LA DESAPARICIÓN FORZADA A MANOS DE PARAMILITARES- ¿DELITO DE LESA HUMANIDAD?

La desaparición forzada, entendida como la privación de la libertad de personas mediante la aprehensión, detención o secuestro, y que a continuación se da su ocultamiento o quien realiza tal ocultamiento niega dar información de esa persona manteniéndola así alejada de la protección y garantías constitucionales y legales.

La desaparición forzada constituye  delito de lesa humanidad en los casos en que dicho ocultamiento se  dé por agentes del Estado, a través de personas o grupos que actúen con autorización o apoyo del Estado. Entonces,  ¿qué ocurre cuando dicha desaparición forzada está en manos de GRUPOS TERRORISTAS?

La desaparición forzada puede ser un delito de lesa humanidad cuando se da de manera generalizada (pluralidad de victimas) o bien de manera sistemática (parte de una práctica frecuente).

Con la desaparición forzada se vulneran  entre otros derechos humanos  la libertad, la seguridad, la salud, el derecho a un trato digno, la prohibición de la tortura, derecho al debido proceso, las garantías legales, judiciales y constitucionales, entre otros, llegando incluso a quitarle el derecho a la vida; de ahí que con la desaparición forzada quien actúa cometa varios delitos,  además de ser un delito continuado[1], como lo expone el Dr. Ricardo Posada Maya “El delito  continuado ha sido una importante institucion en la práctica en los tribunales durante los últimos años, y su configuración dogmática y su validez político-criminal son hoy objeto de una importante reflexion en la doctrina contemporánea. Actualmente, la figura se rige por  el principio fundamental de unidad de imputación sustantiva y procesal, lo que supone una unidad de delito único, configurado a partir de un nexo objetivo de unificación, un nexo subjetivo de continuidad  y un nexo normativo o valorativo de unificación o integración típica[2]”, -comillas, negrilla y cursiva propias- y permanente toda vez que el delito se está cometiendo todos los días desde que la persona es desaparecida hasta que se dé con su paradero.

Ahora bien, el tema que se expone es si la desaparición forzada donde los autores son los paramilitares configura o no un delito de lesa humanidad.

Para abordar el tema se tiene que el  origen del paramilitarismo está dado a partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo No. 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la parte considerativa se indicó que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podran ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Los “grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales.

Decreto Legislativo 1923 de septiembre 6 de 1978, con el llamado “Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia” (hoy derogado por el art 378 del DL 100 de 1980), dicho Decreto contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización “defensa Nacional”, mecanismos para garantizar la defensa civil y la creación de autodefensas.

Para el funcionamiento del llamado paramilitarismo, miembros de la fuerza pública adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas del conflicto armado y ayudaran a combatir los grupos insurgentes. Es decir, que mediante el decreto Legislativo 1923 de 1978, el Estado legalizo los grupos paramilitares que operaban en el país desde finales de los 70’s y principios de los 80’s.

Los grupos terroristas son autores de genocidios como el de la Unión Patriótica; han perpetrado más de 3.500 masacres; han contribuido al desplazamiento forzado de millones de campesinos, han sido autores de miles de desapariciones forzadas en el país,  entre otros delitos cometidos a la luz y el apoyo estatal.

A partir de esta afirmación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condena al Estado Colombiano en sentencia del 5 de julio de 2004,  debido a la su permisividad, creación y posteriormente no atacar estos grupos ni tener políticas claras para su desmantelamiento (CorteIDH, caso 19 comerciantes Vs  Colombia, sentencia de julio 5 de 2004 ).

En  informe fechado el 27 de mayo de 2014, del Centro de Memoria histórica se tiene que en más de 35 años hay más de 26.000 desaparecidos de manera forzosa en Colombia, de las cuales solo hay 35 condenas y solo 5 paramilitares sentenciados por este delito, entre las que se cuenta la sentencia al ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca, José Enrique Peña Tobón en el año 2011, mismo año en el cual el Estado Colombiano inicia las reparaciones por vía administrativa a víctimas del conflicto incluyendo a las víctimas de  desaparición forzada, situación que no ha beneficiado a los afectados por los paramilitares, a quienes entre otros son señalados como mayores responsables de las desapariciones forzadas , según las denuncias de las organizaciones de víctimas.

 

Lo anterior muestra como la impunidad  cada vez más se alimenta de la incapacidad estatal para el reconocimiento de la desaparición forzada cuyos autores son paramilitares o grupos de autodefensas,  como delito de lesa humanidad y de esta manera lograr que las víctimas de dicho delito sean reconocidas como tales de acuerdo a los tratados internacionales y por ende reparadas por vía judicial y no solo administrativa.

 

 

AMALIA ARCILA GÓMEZ*.

 

 

*El presente artículo no refleja ni compromete el sentir  e ideología de la firma Indemnizaciones Paz Abogados.

 

[1] Artículo 31, parágrafo  Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano,

[2] Revista Derecho Penal N° 38, marzo de 2012.  Ricardo Posada Maya, Profesor de Derecho Penal Universidad de los Andes. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.