Corresponde a la Sala decidir la acción de tutela, que promovió el señor Hipólito Yandi Campo al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, al haber sido relevado del cargo de representante legal al Consejo Directivo de CORMACARENA para el período 2016-2019, en su condición de representante de las comunidades indígenas, en cumplimiento del fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual resolvió la acción de tutela a favor del señor Oscar Javier Vargas Urrego.

 

  1. Hechos relevantes y pretensión

 

El actor fundamentó su solicitud de amparo en los siguientes hechos:

 

– El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, CORMACARENA, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, tendrá como uno de sus miembros a “un representante de las Comunidades Indígenas asentadas en el área de manejo especial escogido por ellas mismas”.

 

– El Gobierno Nacional expidió la Resolución Nº 128 de 2000, “por la cual se reglamenta el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y se adoptan otras disposiciones”, relativo a la elección de los representantes principales y suplentes de las comunidades indígenas ante el Consejo Directivo de las citadas corporaciones.

 

– En cumplimiento de las citadas disposiciones CORMACARENA abrió proceso de convocatoria pública para la selección de los representantes indígenas (principal y suplente) ante su Consejo Directivo para el período 2016-2019 el 29 de julio de 2015.

 

– En atención a la convocatoria pública, el resguardo indígena Villa Lucía del municipio de Mesetas (Meta), presentó, el 19 de agosto de 2015, la documentación exigida  por el artículo 2º de la Resolución  128 de 2000, con miras a efectuar la postulación del actor como representante indígena principal, sin postular candidato suplente.

 

– El resguardo Maguare del municipio de Villavicencio postuló, el 20 de agosto de 2015, como candidato principal al señor Oscar Javier Vargas Urrego, sin postular suplente, y el resguardo Alto Unuma del municipio de Puerto Gaitán postuló al señor Aladino Yepes Gaitán, como representante principal, sin postular suplente.

 

– El 28 de agosto de 2015, CORMACARENA verificó el cumplimiento de los requisitos de los candidatos y estableció que los tres candidatos inscritos cumplían con los requisitos exigidos.

 

– El 11 de septiembre de 2015, fecha prevista para llevar a cabo la elección, concurrieron trece (13) representantes de los distintos cabildos asentados en el departamento del Meta, un delegado de la Defensoría del Pueblo, Seccional Meta, y funcionarios de CORMACARENA; los miembros de los Cabildos Indígenas solicitaron hacer la elección no sólo con los inscritos sino también incluir a los representantes de todos los cabildos presentes.

 

– Ante esta solicitud los inscritos, Aladino Yepes Cruitán y, el actor, Hipólito Yandi Campo, se opusieron considerando que la elección debía verificarse solamente entre los inscritos, posición compartida por los funcionarios presentes de CORMACARENA.

 

Se acordó, finalmente, realizar una elección provisional supeditada a los resultados de la consulta que se elevaría ante el Ministerio del Interior, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Procuraduría General de la Nación.

 

Como resultado de las votaciones resultó electo el señor Oscar Javier Vargas Urrego con ocho (8) votos y el actor con cuatro (4) votos, en calidad de principal y suplente, respectivamente, de manera provisional.

 

CORMACARENA, una vez conoció la respuesta a las consultas formuladas, dejó sin efecto el proceso de convocatoria y ordenó la apertura de un nuevo proceso. El 20 de noviembre de 2015, y dentro de las fechas establecidas, la Asociación Indígena Unuma postuló como candidatos, principal y suplente, a los señores Antonio Rubio Yepes e Hipólito Yandi Campo; y, a su vez, el resguardo Villalucía postuló a éste último como candidato principal.

 

Evaluada la documentación de los inscritos por CORMACARENA se constató que ambos resguardos cumplían con los requisitos de la convocatoria; y fue así como el día 30 de diciembre de 2015, se celebró la elección de los representantes indígenas, resultando elegidos el señor Hipólito Yandi Campo, como principal, y Antonio Rubio Yepes, como suplente.

 

A pesar de que el elegido Hipólito Yandi Campo, tomó posesión en el cargo y asistió en tal calidad, durante el primer semestre de 2016, no fue citado para la sesión del 28 de julio de 2016, ni a las siguientes sesiones que se realizaron, porque CORMACARENA, en cumplimiento del fallo judicial de 3 de mayo de 2016, en sede de tutela, dentro del expediente radicado 50001233300020150063901, en el cual el actor manifiesta no haber sido vinculado y, por ende, no tuvo oportunidad de intervenir, se posesionó como Consejero al señor Oscar Javier Vargas Urrego, con base en la elección verificada el 11 de septiembre de 2015.

 

Pretensión:

 

El actor solicitó al juez de conocimiento que se tutelen sus derechos fundamentales los cuales considera vulnerados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, CORMACARENA, así:

 

“1. Que se tutele mi derecho constitucional y fundamental al debido proceso y a elegir y ser elegido presuntamente desconocido por CORMACARENA por cuanto, fui relevado de mi calidad como Consejero al ser elegido representante de las comunidades indígenas para el período 2016-2019 a partir del conocimiento  que tuve del oficio PS-GJ.1.2.16.5558 de 2016.

 

2.- Que en consecuencia, se me garantice la participación en mi condición de representante principal de las comunidades indígenas para el período 2016- 2019, en las sesiones que se convoquen nuevamente ante el Consejo Directivo de CORMACARENA”.

 

 

Manifestó el actor, como fundamento de su pretensión, que al ser removido del Consejo Directivo de CORMACARENA, quedan en el limbo todos aquellos compromisos adquiridos  con la comunidad, la que esperaba que con su desempeño se apoyara la gestión y ejecución  de los proyectos ambientales en los distintos resguardos que integran el territorio indígena del departamento; sin embargo, al tutelarse al señor Oscar Javier Vargas Urrego unos derechos, resultaron afectados los del actor y los de la comunidad indígena que representa, frente a una decisión que había avalado nuevamente el trámite de la elección ante las falencias en que había incurrido el trámite anterior.

 

Añadió que sus pretensiones se sustentan en la especial protección constitucional a la comunidades indígenas; en el derecho a la diversidad étnica y cultural  y a que se desconoció la oportunidad procesal de ser vinculado a dicho proceso de tutela, así como a los demás líderes indígenas que participaron y asistieron a la sesión de elección, toda vez que les asistía un interés directo en la decisión, en tanto la decisión incidía directamente en la postulación hecha a la convocatoria pública, de la cual se enteraron solo cuando les fue comunicado, mediante oficio  de la Directora General de CORMACARENA, que en cumplimiento del fallo de tutela, el señor Oscar Javier Vargas Urrego sería el nuevo representante principal de las comunidades indígenas  para el período 2016-2019.

 

I.2.- La respuesta a la tutela

 

La doctora Teresa Herrera Andrade en su calidad de Magistrada ponente de la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 3 de mayo de 2016, puso de presente que la acción de tutela no es el mecanismo viable contra una sentencia de tutela, excepto en el evento de la cosa juzgada fraudulenta.

 

En tal sentido, precisó que los señores Santiago Clodualdo Kuetgaje Nevke, Oscar Javier Vargas Urrego y Mercedes Rodríguez Gaitán instauraron acción de tutela ante la citada Corporación, la cual correspondió por reparto al Despacho del cual es titular. La misma fue radicada bajo el número 50001233300020150063900, y estaba encaminada a solicitar el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, acción que culminó con el fallo de 3 de mayo de 2016, confirmado en su integridad por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo de 7 de julio de 2016.

 

Afirmó que a la acción de tutela se vinculó a los señores Hipólito Yandi Campo (hoy tutelante) y Antonio Rubio Yepes a fin de garantizarles su derecho a la defensa y se les concedió para tal efecto un término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de su notificación, como se evidencia a folio 378 del expediente.

 

Precisó que el hoy tutelante Hipólito Yandi Campo y el señor Antonio Rubio Yepes fueron notificados mediante comunicaciones  Nº 1808 y Nº 1814 de 29 de abril de 2016, quienes guardaron silencio según consta  en los folios 379 a 382 del expediente, contrariando lo dicho por el señor Yandi Campo; por lo tanto, en dicha acción de tutela y en la decisión adoptada por la Corporación no se produjo una situación anómala ni se configura la cosa juzgada fraudulenta, y tampoco puede predicarse vulneración al debido proceso pues quien no hizo uso de este derecho fue el propio Hipólito Yandi Campo, a pesar de haber contado con la oportunidad procesal para intervenir y hacerse parte en la acción de tutela.

 

Concluyó que se debe negar el amparo deprecado, en tanto con la decisión de tutela no se incurrió en causal específica extraordinaria de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión de tutela, ya que el señor Hipólito Yandi Campo fue vinculado en la acción de tutela tramitada por los mismos hechos.

 

 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, CORMACARENA, por medio de apoderado judicial, contestó la tutela y se opuso a las pretensiones formuladas en los siguientes términos:

 

Señaló que como los hechos reseñados en la tutela son ciertos razón por la cual en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Meta el 3 de mayo de 2016, dentro de la acción de tutela Nº 50001233300020150063900, presentada por Santiago Clodualdo Kuetgaje, Oscar Javier Vargas y otro, en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y CORMACARENA, decisión confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 7 de julio de 2016, se dispuso dar posesión al señor Oscar Javier Vargas.

 

Añadió que la anterior decisión amparó los derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido de los accionantes, dejó sin efecto la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.015.2253 de 2015 de 17 de noviembre de 2015, esto es, la elección del representante de las comunidades indígenas ante el Consejo Directivo de CORMACARENA, iniciado el 29 de julio de 2015, la nueva convocatoria y la elección verificada el 30 de diciembre de 2015, y dejó en firme la elección de los representantes de las comunidades indígenas efectuada el 11 de septiembre de 2015, en la cual resultaron elegidos los señores Oscar Javier Vargas Urrego, como principal e Hipólito Yandi Campo, como suplente.

 

Adujo que en cumplimiento de la anterior decisión, CORMACARENA realizó las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento para lo cual comunicó al señor Oscar Javier Vargas Urrego que se procedería a dar posesión a los elegidos en la siguiente sesión del Consejo Directivo y expidió la Resolución Nº PS-GJ.1.2.6.016.0658 de 7 de junio de 2016, decisión que fue comunicada a los miembros del Consejo Directivo, incluido el señor Hipólito Yandi Campo.

 

Manifestó que CORMACARENA desconoce si el señor Hipólito Yandi Campo fue vinculado al trámite de la acción de tutela referida de la cual conoció el Tribunal Administrativo del Meta.

 

Concluyó, en estos términos, que de existir alguna vulneración a los derechos fundamentales del actor, ella no es imputable a CORMACARENA, pues la entidad se limitó a dar cumplimiento al fallo judicial y reconocer como representantes de las comunidades indígenas a los candidatos elegidos en la primera convocatoria, razón por la cual solicita desestimar las pretensiones del actor en la presente acción de tutela.

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

 

Problema jurídico

 

Corresponde a la Sala resolver si los fallos proferidos en sede de tutela proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta el 3 de mayo de 2016 y la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado el 7 de julio del mismo año, son pasibles de acción de tutela por la alegada falta de vinculación del señor Hipólito Yandi Campo, como tercero interesado dentro del trámite de la tutela radicada con el Nº 50001233300020150063900.

 

En estos términos la Sala considera pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedencia de la tutela contra sentencias judiciales; para finalmente, iii) resolver el caso concreto.

 

  1. i) La acción de tutela contra providencias judiciales.

 

Con ocasión de la tutela en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012[1], se concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Corporación había sido el de considerar improcedente la tutela contra providencias judiciales, también lo es que las distintas Secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Rad.: AC-10203), abrieron paso, de manera excepcional, para que cuando se advirtiera la vulneración de derechos constitucionales fundamentales fuera procedente este instrumento de naturaleza constitucional.

 

Por lo anterior, en aras de rectificar y unificar el criterio jurisprudencial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales, sin importar la instancia y el órgano que las profiera, que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

 

  1. ii) Requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

 

Mediante sentencia de unificación dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014[2], se sentaron algunas bases hermenéuticas para la interpretación y aplicación de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

 

En atención a estos criterios jurisprudenciales, esta Sección adoptó como parámetros a seguir para determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

 

En la referida sentencia la Corte consideró que “no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales” (Negrilla fuera del texto).

 

Así, con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, se adoptaron como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales, los siguientes:

 

  1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional.

 

  1. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.

 

  1. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental.

 

  1. Cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.

 

  1. Que quien solicita el amparo tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.

 

  1. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente.

 

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.[3]

 

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos:

 

  1. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.

 

  1. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

 

  1. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

 

  1. Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

 

  1. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.

 

  1. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.

 

  1. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

 

  1. Violación directa de la Constitución.

 

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la ocurrencia de los requisitos generales y, de ser así, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se presenta uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” (Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo) que se encaje en dichos parámetros.

 

iii) El caso concreto

 

3.1. Observancia de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

 

(i) El presente asunto ostenta relevancia constitucional, pues el debate, en los términos planteados, se pueden llegar a comprometer los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido del accionante, con ocasión de las providencias judiciales que dispusieron conceder la tutela solicitada por el señor Oscar Javier Vargas Urrego y otros y dejar sin efecto la elección del señor Hipólito Yandi Campo como representante de las comunidades indígenas del Departamento del Meta en el consejo directivo de CORMACARENA.

 

(ii) El requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, se encuentra igualmente satisfecho puesto que la última providencia objeto de la acción de tutela se profirió el 7 de julio de 2016, notificada el 25 de agosto del mismo año y teniendo en cuenta que la actora radicó la tutela el 9 de noviembre de 2016, esto es, dos (2) meses y quince (15) días después de adoptada la decisión cuestionada, término que resulta razonable para interponer la acción de tutela.

 

(iii) El requisito de subsidiariedad, según el cual sólo cuando se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, resulta procedente la acción de tutela. El actor alegó en esta oportunidad que no fue notificado para poder intervenir en la tutela y como la misma no había sido seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión, agotó todas las instancias posibles en el curso de la acción constitucional.

 

(iv) El requisito de irregularidad procesal con efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia no aplica para este caso en tanto la actora no hizo cuestionamiento alguno en este sentido.

 

(v) La actora identificó los hechos que originaron en su criterio la vulneración de sus derechos fundamentales sobre la base de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta y la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación.

 

(vi) En el presente caso, se trata de una acción de tutela en contra de una decisión de tutela, lo que significa que hay lugar a estudiar su excepcional procedencia.

 

En el caso objeto de estudio, el actor pretende que se dejen sin efecto los fallos de tutela de 3 de mayo de 2016, proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta y de 7 de julio de 2016 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que confirmó la anterior dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2015-00639-00, por medio de la cual se dispuso:

 

“PRIMERO: AMPARAR los derechos al DEBIDO PROCESO, ELEGIR Y SER ELEGIDO a los señores, SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE, OSCAR JAVIER VARGAS URREGO y MERCEDES RODRÍGUEZ GAITÁN, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin valor y efectos legales la Resolución Nº PS-GJ 1.2.6.015.2253 de 2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, por medio de la cual se deja sin valor y efectos legales y jurídicos el proceso adelantado  en la convocatoria para los representantes  de comunidades indígenas  ante el Consejo Directivo de CORMACARENA, iniciado el 29 de julio de 2015, la nueva convocatoria para realizar la elección de los representantes de los indígenas ante el CONSEJO DIRECTIVO de esa Corporación, y la elección efectuada en reunión del 30 de diciembre de 2015.

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, queda en firme la elección de los representantes  de las comunidades Indígenas ante el Consejo Directivo de CORMACARENA, que se llevó a cabo el día 11 de septiembre de 2015, donde resultaran elegidos los señores OSCAR JAVIER VARGAS URREGO, como principal y HIPÓLITO YANDI CAMPO, como suplente.

 

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.

 

De otra parte, el fallo de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, resolvió la impugnación, así:

 

  1. CONFIRMASE la sentencia del 3 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
  2. NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.
  3. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

Corresponde a la Sala establecer si en el presente caso la acción de tutela es procedente habida cuenta de que la acción de la referencia se dirige contra una sentencia dictada dentro de otra acción de tutela, lo cual, como regla general, resulta improcedente en atención al literal f) del fallo C-590 de 2005, proferido por la Corte Constitucional, pues lo que se pretende es que los debates sobre la protección de derechos fundamentales no se prolonguen indefinidamente y, además, porque en sede de tutela el órgano de cierre es la Corte Constitucional a través de la revisión de los fallos emitidos.

 

En este sentido procede traer a colación el precedente constitucional, en virtud del cual se ha analizado la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de fallos de tutela.

 

La Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-1219 de 2001, frente a la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, consideró lo que a continuación se cita:

 

“Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos. Es así como la misma Constitución en su artículo 86 inciso 2, segunda oración, dispone:

 

“El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”

 

El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho – porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión.

 

3.2 La intención del legislador colombiano, cuando reguló el procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40, parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución –,[4] lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente.[5] Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería proceder la tutela contra fallos de tutela.

 

Ahora bien, la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la supremacía constitucional. Todo ello por decisión del Constituyente, que optó por regular de manera directa la acción de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental.

 

(…)” (Se destaca).

 

 

Y más recientemente, la Corte ha unificado su jurisprudencia al respecto, en el sentido de señalar que no procede la acción de tutela contra una sentencia de tutela si no se cumple, entre otros requisitos, consistente en que el fallo acusado sea producto de una situación de fraude. Sobre este punto, la Corte en sentencia SU-627 de 1º de octubre de 2015, precisó:

 

4.3.1. Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales está el de que no se trate de una sentencia de tutela. En la Sentencia SU-1219 de 2001, a partir de un caso en el cual se cuestiona que la acción de tutela fallada por un juez era improcedente, este tribunal planteó el siguiente problema jurídico: “¿Puede interponerse una acción de tutela contra una sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía de hecho?”. La respuesta fue negativa. Sin embargo, conviene no perder de vista las particularidades del caso, que el propio tribunal destacó al unificar su jurisprudencia sobre la materia, en los siguientes términos:

 

  1. Unificación jurisprudencial en la materia

 

6.1 La Corte ha admitido en el pasado la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de tutela. En efecto, en sentencia T-162 de 1997,[6] la Corte concedió una tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en negarse a conceder la impugnación del fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para impugnar no era auténtico, pese a que el Decreto 2591 de 1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso. Por otra parte, en sentencia T-1009 de 1999,[7] se concedió una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en no vincular al correspondiente proceso a un tercero potencialmente afectado por la decisión. En ese caso, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela.

 

Bajo este criterio de unificación, la sentencia en cita precisó:

 

4.5. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones realizadas en el trámite de la acción de tutela.

 

4.5.1. Es posible que ocurran vulneraciones a los derechos fundamentales en las actuaciones previas y en las actuaciones posteriores a la sentencia.

 

4.5.2. La principal y la más repetida irregularidad en la que incurre el juez de tutela en las actuaciones previas a la sentencia es el no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela. En efecto, esta hipótesis ha sido estudiada por este tribunal, entre otras, en las Sentencias T-162 de 1997, T-1009 de 1999, T-414 de 2011 y T-205 de 2014. A las dos primeras se refiere expresamente la Sentencia SU-1219 de 2001, al precisar el sentido y alcance de la unificación de jurisprudencia en ella hecha[8] y las dos restantes son posteriores a ella. Por su especial relevancia para el caso sub examine es menester dar cuenta en detalle de estas sentencias, como se hace enseguida.

 

4.5.2.1. En la Sentencia T-162 de 1997, este tribunal planteó el siguiente problema jurídico: “¿la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo de tutela puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela?”. La respuesta fue afirmativa, pues el juez de tutela, “al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental”, como es la de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la acción de tutela.

 

4.5.2.2. En la Sentencia T-1009 de 1999 no se llega a plantear un problema jurídico, porque este tribunal constató que se había vulnerado los derechos fundamentales del tercero a quien no se notificó de la demanda de tutela, de tal suerte que no se le permitió concurrir al proceso y defender sus intereses. Con base en la Sentencias T-043 de 1996 y T-014 de 1998, se precisa que es una obligación del juez notificar o informar de “la iniciación de la acción a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren indicados en la solicitud, es decir, no solamente se notifica a quien o quienes se relaciona en la solicitud de tutela, sino a quienes quedarían sujetos por la decisión de tutela, entre otras cosas porque les asiste el derecho a impugnar”. En este caso se decidió anular lo actuado en el proceso de tutela y se fijó, a modo de regla, que:

 

En principio, esta determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad se toma dentro del expediente en donde ocurrió la omisión, para que se diga si se sanea o no la nulidad. Pero si en las instancias no se hizo y el expediente no fue escogido para revisión, entonces se puede válidamente pedir mediante nueva tutela que se determine que se violó el debido proceso y por ende se dé la orden de nulidad para que se tramite la inicial tutela debidamente. (destaca la Sala)

 

(…)

4.5.2.4. En la Sentencia T-205 de 2014, este tribunal reitera la diferencia que existe entre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y la acción de tutela contra las actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela. Conforme al precedente de la Sentencia T-1009 de 1999, la ratio decidendi de esta sentencia, que confirmó la sentencia objeto de revisión que, a su vez, anulaba lo actuado en un proceso de tutela anterior, es la de que:

 

4.3. Por ello, si no se notificó al tercero que quedaría afectado por el fallo, ciertamente se configuró una violación al debido proceso y al derecho de defensa, resultando necesario tomar las medidas tendientes a superar dicha trasgresión, pero al no haber sido seleccionada para revisión aquella decisión de tutela, no quedaba camino jurídico distinto al incoado como nueva demanda de amparo, indefectible para poder resucitar ese debido proceso.

 

 

Según lo expresado, para que proceda la acción de tutela contra una sentencia de tutela por falta de notificación a un tercero con interés en las resultas del proceso, cuando no haya sido seleccionada para su revisión por la Corte Constitucional, es posible acudir a una nueva acción de tutela para corregir el yerro que constituye una violación al debido proceso.

 

Bajo estos lineamientos jurisprudenciales, teniendo en cuenta que el actor afirmó que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido al no habérsele notificado el trámite de la tutela que amparó los derechos fundamentales al señor Oscar Javier Vargas Urrego y otros, dentro de la acción de tutela Nº 20150063900, procede verificar dentro de los elementos allegados como prueba a la presente acción de tutela si le asiste razón al actor.

 

Así, se tiene en el expediente a folio 101 el reporte del proceso con número de radicación 50001233300020150063900, en el cual se relaciona como documento asociado el que ordena vincular a Hipólito YandiCampo y Antonio Yepes (2016428111634.pdf); en las actuaciones del proceso se registra como fecha de esta actuación el 28 de abril de 2016; el 4 de mayo de 2016 se recibió  memorial de Hipólito Yandi Campo, vía correo electrónico, recibido 07:21; el 3 de mayo de 2016 se registró el proyecto de fallo y se profirió sentencia y el 4 de mayo le fue notificado el fallo al señor Hipólito Yandi Campo, NOT. 1960; el 10 de mayo de 2016 impugnó CORMACARENA; el 13 de mayo de 2016 se remitió el expediente al Consejo de Estado para resolver la impugnación y el 31 de mayo de 2016 se recibió memorial de incidente de desacato; el 13 de junio de 2016 se profiere auto de trámite al incidente; el 8 de julio de 2016 se profiere auto que se abstiene de proferir sanción de desacato y el 11 de julio de 2016 se notifica esta decisión a Hipólito Yandi Campo NOT-3628.

 

De otra parte, en respuesta a la tutela suscrita por la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Meta, se afirmó:

 

“El hoy tutelante, HIPÓLITO YANDI CAMPO y el señor ANTONIO RUBIO YEPES fueron notificados mediante comunicaciones No. 1808 y 1814 del 28 de abril de 2016, quienes guardaron silencio, tal como consta en los folios 379 al 382 del expediente, contrariando lo dicho por Yandi Campo, en esta acción de tutela (…)”

 

De acuerdo con estas pruebas documentales, no asiste razón al tutelante al pretender vía acción de tutela suplir su falta de intervención en la acción de tutela inicial.

 

Así las cosas y en tanto las decisiones adoptadas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su condición de juez constitucional, el actor no demostró una situación de fraude que afectara las sentencias controvertidas, la acción instaurada ha de ser denegada.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A:

 

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de tutela promovida por el señor Hipólito Yandi Campo, por las razones expuestas en este proveído.

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes, por el medio más expedito y eficaz.

 

TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.

 

CUARTO: DEVOLVER el expediente contentivo del incidente de desacato al Tribunal de origen, una vez en firme esta decisión.

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión de la fecha.

 

 

 

 

 

 

R O B E R T O   A U G U S T O   S E R R A T O   V A L D É S                                          

Presidente

  

 

 

 

 

      

M A R Í A   E L I Z A B E T H   G A R C Í A   G O N Z Á L E Z         

 

                                         

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)