CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD EN AFECCIONES SUFRIDAS POR CONSCRIPTOS.

Por mandato del artículo 216 constitucional, reglamentado por la ley 48 de 1993, fue creado en Colombia el servicio militar obligatorio, para todos los varones a partir de la fecha en que alcancen la mayoría de edad y hasta los veintiocho (28) años; en tal virtud, están obligados a tomar las armas para la defensa de la soberanía y la institucionalidad, cuando la necesidad pública lo requiera y para la definición de su situación militar[1].

 

Ahora bien, en desarrollo de las actividades inherentes al servicio, resulta frecuente que los jóvenes que están prestando el servicio militar, mal denominados por el argot popular como conscriptos[2], esto es, soldados regulares, bachilleres, campesinos y auxiliares de policía o del INPEC bachilleres (artículo 13 de la ley 48 de 1993), fallezcan, o sufran accidentes o enfermedades profesionales, que en ocasiones les dejan secuelas físicas y mentales de por vida, por las que la Fuerza respectiva reconoce y paga indemnización por disminución por muerte o por disminución de la capacidad sicofísica (reparación a forfait) y en veces pensión de invalidez; dichas afecciones están tipificadas en los literales b) y c) del Decreto 1796 de 2000, respectivamente, como (…) “en el servicio, por causa y razón del mismo”, y (…) “en el servicio, como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”.

 

Asimismo, en punto al régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a quienes están prestando el servicio militar obligatorio, ha sido pacífica la jurisprudencia del Consejo de Estado al establecer que el mismo es el objetivo, a título de daño especial, cuando se verifica el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas, que se genera con el hecho de la incorporación forzosa e imperativa y por los mayores riesgos a los que está sometido el personal en relación con los demás ciudadanos que no tienen que cumplir con esta carga; también puede serlo a título de riesgo excepcional, cuando el daño tiene origen en la ejecución de actividades peligrosas, como lo es por ejemplo la manipulación de armas de fuego y explosivos, inherentes a la actividad militar. También puede darse la responsabilidad subjetiva del Estado, a título de falla en el servicio, si logra demostrarse que el daño deviene del error de la Administración, como cuando un soldado regular es diagnosticado con una enfermedad mental, no es desacuartelado oportunamente y se agravan sus condiciones de salud.

 

En consecuencia, cuando mueren o sufren desmedro físico los jóvenes reclutados, por razón o con ocasión del servicio militar, el Estado está compelido a reparar todos los daños antijurídicos que se causen, por cuanto su voluntad está doblegada por el Estado, que los somete al cumplimiento de una carga pública, donde lo único a lo que están obligados, es a soportar la restricción relativa de sus derechos y libertades; necesario es entonces destacar, que en tanto la Administración imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar a los soldados su integridad física, como quiera que se encuentran bajo su custodia y cuidado, por ello surge la obligación de derivar las contingencias relacionadas con la prestación del servicio.

 

Sin embargo, no ha sido tan unánime la posición del Consejo de Estado frente a la caducidad del medio de control de reparación directa, en aquellos eventos donde resulta lesionado personal de la Fuerza que está cumpliendo con el servicio militar obligatorio; en efecto, existe jurisprudencia que ubica el cómputo del término de caducidad exclusivamente desde el momento de la ocurrencia del hecho dañoso, sin entrar a examinar sus efectos. Veamos un aparte jurisprudencial:

 

(…) “Ahora bien, es menester precisar que el hecho dañoso puede darse de forma instantánea o modulada en el tiempo, es decir, puede agotarse en un único momento o presentarse en forma reiterada o continuada en el tiempo pero, el término de caducidad inicia una vez haya tenido ocurrencia la causación del daño, por tanto, desde el momento en que en que se presentó el daño irrogado al patrimonio de la víctima debe computarse el término de caducidad de la acción, es decir, al momento en el cual la actuación específica causó el daño cuya indemnización se reclama. Lo anterior obedece por cuanto desde ese primer momento en que se causó el perjuicio, la víctima puede acudir a la administración de justicia para solicitar el restablecimiento del derecho correspondiente.

 

(…) Aun cuando se trate de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, si no que opera desde el mismo momento en que ésta ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el daño.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)[3].

 

Bajo ese entendido, tácitamente Nuestro Órgano de cierre diferencia entre los daños de consumación instantánea de los de consumación sucesiva, siendo los primeros aquellos que se estructuran en el mismo momento en que ocurre la modificación en el mundo fenomenológico de los sentidos y los segundos, los que necesitan del paso del tiempo para estructurarse, cuya oportunidad para demandar inicia (…) “cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”[4].

 

Siguiendo esta tesis, es dable sostener también, que una cosa es el daño como tal y otras sus secuelas, mismas que pueden resultar con posterioridad a los hechos y que son objeto de cuantificación por las juntas médico laborales. Pensemos en una persona que accidentalmente pisa una mina antipersonal, y sufre amputación de sus miembros inferiores; la fecha en que sufre el accidente se compadece con la de la estructuración del daño, con independencia de que la junta médica se realice dos (2) o tres (3) años después, estableciendo secuelas y merma de capacidad laboral.

 

Esa es la regla general del Honorable Consejo de Estado en materia causación del daño, no obstante, en cuando se trata de lesionamientos de jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio instituye una modificación ostensible, pues establece como fecha de estructuración del daño la de la realización de la junta médica laboral por la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza. Dice nuestro máximo fallador:

 

(…) “Tratándose de daños sufridos por quienes sean llamados a prestar el servicio militar obligatorio, la Sala ha considerado que en algunos eventos, la certeza del daño la brinda el acta de la junta médico militar:

 

“En el asunto puesto a consideración de la Sala, y luego de efectuar una lectura sistemática de los supuestos fácticos relatados en la demanda, se infiere que el daño por cuya indemnización reclama el actor, si bien pudo tener como antecedentes los diferentes episodios que se presentaron entre los días 20 de octubre de 1996 y el 4 de abril de1997, lo cierto es que fue a partir de la valoración y clasificación de las lesiones evaluadas por la junta médica laboral contenida en el Acta 2827 registrada en la dirección de sanidad del Ejército Nacional de fecha 14 de julio de 1997 y notificada al interesado el mismo día, fecha en la cual el actor tuvo conocimiento del daño o por lo menos pudo tener certeza sobre su existencia, daño que a la postre conllevó a la desvinculación del servicio dadas las deterioradas condiciones de salud, las cuales no presentaba cuando ingresó a prestar servicio militar obligatorio.

 

Contrario a lo expuesto por el tribunal, el cómputo de la caducidad ha de contarse partir del 14 de julio de 1997, y no a partir de los días 20 de octubre de 1996 o 4 de abril de 1997, pues como se señaló en precedencia, estas fechas solo refieren los antecedentes de la lesión, pero el conocimiento del daño solo pudo presentarse a partir de la fecha en la cual se notificó el acta de la junta médica laboral.

 

Esta Sección en casos como en el presente, en el cual existe duda sobre el término a partir del cual deba a empezar a contarse la caducidad de la acción por falla de certeza entre la fecha de acaecimiento del daño y del conocimiento del mismo, ha señalado:

 

‘A la luz de la realidad probatoria que se deja expuesta, la Sala deduce que si bien es cierto el hecho dañoso ocurrió el día 27 de noviembre de 1990, también lo es que de los efectos nocivos, solo se tuvo conocimiento hasta el día 4 de marzo de 1994, fecha en la cual se celebró la junta médica laboral, con los resultados que ya se dejaron consignados en este proveído.

 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la Sala la acción de reparación directa aquí interpuesta, no se encuentra caducada y por ello se debe admitir la demanda, pues no resulta ajustado a la lógica de lo razonable que el soldado, hubiera instaurado la acción contra la administración, cuando no conocía ni la gravedad, ni los efectos del evento que originó el daño, máxime si se tiene que este desconocimiento se dio, por motivos imputables a los superiores jerárquicos del lesionado, quienes ignorando la gravedad del accidente, cancelaron en varias oportunidades las citas que este debía cumplir en el Hospital Militar.

 

(…) Pero hay casos en que la situación varía, como en el sub judice, en que si bien se tiene un referente en cuanto a la fecha en que se produjo el hecho, es lo cierto que solo el transcurso del tiempo y otras circunstancias particulares, como el prolongado tratamiento médico a que fue sometido el demandante, muestran con certeza la magnitud o consecuencia del hecho y, por ende, los perjuicios por los que la parte interesada reclama la indemnización.

 

(…) En línea con los anteriores pronunciamientos, la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

 

No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce solo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual, en virtud de los principios pro actione y pro damato, la contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que alguno de aquellos tenga ocurrencia.

 

Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la junta médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial señalado, considera la Sala que en este caso, el término para presentar la demanda debe contarse no desde la fecha en la cual el demandante comenzó a presentar su afección, sino desde que tuvo certeza del daño, conforme a la calificación de la junta médica laboral del Ejército, esto es, desde el 26 de octubre de 1998, fecha en la cual se suscribió el acta y se notificó la misma al interesado.”[5] (Subrayas fuera de texto).

 

Visto el extracto jurisprudencial, resulta palmario que en lo atinente a los daños sufridos por quienes prestan el servicio militar obligatorio, el Consejo de Estado flexibilizó las normas que rigen la caducidad del medio de control de reparación directa, estableciendo como punto de partida para obtener la certeza del daño e iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, la fecha en la cual la junta médico militar notifica su dictamen al afectado y la pérdida de capacidad laboral sufrida.

 

Es esta una forma de realizar justicia material, para permitir el acceso a la administración de justicia, de aquellos jóvenes que prestando el servicio militar obligatorio resultan lesionados y que sólo tienen conocimiento cierto de sus padecimientos cuando le es realizada la junta médico laboral, experticio que precisa con exactitud las condiciones de salud y secuelas de quienes asumen la imposición constitucional y legal de servirle al Estado.

[1] Ley 48 de 1993, artículo 3: “Servicio militar obligatorio. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley”.

 

[2] Según el glosario de términos de reclutamiento del Ejército Nacional, el conscripto es “el inscrito para definir situación militar dentro de los términos estipulados por la ley”, es decir, el joven que resultó apto para la prestación del servicio militar, más no el que ha sido reclutado, juró bandera y ostenta la calidad de soldado o auxiliares de Policía o del INPEC.

Texto entre comillas tomado de http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=221659

[3] Auto de 3 de marzo de 2010 C.P. Dr. Mauricio Fajardo. Radicación número: 13001-23-31-000-2008- 00568-01(37268)

[4]Artículo 164 de la Ley 1437. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

 

(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

 

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;”

 

[5] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B. MP. Ramiro Pazos Guerrero, Bogotá D.C., seis de diciembre de dos mil trece, radicado 080012331000199901791-01. Demandante: Vladimir Antonio Polo Navas y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Naturaleza: Medio de control de reparación directa.

Por:

Catalina María Cardóna Valencia.

Abogada Indemnizaciones Paz Abogados S.A.S